Legitimidad de la democracia colombiana y sus instituciones, o legalidad parcializada según la visión de las élites.

(Reflexión a partir de las declaraciones del jefe negociador del gobierno colombiano, en la instalación de la Mesa de Negociación de Quito – Ecuador).

Esta diversidad cósmica en el orden de la paz ha sido fuente de vida y de creación,

porque en los contactos, intercambios y conflictos entre diferencias y

diferentes se han ido formando dimensiones nuevas, funcionales o disfuncionales

para la continuidad de la existencia y para la infinita transmisión del

papel de la persona humana como hacedor de destinos y complejos culturales.

-Orlando Fals Borda-

Por : Carlos Mario Marín Ossa

@MarioossaM

En el año de mil novecientos noventa y cinco (1995), decía el ex constituyente y ex candidato presidencial conservador, Álvaro Gómez Hurtado, en un texto titulado “El Gobierno está preso del Régimen” que : “Hay países que, por encima del orden constitucional, [i] crean un régimen. Lo que los anglosajones llaman establecimiento. Se trata de un sistema de aprovechamiento de las posibilidades de mando y de los gajes de poder que crea una superestructura de connivencias que maneja la política e influye en todos los vericuetos de la vida civil. Está constituido por entidades privadas, por grupos no regulados, por compromisos económicos y también por instituciones que integran el sistema constitucional. Todos ellos participan, no en virtud de su importancia, sino de la magnitud de los provechos repartidos. No es un conjunto de solidaridades lo que les da cuerpo, sino un conglomerado de complicidades” [ii] .

Es un relato del diseño, desarrollo y práctica de la democracia colombiana, la más antigüa y estable del continente. Relato confesado por un exponente privilegiado de ese “Régimen”, de ese “establecimiento”.

Es claro que las posibilidades de mando de los gobiernos que en “democracia” nos han dirigido, son únicamente para las élites económicas y políticas que se remontan a la época de la colonia. Esas élites que develó Jorge Eliécer Gaitán como “el país político” o que llamó Camilo Torres de forma clara y como es “la oligarquía”.  Esas 24 familias que en la década de los años sesenta se repartían el poder. Esos hijos, hermanos, primos de presidentes, terratenientes, industriales y banqueros que llenan el Congreso de la República, las altas Cortes, que han obtenido la Presidencia de la República. Que son designados ministros de gabinete, cancilleres, cónsules, directores de departamentos administrativos y de empresas sociales e industriales del Estado. Aquí se dan las relaciones de complicidad  que reparte los provechos derivados de exprimir la teta del erario construido con la explotación ahora si, de la mayorías nacionales. De la población vulnerable, de los más pobres. Basta mirar los casos como Odebrecht, Reficar, Invercolsa, Dragacol, El carrusel de la contratación, entre cientos; donde aparecen como actores principales esos honorables exponentes de la élite económica y política, tradicional o emergida. Y copan todos los espacios de decisión de dichas fechorías, los espacios de control, investigación, juzgamiento y absolución.

Casi veintidós años después, Juan Camilo Restrepo, otro excelso representante de las clases dominantes, conservador también (cabe aclarar que en lo relativo a sus intereses, la élite política liberal, conservadora o con los nombres mimetizados en otros partidos, son lo mismo), confiesa a través de sus declaraciones que la “tal democracia colombiana no existe”. La participación del pueblo se escucha, se permite, pero NO es vinculante. Hay intereses que no se permitirá sean afectados. Por supuesto, intereses de las minorías. Del Régimen, del Establecimiento.

Ahora bien, si se busca una solución política, dialogada, al conflicto armado y social, se requieren cambios en las estructuras. Y esos cambios provienen de los acuerdos de las partes. Y en #Colombia las partes no son únicamente gobierno y guerrilla. También lo es la sociedad. Las razones son evidentes: esa sociedad, o pueblo, o mayorías pobres, son quienes reciben todo el efecto del conflicto social, de la injusticia, de la falta de educación, de la falta de salud, de la falta de trabajo, la falta de tierras y alimentos, la falta de vivienda digna, del pago injusto y creciente de impuestos, de la exclusión política, de la persecución política por pensar distinto. De ese pueblo o sociedad salen los combatientes ya sea para la guerrilla o para el ejército y policía.

Entonces, esa sociedad, ese pueblo tiene mucho que decir acerca de la realidad que viven, de las problemáticas que sufren, de los sueños que alimentan y de las soluciones que requieren. Ello se da con participación. Las soluciones son participación vinculante, con cambios estructurales. De lo contrario, esa sociedad, ese pueblo, no hace parte del contrato social. No tienen derechos [iii] realmente reconocidos y materialmente garantizados. No aparecen en el texto constitucional, en el consenso de los factores reales de poder [iv]. Y mientras esa sociedad, ese pueblo (que es mayoría) no haga parte de esa “Constitución” no tendrá reconocidos sus derechos y seguirá alimentando (y siendo víctima) el conflicto social y armado.

La ausencia estatal en los territorios ha empujado a que diversas organizaciones e “instituciones” deban hacerse cargo de tramitar las necesidades que surgen ante tal ausencia. Esa ausencia se da porque en esos territorios aunque las élites tienen intereses, no reconocen derechos. Por eso se generan factores de violencia.  La presencia de minería  facilita la aparición de grupos armados que buscan extraer rentas, al igual que en el caso de los cultivos ilícitos. El deficiente índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) habla de la marginalidad y la pobreza. La deficiente cobertura de vías terciarias dramatizan más la situación y son abono para la violencia. La deficiente presencia o ausencia de escuelas y juzgados contribuyen a atizar las condiciones del conflicto [v].

Todas estas cuestiones hacen parte del concepto de poder. Y aunque están quienes utilizando el poder legal que no legítimo, se han hecho a su institucionalidad ejecutiva, legislativa y judicial, y han defendido y garantizado sus intereses; también las mayorías han hecho uso del poder de hecho para obtener derechos y reivindicaciones. Así entonces,  “…si se lo mira de cerca (el poder), no es algo que se divide entre los que lo detentan como propiedad exclusiva y los que no lo tienen y lo sufren. El poder es, y debe ser, analizado como algo que circula  y funciona –por así decirlo –en cadena. Nunca está localizado aquí o allí, nunca está en las manos de alguien, nunca es apropiado como una riqueza o un bien. El poder funciona y se ejerce a través de una organización reticular. Y en sus mallas los individuos no sólo circulan, sino que están puestos en la condición de sufrirlo o ejercerlo…” [vi].

La participación que reclamamos vinculante es también una aspiración de poder. Podemos, debemos y tenemos el derecho a ejercerlo. Los mecanismos a través de los cuales ello se dé, determinan el curso y los alcances de las negociaciones y el grado y tipo de superación del conflicto. Aquí esas instituciones que Juan Camilo Restrepo llama “legítimas”, realmente son “legales”. Legales dentro de esas leyes que ha construido una pequeña facción de personas, pero en las cuales nada ha dicho la mayoría. Son instituciones que deberán modificarse, consensuarse, ajustarse a la llegada de un nuevo factor de poder. “O sea, una revolución, un cambio, así sea pacífico, requiere más que el instrumento jurídico. Pero lo que no podemos es abandonar el instrumento jurídico. Y eso es lo que nos enseña la historia, inclusive de los movimientos democráticos. Para poner un ejemplo, cuando en el Estado se requiere modificar las estructuras, además se deben modificar las instituciones, para modificar las estructuras. La modificación de las instituciones es el medio para lograr el cambio de las estructuras”.[vii]

La modificación de las instituciones no necesariamente es suficiente para superar el conflicto, pero es una necesidad sine qua non.

Cierro con una conclusión del movimiento social y popular colombiano acerca de esas prácticas que se viven y que avanzan en los territorios como expresión de hecho, pero que deben reflejarse también en el derecho como construcción de un nuevo país, de un nuevo gobierno nacional, democrático y en paz: “Contamos con una histórica concepción de poder popular que implica reconocer que la gente tiene el poder de decidir, de cambiar cosas en su vida, como su territorio y las dinámicas organizativas en las que se encuentran. Autodeterminación y autogestión son conceptos básicos de la construcción de poder popular. Esa concepción también cuenta con un método: desde la base, con la gente, construyendo consensos, potenciando organización, comprendiendo las contradicciones.

La construcción y materialización de mandatos ocupa un lugar especial en esta concepción; son los deseos y necesidades de la gente, convertidos en orientación para la acción política y para la vida. Deben seguir siendo las rutas de navegación. Así mismo, los planes de vida digna son una expresión de los mandatos que ya han avanzado en propuestas de autogobierno y gobierno.

Al pensarnos e involucrarnos en nuevos campos de lucha que consideramos necesarios para la transformación del país hoy – como es el Estado, la institucionalidad, la construcción de política pública o la política representativa-, los preceptos de nuestra propuesta de poder no deben eliminarse, sino potenciarse; teniendo en cuenta que la concepción y método para construir poder popular también implica la acción en ese campo. El poder popular es reserva estratégica del pueblo, acumulado para mandatar y avanzar con audacia en los nuevos retos” [viii].

Participación vinculante y cambios, son el horizonte de la construcción de una paz cierta y duradera.

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[i] Subrayado del autor. No aparece en el texto original.

[ii] Álvaro Gómez Hurtado. El Gobierno está preso del “Régimen”. Disponible en el libro “Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia”. Camilo González Posso –compilador-. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Humana. 2012.

[iii] El jurista Rodolfo Arango Rivadeneira, en exposición en la Universidad Libre de Pereira en el año 2014, explicaba que los derechos son “relaciones” entre personas o grupos.

[iv] Ferdinand Lassallé explica que los Factores Reales de Poder son esos grupos de interés que tienen la fuerza y cohesión suficientes, para pactar el reconocimiento de sus intereses (por lo tanto de sus derechos), reflejarlos en un texto y “Constituirlos” y “Constituirse” en derecho, en institución jurídica, en orden.

[v] León Valencia y Ariel Ávila. Los Retos del Postconflicto. Ediciones B Colombia S.A, 2016.

[vi] Michel Foucault. Poder, derecho y verdad. Disponible en el libro Poder V.S. Democracia. Fundación para la Investigación y la Cultura –FICA. 2004.

[vii] Jaime Araujo Rentería. La sociedad civil mira la paz. 2016

[viii] Congreso de los Pueblos, seminario político-ideológico nacional “Carlos Alberto Pedraza”. Conclusiones sobre Poder Popular: El poder es para hacer, y hacer es cambiar. El poder no es estar en un lugar. 2015

Paz con cambios vinculantes o repetir la historia de exclusión y violencia

El poder en los sectores populares se expresa mediante

la construcción del mandato popular y la generación  de transformaciones

en nuestras realidades. Lo cual se evidencia en la capacidad de acción  de un

colectivo para construir sus propios procesos económicos, sociales,

culturales, políticos, en beneficio de la colectividad y la sociedad en general,

ubicado en un contexto determinado, mediado por su identidad y cosmovisión.

(Ponencia de Congreso de los Pueblos Eje Cafetero, durante

El seminario político ideológico nacional en 2015)

Por: Carlos Mario Marín Ossa

@MarioossaM

En Colombia tradicionalmente, las comunidades de sectores populares, se han asociado y organizado en busca de soluciones a sus problemáticas más sentidas. Desde los valores fundantes de los pueblos que constituyen nuestra nación [i], hasta las nuevas relaciones de cooperación y participación que avanzan en la exigencia cada vez mayor de niveles de participación  real en los temas que las afectan.

A partir de los procesos de negociación con diferentes insurgencias, en los comienzos de la década de los años noventa, la necesidad y exigencia de participación de la sociedad se intensificó. Hasta ahora, dichos procesos de negociación con las insurgencias armadas, se han reducido a procesos de desarme, desmovilización y reintegración. No se avanzó en procesos de búsqueda de una paz real e integral, que genere transformaciones que solucionen el conflicto social y político. Tampoco se avanzó en un proceso de reconciliación. Hasta las negociaciones de la Mesa de La Habana, con la insurgencia armada de las FARC-EP, estos matices no se habían tenido en cuenta; y con este último proceso, muchas cosas quedan aún pendientes.

Instalación de la Mesa de Negociación en  Quito-Ecuador, entre el gobierno de
Colombia y la insurgencia armada del ELN. Febrero 07 de 2017

Por ahora, las mismas élites de siempre, decidirán hasta qué punto avanzarán en las políticas contenidas en los acuerdos de paz de La Habana y qué tanto será el cumplimiento de lo acordado. El cumplimiento inicial de las condiciones adecuadas para que los combatientes puedan ubicarse en las zonas transitorias y dar el paso hacia la reintegración civil, deja mucho que desear de la real voluntad de las élites y de la disposición de respetar los acuerdos.

La instalación oficial de la Mesa de Negociación de Quito, entre el gobierno de Colombia y la insurgencia armada del Ejército de Liberación Nacional – ELN, plantea nuevos retos para los avances democráticos, económicos, sociales, políticos y culturales que permitan el camino y consolidación de una paz cierta, estable y duradera. Es más, su desarrollo puede influir mucho en la medida de avance y cumplimiento de los acuerdos de La Habana.

En la instalación oficial de esta mesa, quienes asistimos a la capital del Ecuador como sociedad civil que se organiza en una propuesta de participación social para la paz, que apoya esta nueva búsqueda de solución política al conflicto armado y social; pudimos apreciar los planteamientos oficiales de las partes.

La intervención del jefe negociador de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, mostró que a pesar de la desconfianza en las élites que gobiernan a Colombia, desconfianza que se remonta a los incumplimientos y traiciones históricas y sucesivas con la revolución de los Comuneros, con las guerrillas liberales y de los llanos entre otras experiencias, existe la voluntad política para avanzar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado y la construcción de la paz, siempre y cuando se generen las condiciones y cambios necesarios para la justicia y equidad social.

Insistió en la necesidad de cambio de todos los actores del conflicto armado y social. Manifestó el aliento que genera la esperanza de los colombianos y la suma de fuerzas de las mayorías que reclaman participación, ser escuchados y que quieren la paz. Nuevamente manifestó que “resolver las diferencias, depende de la voluntad de las partes para cambiar”. “Estos diálogos son para mostrar voluntad política de cambio” recalcó. Es decir, que presenta a la sociedad algunas de las claves fundamentales para esta insurgencia a la hora de avanzar en dicho proceso de diálogos y negociación: cambios y participación de la sociedad.

A su turno, el jefe negociador de la delegación del gobierno de Colombia, Juan Camilo Restrepo, Mencionó e insistió de forma reiterada en la adopción de rutas concretas para avanzar en el camino que el país “necesita”, en la celeridad prudente con que deben avanzar los presentes diálogos y negociación sin “sustituir las instituciones legítimas del país”. En varias ocasiones apeló a recordar que dicha mesa se desarrollaría apegada al marco y espíritu del acuerdo de marzo de 2016. Mencionó además que el proceso que allí se iniciaba era independiente de otros.

Rueda de prensa de organizaciones sociales, sociedad civil que plantea la
participación integral y vinculante en el proceso de diálogos. Quito. Feb 7/17

Sin embargo a quienes asistimos como sociedad civil organizada, que exige participación y que la voz desde las regiones y territorios sea escuchada y tenida en cuenta durante este proceso de negociación, nos sorprendió escuchar la manifestación de Juan Camilo Restrepo cuando dijo “entendemos que la modernización del Estado pasa por la participación de la sociedad en los asuntos que la afectan directamente” pero pocos momentos después concluye que las propuestas de la sociedad serán escuchadas sin tener las mismas “carácter vinculante”.

Es decir, la voz del pueblo resultaría un placebo durante el actual proceso de negociación política al conflicto, que se inicia en Quito. Esto, desde la óptica del gobierno de Colombia.

Entonces, surgen algunas inquietudes desde nuestra posición:

1.    Si las consecuencias del largo conflicto armado, político y social que vive Colombia, las padecemos las personas de a pie, entiéndase la sociedad, pueblo, ciudadanía; ¿por qué no se va a atender la manifestación expresa de ese pueblo, los mandatos desde las regiones y desde la entraña de la nación? La paz se construye con el concurso nacional y no por decreto de una mesa.

2.    ¿Cuál es el carácter de la participación de la sociedad, acordado en el punto 1 de los acuerdos de marzo de 2016? ¿Lo entienden igual gobierno e insurgencia?

3.    Si la voz del pueblo no es vinculante, ¿cuál es la legitimidad de la democracia colombiana? ¿Existe esta en realidad o sólo es una manifestación escrita que no tiene alcance en la realidad?

4.    Si la voz del pueblo no es vinculante, ¿son legítimos el presidente de Colombia y su equipo negociador para hablar con la insurgencia en nombre del país? ¿O es que existen un país de las élites, donde su voz si es vinculante y un país de los excluídos, que de paso somos las mayorías nacionales, donde lo que queramos no importa? ¿Reconocen el gobierno y su equipo negociador esta dualidad?

Para cerrar la jornada, los voceros de la sociedad civil que asistió a Quito, invitaron a ambas delegaciones negociadoras a un acto político y cultural con dicha sociedad civil, para entregar además un documento nacional consolidado con un ejercicio inicial de participación y propuestas que se esperan sean tenidas en cuenta en la discusión de la mesa de Quito. La delegación del gobierno de Colombia no aceptó la invitación. Sólo asistieron la delegación del ELN, los representantes de los países garantes y facilitadores y una representación del movimiento social ecuatoriano.

Acto de reunión de la sociedad civil con las partes negociadoras de la
Mesa de Quito. El equipo de gobierno colombiano no asistió.

A la Mesa de Quito queremos enviar un mensaje: La paz se construye con participación de la sociedad, participación vinculante, y se construye con cambios reales que permitan superar las causas históricas del conflicto. Estamos de acuerdo con la manifestación del representante negociador del gobierno, en cuanto a la necesidad de ceñirse al contenido de lo acordado en marzo de 2016. Una nueva exclusión sólo sirve para reciclar nuevas violencias.

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[i] Reflexiones y aprendizajes para un nuevo socialismo, a partir de la movilización contemporánea. Disponible  en http://opinadorglobal.blogspot.com.co/2016/07/reflexiones-y-aprendizajes-para-un.html  

La Insoportable liviandad del ser colombiano

Por: @MarioossaM

El resultado de las votaciones de este 02 de octubre de 2016, en el plebiscito, en el cuál se preguntaba al pueblo colombiano si apoyaba lo acordado entre la insurgencia armada de las FARC-EP y el Estado colombiano en la cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, nos muestra una realidad política que existe y no puede negarse.

El NO ganó por un estrecho margen porcentual que se asemeja más a un empate técnico. Y ello nos muestra que la polarización del país entre las gentes que deciden participar de forma informada o no, de forma manipulada o no, es total. Un 62,57% que los toca quiéranlo o no.

I.              La fractura en el bloque hegemónico

Queda en evidencia algo que ya habíamos advertido, y es que la élite económica del país, su oligarquía, tiene una división en su seno que responde a varias causas de corte protagonista, de disputa de intereses muy específicos y de posición frente a la verdad histórica y ante la posibilidad que allí se deriva, de enfrentar a la de la población apta para votar fue una vez más, indolente ante un momento histórico justicia internacional en algún momento. Pero en el grueso de su política piensan y proceden igual. Veamos:

1.    El inicio de las negociaciones se da cuando Santos asume la presidencia, pero excluye de las mismas al sector terrateniente y de la burguesía emergente que representan Álvaro Uribe Vélez, Alejandro Ordóñez, Fedegán y otros alfiles del Centro Democrático y del Conservatismo. El protagonista ante la historia ya no sería el caudillo de la seguridad democrática. Y dicho protagonismo se encumbra por encima del ego innegable del “Gran Colombiano” para llegar a un punto mucho más álgido, y que es la posibilidad de escribir la nueva historia de la nación desde la perspectiva de los protagonistas, introducir una matriz histórica a la medida de sus intereses, en el imaginario de las futuras generaciones. No es algo de poco calado.

2.    La actualización del catastro rural, la consecuente identificación de los propietarios de la tierra concentrada, el pago de impuestos resultante de dicha realidad, la recuperación de tierras baldías apropiadas ilegalmente, o adquiridas por métodos violentos y siniestros, ponen en contraposición a los acuerdos a ese sector que no fue convocado desde el inicio a las negociaciones.

3.    El contenido de los acuerdos, particularmente en los puntos de Reforma Rural Integral (RRI), Participación Política y en el Marco de Justicia Especial, amenaza a ese sector de la oligarquía que tiene en su poder la concentración de la tierra, con develar la forma como la misma fue adquirida, los métodos utilizados, la perversión que se dio en la institucionalidad para lograrlo, la sangre que corrió para que ello se consolidara, la evasión sistemática que durante décadas se ha hecho del pago de impuestos acordes con las riquezas que representan los millones de hectáreas en pocas manos, los desplazados que fueron necesarios para consolidar tal poder. Es así, que la participación política de una insurgencia que se transforma de las armas a la disputa parlamentaria y administrativa, luce como una amenaza cierta para develar dicha verdad histórica y para que la misma sea materia de interés de la justicia en un futuro. Incluye a la justicia internacional.

II.            La manipulación descarada y la mentira aleve como determinación de utilizar todas las formas de lucha.

Los “promotores del NO” como salió en los titulares de noticieros, no escatimaron esfuerzos para manipular y mentir respecto del contenido, interpretación e intención del documento que contiene los acuerdos.

Utilizaron las figuras de deportistas y artistas nacionales para mostrar mensajes contra el proceso, que los mismos no habían manifestado. Falsearon las cifras contenidas en el texto de los acuerdos para plantar el miedo en las gentes respecto de la contribución económica que a cada colombiano nos tocaría pagar para la implementación del post acuerdo. Dijeron que a cada reintegrado le pagarían un millón ochocientos mil pesos mensuales, información desvirtuada posteriormente al conocerse que la asignación sólo sería equivalente al 90% del salario mínimo y sólo durante dos años. Asignación que se utilizaría para que iniciaran un plan de vida en el retorno a la civilidad.

Dijeron que los reinsertados cambiarían la constitución y conducirían a Colombia hacia el castrochavismo, cuando con las curules que pudiesen alcanzar - diez de las cuales sólo serán por dos períodos parlamentarios, con voz pero sin voto – es imposible lograr aprobar leyes y menos aún realizar cambios constitucionales.

Otro engaño que fue acogido por los desinformados y por los apáticos, versó sobre el señalamiento de que se impulsaría una reforma tributaria para pagar el monto necesario para implementar los acuerdos. La realidad es que el fondo para ese cometido surge de los aportes de la comunidad internacional como los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países garantes y acompañantes. Lo que correspondiera a los dineros del fisco nacional, sería un monto ínfimo, mucho más teniendo en cuenta los ahorros en momentos de afrontar una guerra menos. La reforma tributaria irá de cualquier modo, pues es la consecuencia de haber adoptado una política de extractivismo minero energético que ahora no cuenta con altos precios del galón de petróleo y otros minerales. Adicional a ello, el pago de las importaciones desbordadas, muchas de ellas de productos agrícolas que antes producíamos, se pagan ahora con un dólar revaluado. Allí está el déficit fiscal.

Algunos promotores del No amenazaron con tomar las armas si ganaba el SI.

Desde ese sector se impulsó una campaña de miedo que caló en las mentes y en los corazones de quienes no se dignaron siquiera a leer unas cuantas hojas de los acuerdos. Y a fe que les dio resultado.

El miedo y el prejuicio son aún pilares de la política en nuestro país.

III.           Las jerarquías religiosas defendieron sus nichos de poder sacrificando los intereses de toda la población.

Las ideologías dogmáticas y religiosas reaccionaron con virulencia ante la posibilidad de que se abra un espacio en nuestra restringida democracia, para pensamientos alternos que cuestionen de forma directa o indirecta las prebendas que tienen y que las han mantenido como aliadas del bloque dominante, así como las inmensas riquezas obtenidas en la connivencia con la violencia y el despojo de nuestro conflicto, o en la omisión frente a los hechos.

Apelaron entonces a los errores (¿errores?) de un gobierno que improvisó políticas y el impulso final del acuerdo. Echaron mano del discurso de género, cuando en su seno cohabitan con esa realidad desde hace siglos.

Dichas jerarquías en el final de la campaña hacia el plebiscito, se comportaron al mejor estilo del relato bíblico para no comprometerse ante la gente que las sostienen, y se lavaron las manos igual que Pilatos.

Reacción religiosa ante políticas de género que fueron aprovechadas por los promotores del No,
 para mezclar la situación con los contenidos de los acuerdos.

IV.          Los poderes armados que desde la oficialidad se niegan, hicieron uso de su fuerza.

Cuando analizamos las regiones en donde el NO ganó, se puede observar que son regiones en donde hacen presencia activa organizaciones armadas que la oficialidad niega que existan. Los paramilitares y las bandas narcotraficantes en muchos de esos territorios pudieron influir en contra de los acuerdos, pues dentro del contenido de los mismos existe un compromiso de erradicar el narcotráfico y con ello cualquier proceso de lavado de activos relacionado.

De hecho, se conocen informaciones de territorios en donde dichas organizaciones prohibieron a los habitantes votar SI. Algunos de los argumentos que también dieron en los territorios bajo su dominio, fue que ante la desmovilización de insurgentes, estos llegarían a los territorios para manejar las ollas y ello generaría enfrentamientos y muertes por el control de dichos espacios.

La fundación Paz Y Reconciliación en sus estudios muestra como 281 municipios tienen presencia permanente de las insurgencias armadas, 300 municipios tienen presencia de grupos surgidos de la desmovilización paramilitar, los cuales regulan las economías formales e ilegales. Es entendible entonces la presión que se ha reflejado en los resultados de este 02 de octubre.

Muestra del formulario E14 en un puesto de votación en Pereira. En todas las mesas ganó el NO. En dicho territorio tienen preponderancia actores armados relacionados con el narcotráfico y otras economías ilegales.

En algunos municipios en donde es conocida o cuestionada la relación de las administraciones con organizaciones paramilitares, a pesar de una campaña cosmética a favor del SI, terminó ganando el NO.

V.           La desconexión entre los habitantes del campo y los habitantes de la ciudad.

Al mirar el mapa de los resultados de la votación en este plebiscito, se observa que las regiones que más han sufrido el conflicto, votaron SI. Los grandes centros urbanos, los cuales no han visto la guerra de frente, votaron NO. El mapa del NO se concentra en la zona andina, en donde vive la mayor parte de la población, en donde se produce el grueso del PIB. Es un territorio por donde se mueve la economía en mayor proporción, pero también por donde se mueve el producto de las economías ilegales incluido el narcotráfico. En donde se lava el dinero de las actividades ilegales. Coincide además el mapa con el ascenso político de la ultraderecha.

Las pocas gentes que decidieron el futuro de los acuerdos y que dejan en incertidumbre su futuro, no han vivido la guerra en los campos o ya no los recuerdan. Son personas que en su mayoría no conocen la historia de esta nación, pero peor aún: no les interesa.

Critican las condiciones de la vida cotidiana, pero aceptan con la cabeza baja las condiciones económicas, sociales y políticas que les imponen los patrones desde hace 206 años.

Son personas que visitan los centros comerciales aunque no puedan comprar nada allí, pero que no visitan los campos ni conocen su realidad. No les interesa la suerte del campesinado, ni de la soberanía alimentaria, ni de la seguridad alimentaria. Es más, no conocen los conceptos.

La ciudad depende del campo, pero no se entiende.

Mapa de la votación por el SI y por el NO. El color verde muestra donde ganó el SI.

VI.          ¿El Harakiri del gobierno?

En muchas ocasiones parecía que el mayor enemigo de los acuerdos era el propio gobierno  que los impulsaba.

Las salidas en falso del mismo presidente fueron frecuentes y entregaban argumentos a los detractores de forma permanente. No hubo una estrategia comunicativa clara ni efectiva que calara en las mentes de la población. Casi se diría que la misma fue inexistente, contrario a lo que ocurrió con la campaña del NO.

Los medios de comunicación tradicionales, tan proclives hacia el oficialismo, esta vez jugaron un papel de oposición permanente. Ello es muestra clara que los intereses de sus dueños no van precisamente con el interés planteado en los acuerdos de forma explícita o tácita. El gobierno actual no tiene control sobre los mismos. Ellos obedecen a los dictados de la tendencia ultraconservadora de la oligarquía nacional e internacional.

Las política y las decisiones asumidas por ejemplo desde el ministerio de educación y su ministra Gina Parody, en temas de género, fueron totalmente desacertadas en un momento difícil y le entregaron a los enemigos del proceso la posibilidad de alborotar los prejuicios, la homofobia y el chip godo de la nación. Desde allí surgió un movimiento retardatario y medieval que unificó a los fundamentalistas y que recibió la bendición vergonzante de las diversas iglesias.

En ciertos territorios, las poblaciones se quejaron del abandono del presente gobierno en materia social y el incumplimiento sistemático de las promesas. Los funcionarios públicos encargados de representar al gobierno en estos temas fueron enemigos fundamentales ante las comunidades.

Al encargar el actual gobierno la comunicación y la incipiente pedagogía del SI, a funcionarios que en las regiones tienen grandes cuestionamientos por asuntos de corrupción, se hizo en harakiri territorial.

Con el afán de tramitar una reforma tributaria antes de finalizar el año, la misma que es la consecuencia de las decisiones erradas de este y los gobiernos anteriores en materia de modelo económico, se improvisó una campaña hacia el plebiscito que en menos de dos meses resultaba virtualmente imposible para explicar de forma adecuada el contenido de los acuerdos y la conveniencia de los mismos.

Hilando delgado, surge la pregunta sobre si todos estos errores realmente lo fueron o se trata de una estratagema de las oligarquías para montar una pantomima en la que se manipuló una vez más al pueblo y a la propia insurgencia negociadora para obtener un resultado que lleve a modificar los acuerdos de forma tal que se restrinja de forma más contundente la posibilidad del campo social y popular, de su accionar en los tiempos de los post acuerdos. La leyes de ZIDRES, el Código de Policía y de Convivencia Ciudadana muestran que la voluntad de la élite no es facilitar los tiempos futuros.

El papel del vicepresidente Vargas Lleras más que ambiguo, fue contrario al interés de las propias negociaciones. Su partido Cambio Radical obró en consecuencia.

VII.         El nuevo panorama político de cara al futuro de los acuerdos.

De forma clara, nuevamente la figura del hoy senador Uribe retoma protagonismo a expensas de la debilidad política de Santos.  Uribe parece ser el determinador desde la facción oligárquica que representa. Pero siendo influyente en las mentes que domina, es realmente un vocero de las élites terratenientes, emergentes y de otras internacionales. Una vez obtenido el triunfo del No, que millones de colombianos celebraron como el triunfo de una decisión propia, ahora el caudillo de la guerra se ha abrogado la representación nacional de esa masa y una vez fastidiado el momento histórico que pudo abrir las puertas hacia un freno del baño de sangre pobre, propone como una idea innovadora y llena de sabiduría lo que ya se encontraba pactado en los acuerdos. Los verdaderos enemigos de la paz, los más peligrosos no han dado la cara. No los conoce aún el país.

Las FARC-EP quedan en una posición difícil, pues se les plantea como opción renegociar unos acuerdos en donde ya habían cedido lo que hace algunos años parecía impensable. La figura del presidente que negoció con ellos no tiene fuerza ante el país. Es al menos lo que parece, si no hemos sido víctimas de una pantomima de las élites para apretar más los acuerdos. Estos fundamentalmente contemplan poner en desarrollo asuntos que ya se encuentran en la Constitución del 1991.

Los terratenientes y otras fuerzas que tienen concentrada la tierra, blindarán las posibilidades de responder por la forma como las adquirieron. Buscarán cambios en materia de justicia transicional que puedan llevarlos a responder en el futuro. La participación política de las minorías, tal como se encuentran en los actuales textos puede sufrir más restricciones. El accionar de los movimientos sociales y populares puede sufrir a su vez más limitaciones. Es previsible un ascenso de los intereses de la ultraderecha en la renegociación de los acuerdos, pues no sería lógico que la nueva correlación de fuerzas de los promotores del NO, sea desaprovechada para realizar los cambios y blindajes acordes a sus intereses.

El gran acuerdo nacional al que convocan los ganadores del NO y el propio presidente debe incluir al movimiento social y a la insurgencia que negocia. De lo contrario será de nuevo un acuerdo entre los mismos de siempre. Según se de este, así será el futuro que nos espera.

Las gentes que votaron en contra de la refrendación de los acuerdos, en su mayoría desinformadas, manipuladas y presas de estereotipos y fundamentalismos, nos muestran un país incapaz de decidir su destino sobre la base de la racionalidad, y entregan de nuevo las decisiones trascendentales a otros tanto en el interior de las fronteras como afuera de ellas. La patria boba no ha terminado. De nuevo el país político queda en la decisión de las dos mismas facciones de la oligarquía y de sus enviados.

La juventud organizada debe avanzar para defender su futuro, porque las generaciones que los han antecedido están presas en la mezquindad, el odio y el fundamentalismo. Deben organizarse y convertirse en un factor real de presión que reclame su espacio preciso y determinante en términos de poder.

Las salidas que se vislumbran ante el fracaso de la refrendación de los acuerdos en el plebiscito, son el llamado a una Asamblea Constituyente en donde se incluyan posiblemente nuevos temas, pero en donde los sectores más retardatarios de la nación han mostrado tener la fuerza para imponer mayorías. Otra posibilidad puede ser el trámite parlamentario de las temáticas contenidas en el texto de los acuerdos, pero que ante la polarización actual, tal vez el congreso no esté dispuesto a hacerlo teniendo en cuenta la cercanía de la campaña de 2018.

Lo único que queda claro es que al espectro de los movimientos sociales, políticos alternativos y populares, nos resta continuar la movilización, la protesta, la cualificación política; para buscar los cambios que conduzcan hacia un país más digno. Es más necesario que nunca buscar la unidad en un movimiento político que lleve a un gran diálogo nacional, que constituya una fuerza más uniforme para disputar el poder. Queda demostrado que los ricos no entregan nada de forma voluntaria. No es suficiente el diálogo entre intereses opuestos. Se trata de un asunto de disputa del poder.

La Paz son Cambios

“Como ha sucedido a través de toda la historia,

el diálogo entre el patricio y el plebeyo, el señor

feudal y el siervo, el esclavista y el esclavo,

el capitalista y el trabajador, no rindió frutos.

No puede rendir frutos porque la división de

la humanidad y sus sociedades en una minoría

acaudalada y una masa empobrecida, no es un

problema de comprensión o compasión que

puede resolverse mediante la comunicación y

la pedagogía; sino un problema de intereses y de poder.

El conflicto entre los que tienen y acumulan

y aquellos que no tienen y son empobrecidos, no

se resolverá por teleconferencias y filantropismo de

los ladrones globales, sino sólo por la conquista del poder.”

Heinz Dieterich Steffan

(El Socialismo del Siglo XXI)

Por : Carlos Mario Marín Ossa

         Dirección Nacional de Poder y Unidad Popular

El momento actual demanda para los colombianos y colombianas una responsabilidad histórica con las generaciones venideras, pues es el momento de realizar la pedagogía correspondiente para impulsar el voto por el SI a la refrendación de los acuerdos de paz de la Habana cuando sea convocado el plebiscito para tal fin. Debemos legarle a quienes nos siguen un país sin confrontación bélica o disminuída la misma por cuenta del retiro del campo de batalla de las insurgencias armadas o de una de ellas. Es importante que el gobierno abra las puertas para la negociación con el ELN y el EPL sin colocar trabas torticeras basadas en el desconocimiento de los avances y acuerdos previos en la fase de exploración. Porque una paz sin dichas insurgencias, es una paz incompleta que amenaza la viabilidad de la nación. Pero es de igual importancia que así mismo el gobierno garantice el desmonte de los grupos paramilitares que amenazan la implementación de los acuerdos de La Habana y colocan en riesgo a los desmovilizados que llegan a la disputa institucional política.

Ya en el anuncio del fin del conflicto, tanto Juan Manuel Santos como Timochenko se sinceraron de cara al país al manifestar que no comparten los modelos económicos y políticos que unos y otros pretenden desarrollar para el país. Pero manifiestan un respeto que no debe ser retórico especialmente en el caso del régimen que es quien tiene a favor la fuerza del Estado.

La paz que soñamos y a la que tenemos derecho pasa de largo por el silenciamiento de los fusiles, muy importante en sí, porque quienes han colocado los muertos de ambos bandos han sido los sectores populares. La oligarquía asiste y atiza la guerra desde la comodidad y seguridad de sus mansiones, oficinas y clubes sociales.

La paz que queremos se construye desde la diversidad étnica y territorial. Desde las particularidades de las regiones. No puede imponerse una paz diseñada desde la burbuja en que viven las élites económicas que usufructúan la riqueza de Colombia y el trabajo de los colombianos, sin conocer  siquiera como se vive en pueblos y veredas, en ciudades intermedias, en las barriadas. La paz que queremos es una paz construida a varias voces, en donde la sociedad converse acerca de las soluciones que necesita, lo que llamamos un gran diálogo nacional.

Y es lógico y justo que así sea, porque cuando las visiones se imponen desde pequeños grupos de interés a una mayoría ignorada, los conflictos se exacerban y nuevas violencias surgen.

Cuando asistí hace pocos años al foro de participación política en Bogotá, en el marco de los diálogos de paz, fue evidente que el interés de la oligarquía criolla que representa el actual presidente, era disponer de los territorios donde se ha desarrollado la resistencia armada por más de medio siglo, para profundizar su modelo económico de especulación financiera y agroindustrial. Así mismo el desarrollo de los negocios de sus socios en materia minero energética, entre otros intereses. De esto es muestra la Ley ZIDRES que garantiza el negocio del gran capital agropecuario, o la política de licencias ambientales que permiten la explotación minera en zonas de páramo, o el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos que desplazan a campesinos y habitantes rurales de sus territorios y cambian la vocación económica e histórica de los mismos.

El nuevo código de policía no está hecho para beneficiar la implementación de los acuerdos y el desarrollo de los tiempos del post acuerdo sino para reprimir la protesta social y la movilización que necesariamente se incrementará pues el conflicto social sigue intacto y se agudiza.

La salud sigue siendo un negocio que se surte de ganancias cuanto más sea negado el derecho real a los colombianos. La educación intenta mercantilizarse cada vez más impidiendo el acceso de las clases más desfavorecidas. El empleo es cada vez más precario y con menos garantías. La seguridad y la soberanía alimentarias casi desaparecen con los menores apoyos e incentivos para el campesino raso, con la criminalización de las semillas nativas para favorecer el negocio de las semillas transgénicas en poder de corporaciones transnacionales. La industria nacional ha sido golpeada por los tratados de libre comercio. Aunque los medios de comunicación de propiedad de los ricos de Colombia intenten vender la idea de progreso y beneficio, en calles de ciudades y en veredas, se palpa una realidad contraria. No es este el país que queremos ni el que deseamos legarle a nuestros hijos.

La paz es con cambios. La paz es justicia social, vivienda digna, soberanía alimentaria, educación gratuita, salud para todos. La paz es la realidad de la participación política con garantías reales. La paz es que no se nos asesine por pensar diferente, por buscar otros modelos de economía que privilegien el colectivismo, el cooperativismo, lo asociativo. La paz es privilegiar la naturaleza y el agua por encima de la explotación minera y los desarrollos minero energéticos. La paz es que todo colombiano y colombiana tengamos derecho a la energía eléctrica, al mínimo vital de agua, a decidir sobre nuestros territorios, desarrollar nuestro plan de vida en la fortaleza de la diversidad. La paz es que Colombia sea para las mayorías nacionales.

Esa paz es la que le corresponde buscar y construir al movimiento social. Y ello se hace a través de la movilización. Pero también, a través de la construcción de un movimiento político amplio y decidido a disputarse el poder. El diálogo es un elemento básico, pero lo que ha estado en juego siempre, lo está y lo estará es un asunto de intereses. Los intereses de una pequeña élite y los intereses de las mayorías nacionales. Esa contradicción se dirime a través de la disputa del poder tanto de hecho en los territorios como jurídico en lo institucional.