Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que
asumimos,
sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no
merezcamos existir.
José Saramago.
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| Foto - Diseño/ Carlos Mario Marín Ossa - VeeduRisaralda |
Por. Carlos Mario Marín Ossa
Cuando
la Constitución Nacional de 1991, consagró en Colombia la democracia
participativa; nos entregó a los ciudadanos una nueva herramienta en la senda
del poder ciudadano. Si bien es cierto, el pueblo se ha hecho escuchar de
diversas formas a través de la historia, y la protesta social se ha utilizado
desde tiempos inmemoriales; las herramientas de la participación suponen una
fuerza inconmensurable al sostenerse sobre el orden jurídico nacional e
internacional.
Lo público es de
todos.
Cuando
hablamos de lo público, nos referimos a lo que es de todos y está para el
beneficio de todos. Lo que es de toda la comunidad, no es de nadie en
particular.
Es
de todos el Hospital San Jorge y también el Hospital Santa Mónica, la
Universidad Tecnológica, el Aeropuerto Matecaña, la empresa Aguas y Aguas, la
infraestructura vial y de estaciones del Megabús, los edificios de las
alcaldías municipales y de los concejos respectivos, con todos los documentos,
muebles y equipos que allí reposan. En este orden de ideas, la ética de lo
público consiste en administrar lo que es de todos, de forma tal que genere
bienestar para todos. Cuando se critica de antiéticos o corruptos a los
funcionarios o servidores públicos, es porque se han apropiados de los bienes
de todos y los utilizan en beneficio propio o en el de sus jefes políticos. Ya
no en beneficio de la comunidad en pleno, no obstante que se han adquirido
estos bienes comunes con los aportes en impuestos de toda la población.
Utilizar el poder
ciudadano.
Cómo
lo habíamos anunciado anteriormente, la Constitución Nacional de 1991, consagra
la democracia participativa y en su artículo 103 establece que: “son mecanismos
de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”. La Ley 134 de 1994
reglamenta estos mecanismos de participación.
Además
del voto y la acción de tutela, que son ampliamente utilizados para hacer valer
derechos ciudadanos; los demás
relacionados deben ser utilizados cuando las circunstancia lo exijan.
Recientemente,
la Veeduría Ciudadana para el Departamento de Risaralda, VeeduRisaralda – que
es la organización de ciudadanos del departamento que vigilamos el destino de
los dineros públicos y la gestión de los servidores públicos – realizamos un
cabildo abierto a Megabús en el Concejo municipal de Pereira. Desde el inicio
fue un proceso tortuoso, ya que la mencionada corporación edilicia mostró el
desconocimiento total acerca de cómo realizar un cabildo abierto – no obstante
que la Ley manda a los Concejos, realizar cómo mínimo dos cabildos por período
de sesiones ordinarias – y esto ocurre, porque no los hacen. ¡Ignoran la Ley!
Pero
utilizando todos los mecanismos legales, VeeduRisaralda llevó a cabo el
mencionado cabildo. Los señores Concejales de Pereira, se dedicaron a
desconocer la crisis del sistema de transporte masivo de pasajeros del Área
Metropolitana Centro Occidente. Una o dos voces de los concejales reconocieron
la situación crítica; a otros les pareció que no había tanto que criticar; y
uno en específico y con total claridad se mostró en contra de todas las
pretensiones y peticiones de la comunidad respecto de las altísimas tarifas del
pasaje (que es el más caro de Colombia), en contra de los subsidios y tarifas
diferenciales para poblaciones estudiantiles, en condición de discapacidad y
adultos mayores de 62 años. Es decir, se declaró en contra de la aplicación de
la Ley 1171 de 2007. Quien asume su cargo, jurando cumplir la Constitución y la
Ley, está en contra de la aplicación de la misma. Y cobra por ello.
A
la semana siguiente, en el espacio en donde se suponía se entregarían
respuestas a la comunidad: desfachatez
total. Concejales ausentes de sus curules, otros en corrillos, otros
chateando o hablando por teléfono. El video existe en youtube, para contradecir
las afirmaciones a los medios, del presidente del Concejo y otros ediles, en el
sentido del acompañamiento comprometido de los concejales al cabildo abierto.
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| Foto/ Carlos Mario Marín Ossa |
Queda
eso sí el punto más importante del proceso ciudadano y que abarca tres
objetivos:
- Generó un hecho político, que impactó a la ciudadanía en general por la sensibilidad que despierta el tema y por la afectación que el pasaje más caro del país causa a la economía de las personas.
- Ha sido un instrumento de pedagogía ciudadana en dos sentidos. El primero, población y medios conocieron que VeeduRisaralda no sucumbió a las negativas del concejo para tramitar el cabildo abierto. Los miembros de la veeduría basados en el conocimiento y estudio de sus derechos y de las Leyes, insistieron ante la corporación edilicia y obtuvieron el trámite del espacio ciudadano. Segundo, toda la población del área metropolitana, conoció a fondo el problema crítico en que se encuentra el Megabús y los medios de comunicación han debido mantener el análisis permanente de la situación, que ya nos es posible esconder.
- Comenzarán a darse soluciones a problemas de más rápida respuesta, como la integración del sistema y el aumento de la cobertura en Pereira y Dosquebradas. Pronto iniciaremos acciones legales para que se cumpla y aplique la Ley 1171 de 2007.
Es
este un claro ejemplo de cómo se utiliza el poder ciudadano, porque un problema
local y que está afectando a una población local (Pereira-Dosquebradas-La
Virginia), ha sido provocado en gran medida por decisión del gobierno nacional,
ante la imposición de un modelo de transporte masivo, pensado para poblaciones
de millones de habitantes y aplicado en un área metropolitana con una población
inferior a 700.000 habitantes. Pero también tienen responsabilidad los
gobiernos locales que permiten dichas imposiciones que afectan a la población
que deben representar y defender, sin actuar en pro del bienestar común. Antes
bien, callan. El poder ciudadano organizado ha desnudado sus responsabilidades
y se sigue articulando y fortaleciendo para que las asuman o se retiren.
Recordemos
que tenemos una triple condición: Seres humanos, ciudadanos y contribuyentes.
