miércoles, 17 de abril de 2013

¿LA CONSULTA PREVIA, UNA OPORTUNIDAD PARA EL DIÁLOGO Y LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA?


Por: Lylieth Varela Fagúndez.*
Es común observar cómo se concibe a la Naturaleza como un componente aislado de la sociedades humanas, un recurso o un bien para ser utilizado, idea que, con el tiempo se ha jerarquizado teniendo hoy en día repercusiones serias, primero considerar una Naturaleza como propiedad humana y segundo pensar una Naturaleza sin humanos;  sin embargo, existen miradas que reflexionan frente a esta relación en donde se piensa a la Naturaleza - Cultura como un conjunto que no merece separación. Si bien la primera concepción es la más multiplicada y en casos concretos se evidencia en la planificación y gestión ambiental; desde el punto de vista de Arturo Escobar, no es la más contextualizada a la dinámica de la relación en la dicotomía Naturaleza - Cultura. Pensar en esta dicotomía, no obedece solo a un discurso de ambientalistas apasionados o fundamentalismos teóricos, sino que para algunos grupos étnicos, es un principio vigente -aunque cambiante-, que debería ser tenido en cuenta para el desarrollo y ejecución de proyectos y emprendimientos que llegan a sus territorios, así como para la elaboración de políticas públicas, de esta manera aparece como un ejemplo la Consulta Previa.
Actualmente, en Latinoamérica el derecho a la Consulta Previa (Convenio 169 de la OIT) es una herramienta legal que encierra un gran potencial que abre un espacio para el diálogo y la percepción de las comunidades humanas involucradas; a partir de los últimos años varios Estados han ratificado este convenio; de acuerdo con el portal Servindi, en Bolivia, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, afirmó en febrero de 2012 que el Gobierno estaría preparando un reglamento, con el fin de demarcar los procedimientos del proceso de consulta.  Chile, expidió el Decreto 124 de 2012 que haría las veces de Reglamento de Consulta y Participación de los pueblos Indígenas. En Brasil se creó en enero de 2012 el Grupo de Trabajo Interministerial, con el objetivo de evaluar y presentar una propuesta de reglamentación de este convenio. En agosto de 2012,  Ecuador, aprobó la ley que reglamenta la consulta previa e informada a comunidades indígenas y tribales, en procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos. Colombia se encuentra en el proceso de normatividad de la Ley 21 de 1991 y Perú en el año 2012 emitió el Decreto Supremo 001-2012 MC, que estableció las directrices para llevarla a cabo con los pueblos indígenas u originarios.
Sin embargo, es curioso encontrar como se presentan debilidades y si se puede decir alegalidades de acuerdo a cada país. Por ejemplo, la semana pasada en Bolivia se mencionó que el proyecto de Ley de Minería contempla la consulta, sin embargo, se aclara que se definió que en ésta los indígenas no tendrán derecho a vetar la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios, en Colombia los diferentes aportes en cuanto al tema promueven una  reglamentación necesaria para que la consulta previa tome la seriedad que merece y que de alguna manera la reivindique y deje de ser vista como “el palo en la rueda del desarrollo”; Perú también ha generado sus análisis frente al proyecto de Ley de Consulta Previa y su alcance frente a la autonomía de las comunidades ante el Estado.
La Consulta Previa no es tan solo una firma de aprobación de nuestras comunidades para que se inserten grandes proyectos en sus territorios, es el espacio donde la mirada occidental se debe impregnar de los tiempos, lecturas, interpretaciones y valoraciones de indígenas y afrodescendientes para entender los conceptos de territorio, identidad, autonomía y soberanía. Donde se ejercita la comprensión para entender que los seres humanos y la Naturaleza hacen parte del mismo sistema, que sus procesos van de la mano y que existen inconmensurabilidades  difícilmente cuantificables y que no necesariamente deben tener un precio dentro del mercado para entender que tienen un valor en sí mismo. Es el escenario donde se puede cuestionar, elaborar y construir colectivamente las perspectivas de hacia dónde se desea ir, enmarcado en un contexto que involucre las realidades locales, con modelos propios e ideas diversas.
Evidentemente no es fácil este cambio que transgrede lo acostumbrado y lo no enseñado en las universidades o en el diario vivir. Pero es perfectible, tanto la consulta previa real y consensuada, como el nacimiento de una nueva mirada que vaya más allá del utilitarismo hacia los ecosistemas, la vulneración de los derechos humanos y la invisibilidad de los derechos de la Naturaleza. El camino ya está trazado, Latinoamérica lo está transitando; las movilizaciones sociales, las acciones colectivas, el reconocimiento legal de la Naturaleza como sujeto, son una muestra de ello. 
Ecóloga colombiana que se encuentra desarrollando sus estudios de maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad de la República-Uruguay. Ha trabajado con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del suroccidente colombiano, y como docente investigadora del Programa de Ecología de la Fundación Universitaria de Popayán (Colombia). Actualmente, es investigadora asociada en el Centro Latino Americano de Ecología Social –CLAES- (Uruguay).

Tomado de http://www.infoandina.org/noticias/%C2%BFla-consulta-previa-una-oportunidad-para-el-di%C3%A1logo-y-la-construcci%C3%B3n-colectiva 

lunes, 15 de abril de 2013

9 DE ABRIL: LA CEGUERA MACONDIANA ENTRE RIOS DE ESPERANZA


Por: Carlos Mario Marín Ossa.
        @MarioossaM

La jornada del 9 de abril de 2013, pasará a la historia nacional como una situación inédita en 65 años, pues tal vez por primera ocasión desde aquel día de 1948 –en que la sórdida e inmoral codicia de la oligarquía colombiana y norteamericana, desató la “horrible noche”  sobre varias generaciones de compatriotas, aunque en el himno nacional entonemos como papagayos que esa horrible noche cesó- el evento central no fue conmemorar el asesinato del caudillo del pueblo Jorge Eliecer Gaitán Ayala; sino la gran movilización nacional en apoyo del proceso de paz que al momento llevan en la Habana (Cuba) los representantes del gobierno nacional –representantes de la oligarquía colombiana y su aparato militar y policivo- y los representantes de la insurgencia armada. Uno de los listones que se enarbolaron, fue el discurso de una jornada para recordar y honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano.

Visité la capital del país, para observar y escuchar de primera mano lo que ocurría allí durante esta jornada y bajo qué contexto.

Ríos de Esperanza.

Aunque existen diversas versiones sobre la cantidad de marchantes, mi cálculo es que en Bogotá se movilizaron por las calles y hacia la plaza de Bolívar alrededor de 200.000 personas apoyando la búsqueda de la paz y recordando a sus víctimas. En el resto del país la acogida no fue tan multitudinaria como se ha visto en otras ocasiones, caso concreto: Antioquia.  

Bogotá. 9 de abril de 2013/Foto - Carlos Mario Marín Ossa


Pero otro hecho que no se debe ocultar, es que Bogotá no marchó en esta jornada. Lo que se apreciaba en los habitantes de la capital, es que estaban inmersos en sus actividades cotidianas y medianamente intrigados por la marcha que recorría las calles. Salvo algunos habitantes vinculados con procesos sociales o políticos del distrito capital que tienen intereses en el proceso, las gentes capitalinas siguieron su rutina.

Como es sabido ya, el taimado ministro de defensa realizó su propia marcha con los integrantes de la fuerza pública, invocando reivindicación para las víctimas de la institución castrense.

Y aunque los colombianos que marcharon en Bogotá, lo hicieron invocando la paz; lo cierto es que las concepciones de la paz que quieren unos y otros difiere en asuntos claves –por lo menos así lo sugieren las declaraciones escuchadas a través de diversos canales-. Es claro sin embargo, que la esperanza está presente y son ríos los que movilizan este sentimiento. Debe ser así necesariamente, porque el anhelo legítimo y necesario de la paz es el anhelo del pueblo (de aquel que ha sufrido y sufre los rigores de la pobreza, la ignorancia y la exclusión social, económica y política). En este pueblo que anhela el fin del fuego de las armas para vivir tranquilos y poder buscar soluciones al conflicto social, nos encontramos los civiles y miembros de la fuerza pública. Pero no aparece en este pueblo la oligarquía colombiana, tampoco los miembros de la fuerza pública que con el influjo de su rango y años de sometimiento a los designios de esta clase opresora, han vendido su dignidad y la confianza del pueblo en pos de prebendas y negociados.

Vista de Bogotá - Cra. 7a. calle 13./Foto - Carlos Mario Marín Ossa


Los hijos de la oligarquía no pagan servicio militar, ni engrosan las filas de la fuerza pública. No serán enviados nunca al frente de batalla como carne de cañón y precisamente por eso no titubean al ordenar que se envíen a cientos de miles de campesinos e hijos de trabajadores a recibir las balas y explosiones del conflicto armado. Por eso, dicha esperanza nos pertenece y es legítima su reclamación. A ellos el silencio de los fusiles les interesa por razones estrictamente económicas.

Pero debemos apostarle a la búsqueda de la paz –inicialmente del fin del conflicto armado interno-. Es un deber y un derecho.

Entender las intenciones ocultas.

El colombiano de a pie espera la paz como forma de vivir sin la zozobra de quedar entre el fuego cruzado de los combatientes o entre las explosiones de cualquier aparato convencional o no convencional utilizado en los enfrentamientos bélicos. Así podremos legar a nuestros hijos la posibilidad de vivir sin el miedo que genera la guerra. Ambicionamos la posibilidad de estudiar, trabajar y salir a pasear sin el miedo de quedar en medio de un enfrentamiento armado.

La Oligarquía colombiana, quiere la paz (el fin del conflicto armado) para que sus intereses económicos no se vean afectados y puedan ser concretados de acuerdo a sus expectativas. Sus problemas de seguridad son mínimos pero caben dentro de las posibilidades. Sus negocios con el gran capital internacional se ven abocados a restricciones no deseadas en medio del conflicto bélico de tipo ideológico confrontacional. Además, algunas zonas del país de importancia estratégica para su explotación y usufructo, están restringidas a su influjo.

Entre las tácticas para garantizar el alcance y disfrute de sus intereses económicos, está lograr la reelección del presidente Juan Manuel Santos –miembro a su vez de una larga estirpe de la más antigüa oligarquía nacional- y quién de forma particular desea pasar a la historia como el presidente que firmó la paz. Por supuesto, algún presidente deberá firmar esa paz y ese hecho quedará en el registro histórico colombiano. Eso no está mal, pero no genera la confianza suficiente el deseo visible de reelección, y posibilita resistencias de diversos sectores como en efecto está ocurriendo.

Plaza de Bolívar. -Bogotá 9 de abril de 2013- Foto/ Carlos Mario Marín Ossa


Los altos rangos de la fuerza pública tienen un factor que necesariamente atenta contra la conveniencia del fin del conflicto armado, y es que el gigantesco presupuesto para la guerra – llamado dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Defensa y Seguridad”[1] – es de 58,09 Billones de pesos constantes de 2010. Más del 10% del total del presupuesto nacional para el cuatrenio 2010 – 2014. Sumado al gran personal y bienes que se encuentran bajo su mando, se concentra un grandísimo poder en manos de los altos rangos militares y policivos, por supuesto no es fácil renunciar al mismo.

Los sectores que se han apoderado (saqueado) de las tierras y desplazado a varias generaciones de campesinos por diversas vías a través de décadas, no tienen interés en que el proceso salga avante. Concentran gran poderío económico, político y militar; y lo utilizan para impedir que cualquier iniciativa – incluso legal – posibilite la recuperación de las tierras por parte de las víctimas del despojo. No en vano la Ley de reparación de víctimas, define a estas y sus “derechos” a partir de 1985; es decir, desde el inicio de la violencia paramilitar y narcotraficante. Pero las víctimas del conflicto armado colombiano en términos más generales y de forma concreta comienzan cerca de 20 años antes del 9 de abril de 1948. Quienes desataron la violencia contra el pueblo colombiano desde esas fechas, ahora son “decentes y prestigiosos” líderes y miembros de la alta sociedad nacional. Apoltronados en el congreso, la presidencia, los órganos de control, las altas cortes o con sus agentes en dichas instituciones; ya no responderán por la deuda histórica con este pueblo avasallado.

Bogotá, 9 de abril de 2013 / Foto - Carlos Mario Marín Ossa


Por otro lado, los más recientes victimarios se enfrentan ante la posibilidad real de enfrentar a la Corte Penal Internacional una vez las condiciones político-sociales del país varíen, las fuerzas insurgentes se reintegren al sistema social y la correlación de fuerzas de los factores reales de poder se modifiquen.

El capital internacional bajo las condiciones de crisis sistémica del capitalismo, cuyo ciclos recesivos se acortan cada vez más y que inciden de forma fundamental en las expectativas económicas y de ganancia de las economías “desarrolladas”, en las tasas de interés de dichos mercados y en las perspectivas de ubicar sus excedentes de producción y llevar sus capitales golondrina a países latinoamericanos que ofrezcan tasas diferenciales de ganancia superiores al mercado norteamericano y europeo; tienen interés en apoyar el proceso de paz. Pero no como una muestra de solidaridad o como aporte a la reconciliación del pueblo colombiano. Su interés radica en que para poner en práctica sus imposiciones comerciales (TLC), su “confianza” en nuestra economía (explotación minera, patentes en biodiversidad, farmacéuticos, semillas, etc.) y su especulación financiera a través del flujo de capitales golondrina; es conveniente que desaparezcan las oposiciones armadas de gran influjo, que ya el sistema político y el modelo económico no variará sustancialmente. Para eso existe la clase dirigente colombiana, al servicio de sus mandatos y en franca traición a su pueblo.

Bogotá, 9 de abril  de 2013 / Foto - Carlos Mario Marín Ossa


Por último, las fuerzas insurgentes luego de cinco décadas de guerra, acusan un desgaste militar, ideológico y financiero normal luego del escalamiento de la guerra y el crecimiento del aparato armado, con los altibajos de las diferentes fases del conflicto. El país social parece inclinarse hacia salidas democráticas (aunque las elecciones las ganen quienes escrutan) debido al cansancio del miedo y el desasosiego del belicismo. Organizaciones sociales y políticas alternativas de diverso orden propugnan por educación y pedagogía de los derechos, como forma de adelantar una revolución cultural que modifique gradualmente las estructuras del poder en la Nación y empodere al pueblo en la búsqueda y solución de sus problemas, en la creación de paradigmas de gobierno sociales y participativos; y en implementación de un modelo económico que garantice el Estado de Bienestar. Todo por la vía democrática participativa.

En este contexto, la firma del fin del conflicto armado y la inserción en la lucha política y democrática es el camino.


LA CEGUERA MACONDIANA

Si bien es cierto los argumentos en contra del avance de este proceso de paz hacen eco en amplios sectores nacionales, sobre todo en aquellos más pobres y sometidos a la andanada mediática de los amigos del sector recalcitrante y de extrema derecha; la paz es un imperativo para este pueblo.

El sólo hecho de que nuestros hijos conozcan este país sin guerra, ya vale la pena de apostar por el proceso. Sin duda las luchas democráticas por solucionar el conflicto social para buscar calidad de vida, bienestar, desarrollo y soberanía; serán más fáciles de acometer en un clima de paz. No en vano, un grueso número de los marchantes eran jóvenes menores de 25 años. Parece que algunos de los mayores, no han ayudado a construir un país equitativo, soberano y democrático; y aun así pretenden imponer sus “criterios” sobre la esperanza de las nuevas generaciones.

Niños apostados sobre la Av. Caracas Pidiendo la PAZ. Foto/Carlos Mario Marín Ossa


Será indispensable la construcción de un nuevo “Contrato Social” en donde las élites cedan privilegios en pos de mantener un clima social equilibrado y la fuerza pública defienda los intereses de todos los colombianos y no sólo de un puñado de ellos. El concurso de los entes castrenses es necesario para que este orden de las cosas se dé.

De lo contrario las pugnas necesariamente se agudizarán y las contradicciones continuarán antagónicas. Para todos es mejor disfrutar de ciertos niveles de privilegio que arriesgar a no tener nada.

En contra del interés mayoritario de la Nación, se encuentra el interés de un grupúsculo de agentes oscuros que se caracterizan por el dogmatismo y la imposición de la fuerza para defender el resultado de sus acciones de despojo y avasallamiento. Son aquellos que gustan de un pueblo indigente y menesteroso que crea que ellos con sus limosnas son sus salvadores, cuando en realidad son sus más crueles verdugos. Son aquellos que se enfrentan a la posibilidad de la Corte Penal Internacional. Aquellos que añoran la época inquisitorial del oscurantismo. Sufren de la ceguera macondiana más trágica, porque cuando la “enfermedad del olvido” llego a Macondo, sus habitantes la enfrentaron escribiendo sus memorias en papelitos que dejaban por todas partes para recordar. Pero en este contexto de ofensiva contra la paz, los papelitos macondianos no sirven a la memoria, porque quienes los han escrito están ciegos.



[1] Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Prosperidad para Todos. Ley 1450 de 2011. Art. 4o. Pág. 3

jueves, 4 de abril de 2013

EL DERECHO A LA SALUD V.S. LA FRÍA UTILIDAD FINANCIERA

Por. Carlos Mario Marín Ossa


A comienzos de marzo de 2013, estalla una situación que complica la ya deteriorada y tortuosa situación de acceso a la salud en el régimen subsidiado en Pereira, para aproximadamente 71.000 usuarios de la EPS Asmetsalud.

Todo se inicia por la disparidad de criterios al momento de la negociación de un nuevo contrato a partir de enero de 2013, entre la gerencia de la E.S.E. Salud Pereira y los representantes de la EPS ASMETSALUD. Dicha disparidad de criterios se remite al valor de la cápita por usuario, que está dispuesta a pagar la EPS y el valor al que aspira la E.S.E. La cápita, es el valor que debe pagar una EPS cualquiera a la IPS que atienda a los usuarios de la primera, por concepto de servicios de salud en primer nivel (consulta externa), segundo nivel (exámenes varios de carácter especialista) y tercer nivel de complejidad (tratamientos y cirugías entre otros); valor que determina el gobierno nacional por año y que las EPS´s e IPS´s negocian con cierto margen de flexibilidad según los “precios de mercado”.

Como la EPS ASMETSALUD ofrece pagar un valor de cápita inferior al que aspira la E.S.E. Salud Pereira, los servicios a los usuarios de dicha EPS fueron suspendidos el 08 de marzo por parte de la gerencia de la E.S.E. Asmetsalud entonces debió contratar de forma coyuntural una red alterna de carácter privado para la atención de sus afiliados       –esto se da en medio de la coyuntura de la reforma al sistema de salud en el congreso de la república- en tanto que seguían los contactos para intentar un arreglo entre las dos partes. Los damnificados por supuesto son los 71.000 pereiranos afiliados a la EPS ASMETSALUD.

La situación no avanza, y es así que el pasado 03 de abril fueron citados por el concejo municipal de Pereira los representantes de la E.S.E., de la EPS y de la secretaría municipal de salud; para que expusieran sus razones ante el cabildo, los usuarios y representantes de organizaciones sociales entre las que se encontraba VEEDURISARALDA.

Marcha en defensa del derecho a la salud. Pereira-Risaralda.


Al inicio de la sesión, expuso sus puntos el secretario de salud municipal Dr. Julián Mauricio Trejos en términos de la función de dicha secretaría como ente de vigilancia y control. Su exposición se basó en el seguimiento realizado a las EPS´s que atienden el régimen subsidiado en la ciudad y de las cuales ASMETSALUD según su opinión debe cumplir algunas condiciones, entre las que están el ajuste del valor de la cápita según los lineamientos del gobierno nacional. Así mismo indicó que los giros del Fosyga para pagar a las EPS´s se encuentran al día, en tanto que estas cada vez se retrasan más en los pagos a hospitales y en general a la red pública. Posteriormente realizó su presentación la Dra. Mónica María Orozco –Gerente de la seccional Risaralda de la EPS Asmetsalud- mostrando las estadísticas de una muestra de 15 días con el servicio de la red privada alterna y comparándola con la estadísticas de atención de la E.S.E. Salud Pereira para un período también de 15 días. En su presentación resaltó un mayor número de citas atendidas en todas las variables de diferentes niveles de complejidad, respecto a una menor efectividad del servicio de salud de la E.S.E. Respecto al tema del valor de la cápita negociada no mostró visos de solución. Finalmente, fue el turno para el gerente de la E.S.E. Dr. Rafael Lucas Sandoval, quien destacó aspectos como la obligación de la EPS de cumplir con las órdenes del gobierno nacional y las sentencias de la Corte Constitucional al respecto en lo que se refiere a los valores incrementados de la cápita por usuario y para la cual el gobierno entregó un incremento especial en la ciudad de Pereira. Ningún asomo de acuerdo entre las partes y el usuario en el limbo.

Nuestras conclusiones.

Lo primero que hay que decir, es que este bosquejo general de la situación de la salud para los más pobres de Pereira es una radiografía aún incompleta, que en próximas entregas iré ampliando. Según lo visto y escuchado en el concejo, se puede concluir inicialmente que todos tienen un poco de razón y que todos están equivocados en temas profundos.

Es cierto que existen normas del nivel nacional que obligan a destinar recursos públicos para la atención de los usuarios con unos valores de cápita que para Pereira fueron incrementados en valores superiores a otras ciudades. Existen también sentencias de la Corte Constitucional que defienden estos derechos.

Es cierto que bajo estas condiciones, el gerente de la E.S.E. puede esperar una mayor inversión y pago de dinero por usuario atendido a la EPS ASMETSALUD, como cierto puede ser el comparativo de eficiencia presentado por la gerente de la EPS entre la red alterna privada y la red pública, y en la que el peor desempeño –la peor atención al usuario en términos de número de personas atendidas- corre por cuenta de la E.S.E. Sin embargo hay que aclarar que la muestra presentada por ASMETSALUD para un período de 15 días, puede tener visos de descontextualización y no ser fiable 100%.

Cierto también es que las EPS´s manejan una cartera por pagar a la red pública de salud (los hospitales, clínicas, etc) cada vez más morosa y que ello incide negativamente en los problemas financieros del sistema hospitalario público. Eso lo sabemos hace muchos años.

Entierro al sistema de salud de los colombianos. Foto/Carlos Mario Marín Ossa


Pero todos los actores aquí mencionados se equivocan en plantear de forma primordial el problema de la salud en términos financieros. Eso es monstruoso. Aunque de forma lógica, se debe contar con dinero para financiar la salud, la atención al usuario, el costo de tratamientos, cirugías, citas al especialista; y el manejo de dicho dinero debe seguir parámetros de buena gerencia, racionalidad y efectividad; no menos cierto es que tratándose la salud de un “derecho fundamental” de cualquier ser humano, lo primordial debe ser la atención oportuna e integral de los pacientes.

Se equivoca en materia grave el Dr. Lucas Sandoval al cerrar la atención a los pereiranos afiliados a Asmetsalud derivado del inexistente acuerdo entre la EPS y la E.S.E. ¿Cómo se deja sin salud a 71.000 seres humanos por razones de especulación financiera entre las partes?

Pero con la Ley 100 este derecho fue convertido en un negocio y como tal el fundamento no es la persona sino el lucro, la utilidad. Las consideraciones financieras son frías y no tienen compasión con el sufrimiento del paciente ni con la perspectiva de la muerte. El enfermo no se enfrenta a otro ser humano que maneja y dispone del dinero público destinado a aliviar el sufrimiento de la enfermedad o a mantener la salud mediante la prevención.

¡NO!

El enfermo se enfrenta a conglomerados financieros, a corporaciones especulativas del dinero de la salud, las cuales no ven a los ojos al paciente que sufre sino que miran con avidez los índices financieros de sus libros contables, los informes de bolsa, las tasa diferenciales el mercado que puedan aprovechar para invertir. Es un mundo sin venas con sangre en su interior, aunque sus ganancias se basen en la sangre dejada por el paciente moribundo sobre la camilla solitaria.

Escuchar en la sesión del concejo municipal frases como “En el primer nivel de atención no se venden servicios” o “No es rentable contratar con las EPS´s por eventos ya que los glosan para no pagar” “el negocio de la salud” y otras por el estilo, deben asustar profundamente al ciudadano de a pie que se encuentra sometido a los designios del mercado de la salud. Su vida pende de un hilo. Esa es la filosofía de la Ley 100 de 1993 impulsada por el gobierno de los entonces liberales César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos Calderón y Álvaro Uribe Vélez (a la sazón senador ponente del proyecto de Ley).

La reforma al sistema de salud presentada al Congreso por el gobierno Santos en términos generales no cambiará ostensible y estructuralmente el adefesio del sistema. El intermediario que encarece el servicio y se queda con una gran parte de los recursos (las EPS´s) no desaparece. Cambia de nombre, pero sigue percibiendo un dinero de los contribuyentes que debería ser empleado por ejemplo en contratar más médicos o enfermeras, con mejores salarios y mayor estabilidad laboral. En lugar de hacer énfasis en los nives II y III de complejidad, se debería invertir más dinero en prevención aunque los negociantes de la salud se ericen al no “vender” servicios para atender la enfermedad que ya ha avanzado.

El camino debe ser derogar la Ley 100 de 1993 y establecer otro sistema de salud diseñado para favorecer a quienes pagamos el grueso de los impuestos y no a las corporaciones y conglomerados financieros que ya cuentan con generosas exenciones de impuestos entregadas a manos llenas por los gobernantes colombianos.