viernes, 26 de agosto de 2016

COYUNTURA POLÍTICA Y POST ACUERDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Taller de Cualificación y fortalecimiento sindical con perspectiva de género.
PANEL
COYUNTURA POLÍTICA Y POST ACUERDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Carlos Mario Marín Ossa

La perspectiva o el enfoque de género es una categoría socio política que reconoce la diversidad, su valía y la necesidad de que se eliminen las inequidades relacionadas con el género, con lo diverso, con lo diferente.

El concepto de perspectiva de género cobra especial relevancia a partir de 1995, durante la realización de la IV conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer. Se trata de una estrategia para fomentar la igualdad de los sexos en la plataforma de esta conferencia realizada en Beijing. La igualdad entendida como concepto y práctica política.

Podemos decir que el ejercicio de la inequidad y discriminación hacia la mujer es un resultado histórico que se da con el paso del derecho materno al paterno, con la aparición de la propiedad privada, con la aparición y evolución del capitalismo. Porque de forma paralela a la etapa de la aparición capitalista se dieron en occidente los nacimientos de las democracias modernas, de los Estados Nación, basados en una serie de valores como la libertad, igualdad y fraternidad que terminaron siendo realidad para las élites de cada país, con lo cual la discriminación hacia lo más variado de la sociedad, hacia las mayorías, da como resultado una concepción machista y patriarcal, así como una práctica coherente con estos mitos fundacionales de dichas democracias. Es así que se le asigna a la mujer una condición social y política de dependencia y pasividad. Y en estos desarrollos influye de manera determinante la cultura religiosa que es eminentemente machista, con decisiones y designios de un dios hombre que se comunica con lo terrenal a través de jerarcas hombres que traducen e interpretan desde su mirada, la voluntad divina.

Las mujeres han asumido a través de la historia diversas formas de organización, como también iniciativas para protestar contra la guerra, contra las violencias ejercidas en sus vidas y cuerpos, contra sus territorios y el tejido social que han construido y habitan.

Para el caso colombiano, a través de la organización, la formación y la persistencia, a partir de la década de los noventa del siglo XX, lograron la aprobación de la Ley 581 del 2000 llamada también Ley de cuotas, que establece que por lo menos el 30% de los cargos públicos por designación deben ser asumidos por mujeres. La Ley 1257 del 2008 sanciona los tratos discriminatorios y las violencias ejercidas contra las mujeres. En el año 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto.

Desde el lado de los hombres, habría que decir que la imposición cultural se revirtió en contra como sujetos activos de diversas violencias que pagan con su vida o con la imposibilidad social de desarrollar las varias sensibilidades que son vistas o señaladas como indeseables en un macho. Culturalmente se les imposibilita el desarrollo integral como seres humanos con sentimientos.

Coyuntura Política.

La política internacional se guía de acuerdo a los dictados de una minúscula élite económica, unas pocas familias, que se expresan a través de los organismos multilaterales y que se constituyen a través de la gran corporación transnacional en supra gobiernos. Los límites geopolíticos existen para impedir que llegue la diversidad a los países que alojan a esa pequeña élite, pero desaparecen para permitir la entrada de los excedentes económicos de dichos países así como la entrada de capitales especulativos que se alimentan de la economía, el trabajo y el bienestar de las mayorías mundiales, de las mayoría populares. Es una política mundial contra la diversidad en todas su expresiones, entre las cuales se encuentra el género. El capitalismo es patriarcal, es machista, es anti diverso. No permite los desarrollos diferentes en términos económicos, sociales, culturales, educativos, étnicos, políticos ni de género.

América Latina enfrenta un período de retroceso de los gobiernos de izquierda y progresistas debido al ataque sistemático de la derecha vernácula e internacional, a los errores propios en materia de educación y formación política del pueblo, del accionar mediático a través de la guerra de cuarta generación, del empleo de procesos de golpe suave y guerra sicológica, auspiciados por la derecha y los aparatos paramilitares que comienzan a internacionalizarse como una empresa de guerra. De esta forma, Venezuela ha vivido la llegada de su élite nacional al seno de la Asamblea Nacional en una mayoría que tiene en aprietos el proyecto socialista del siglo XXI. Brasil enfrenta un duro movimiento que cuestiona el gobierno de Rousseaf y pretende enjuiciar no sólo la figura del expresidente Lulla Da Silva, sino el proyecto político de izquierda de dicha nación. Argentina entrega el gobierno a un exponente purasangre de la extrema derecha gaucha que no tardó en comenzar a desmontar proyectos emblemáticos del modelo Peronista y de los Kichtner. Es una arremetida que compromete toda la propuesta emancipatoria latinoamericana a través del ALBA, de UNASUR y otros mecanismos de integración de los pueblos latinoamericanos y que se contraponen al proyecto político, territorial y hemisférico de los Estados Unidos, Canadá y sus socios globales.

Hoy se encuentran amenazados el pueblo venezolano, su democracia y el proyecto histórico propio que desde la base soñaron e impulso el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el movimiento bolivariano revolucionario MBR 200, por cuanto de forma aleve y descarada, diversos medios norteamericanos plantean ya la necesidad de una intervención en el hermano país para restaurar la democracia. Colombia, su gobierno y su élite han sido factores desestabilizadores, cómplices e impulsores del ataque al proyecto histórico revolucionario bolivariano.

Colombia inicia una nueva etapa con el fin del conflicto armado entre el gobierno de las élites y las FARC-EP. Se silencian los fusiles y se abre paso la posibilidad de buscar a través de la participación política y de la movilización social y popular, la anhelada paz. La paz que soñamos y a la que tenemos derecho pasa de largo por el silenciamiento de los fusiles, muy importante en sí, porque quienes han colocado los muertos de ambos bandos han sido los sectores populares. La oligarquía asiste y atiza la guerra desde la comodidad y seguridad de sus mansiones, oficinas y clubes sociales.
La paz que queremos se construye desde la diversidad étnica y territorial. Desde las particularidades de las regiones. No puede imponerse una paz diseñada desde la burbuja en que viven las élites económicas que usufructúan la riqueza de Colombia y el trabajo de los colombianos, sin conocer siquiera cómo se vive en pueblos y veredas, en ciudades intermedias, en las barriadas. La paz que queremos es una paz construida a varias voces, en donde la sociedad converse acerca de las soluciones que necesita, lo que llamamos un gran diálogo nacional.

Sin embargo la realidad nacional es que el modelo económico sólo sirve a los intereses de los más ricos, de ese puñado de familias de la antigua oligarquía y de la emergente. El sistema de salud es un negocio del que se lucran esas familias y sus agentes. El sistema educativo desea convertirse a ultranza en un negocio y para ello requieren eliminar los componentes de las humanidades y reemplazarlos con enfoques técnicos que se acomoden al modelo económico. La seguridad y soberanía alimentarias deben defenderse. El alimento y la tierra garantizan la subsistencia autónoma del pueblo, de las comunidades. Garantizan la supervivencia de la especie. Y existen comunidades que viven de forma diferente y alterna al modelo impuesto, desarrollando procesos asociativos y cooperativos. Allí, hombres y mujeres cumplen papeles fundamentales y equitativos para el desarrollo de los planes de vida comunes y de los individuales.

Países como Estados Unidos, que acompañan el proceso de paz que está pronto a firmarse, tienen intereses económicos de su propia élite en los territorios colombianos en donde hace presencia la insurgencia armada. Por ello acompañan este proceso.
Otro elemento que mantiene y agudiza el conflicto social es la guerra de IV generación, la guerra mediática e ideológica que refuerza estereotipos machistas, patriarcales y capitalistas que son sinónimos entre si. Es un aculturamiento permanente de la población que mantiene y ahonda la estigmatización hacia lo diverso, hacia lo diferente, podríamos decir, hacia el otro género u otros géneros. La disputa entre los que defienden el género como una construcción social y quienes lo defienden como una realidad biológica y designio divino plantea la contradicción que avanza entre la sociedad que busca procesos modernizadores y quienes defienden el status quo. El trasfondo del problema es un asunto de poder. Y ese poder está en disputa para mantener las prebendas y privilegios de una clase social o para avanzar los intereses históricamente negados de otra clase social diversa, multiétnica, multicultural y popular.
Es así que se plantea la necesidad de construir un movimiento político que busque la construcción de una paz real e integral, que avance unificando los sectores de las mayorías nacionales, de las mayorías populares, para transformar las causas históricas conflicto. La construcción de paz tiene que ver con la gobernabilidad en los territorios y la construcción de movimiento político. Es decir, construir un Nuevo Proyecto Histórico para la clase popular.

Post acuerdos en clave de diversidad. En clave de género.

Para grandes sectores de colombianas y colombianos organizados, es claro que la Paz no ha llegado como un objetivo y realidad integral y terminada. Se disminuye la sangre que han puesto los pobres por designio de los más ricos, como resultado del silenciamiento de los fusiles.

Pero el conflicto social sigue existiendo y se agudiza. La imposición política de las élites sobre el patrimonio público y los bienes comunes de la humanidad, es venderlos. Entregarlos al ejercicio especulativo del capital privado transnacional. Es algo que deberá buscar revertir el movimiento social y político alternativo a través de la movilización y la protesta, a través de la participación política institucional, a través del impulso de Leyes que favorezcan a las mayorías nacionales y a través del ejercicio de gobierno de hecho en los territorios.

La Ley ZIDRES deberá ser un objetivo a eliminar, porque no favorece al campesinado raso. Al convertir a campesinas y campesinos en asalariados de los grandes empresarios, niega de facto la realidad territorial, la diversidad étnica y cultural, la historia y el desarrollo de las comunidades. Uniforma una propuesta de desarrollo rural y agrario sobre la visión de una casta, desconociendo los usos y saberes de las comunidades, de lo que hombres y mujeres han asumido como historia y memoria, de cómo se ha construido en la realidad esta Nación de naciones. Niega la relación entre los géneros allí en los territorios, sus saberes y aportes y las construcciones conjuntas y separadas.

Los convenios UPOV [i] criminalizan el ejercicio ancestral de proveerse la comida de forma autónoma y soberana. La relación de hombres y mujeres con la semilla, con el alimento que provee y con la vida que otorga, es amenazada para favorecer el lucro de esa élite transnacional. Monsanto, Dupont, Syngenta, están entremezclados con bancos, inmobiliarias, aseguradoras, calificadoras de riesgo, organismo multilaterales y políticas globales de dominio y control social. Es otro objetivo que deberá tenerse en cuenta si se quiere garantizar el alimento y potenciar las relaciones ancestrales que hombres y mujeres han tenido con el mismo.

La política minero energética es otro objetivo para los tiempos de los post acuerdos. Hoy se quiere privilegiar el valor del agua, de los páramos, de los ríos frente a la explotación minera y de petróleo, frente a la construcción de megaproyectos energéticos e hidroeléctricos y la generación de dividendos para esa corporación transnacional de la que venimos hablando. Es un ejercicio de soberanía, pero también de dignidad. Las comunidades rurales tienen una relación con su entorno y de allí nacen diversos desarrollos y manifestaciones culturales de las mujeres tejedoras, de los hombres pescadores, de las mujeres cantantes y gaiteras, del hombre vallenato, tiplero o marimbero.

La política urbana es otro objetivo para los tiempos de los post acuerdos. Ciudades para la vida digna, vivienda digna, el derecho a la energía eléctrica, al mínimo vital de agua, a un transporte digno, a rechazar la densificación en los centros para los sectores populares con un criterio de costo financiero por encima del criterio de bienestar y dignidad para las personas, son demandas de los sectores populares. Es preciso buscar equipamientos urbanos de calidad, volver al verde, a los árboles, a los parques con pasto y flores, en donde las personas y las familias se puedan encontrar. El monopolio del cemento no sólo se presta para favorecer la corrupción, sino también para atentar contra el medio ambiente y favorecer el calentamiento global.

En ambientes urbanos diversos, emergen de forma más natural las iniciativas desde los géneros. Avanzan en un diálogo y en un baile de reconocimiento mutuo, de validación y aceptación.

Por eso la existencia y fortalecimiento del ESMAD para los tiempos de los post acuerdos es un contrasentido. Este cuerpo existe para impedir la diversidad, para imponer un modelo único que garantiza el status quo. El diálogo no existe porque quienes imponen el modelo están en posesión de la verdad. Este cuerpo de represión es la mejor prueba de que vivimos en un Estado fascista que impide la diversidad. Bajo los esquemas de esta política, el hombre es actor dinámico y la mujer continúa siendo objeto pasivo y subordinado. Y ello golpea la posibilidad de las manifestaciones culturales, sociales y políticas para la mujer, para su libertad, para su búsqueda y condena al hombre a reproducir el modelo que necesariamente terminará desatando nuevas violencias. El ESMAD es otro objetivo de los tiempos de los post acuerdos.

La construcción del movimiento político que busque el poder institucional, que se erija en derecho, que impulse la construcción del Nuevo Proyecto Histórico, es otro objetivo de los tiempos de los post acuerdos. Un movimiento político diverso y unificado en sus acuerdos, respetuoso en sus disensos y decidido a obtener el poder es necesario para la construcción de la paz que soñamos. Esa que se construye a varias voces, que llega como resultado de un gran diálogo nacional.

Las mujeres colombianas que se organizan por ejemplo en el proceso Confluencia de Mujeres para la Acción Social, plantean como luchas la exigencia de acceso real a la propiedad de la tierra, a la titulación, a tener garantías para producir. Consideran que el reconocimiento del valor de su trabajo, de su aporte en la construcción de tejido social y la redistribución de las cargas del trabajo son herramientas de mayor valor para la resistencia y el arraigo en los territorios. Consideran su cuerpo como territorio de la política y rechazan la militarización de sus vidas y sus comunidades. Exigen y buscan que se tengan en cuenta en la construcción de las políticas públicas que terminan afectando sus vidas y las de sus comunidades. Plantean que requieren de una educación que no reproduzca los roles asignados a la mujeres y que están basados en sistemas de opresión. Se declaran objetoras por conciencia a la militarización, luchan contra el racismo y exigen seguridad y soberanía alimentarias.

Cabe mencionar además, que una construcción diversa del tiempo de los post acuerdos deberá impedir que tanto el machismo como el hembrismo sean el resultado de las imposiciones políticas y culturales del régimen.

Estos elementos y otros nos permitirán avanzar en esa estrategia de eliminar las inequidades tanto económicas como políticas y de género; para eliminar la exclusión y la invisibilización de las violencias que se cometen en razón de la diferencia. Podemos llegar a entender, aceptar y practicar que podemos caminar con una mujer sin pretender convertirla en objeto de posesión, podemos llegar asumir que caminar con un hombre no requiere convertirlo en objeto de utilización y explotación. Podemos entender y aceptar que existen otras prácticas y manifestaciones de amor entre géneros como una construcción social y como una decisión autónoma de personas, de seres humanos con derechos y sentimientos, con aportes a la historia, a la comunidad, al territorio.

Los tiempos de los post acuerdos y la construcción de la paz es una labor de hombres y mujeres que como sujetos políticos caminen no adelante el uno de la otra, no atrás, sino al lado y de forma equitativa.

Pereira, agosto 26 de 2016




[i] Patentes o figuras como Unión para la Protección de Obtentores Vegetales UPOV. Este convenio internacional se creó en el año de 1961 y posteriormente se han establecido dos convenios a los cuales se han suscrito los países miembros: UPOV78 y UPOV91. Colombia hace parte de los países que han suscrito el UPOV78. Estos convenios obligan a los gobiernos a reconocer la propiedad de las semillas para las transnacionales que han desarrollado modificaciones genéticas de diversa variedad

jueves, 18 de agosto de 2016

La Paz son Cambios

“Como ha sucedido a través de toda la historia,
el diálogo entre el patricio y el plebeyo, el señor
feudal y el siervo, el esclavista y el esclavo,
el capitalista y el trabajador, no rindió frutos.
No puede rendir frutos porque la división de
la humanidad y sus sociedades en una minoría
acaudalada y una masa empobrecida, no es un
problema de comprensión o compasión que
puede resolverse mediante la comunicación y
la pedagogía; sino un problema de intereses y de poder.
El conflicto entre los que tienen y acumulan
y aquellos que no tienen y son empobrecidos, no
se resolverá por teleconferencias y filantropismo de
los ladrones globales, sino sólo por la conquista del poder.”
Heinz Dieterich Steffan

(El Socialismo del Siglo XXI)


Por : Carlos Mario Marín Ossa
         Dirección Nacional de Poder y Unidad Popular

El momento actual demanda para los colombianos y colombianas una responsabilidad histórica con las generaciones venideras, pues es el momento de realizar la pedagogía correspondiente para impulsar el voto por el SI a la refrendación de los acuerdos de paz de la Habana cuando sea convocado el plebiscito para tal fin. Debemos legarle a quienes nos siguen un país sin confrontación bélica o disminuída la misma por cuenta del retiro del campo de batalla de las insurgencias armadas o de una de ellas. Es importante que el gobierno abra las puertas para la negociación con el ELN y el EPL sin colocar trabas torticeras basadas en el desconocimiento de los avances y acuerdos previos en la fase de exploración. Porque una paz sin dichas insurgencias, es una paz incompleta que amenaza la viabilidad de la nación. Pero es de igual importancia que así mismo el gobierno garantice el desmonte de los grupos paramilitares que amenazan la implementación de los acuerdos de La Habana y colocan en riesgo a los desmovilizados que llegan a la disputa institucional política.


Ya en el anuncio del fin del conflicto, tanto Juan Manuel Santos como Timochenko se sinceraron de cara al país al manifestar que no comparten los modelos económicos y políticos que unos y otros pretenden desarrollar para el país. Pero manifiestan un respeto que no debe ser retórico especialmente en el caso del régimen que es quien tiene a favor la fuerza del Estado.

La paz que soñamos y a la que tenemos derecho pasa de largo por el silenciamiento de los fusiles, muy importante en sí, porque quienes han colocado los muertos de ambos bandos han sido los sectores populares. La oligarquía asiste y atiza la guerra desde la comodidad y seguridad de sus mansiones, oficinas y clubes sociales.

La paz que queremos se construye desde la diversidad étnica y territorial. Desde las particularidades de las regiones. No puede imponerse una paz diseñada desde la burbuja en que viven las élites económicas que usufructúan la riqueza de Colombia y el trabajo de los colombianos, sin conocer  siquiera como se vive en pueblos y veredas, en ciudades intermedias, en las barriadas. La paz que queremos es una paz construida a varias voces, en donde la sociedad converse acerca de las soluciones que necesita, lo que llamamos un gran diálogo nacional.


Y es lógico y justo que así sea, porque cuando las visiones se imponen desde pequeños grupos de interés a una mayoría ignorada, los conflictos se exacerban y nuevas violencias surgen.

Cuando asistí hace pocos años al foro de participación política en Bogotá, en el marco de los diálogos de paz, fue evidente que el interés de la oligarquía criolla que representa el actual presidente, era disponer de los territorios donde se ha desarrollado la resistencia armada por más de medio siglo, para profundizar su modelo económico de especulación financiera y agroindustrial. Así mismo el desarrollo de los negocios de sus socios en materia minero energética, entre otros intereses. De esto es muestra la Ley ZIDRES que garantiza el negocio del gran capital agropecuario, o la política de licencias ambientales que permiten la explotación minera en zonas de páramo, o el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos que desplazan a campesinos y habitantes rurales de sus territorios y cambian la vocación económica e histórica de los mismos.

El nuevo código de policía no está hecho para beneficiar la implementación de los acuerdos y el desarrollo de los tiempos del post acuerdo sino para reprimir la protesta social y la movilización que necesariamente se incrementará pues el conflicto social sigue intacto y se agudiza.


La salud sigue siendo un negocio que se surte de ganancias cuanto más sea negado el derecho real a los colombianos. La educación intenta mercantilizarse cada vez más impidiendo el acceso de las clases más desfavorecidas. El empleo es cada vez más precario y con menos garantías. La seguridad y la soberanía alimentarias casi desaparecen con los menores apoyos e incentivos para el campesino raso, con la criminalización de las semillas nativas para favorecer el negocio de las semillas transgénicas en poder de corporaciones transnacionales. La industria nacional ha sido golpeada por los tratados de libre comercio. Aunque los medios de comunicación de propiedad de los ricos de Colombia intenten vender la idea de progreso y beneficio, en calles de ciudades y en veredas, se palpa una realidad contraria. No es este el país que queremos ni el que deseamos legarle a nuestros hijos.

La paz es con cambios. La paz es justicia social, vivienda digna, soberanía alimentaria, educación gratuita, salud para todos. La paz es la realidad de la participación política con garantías reales. La paz es que no se nos asesine por pensar diferente, por buscar otros modelos de economía que privilegien el colectivismo, el cooperativismo, lo asociativo. La paz es privilegiar la naturaleza y el agua por encima de la explotación minera y los desarrollos minero energéticos. La paz es que todo colombiano y colombiana tengamos derecho a la energía eléctrica, al mínimo vital de agua, a decidir sobre nuestros territorios, desarrollar nuestro plan de vida en la fortaleza de la diversidad. La paz es que Colombia sea para las mayorías nacionales.


Esa paz es la que le corresponde buscar y construir al movimiento social. Y ello se hace a través de la movilización. Pero también, a través de la construcción de un movimiento político amplio y decidido a disputarse el poder. El diálogo es un elemento básico, pero lo que ha estado en juego siempre, lo está y lo estará es un asunto de intereses. Los intereses de una pequeña élite y los intereses de las mayorías nacionales. Esa contradicción se dirime a través de la disputa del poder tanto de hecho en los territorios como jurídico en lo institucional.