lunes, 25 de noviembre de 2013

KAZIYADU O UNA SEGUNDA REPÚBLICA COLOMBIANA

(Publicado originalmente en http://comiteorlandofalsborda.blogspot.com/2013/03/kaziyadu-o-una-segunda-republica.html)



Kaziyadu en el idioma huitoto de los indígenas del Amazonas, significa “despertar” o “renacer”. Y ante la crisis estructural por la que atraviesa nuestra nación, es el camino a seguir un renacer desde lo raizal, con generación de conocimientos y dinámicas propias en todas las esferas; para apuntalar y consolidar el proceso creciente de reafirmación de lo local y la diversidad de nuestro pueblo y territorio.

La república de Colombia, como argumenta Orlando Fals Borda, tiene su cimiento estatal bajo el modelo del Estado-nación europeo, proyecto histórico que ha buscado la homogenización cultural, étnica y religiosa en cada escenario, y la centralización del poder dentro de este (1)[i] (sic).

El fracaso de las políticas nacionales que se vienen adoptando por los diversos gobiernos (que son el mismo, con rostros diferentes) en todos los frentes, desde los inicios de la república –es decir, desde hace poco más de 200 años-, obedecen a varios factores entre los que se cuentan primordialmente dos:

1.    Nos ha gobernado un minúsculo grupo de la élite económica y social que tiene sus “raíces” en la tradición española, a la que se le han sumado algunos inmigrantes de los países del cercano oriente. Estos han impuesto las condiciones para preservar sus privilegios.

2.    Los modelos socioeconómicos impuestos se basan en la tradición y formulación eurocéntrica, sin que tengan en cuenta las realidades diversas de la Nación colombiana.

Como respuesta a las condiciones asimétricas generadas por esta manipulación sobre el pueblo colombiano, y en la búsqueda de las soluciones que nos lleven a encontrar calidad de vida, bienestar y desarrollo dentro de condiciones de autonomía y soberanía; podemos adoptar en líneas gruesas dos acciones fundamentales:

1.   Fortalecer y consolidar el desarrollo local desde los conceptos y realidades sociales, culturales, étnicas, ecológicas, geográficas y económicas. En este proceso debe surgir el reconocimiento de nuestra diversidad y de allí el orgullo de nuestra particularidad, la dignidad de nuestra vida y nuestro papel en el mundo, la ética con nuestro entorno natural y social. Como resultado eco-social, es imperativo el surgimiento de mujeres y hombres líderes y conocedores de su entorno; que sobre su papel de seres políticos y sociales comiencen a crear ese recambio en los niveles gubernativos y en las esferas económicas. Estos nuevos dirigentes deben ser quienes gobiernen sus territorios en representación y defensa de su cosmogonía, garantizando formas realmente democráticas de participación y bienestar.

2.    Los colombianos, debemos garantizar inicialmente desde lo local y a partir de allí hacia lo nacional; la generación de conocimiento autóctono, raizal, sobre la base de la interrelación con nuestro entorno tropical. Debemos generar modelos propios, que expliquen nuestra realidad y nuestra historia; para que desde allí se planteen las soluciones necesarias a los problemas que como Nación tenemos. Es cierto también que el acumulado de la humanidad no se debe desconocer, como cierto es que las realidades en el planeta varían por razones de geografía, cultura, etnografía e historia.



Las construcciones Fals Borda.


La propuesta  en la que trabajamos, tiene como elemento transversal la participación en todos los niveles y espacios. Con esta herramienta democrática y social se fortalece el poder local porque ayuda al reconocimiento del territorio, de la cultura particular y sus hilos conectores con diferentes grupos poblacionales de la localidad y la región, de las fronteras geo-culturales, de los anhelos y formas de vida de los asentamientos humanos y por ende de la calidad de vida, bienestar y desarrollo esperado por el pueblo. A partir de la sumatoria regional de estos procesos, debemos construir la segunda república colombiana, con base en la realidad nacional y con las soluciones correspondientes a los problemas que requerimos; sustentadas en nuestros propios desarrollos y en nuestra soberanía autonómica. En pocas palabras, soluciones endógenas apoyadas en el conocimiento universal cuando así se requiera.

El trabajo nuestro se soporta en estas premisas participativas, conducentes en primera instancia a la conciencia sobre los derechos que tenemos como seres humanos, luego como ciudadanos y también como contribuyentes. Una triple condición de este pueblo que vive en la realidad de un Estado Nación que queremos se dirija hacia una concepción Eco-social, de fundamentos raizales y elementos vernáculos. El rescate del estado de bienestar es el primer paso.

Es necesario crear sobre nuestra realidad y sobre nuestra gente (que no se representa en la élite gobernante) un Estado fuerte, que surgirá de una sociedad civil (pueblo) fuerte y con la consciencia de su ya amplio recorrido histórico común. Ello nos remite a la idea que Estado fuerte es aquél cuya consolidación  no excluye sino que fortalece la capacidad de la sociedad de operar con un máximo de coherencia interna y un máximo despliegue de potencialidades creativas (2) [ii](sic), coherencia que parte desde el constructo de la periferia al centro o de las regiones a la totalidad del país; y despliegue de potencialidades generadas por conocimiento y modelos propios. En suma todo fundamentado por nuestra autonomía y soberanía reales.

Propuestas de las regiones al centro.

Algunas de las propuestas sintetizadas desde nuestra visión, y que se sumergen en una concepción ideológica y política más profunda –un sistema ideológico- van referidas a todos los ámbitos humanos de interacción y construcción social. Son universales y muy lógicas, porque parten precisamente de la observación y el estudio de nuestras realidades y anhelos como Nación.

En primer lugar, proponemos construir y consolidar la identidad de la nacionalidad colombiana desde las regiones y sus diferencias. Para ello es clave una educación participativa y Sentipensante, que procure la investigación en las comunidades para ofrecer alternativas de solución a los muchos problemas existentes. La organización social como medio de buscar estas soluciones es otro imperativo.



En segundo lugar, el pueblo colombiano debe defender la soberanía alimentaria de la nación y su biodiversidad. El campo es y ha sido fundamento de nuestra cultura y de nuestra historia. Aún hoy, la gran mayoría de los colombianos tenemos vínculos directos o indirectos, incluso sentimentales con el campo. Las élites gobernantes han entregado este sector estratégico y de seguridad nacional a manos extranjeras. La concentración de la tierra productiva en manos de multinacionales foráneas y “organizaciones” locales de élite es una realidad, como lo es la apropiación por la vía “legal” pero inmoral, cuando no violenta a través de las armas, de las tierras y de nuestra riqueza biológica. Existen semillas alimentarias y riqueza biológica patentadas por la multinacional gringa Monsanto  –de propiedad de la organización Rockefeller-, que otrora tirara toneladas de agente naranja sobre la población Vietnamita; e incluso en Colombia sobre tierras agrícolas del Tolima con efectos monstruosos sobre la población y su descendencia. Todo bajo la complacencia de las élites gobernantes, historia ampliamente documentada, por ejemplo a través del periodista colombiano Germán Castro Caicedo (3)[iii]. Entre tanto, en Estados Unidos de Norteamérica, el campo es protegido como un sector estratégico de seguridad nacional. ¡Como debe ser!

Finalmente, la industria nacional también debe ser protegida como generadora de riqueza y trabajo para el pueblo. Debe defendérsele de la competencia desleal fomentada desde el gobierno, que otorga condiciones tributarias de insospechada generosidad, mientras a la empresa nacional se le grava sin piedad. Cabe aclarar, que cuando hablamos de industria nacional, nos referimos también a la pequeña, mediana y micro.



Sólo los sectores primario y secundario de la economía -esto es el campo y su producción agrícola, pecuaria, aviar, porcina y piscícola, así como la industria-, generan o pueden generar valor agregado al proceso económico (y por lo tanto riqueza y expansión). Por eso deben ser protegidos por el gobierno y el Estado. Además de ello, el campo debe gozar de protección especial; pues es el factor productivo que no se multiplica (salvo vía productividad y ello tiene límite). Tierra existe la que hay. Por eso es objetivo de codicia y causa de nuestro conflicto violento y social.

Los sectores económicos nacionales reinvierten las utilidades dentro del país en su mayor proporción, mientras que las multinacionales foráneas se llevan la riqueza producida por los colombianos, para apalancar los generosos niveles de vida de vida y privilegios de parte de su población; y a los nacionales nos quedan sólo el esfuerzo y los costos invisibles de la actividad económica de un capitalismo salvaje y destructor del medio ambiente, de la cultura y las raíces históricas de nuestra Nación –producto del imperialismo cultural- y de la imposición de modelos económicos ajenos a nuestra realidad y a nuestro interés.

Pero no se crea que sólo nos preocupamos por los aspectos cuantitativos de la actividad económica. Abogamos por una economía social, que tenga en cuenta al ser humano como fundamento y destino de su existencia. Lo culitativo de la economía y su impacto sobre los seres humanos en términos de calidad de vida, bienestar y desarrollo basados en las cosmogonías particulares; deben ser el sustrato fundamental de la ciencia económica sentipensante.

Los servicios y la tecnología son apoyos a los sectores reales (campo – industria), son instrumentos y no fines por si mismos.

Ahora, no pretendemos fomentar la xenofobia. Lo que proponemos y buscamos es que nuestras relaciones con el mundo, se den en términos de equidad y respeto. Que sean relaciones gana-gana con las que avancemos firmes en un camino autonómico y soberano, con el que generemos lo aquí varias veces repetido: calidad de vida, bienestar y desarrollo.

Para que estas relaciones con el mundo se den, primero deben darse al interior de nuestra Nación Colombiana. Kaziyadu, un inicio raizal.






(1)     Fals Borda, Orlando. Ante la crisis del país, pág. 13. El Áncora editores-Panamericana editorial. Bogotá 2003.
(2)     Perales Arretxe, Isou. Poder local y democracia participativa en América Latina, pág. 100. Fundación para la investigación y la cultura FICA. Bogotá 2004.
(3)     Castro Caicedo, Germán. Colombia Amarga, cap. II. Primera edición. Bogotá 1976

martes, 12 de noviembre de 2013

Un sistema de salud que asesina seres humanos y crece cuentas bancarias

Por. Carlos Mario Marín Ossa
        @MarioossaM



Ad portas de que el gobierno de Juan Manuel Santos a través de los congresistas de la unidad nacional (conservadores, liberales, PIN, partido de la U y Cambio Radical) apruebe el proyecto de Ley Ordinaria  de reforma al sistema de salud, se ha movilizado un gran número de colombianos pertenecientes a sectores médicos, científicos, sindicales, de usuarios del sistema y partidos alternativos, rechazando la aprobación del esperpento que condena a la población nacional a seguir enfermando y muriendo por falta de atención integral, de calidad y con la garantía de reconocer un derecho fundamental que proteja la vida.

El proyecto de Ley 210 de reforma al sistema de salud, se encuentra en la Cámara de Representantes, surtidos tres debates y próxima a ser aprobada en una muestra de total irresponsabilidad por parte de dichos congresistas; pues la intención oculta de dicha “reforma” es fortalecer el negocio de la salud en desmedro del interés del pueblo colombiano, de su derecho fundamental a la vida y del futuro de una nación digna.


Los antecedentes de un negocio mezquino.

En el año de 1993 fue aprobada por el congreso de la república de ese entonces la infausta Ley 100. El senador ponente, diseñador y artífice del sistema causante de todos nuestros actuales males en salud, fue el señor Álvaro Uribe Vélez. Participaron además del diseño de la Ley 100 los presidentes César Gaviria Trujillo y el actual, Juan Manuel Santos. Todos los anteriores, representantes de una doctrina económica neoliberal que apunta a beneficiar el ánimo de lucro incluso en los sectores estratégicos que deben velar por el bienestar de los colombianos y favorecen los negocios de un puñado de “empresarios” nacionales y extranjeros y su expectativa de ganancia a costa del sufrimiento y la muerte de cientos de miles de compatriotas.

El gobierno de César Gaviria Trujillo abrió las compuertas de la debacle económica del país y el sector de la salud fue uno de aquellos sectores entregados a la voracidad de la banca nacional e internacional, de las farmacéuticas y de los politiqueros que terminaron enriqueciéndose a través de las EPS, negocios conexos de integración vertical y posteriormente con la intermediación laboral del sector a través de CTA (cooperativas de trabajo asociado) y empresas temporales.

A comienzos de la década de los años noventa la banca nacional entró en crisis debido a la quiebra de entidades financieras varias, y los malos gobernantes de entonces y de hoy no han dudado en entregarles todo lo que represente potencial de explotación económica, aunque se sacrifiquen derechos fundamentales de la población. La salud fue uno de esos derechos sacrificados. Así nacieron las EPS y los fondos administradores de pensiones.

No es de extrañar entonces, que presidentes y expresidentes (sus familiares o amigos) hayan terminado envueltos en escándalos y cuestionamientos por intereses en EPS que han hecho uso indebido, inmoral y antiético de los dineros de la salud (recordar el caso de Saludcoop [[i]]). Congresistas varios son cuestionados en las regiones por presuntas responsabilidades en el tráfico laboral a través de la intermediación de las CTA y empresas temporales de contratación de trabajadores del sector salud, en donde dichos contratos no superan los cuatro meses, y en la firma de cada nuevo contrato se les disminuye el salario [[ii]] . Por supuesto, todos alineados al modelo neoliberal que sólo piensa en utilidades financieras, aun cuando sean el resultado del sufrimiento de seres humanos enfermos, de la destrucción de familias y sus patrimonios para costear el tratamiento de una enfermedad de alto costo, o de la muerte de esos seres humanos que no fueron atendidos, diagnosticados y tratados a tiempo [[iii]].



Corazón grande con las farmacéuticas, mano fuerte con los enfermos de Colombia.

Mientras los usuarios (pacientes) del sistema de salud hemos recibido con gran generosidad los efectos de la mano fuerte de estos gobiernos que diseñaron e impulsaron la Ley 100 de 1993, que no vigilan a las EPS para que respeten al paciente, para que utilicen el dinero de nuestros impuestos en garantizarle salud a los colombianos y por ende la vida; las empresas farmacéuticas (especialmente las extranjeras) han recibido con mayor generosidad la ayuda de ese corazón grande que les permitió cobrar precios exorbitantes por medicamentos que debíamos comprar para atender nuestros problemas de salud, en tanto que en otros países dichos medicamentos se conseguían por tres o cuatro veces un menor valor. Recordemos el escándalo suscitado a raíz de la investigación de la Universidad Nacional en el año 2009 que demostró como las EPS cobraban precios por los medicamentos que superaban en algunos casos el 246% el valor de mercado. Pero además se descubrió que la libertad regulada de precios impulsada por los gobiernos de manga ancha con los más ricos [[iv]], llevó a que las farmacéuticas y farmacias nos cobraran los medicamentos a precios altísimos. Ante el escándalo, el entonces ministro de protección social Diego Palacio debió actuar regulando los desmanes que “no había visto” con los precios, como otras tantas cosas que convenientemente no vio.

Bienvenidos al futuro negocio de la salud.

Con la aprobación de la Ley 100 de 1993 en el congreso y su sanción por parte del entonces presidente César Gaviria Trujillo, aparecieron esas entidades de intermediación en el sistema de salud que administran el dinero del sistema y se quedan con una gran tajada de recursos que deberían llegar al paciente en forma de consulta médica, valoración, diagnóstico, tratamiento y medicina. Dichas entidades son las funestas EPS que encarecen el servicio de salud y enriquecen a sus dueños.

Como la Ley les dio potestad de sacar sus ganancias del dinero que les entrega el gobierno para atender a sus usuarios, dichas ganancias las han “maximizado” al negarle de forma sistemática la atención integral al paciente. Por eso las remisiones a especialistas escasean, y si se dan se otorgan para fechas en las que el paciente se ha enfermado más o ha muerto, o ha desistido por fatiga ante la espera o las distancias que deben recorrer para acceder al servicio. Los medicamentos no se entregan completos y los tratamientos de alto costo se deben exigir con tutelas que en muchos casos no son cumplidas por las EPS. Es el imperio de desconocer la Ley y los derechos fundamentales del ser humano. Es el imperio de la utilidad financiera en la salud.

Pero los propietarios de las EPS hicieron uso de la famosa integración vertical [[v]], que consiste en organizar un cartel de negocios conexos al servicio de salud. La comida para los pacientes hospitalizados la suministran empresas que pertenecen a los dueños de la EPS, la ropa de cama que utilizan los pacientes y su limpieza es suministrada por empresas que pertenecen a los dueños de las EPS, los medicamentos que se entregan a los pacientes se suministran a través de empresas que pertenecen a los dueños de las EPS, algunas clínicas en donde se atiende a los afiliados de la EPS pertenecen a los dueños de las mismas. Allí está una gran tajada del negocio y el meollo del problema. Negar servicios o prestarlos a medias, garantiza mayores ganancias.

Las EPS reciben el dinero de nuestros impuestos, que el gobierno les entrega para que le paguen a los hospitales de la red pública por la atención en salud a los seres humanos que llegan enfermos allí. Pero los administradores de estas EPS se demoran varios meses para pagar a estos hospitales públicos por los servicios prestados y constantemente glosan sus cobros (les hacen observaciones y correcciones a las facturas para pagar menos, aduciendo inconsistencias) hasta llevar a la quiebra a decenas de los hospitales públicos más importantes del país. Todo ante la permisividad de los gobiernos de turno.

Finalmente, se invierte más en atender la enfermedad, que en la prevención, porque con más seres humanos enfermos el negocio es más jugoso: más cirugías, más hospitalizaciones, más suministro de comida, más camas, más sábanas. Todo a cargo del cartel.



Maquillaje mortecino de una reforma que no cambia nada.

La reforma que hace trámite en el congreso de la república (Proyecto de Ley 210 de 2013) [[vi]], a pesar de alguna redacción que intenta esconder su real intención de mantener el estado de las cosas y empeorarlo, no logra ocultar que continuarán fortaleciéndose las EPS que ahora pasarán a llamarse GESTORAS, que manejarán el dinero público de nuestros impuestos para la salud como dinero privado, por lo que ya no se les podrá hacer vigilancia en el uso de estos recursos (cerca de 45 billones de pesos al año), que se fortalecerá la politiquería en los departamentos y municipios al entregarles manejo de los dineros que ahora y con la reforma quedan en manos de grupos que han manejado mal las entidades territoriales, que MiPlan (el nuevo POS) tendrá nuevos servicios excluídos; y que se golpea de muerte a la tutela por cuanto en el ámbito de la Ley se define la salud como un servicio público, eliminando de la definición servicio público esencial. Así las cosas, dejando de ser un servicio público esencial, no se relaciona con un derecho fundamental (a la vida) razón por la cual no opera la tutela como garantía de la prestación del servicio.

Ahora o nunca.

Por todo lo aquí reseñado, debemos los colombianos de bien unirnos para rechazar la aprobación de este proyecto de Ley que reforma el sistema de salud; y exigir del gobierno una nueva formulación del sistema de salud que garantice la vida por encima de los intereses de los grupos de especulación financiera.

No sirve la Ley 100 de 1993, pero tampoco este intento de engaño con la presente reforma. Necesitamos un nuevo sistema de salud, justo, integral, de calidad, democrático, digno y humano.

Si esta reforma se aprueba, quienes lo voten y quienes lo firmen y promulguen deberán pagar las consecuencias y responderle al pueblo.

(Ver Video)....
 Marcha de las luces por una salud digna