miércoles, 26 de abril de 2017

ODEBRECHT, EL GOBIERNO Y LA CORRUPCIÓN: UNA HISTORIA DE LA INFAMIA

Por: MarioossaM




“La corrupción es inherente al ser humano”
-Miguel Nule (Condenado por corrupción en Colombia)-



En el debate llevado ayer en la plenaria del Congreso de la República de Colombia, acerca de la corrupción en el caso de ODEBRECHT y de la financiación de campañas presidenciales relacionada, puede realizarse una “trazabilidad” que nos enseña cómo la corrupción en Colombia es un problema estructural y ligado por tanto  a las características de sistema político y  jurídico estatal que está regentado y soportado por una plutocracia [i] nacional.

Y es que los males del país tienen como origen a la clase económica y política que lo ha gobernado. Una clase económica y política que tiene dos orígenes: el tradicional, descendiente de los españoles criollos y el emergente, descendiente del bandidaje de diverso tipo, especialmente narcotraficante y paramilitar.

Puede decirse que el debate citado por el senador Robledo plantea las siguientes tesis:

11)       La plutocracia colombiana conformada por la tradición liberal – conservadora desde hace décadas se puso de acuerdo para gobernar, diseñar y ejercer un sistema de corrupción sofisticado y beneficiarse del mismo.

22)     El diseño del Estado colombiano con sus tres poderes, está al servicio de la corrupción y protege a sus autores adscritos a la plutocracia.

33)       El sistema jurídico y de justicia colombiano se utiliza para garantizar la reproducción infinita de la corrupción.

44)      La institucionalidad del país se utiliza para favorecer las actuaciones ilegales, corruptas y descaradas de los más ricos del país.

Si se hace el árbol genealógico (trazabilidad) de la corrupción en Colombia, se encuentran como abuelos a los artífices del frente nacional, es decir, a los partidos conservador y liberal en los cuales se encuentran además los terratenientes, banqueros, comerciantes e industriales de la Colombia con ánimos de industrialización y añoranzas de feudalismo. Las ramificaciones avanzan hacia sus hijos, los partidos emergentes que fueron creados como táctica para enfrentar precisamente la creciente exposición de su corrupción endógena, como también para recibir a los pistoleros que en ocasiones utilizaron y que ahora como clase política emergente había logrado avanzar en su correlación de fuerzas.  Hacen parte de estos hijos, esos ricos que se hicieron a bancos, industrias y demás conglomerados económicos ahora financiadores de esa clase política de finales del siglo veinte e inicios del veintiuno. Hoy los nietos han refinado las técnicas de la corrupción y mejorado el entramado institucional para defender sus intereses y mantener la impunidad.

Algunos datos presentados por el citante al debate indican la magnitud de la tragedia, sintetizada sólo en este caso. Odebrecht, transnacional brasilera con interese en obras civiles, repartió en los últimos años sobornos por valor de 800 millones de doláres en 12 países del mundo, entre los cuales está Colombia, Y en donde se repartieron hasta lo que se sabe, 11 millones de dólares.  Esos sobornos presuntamente fueron entregados a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga en 2010 y 2014. Hasta ahora han confesado haber recibido parte de estos dineros el viceministro de vías del gobierno Uribe, Gabriel García Morales y el ex senador Otto Bula como intermediario en diversos asuntos de los gobiernos en cuestión.

Los sobornos de Odebrecht, que fueron entregados según las denuncias, para obtener contratos de obras civiles en la adjudicación de las vías de la llamada Ruta del Sol y las obras para dragar y mejorar la navegabilidad del Río de la Magdalena, tiene según dichas denuncias como actores principales involucrados a los siguientes:

aa)      Odebrecht

bb)      Corficolombiana, empresa del grupo AVAL y propiedad del colombiano más rico, Luis Carlos Sarmiento Angulo.

cc)      Julio Gerlein

dd)      Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez

ee)      Oscar Iván Zuluaga.

f.f)     Los gerentes de campaña de los candidatos Santos y Zuluaga.

gg)      Los detenidos y/o sindicados Guillermo Prieto, Gabriel García Morales y Otto Bula.

hh)      El hoy fiscal general de la nación, ayer  superministro del gobierno Santos y apoderado, consejero de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de su conglomerado el Grupo Aval.

i.i)     La Junta Directiva del Banco Agrario

Odebrecht , Corficolombiana y la familia Solarte son socios en la Ruta del Sol con 60%, 30% y 10% respectivamente de forma aproximada. Contrato que obtuvo su adjudicación presuntamente de acuerdo a las denuncias, por medio de la entrega de sobornos. Las ganancias de los socios son multimillonarias, y además, el dinero entregado por el soborno lo terminamos pagando los colombianos a través de peajes.

En Navelena, que tiene que ver con las obras en el Río de la Magdalena, son socios Odebrecht y Julio Gerlein con un 87% y 13% respectivamente. En este caso Corficolombiana es el banco de inversión y la junta directiva del Banco Agrario aprobó un crédito a Odebrecht por valor de 120 mil millones de pesos, sin respaldo financiero, con balances negativos y con evidente insolvencia de la firma en Colombia, para la fecha del préstamo. Según las denuncias planteadas en el debate, al parecer 60 mil millones de pesos eran para pagarle una deuda al Banco de Occidente, también parte del Grupo Aval y propiedad de Sarmiento Angulo.  Ese dinero se encuentra perdido y terminará siendo repuesto con dinero del  erario, es decir, de nuestros impuestos.

El hoy fiscal general, firmó el documento CONPES [ii] 3817 de octubre 02 de 2014, en su calidad de superministro y con el cual se legalizó la adición al  contrato Ruta del Sol que se había hecho en marzo del mismo año. Tiempo atrás, en su calidad de abogado había conceptuado que para la Ruta del Sol se deberían hacer nuevas licitaciones y no adiciones. Pero ahora como Ministro especial firmaba en contrario a su concepto, la legalización de la adición que beneficiaba a quien ha sido su cliente más importante y del cual dependen según las denuncias, entre el 70% y el 80% de los negocios de su bufete legal.

Los candidatos Santos y Zuluaga y su padrino común Uribe (en 2010 para Santos y en 2014 para Zuluaga) tienen su capítulo en la trazabilidad por la presunta recepción de dineros para financiar sus campañas presidenciales, por parte de Odebrecht,  evento que viola la ley electoral, además de no haber sido reportados y haber falseado los documentos públicos correspondientes si el caso se comprueba. Aparece aquí el gerente de las dos campañas de Santos, Guillermo Prieto, quien ha sido generosamente favorecido con la contratación estatal.

Néstor Humberto Martínez es el jefe de la política criminal del Estado y dirige la entidad que deberá investigar estos crímenes. ¿Lo hará? ¿Tiene la autoridad moral y ética para dar garantías?

Finalmente, es importante resaltar el papel de los partidos políticos en dicho debate. El Polo Democrático organizó, citó y presentó las denuncias de corrupción del caso Odebrecht y de la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014. El Centro Democrático respondió las acusaciones llevando el debate hacia el campo de las culpas de Santos,  y eludiendo las propias. Lo propio hizo el partido Conservador. En el  partido Liberal, Luis Fernando Velasco invitó a realizar el mea culpa y buscar salidas a la corrupción mientras que Álvaro Ashton hizo una defensa fehaciente del fiscal. Alianza Verde fustigó a la Unidad Democrática y al Centro Democrático como responsables de la corrupción rampante, a pesar que apoyó en la segunda vuelta  de 2014 a Santos. Cambio Radical se dedicó a una defensa a ultranza del fiscal Martínez.

Ese fue el panorama del debate y nos deja una foto marchita y mal oliente de la política, de la institucionalidad, del Estado y de los conglomerados económicos financiadores de las campañas políticas y receptores del dinero del erario. Es un árbol genealógico de la infamia, y ha dejado más víctimas que la guerra.





[i] Plutocracia: Del griego ploutus (riqueza), y que se refiere a la preponderancia de los ricos en el gobierno. Gobierno de los ricos en contraposición a la democracia (demos, pueblo) o gobierno del pueblo.
[ii] Consejo de Política Económica y Social. Decide los alcances de esta política y traza la forma y los recursos para hacerlo. Participan los ministros de Estado.

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