#Entrevista | con David Racero, Representante a la Cámara por #Bogotá, durante su visita a la ciudad de #Pereira #Risaralda en marzo del año 2021. Hablamos de #Economía #Política #Educación #DDHH y sobre el #PactoHistórico que le proponen al país y sus gentes. A través de @ElCuartoMosquetero #ElCuartoMosquetero #Medio Política,Colombia,PND,2019,Risaralda,Entrevista,Comunicación Popular,Economía,DDHH,Educación,Salud,Pereira,Dosquebradas,Eje Cafetero,Congreso

Entrevista a Isabel Cristina Zuleta

 

Carlos Mario Marín Ossa entrevista a Isabel Cristina Zuleta López, Socióloga y Ambientalista Popular, lideresa del Movimiento Ríos Vivos del departamento de #Antioquia

Entrevista a María José Pizarro

#Entrevista|

«Si nosotros queremos ponernos a tono con el tiempo, tenemos que tener una era de paz, una era de conocimiento […]», María José Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá y hoy candidata al senado, habló con El Cuarto Mosquetero desde la ciudad de Pereira.

 

Hoy lloramos

 

Hoy el cielo lloró porque Lucas se despedía de su última lucha. Lloró de una forma tenue y sostenida, como cuando un dolor nos carcome muy adentro, como cuando las fuerzas sólo nos alcanzan para ir soltando nuestra angustia de a pocos. Lloramos, y el diluvio que llevamos dentro va llenando las honduras del alma, y no termina nunca de vaciarse.

Lucas se va fundiendo con el cosmos, con las gotas de lluvia, con el sol de mañana, con las aves que despiden el día. Su sonrisa está suspendida en el aire, su mágica alegría está enredada entre las ramas de los árboles. Arriba, por los cielos, pasa el helicóptero de los asesinos, con los verdugos dentro. Lo manejan las manos amputadas de quienes dispararon contra el Pueblo que los vio nacer. Las entrañas que parieron a los monstruos están secas, como secas están las almas y las bocas de quienes dieron la orden de forma soterrada. Las biblias con que rezan tienen las hojas podridas de odio y de soberbia. De allí salen versos de maldad disfrazada de armonía. Los asesinos ya no tienen sombra, porque no son humanos. Respiran pero sus ojos están opacos, porque están muertos por dentro.

A muchos kilómetros de distancia, encerrado en sus haciendas y riquezas materiales, un hombre vil y malvado desvaría con la muerte. Esa es su divisa. La maldad carcome su rostro y sus vísceras. Antes de morir intentará matar la alegría y la esperanza. Pero estas son semillas que se aferran a la vida, y el sol sale cada día. Allí pierde el asesino de miles.

Hoy estamos tristes, lloramos. El cielo está opaco, la noche apesadumbrada, el aire espeso, difícil de respirar. Lucas se funde con la tierra, con el agua, y las aves les prestan sus alas. Vuela hacia la memoria de los tiempos, de las gentes que reirán mañana, y cantarán sus canciones y bailarán sus bailes.

Los que dispararon ya se consumieron el pago en licor y en drogas. Los que pagaron para que dispararan se están comiendo un manjar a manteles, pero tiene un sabor agrio, porque su boca es amarga. El retrato que tienen en su sala ha cambiado. Ahora la maldad que disimulan con sus trajes de diseñador se refleja en los rostros de sus retratos, y quedará como herencia para sus hijos que verán como fueron de crueles y criminales sus padres; que entenderán algún día que los privilegios que les fueron dados costaron la vida y la risa, y el llanto de millones. Ese es el legado que recibirán los hijos de los asesinos.

Hoy lloramos, pero mañana sale el sol de nuevo. Y volverán a sonar los tambores y las guitarras. Y los amantes se besarán de nuevo. Mañana sale el sol, y leeremos de nuevo poesía, y cantaremos las canciones de Lucas, y volveremos a la Lucha, y seremos semilla de nuevo. Pero hoy lloramos.

@MarioossaM

UN DÍA DE FURIA

 

(Publicado originalmente en https://www.lacoladerata.co/opinion/un-dia-de-furia/ )

Comienzo por reconocer que entre la fuerza pública existen hombres y mujeres que genuinamente ingresan a estas instituciones para prestar un servicio serio, legítimo y legal a la población. Lo hemos visto. Pero, desafortunadamente, de forma histórica y en los últimos tiempos, se ha develado una actuación creciente y sistemática en donde una gran cantidad de estos efectivos se dedican a actividades de maltrato, de abuso, de complicidad y liderazgo de redes criminales que atentan contra la población y contra la nación.

La jornada de protestas e indignación que se desencadenó este nueve de septiembre en varias ciudades del país, y de forma concreta en Bogotá, terminó en una violenta ira en contra de la policía y lo que esta representa hoy para una gran porción de la población colombiana. El detonante fue el cruel asesinato del abogado Javier Ordóñez, quien reducido por dos policías, suplicaba para que pararan las descargas eléctricas de la pistola taser, sin que fueran escuchadas sus lamentaciones y las protestas de los testigos del hecho. Posteriormente, al parecer fue golpeado brutalmente en el CAI al que fue conducido, lo que eventualmente le causó la muerte.

Pero la violencia ejercida en contra de la policía, no sólo es la respuesta de una población vejada de forma insistente, creciente y sistemática por aquellos que la “deben” proteger, sino también el acumulado de las violaciones de mujeres detenidas dentro de buses y edificios policiales, los demás asesinatos como el de Dilan Cruz y del grafitero bogotano Diego Felipe Becerra, además de la mofa de muchos policías ante los reclamos de justicia, la arrogancia de los altos mandos para reconocer los crímenes, enmendarlos y erradicarlos, la desconexión e indiferencia del alto gobierno ante la realidad y la súplica del pueblo ante los abusos de todo orden que sufren día a día desde el Estado.

El fuego que se prendió anoche en Bogotá y en otras ciudades, no es sólo por el asesinato del abogado de 43 años, que deja una viuda y dos hijos huérfanos. No, en cada CAI incendiado, en cada piedra lanzada, estaba impregnada la ira y la impotencia por el hambre, por la falta de empleo, por el robo de la educación y de la salud, por la exclusión política de facto que acude a la trampa y a la violencia para “ganar”, por un Congreso que legisla en contra de las necesidades de los humildes.

No sólo se abrasaron edificaciones; también se incendiaron los cincuenta billones de pesos anuales que se roban los corruptos desde las altas esferas estatales y de los grupos económicos. En cada piedra iba encerrada una oportunidad negada, una cita médica no asignada, un muerto a las puertas de los hospitales, un dinero robado por los propietarios de las EPS. En cada vidrio roto, estaba representado el no futuro de ver cómo se le han entregado billones de dinero público a los banqueros, ganaderos, terratenientes y a Avianca, mientras se dejó que quebraran miles de empresas pequeñas y medianas; en tanto millones de colombianos y colombianas han pasado hambre a través de los años y de los meses de cuarentena.

La decadencia y degradación de la policía está a la vista de todos, por más que el actual “gobierno” insista en aplaudir las actuaciones de dicha institución y manifieste que es una institución pulcra, legítima y querida. Ninguno de estos adjetivos le es reconocida por quienes en barrios y veredas ven a diario como una gran parte de los uniformados cohonestan y participan de los males del país y de la población. Por más que desde la televisión y de la radio se intente generar una matriz de opinión favorable, los territorios atestiguan lo contrario.

Desde el nueve de abril de 1948, las élites colombianas conservadurizaron a la fuerza pública, y se transformó, a quienes habían nacido como “un cuerpo armado de carácter civil que tenía la misión de salvaguardar la convivencia y la seguridad ciudadana”, en una policía política. Por eso, la policía depende del ministerio de Defensa y no del ministerio del Interior. Pero, para las actuales condiciones de fascismo reinante, da igual que esté en una u otra cartera.

Durante las elecciones presidenciales de 2018, en mi caso particular, fui hostigado por la policía, tan sólo por llevar puesta la camiseta del entonces candidato Petro. En la visita que realizó la fórmula presidencial Ángela María Robledo a la ciudad de Pereira, entre la primera y la segunda vuelta, los policías asignados para acompañar el evento, de forma abierta hablaban mal de dicha candidatura, para que los asistentes y transeúntes de la Plaza de Bolívar los escucharan. En mi sitio de votación, en donde fui testigo electoral, los policías que se encontraban a la entrada del mismo, hostigaron y le faltaron al respeto a quienes se acercaban a saludarme. Los tildaban de guerrilleros. Es una policía política que no está al servicio de todos los colombianos.

¿Por qué no denuncié? ¿Ante quién, ante la policía?

Desde el gobierno de Uribe se incrementó de forma exponencial el reclutamiento de pie de fuerza (no es claro bajo qué parámetros y filosofía), pero allí mismo se incrementaron los desafueros policiales, dados a conocer preponderantemente a través de la prensa y la comunicación alternativa y ciudadana por medio de las redes sociales, en tanto que son desconocidos o manipulados por los medios corporativos.

Con el confeccionamiento y aprobación del vigente Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se dio un proceso hegemónico desde las élites y las altas esferas de la institución armada, que excluyó la discusión democrática, las realidades y necesidades de la ciudadanía. Todo lo que en aquel momento se señaló como potencialmente favorecedor de los abusos contra la población civil, el desconocimiento de los derechos humanos y el recorte de las libertades civiles, se ha evidenciado como algo que ocurre al amparo del gobierno y de los medios de las élites.

Haciendo un paneo de estos medios corporativos, luego de la jornada de furia, una vez más ponen el foco en los daños a edificios e infraestructura (situación desastrosa y lamentable), pero ocultan el contexto histórico y lo que es peor, las causas estructurales, las muertes por la brutalidad policiaca, e insisten en adoptar eufemismos oficiales para denotar la situación. Valorizan los daños económicos y desconocen el valor de las vidas arrebatadas. En tanto, replican el programa de entretenimiento oficial de las seis de la tarde. Las decenas de videos y denuncias de policías disparando de forma indiscriminada sus armas de dotación, fueron ignoradas de forma deliberada por los medios de comunicación de los pulpos económicos. Sólo City TV hizo, hasta el momento de escribir estas líneas, un cubrimiento objetivo de los hechos.

¿Qué se le hace en los centros de instrucción, a los pobres que se reclutan para vestir el uniforme, para que levanten las armas contra la población que deberían proteger mientras agachan la cabeza ante los poderosos?

En la policía hay integrantes honestos, que piensan y trabajan en pro del bienestar público. A ellos corresponde desde adentro eliminar a aquellos que son abusadores y criminales amparados por un uniforme, y transformar a dicha institución en algo que esté realmente al servicio del pueblo.

@MarioossaM

Semiótica de una violación

 

(Publicado originalmente en https://elcuartomosquetero.com/semiotica-de-una-violacion/ )

La violación de una niña indígena de la etnia Embera Katío, el pasado mes de junio, en zona rural del corregimiento de Santa Cecilia – Risaralda, por parte de siete soldados adscritos al batallón de artillería San Mateo, es uno de los más recientes casos ocasionados por la institución castrense, dentro de una actuación sistemática, a pesar de que dicha entidad lo niegue. 

Los perpetradores son soldados jóvenes y de extracción humilde, al igual que su víctima; pero adoctrinados en el desprecio por los indefensos y desvalidos ante la fuerza que les otorga el entrenamiento, el uniforme, las armas y la cultura de encubrimiento llamada “solidaridad de cuerpo” al interior de estas fuerzas armadas. No es nuevo el desprecio que la institución de marras tiene por los derechos humanos que protegen en particular a los habitantes de las zonas rurales de este país, pues es allí donde se ha librado una guerra declarada por las élites coloniales que han practicado a ultranza el despojo en las personas del campesinado y de las naciones étnicas. 

Simbólicamente, desde estos sectores despojadores se ha señalado a sus víctimas como facinerosos, bandoleros, guerrilleros, bandidos; y con ello, son declarados “enemigos internos” del Estado (entendiendo que el Estado al que se refieren son ellos mismos, la gente de “bien”). Como lo manifestaba la familia del asesinado Héctor Abad Gómez, en un documental recientemente transmitido con ocasión de la conmemoración de su martirio: “…ellos (la élite económica y política) invitan a los militares a sus reuniones, cenas y cócteles, mientras van hablando de aquellos “enemigos” que consideran afectan de manera grave sus intereses; y los matriculan en la categoría de aquellos que se debe eliminar. Los militares escuchan y actúan creyendo que hacen lo que los miembros de ese Estado necesitan”.

La violación, el asesinato, el abuso de fuerza, lo sustentan en su uniforme, en las armas que pagamos con nuestros intereses y en la interpretación particular que hacen de la Constitución Política. El pueblo humilde, enajenado a su vez durante siglos de enseñanza señorial, agacha la cabeza ante aquellos que les han indicado son “superiores” porque representan “la fuerza legítima del Estado”. 

En diferentes ocasiones, he hablado con militares y policías retirados o en actividad; y me han relatado la dinámica, los procedimientos y la doctrina con la cual los entrenan y los forman. Son de dominio público diferentes videos en donde se muestran a los soldados y policías cantando arengas sobre cómo van a perseguir, matar y violar a guerrilleros y guerrilleras (recuérdese que en Colombia, desde hace unas décadas, el profesorado, el campesinado, el movimiento sindical y social; y cualquiera que proteste en contra de las injusticias, es señalado como guerrillero). En varias ocasiones, me han contado estos uniformados cómo en los años setenta y ochenta se espiaba e interceptaba a los sindicatos; cómo recibían alguna orden a través de sus radios, para que se retiraran de un sector en donde poco después se “daba de baja a un señalado de enemigo interno”, para regresar luego ellos a realizar los trámites para el levantamiento del cadáver. Son conocidas las sistemáticas denuncias que pesan sobre militares por ejecuciones extrajudiciales, pese a lo cual, son ascendidos en el Congreso de la República por parte de las élites que allí hacen presencia. Los entes de control, acaparados por los amigos y socios de este status quo, completan el rompecabezas del dominio. Es todo un ejercicio de poder que avasalla a las minorías y esas clases indefensas y despojadas por dicha conspiración histórica. Y las iglesias diversas hacen parte de este entramado, porque tienen importantes intereses de vieja data. El poder “divino” y el terrenal van unidos en contra de los miserables.

Volviendo al hecho de la violación de la niña indígena, en Risaralda, tenemos la visita del comandante del ejército (Coronel entonces, y General recién ascendido, Eduardo Zapateiro Altamiranda, señalado desde diversas organizaciones como presunto responsable de ejecuciones extrajudiciales) al corregimiento de Santa Cecilia, con el fin de manifestar su malestar por el hecho criminal de sus subordinados. La escena no podía ser más evocadora de los días de la colonia: Los indígenas en el nivel bajo de un auditorio y el señor Zapateiro, junto con las autoridades civiles, en el nivel más alto del mismo edificio. El uso del micrófono utilizado con fruición por los representantes de la élite, y dosificado para los agraviados. Así mismo se ordenan los proyectos de Ley en el Congreso, se aprueban y se hacen cumplir: sin consultar ni escuchar a los de abajo.

Los medios de comunicación que tiene las concesiones del espectro nacional, que también son propiedad de las élites, en un intento por mostrar un equilibrio e imparcialidad que no tienen, presentan las noticias dando prioridad a las fuentes oficiales, otorgándoles mayor tiempo o generando mayorías sobre las voces divergentes y críticas. Así se maneja el poder en este platanal.

Pero no sólo se viola a los indígenas, a las comunidades afro y campesinas. También a los desarrapados de la ciudad (la clase media anda cada día más desarrapada) se les da su dosis sistemática de “vigor” policial, burgomaestre regional y local. Desde gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, subidos en sus despachos o curules, se legisla y ejecuta en detrimento de la población. Son contadas las ocasiones en donde resultamos favorecidos con una decisión política. En la mayoría de los casos, está la fuerza pública para hacer cumplir la injusticia. Así ha sido desde que los gobernantes conservadores le quitaron las cédulas a los policías y militares liberales, los vetaron y convirtieron a estas fuerzas en organismos políticos armados de ideología goda. Es decir, los convirtieron en fuerzas integradas por pobres que se adoctrinan para defender a los ricos. Por supuesto, hay excepciones en donde militares y policías cumplen con la filosofía original de defender y servir a TODOS los colombianos, hombres y mujeres.

Es importante también recordar que los salvadores militares gringos (green go home) son otros violadores impunes de cuerpos de niñas colombianas y de los derechos y soberanía de quienes habitamos estas tierras nuestras.

Mucha distancia hay de ese ejército libertador que consiguió la independencia de la corona española y que debía guardar nuestra soberanía (ahora arrodillados ante un gobierno y un ejército extranjero), al de hoy que nos ha vejado la libertad y la dignidad. Mucha distancia hay de esa policía que nació como un cuerpo armado de carácter civil, con la misión de proteger a la ciudadanía, a esta que cada vez muestra más casos de abuso, de robo, de violación, de tráfico de drogas, de redes de prostitución, de malos manejos de los recursos que están a su cargo, de complicidad con las mafias.

Ojalá algún día, surja la dignidad y el valor desde quienes integran estos cuerpos armados legales, para perseguir y desterrar a quienes los han prostituido y los han convertido en asesinos de su propio pueblo.

Hay un cambio generacional, que por sobre todo entiende de un asunto tan práctico como profundo, y es que se enfrentan ahora y lo harán, a un panorama en donde sus oportunidades son nulas por cuenta de una minoría cruel y salvaje. Dentro del marco de este Estado Nacional (que decae y se extingue), son estas nuevas generaciones un torrente incontenible que amenaza a esa clase jurásica que nos mantiene atados a las condiciones del medioevo europeo, la misma que sólo conoce como receta de respuesta la represión y la violencia. Esa misma receta que la élite ha dosificado como un remedio, en las mayores cantidades que la viene suministrando, se convierte ahora en el veneno que los está desapareciendo de la historia venidera.

El recorte a los derechos sociales, específicamente en el caso de salud y pensión: Análisis del Plan Nacional de Desarrollo ““Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018-2022”.

Por: Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alberto Castilla Salazar

Imagen publicada con autorización de la CUT Subdirectiva Risaralda

El articulado del Plan Nacional de Desarrollo no contempla grandes acciones en materia de salud pública, atención médica ni prestación de servicios. Mucho menos contempla medidas que cambien el sistema de salud eliminando la intermediación de las EPS ni el fortalecimiento de la red pública; por el contrario, el articulado se concentra básicamente en aspectos financieros, de rectoría y fortalecimiento del actual sistema de salud, pese a que luego de 25 años de implementación es claro que no funciona. No incluye avances significativos en cuanto al cumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud 1751, ni la Sentencia T-760, que ordenan la garantía del derecho a la salud; por el contrario, parece persistir la fragmentación entre planes de salud (subsidiado, contributivo, prepagado, complementario etc), motivo de una gran inequidad en el goce efectivo del derecho a la salud en Colombia.

De lo anterior puede deducirse la continuidad y profundización del modelo actual, ante el que se proponen correctivos como el fortalecimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y de flujo de recursos, como si estos fueran los únicos problemas que acusa el sistema. Se dejan de lado, por ejemplo, las barreras de acceso a los servicios de salud, e incluso se mantiene un enfoque que refuerza el concepto de salud como atención, desconociendo los aportes científicos como el de la OMS, que identifica unos determinantes sociales que causan la enfermedad (económicos, poblacionales, culturales, políticos).

La salud pública sigue siendo la gran afectada por la determinación política. En esta medida, poco se corrige del modelo de salud vigente, costoso y menos eficiente en términos de resultados e impactos en salud de lo que podría ser la Atención Primaria en Salud. El reiterado énfasis en medicalización y uso de tecnologías provee a la pirámide invertida del alto costo del sistema de salud. Es por eso que la discusión debería enfocarse más en el modelo, que además desconoce las particularidades territoriales, lo que resulta en la implantación indiscriminada de un modelo centralizado que perpetúa la desigualdad e inequidad regional. Dentro del documento presentado por el gobierno nacional no existen alusiones a las condiciones de las y los trabajadores del sector. Sin embargo, la alta rotación y la inestabilidad laboral de los trabajadores repercute de manera directa en el goce efectivo del derecho a la salud. No se trata de un servicio como cualquier otro, ni tampoco de un ámbito laboral similar al de otros sectores, sino que varias de las profesiones asociadas a este sector están catalogadas como de alto riesgo. Las tasas de retorno de la inversión entre lo que gasta un profesional en formarse y los salarios percibidos es baja en promedio.

Ahora bien, al detenernos en el articulado es preocupante el artículo 129, que establece una nueva distribución de recursos del Sistema General de Participaciones, destinando el 90% al componente de aseguramiento, y tan sólo el 10% a la salud pública y subsidios a la oferta. En el Parágrafo 2 se señala que los recursos destinados a salud pública que no se comprometan al cierre de cada vigencia fiscal, se girarán a la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud –ADRES- para el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Régimen Subsidiado. Contrario a lo escrito en el PND, los médicos y trabajadores del sector salud han propuesto “aumentar los recursos destinados a la salud pública, fortalecer la financiación de instrumentos valiosos como los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC´s), y ampliar la capacidad de las entidades territoriales para la implementación de programas de prevención y promoción, acorde con los propósitos de la descentralización y la autonomía territorial”5.

Imagen publicada con autorización de la CUT Subdirectiva Risaralda

Otro de los artículos problemáticos es el 55º, que se refiere a las “competencias de inspección, vigilancia y control de la superintendencia nacional de salud, respecto de la composición accionaria o participación societaria de las EPS”, cabe destacar que en el año 2018 se discutió y aprobó la Ley 1949, que fortalece la capacidad institucional de la SuperSalud en materia de sanciones, competencias y herramientas. Sin embargo, durante las discusiones se apuntó la necesidad de una profunda reestructuración institucional de esta entidad. Primero, porque según informe presentado por la entidad, los recursos resultan insuficientes; segundo, es necesario controlar el fenómeno de corrupción que se ha dado en la misma; y tercero, la Superintendencia de Salud es la única Superintendencia que depende de un Ministerio y no directamente de Presidencia, tal como las demás entidades de ese orden. Además, ha acusado una incompetencia en el control de prácticas monopólicas indebidas, integración vertical, desvío de recursos, entre otros, como fue el caso de Saludcoop. Las acciones correctivas, en el caso de los recursos dilapidados en el pasado por los diversos agentes del sistema, parecen no estar dentro de las prioridades del gobierno de Duque.

El artículo 56° habla del programa de saneamiento fiscal y financiero, enfatizando en la lógica de eficiencia en el gasto, lo cual puede tener repercuciones especialmente para los hospitales de la red pública donde aumentarían las restricciones para la atención en salud y se abriría la puerta a que desmejore el funcionamiento. Los parámetros de competencia de estas entidades deben ser modificados, ya que hay que tener en cuenta que son los hospitales de este tipo quienes reciben la mayor cantidad de población vulnerable, la carga de enfermedad más alta, los perfiles epidemiológicos más severos, son los que atienden en los territorios rurales y rurales dispersos. La medida debe ser, como se enuncia en el primer párrafo, verdaderamente integral; el plan de saneamiento, necesario por demás, debe incluir un plan de soporte financiero y técnico para que las ESE cumplan su misión.

De conformidad con el artículo 127 que habla de las funciones del Estado en materia de Salud, se continúa delegando la prestación de los servicios de salud a terceros privados. En los casos donde terceros privados no encuentran incentivos para operar, como en las zonas rurales y rurales dispersas, es necesario que el Estado asuma la responsabilidad en la garantía del derecho a la salud. La Política Integral de Atención en Salud (PAIS) con el modelo MIAS y las rutas RIAS, ha mostrado deficiencias por la falta de arraigo de EPS e IPS, ya que no constituyen mercados atractivos. Este fue el caso del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó que, habiendo pasado por varias manos privadas, finalmente tuvo que ser salvado por un paro cívico organizado por la comunidad. El caso del Guainía fue aún más preocupante, ya que se montó un operador privado y desde entonces, se han cerrado 30 centros de salud, lo que ha implicado que los usuarios tengan que desplazarse entre 14 a 16 horas para recibir atención. La centralización del manejo de los recursos por parte del ADRES es una medida pertinente, sin embargo, se propone que la vigilancia de este proceso por parte del Estado sea hecha con rigor desde el principio, por lo que se hace necesario conocer el plan de contingencia para el manejo de los recursos durante el 2019 hasta que estos pasen a la ADRES.

Por su parte, el artículo 131 versa sobre la contratación del subsidio a la oferta en modo de cofinanciación. Vemos con preocupación la contratación de terceros con aumento de incentivos en zonas rurales y rurales dispersas, por las razones ya mencionadas. En cuanto a las participaciones territoriales, se debe revisar la posibilidad de volver a la fórmula propuesta en la Constitución de 1991, donde las transferencias territoriales debían alcanzar el 40% del PGN, ya que han venido disminuyendo a pesar de que las competencias continúan vigentes. Adicionalmente, al hacer que el sistema a nivel territorial dependa de recursos propios incentiva la desigualdad, por el inmenso desequilibrio que existe entre regiones en el país. Con el recorte de transferencias y la dependencia en los recursos propios, se aumenta la inequidad regional, justo donde el Estado debería hacer un mayor esfuerzo de inversión.

Finalmente, vale la pena mencionar el punto 43.2.11, que hace referencia a la población migrante. Al respecto, se estima que desde el 2014 han ingresado a Colombia 1.050.000, venezolanos y venezolanas. Esta migración ha hecho aún más crónica la carga de la atención en salud, especialmente en los departamentos de frontera, donde coinciden fenómenos de pobreza e inequidad. Como lo señala el INS, la migración también ha traído consigo cargas epidemiológicas difíciles de atender. No se puede dejar en manos de entes territoriales debilitados la problemática que genera el fenómeno migratorio, se necesita el diseño e implementación de una política en la materia, con un decidido apoyo desde el Gobierno Central.

Imagen publicada con autorización de la CUT Risaralda

Respecto al tema pensional, compartimos algunas de nuestras preocupaciones generales, ya que consideramos que existe, de fondo, una reforma pensional que se integra al Plan Nacional de Desarrollo, que se irá dilucidando con elementos y/o a portes nuevos desde los sectores, la academia y analistas políticos.

Lo primero que debemos reconocer es que la naturaleza de los Fondos Privados de Pensiones, que no pretenden pensionar a los y las trabajadoras sino administrar los recursos de sus aportes ganando rentabilidades ciertas, estables y seguras. En ese sentido, son un negocio a través del cual 3 de cada 10 ahorradores recibirán su pensión, mientras que a los demás les serán devueltos sus ahorros.

En efecto, el negocio de los fondos es administrar los ahorros pensionales y rentar de las inversiones que se realizan y que no necesariamente se trasladan al trabajador; se centralizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Los costos administrativos, por ejemplo, corresponden al 10% de lo ahorrado - hoy día unos 2,4 billones de pesos -, sin incurrir en riesgo alguno mientras por el contrario los ahorradores (a través de los negocios que definen las administradoras de los Fondos) están expuestos a la especulación financiera, así no paguen sus aportes al día, puesto que pagan los costos administrativos que son descontados mes a mes.

Ante esta situación el gobierno nacional ha concebido una estrategia basada en la precarización de la población en edad de pensionarse. Con el artículo 117 se instala un nuevo régimen en el que los dineros de los y las trabajadoras, que no logran el ahorro individual suficiente para pensionarse, pueden trasladarse a un mecanismo alternativo llamado BEPS, que consiste en que el Estado agrega al total de lo ahorrado un 20% de su valor, y lo difiriere en cuotas bimensuales, hasta donde alcance, a partir del cumplimiento de la edad de pensión. Este mecanismo no es vitalicio, es decir que se agota, y puede ser un ingreso tan mínimo que ha sido calculado en 80 mil pesos cada dos meses.

Los BEPS o Beneficios Económicos Periódicos no son una pensión sino un esquema utilizado por el gobierno para aumentar las cifras de cobertura en pensiones, creando un modelo de ahorro voluntario de los más pobres, los cuales se sumarían a los ahorros de los trabajadores que no alcanzan la pensión. A este esquema, administrado por el Fondo Público, se sumarían los recursos del programa adulto mayor, lo que en todo caso no alcanza para garantizar la pensión a casi 3 millones de personas que hoy tienen más de 65 años y no cuentan con ingreso alguno. Este es un mecanismo sustitutivo del derecho a la pensión, que ha sido planteado por la Ministra de Trabajo como un alternativa mínima, frente a la realidad incontrovertible de que, como consecuencia del abandono y la falta de políticas de estímulo al sector productivo y al trabajo decente, tácitamente se está renunciando al mandato constitucional de garantizar a través de la pensión, un ingreso suficiente y vitalicio.

Al verse abocados a esta situación, miles de colombianos han decidido trasladar sus aportes de los Fondos privados a Colpensiones, es así que a la fecha y desde 2012 se han trasladado 810.263 personas. “De acuerdo con reportes de Colpensiones, el año pasado 717 personas, de las más de 11.550 que interpusieron demanda con este fin, tuvieron un fallo favorable”, es decir que además de las solicitudes, los casos de solicitud por la vía de la demanda judicial se han incrementado. Ante esta realidad el artículo 59 de PND propone limitar lo que denominan conductas “irregulares”, donde se incluyen los traslados, siendo la administradora del fondo de pensiones juez y parte en la decisión, sin que se deba pasar por proceso judicial alguno, y sin garantías. Es perverso sobre todo si se tiene en cuenta que ya la ley ha reglamentado el procedimiento que se debe surtir en caso de irregularidades. La lógica es la misma, a mayores traslados menos administración de ahorros por parte de las administradoras de los Fondos y menos capacidad de fondeo de Colpensiones. Recuérdese que el principal objetivo de la reforma del sector financiero es el marchitamiento de Colpensiones, es decir su desaparición progresiva, a lo que contribuye este artículo.

La informalidad laboral es, sin lugar a duda, el principal factor que limita la ampliación de coberturas y la garantía del acceso al sistema de aseguramiento en sus componentes de salud, pensiones y riesgos laborales. Aunque el PND establece la ampliación de la cobertura en seguridad social como meta, lo hace por la vía de la formalización de la precariedad laboral y no del estímulo al sector productivo. Se tienen datos de que los trabajadores por cuenta propia ascienden en Colombia a 9,8 millones de personas, a quienes se propone el mal llamado piso de protección social, contenido en el artículo 113 del PND.

El piso de protección social responde también a la propuesta de reforma pensional de Asofondos, para quienes Colpensiones quedaría administrando un pilar o componente dentro del sistema, donde se administrarían los fondos y programa BEPS y Adulto Mayor. Lo que no dice el plan es que sumados estos dos programas no se alcanza a llevar el ingreso BEPS, ni siquiera a la línea de miseria, costeada en 114 mil pesos para Colombia. Si esto es así, este pilar quedaría conformado por el grueso de la población: por un lado, el 70% de los trabajadores con devolución de saldos en los Fondos Privados, y por otro, por los trabajadores por cuenta propia, que derivan sus ingresos de actividades informales. Una gruesa base asistencial, sin referentes de exigibilidad del derecho que tienen a pensionarse.

La propuesta del gobierno nacional podría resumirse entonces en un piso de protección para establecer un mecanismo de cotización de aportes a los más pobres: al BEPS en el caso de riesgo de vejez, al régimen subsidiado en el caso de enfermedad y un micro seguro de posibles accidentes y riesgos comunes.

Finalmente, es necesario señalar que los artículos 57 y 183 representan un peligro para los intereses de los colombianos, ya que fundamentalmente contribuyen a que, de realizarse

cambios en el régimen general de pensiones, éstas modificaciones se realicen en la sombra, sin pasar por el juicio de la discusión pública y de cara al país.

Éstos artículos, cuyo propósito es otorgar competencias excesivas al Gobierno nacional para modificar el Estatuto Orgánico Financiero, permitirían inclusive modificar las competencias de Colpensiones, los planes de pensiones y, en dado caso, salvaguardar los intereses de los fondos privados frente a posibles crisis financieras bajo el argumento de que salvarlos es proteger los intereses de los ahorradores, lo cual obedece a una visión actual del estado colombiano que desconoce que el mundo ya decidió fortalecer los sistemas de protección solidarios, ante las crisis que genera la administración privada de lo que es común. Otra de las nefastas consecuencias que podría traernos el PND es que deje de existir un mecanismo claro para el control social y político de los Fondos privados, lo cual sería consecuencia de modificaciones que pretenden retirar facultades al congreso para reformar el Estatuto orgánico del Sistema financiero y cambiar el marco jurídico de Colpensiones para su intervención directa por parte del Gobierno Nacional; así mismo podrían ser modificados los planes pensionales, es decir, las condiciones para acceder a la pensión – edad y semanas – y en caso de quiebras de los fondos, podría el Estado intervenir para salvaguardar los intereses de los ahorradores. Al final, el gran impacto fiscal es creado por las políticas mismas de gobierno.

Como vemos, el trasfondo de la reforma es puramente económico. Actualmente los fondos privados de pensiones – que son fondos privados donde el trabajador ahorra igual que a una cuenta de ahorros - administran 240 billones de pesos promedio al año, que es casi el total del presupuesto del país al año. Este desbalance con respecto a Colpensiones – que es el fondo público que funciona bajo criterios de solidaridad – se debe principalmente a la desinformación, ya que se convenció a los y las trabajadoras de que los Fondos Privados pensionaban más y mejor, de manera que hoy los Fondos tienen los ingresos de 70% de los trabajadores, incluyendo los de más altos salarios, mientras que Colpensiones recibe la cotización de las personas con ingresos más bajos y el 90% de las personas pensionadas del país. En otras palabras, mientras Colpensiones pensiona quienes reciben los aportes de los trabajadores son los Fondos. Ello explica principalmente que haya que financiar 9 billones de déficit a Colpensiones con presupuesto nacional, para pagar las mesadas.

Este negocio tiene además unos beneficiarios muy reconocidos: el Grupo AVAL y el Sindicato Antioqueño, dueños de la mayoría de estos negocios. De los dineros de los fondos de pensiones, el 80% está en dos firmas; Porvenir (46%) y Protección (35%), de propiedad de los grupos económicos AVAL (Luis Carlos Sarmiento) y Sindicato Antioqueño, respectivamente.

ASOFONDOS, el gremio de las Administradoras de los fondos de pensiones y cesantías, junto con la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financiera), son los redactores en la sombra de los artículos que hoy presenta al país el Gobierno Nacional. Ello explica que las propuestas allí contenidas guarden una lógica clara, con las propuestas y declaraciones de los Señores Sergio Clavijo, presidente de ANIF, y Santiago Montenegro, presidente de ASOFONDOS.

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5) Asociación Colombiana de Salud Pública “PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE LA PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 – 2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” 2019.

Análisis del Plan Nacional de Desarrollo ““Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018-2022”.

(Componente minero energético, medio ambiental y agrario)

Por: Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Campesino Jesús Alberto Castilla Salazar

Imagen publicada con autorización de la CUT Subdirectiva Risaralda

 El fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo y sus implicaciones para el campesinado:

Dentro del análisis del primer eje los puntos clave, asociados al tema minero energético, son los siguientes: la sostenibilidad energética, la generación de recursos para la financiación estatal a partir de reservas petroleras inciertas, y el relacionamiento con las comunidades para la solución de los conflictos socioambientales del país.

Al suscribir el acuerdo COP 21 en París, el Estado Colombiano se comprometió a cumplir con un plan para limitar el calentamiento del planeta “muy por debajo” de 2 °C, que cubre el periodo posterior a 2020. Pese a ello, el gobierno incumple con el acuerdo suscrito al impulsar al Carbón como una fuente energética para asegurar el abastecimiento del país, aumentar la producción de 92 toneladas a 98 y propiciar políticas que impulsan la extracción y quema de carbón térmico, como lo muestra la cita a continuación:

“Aprovechamiento de la hidroenergía y el carbón para la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional: …Por otra parte, el carbón térmico es una fuente de alta disponibilidad y valor energético, que en eventos de variabilidad climática pueden dar confiabilidad al sistema. Así mismo, es necesario contemplar esta fuente energética entre las opciones de sustitución de energía firme en aquellos proyectos hidroeléctricos existentes cuya capacidad de generación se vea disminuida por la aplicación de nuevos criterios ambientales o de priorización del uso del agua.”1

Cabe resaltar la incoherencia de una política que propone al sector minero energético2 como motor de crecimiento económico para financiar políticas de educación, vivienda, salud y ambiente, desconociendo los impactos negativos de la producción de gases de efecto invernadero, que en 2010 representó la pérdida del 2.2% del PIB, como consecuencia del fenómeno de La Niña; y que, entre 2015 y 2016, significó una sequía intensa y un fenómeno de El Niño prolongado, que dejó 318 municipios vulnerables al desabastecimiento de agua y 120 en situación crítica, según cifras del Ideam.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “El sector minero-energético es un motor de crecimiento económico en Colombia, al mismo tiempo que atrae inversión, genera regalías, impuestos y contraprestaciones económicas a favor de la Nación, recursos que son necesarios para la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial.” Así bien, el gobierno supone que la minería constituye un importante sector para la economía. Sin embargo, a pesar de su carácter de sector enclave (ya que se exporta más del 90% de su producción), en los últimos años su dinámica económica no rebasa los modestos encadenamientos con el resto del sector productivo y no genera un impacto cambiario neto positivo en el mediano plazo; así mismo, ante el cambio de ciclo y la caída de los precios internacionales, consecuente con menor dinamismo de la demanda mundial, entre otros factores, su capacidad de financiación del presupuesto nacional se verá afectada negativamente, punto que pone en entredicho, además, la irresponsable esperanza gubernamental de mantener las reservas y la producción petrolera en 70 dólares3, sin analizar la inestabilidad de precios y sus consecuencias en la economía, la enfermedad Holandesa, los efectos negativos del fracking y el uso no eficiente de las regalías.

Es entonces errado pretender incrementar la renta minera en el futuro próximo mediante la expansión de la producción de minerales, so pena de incurrir en graves riesgos en términos de daños socio-ecológicos desmedidos, especialmente cuando no se cuenta con un conocimiento integral del territorio (suelo y subsuelo) en amplias regiones del país, ni se dispone de un ordenamiento ambiental coherente con su vocación agroalimentaria.

El PND establece el continuismo de la política minero-energética “Todos por un nuevo país 2014-2018”, al cercenar el derecho a la participación directa de la ciudadanía y poner en riesgo la autonomía de las entidades territoriales, exigiéndoles coordinación y acuerdos con el Gobierno Central en lo referente al ordenamiento de su territorio. Sin embargo, puede atribuírsele la novedad de efectuar una destinación presupuestal específica para dar solución a los conflictos socioambientales del país a través de la militarización, fenómeno que se da no para proteger a la naturaleza o a las comunidades, sino para controlar los excedentes económicos de la explotación de los recursos naturales. Tema evidente en la propuesta de diálogo social para la negociación de derechos fundamentales, cuyo objetivo es des escalar y criminalizar el ejercicio de la protesta social que afecta específicamente la economía de las industrias minero energéticas4, robusteciendo un legado histórico de explotación con una serie de reformas en la regulación, la institucionalidad, el levantamiento y uso de información requerida, entre otros, para propósitos del fortalecimiento de una política pública exitosa para el capital transnacional.

Al respecto, es de vital importancia reconocer que el diálogo social propuesto por el gobierno no representa el objetivo de la participación ciudadana (en el marco de la definición que le otorga la Constitución política de Colombia y la ley), y por el contrario crea una institucionalidad que fomenta las dudas, inconformidades y oposiciones planteados a los documentos de los “proyectos estratégicos”, sin lugar a dar aplicabilidad a los principios de la participación ciudadana, tales como la preeminencia de lo sustancial a lo formal, la participación decisiva y vinculante, y el respeto al derecho universal de no negociar derechos fundamentales.

Por ende, insistimos en un diálogo nacional minero energético que tenga como objetivo concertar una nueva política con participación decisiva de las comunidades, que valide los mecanismos directos de participación ciudadana y consolide una transformación democrática y justa de la matriz energética, de la propiedad de la energía y su producción. Solo así será posible un verdadero pacto por la equidad en nuestro país.

Imágen publicada con autorización de la CUT Subdirectiva Risaralda

Así mismo, es necesario evidenciar las afectaciones que recaen sobre el campesinado con el Plan Nacional de Desarrollo, del cual se encuentra absolutamente ausente. Como antecedente principal, tenemos el desconocimiento del Gobierno de Iván Duque a las organizaciones campesinas, ya que mientras se comprometió a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo las propuestas remitidas por ellas, el articulado del PND no las contiene. Cabe destacar que la Mesa Agraria del Cauca, una de las mesas reconocidas por el decreto 870/14 que componen la Mesa Única Nacional de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular – CACEP, ha venido adelantando acciones jurídicas e interlocutando con el Gobierno nacional para lograr que el campesinado quede incluido en el PND. Con este propósito, a finales del 2017, diferentes organizaciones campesinas presentaron una acción de tutela por la exclusión de los campesinos en el censo nacional. Esta tutela fue negada, pero la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 2028/18, reconoce al campesinado como un “grupo de especial protección” y sugiere establecer unas mesas de diálogo con el DANE, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Derivado de las mesas de diálogo, en 2017 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-, realizó una conceptualización del campesinado como “un grupo poblacional con rasgos culturales diferenciados”; también se constituyó un grupo de académicos y funcionarios del estado, a quienes se exigió un concepto sobre la categoría “campesino”. El concepto de este grupo, que además aportó argumentos científicos sobre el ser campesino, coincide con el concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, el DANE se comprometió en 2018 a incluir una pregunta de autoafirmación en instrumentos censales de 2019. Por otro lado, en el mes de agosto de 2019, en reuniones de la mesa del Cauca con el Consejo Nacional de Planeación –CNP-, las organizaciones le propusieron al Gobierno incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, un “Pacto por el campesinado”, comprometiéndose a hacer entrega de un documento que incluyera sus propuestas para la construcción del mismo.

El texto del “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”, tuvo como objetivo “Mejorar el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, garantizando el derecho de la población campesina a la igualdad material y simbólica; fortaleciendo sus capacidades productivas y de acceso a la tierra con el fin de elevar las condiciones para el ejercicio de la democracia en la ruralidad”. El documento se presentó por parte de voceros de la cumbre agraria al CNP el 18 de diciembre de 2018 y el 26 de diciembre de 2018 se presentó al Departamento Nacional de Planeación. Hasta el momento, de las 21 páginas de propuestas consignadas en 8 líneas del pacto, no aparece ningún elemento en las bases del PND ni en el articulado.

De hecho, en contraposición a estas propuestas, la prioridad de la política agraria para el Gobierno de Iván Duque y contenida en el Plan de Desarrollo, es poner todos los esfuerzos del Estado al servicio del extractivismo, atendiendo las preocupaciones del sector económico minero a costa del sector agrario y el campesinado, lo que profundiza la conflictividad territorial rural, agudizando las problemáticas sociales y territoriales y pretendiendo anular las consultas populares y la protesta social en los territorios. Dicha priorización de la política extractivista sobre la política agraria se refleja en los 97 billones de pesos que se otorgaron para su desarrollo, mientras al agro se destinaron 10 billones, es decir casi una décima parte.

Dentro del objetivo general del PND se hacen evidentes las prioridades de la política agraria del gobierno que claramente afectará al campesinado al indicar que “Impulsará la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la población rural”. Lo anterior da cuenta de la intención de impulsar con recursos del Estado las alianzas público-privadas que consolidan la política de Zidres, el impulso de los Clusters productivos, la promoción de la agricultura por contrato y de alianzas productivas para los agricultores familiares. Estos elementos resucitan la política de Agro ingreso seguro, modelo propuesto por Andrés Felipe Arias que, apelando a la “nueva ruralidad”, entregaba las tierras y recursos a los grandes empresarios convirtiendo al campesinado en mano de obra barata sin derecho al acceso a la tierra ni a los recursos, parece que el gobierno quiere un “campo con progreso” donde quienes progresan no son los pobladores rurales.

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1 PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. Pág. 646.

2 Con un aporte del 5.35% del PIB para el año 2017.

3 Bases del PND 2018-2022, Tabla 1. Supuestos macroeconómicos.

4 Estas dificultades para la gestión y trámite pacífico de la conflictividad en el país tienen un impacto en términos de productividad y de garantía de derechos de las comunidades y territorios. A manera de ejemplo, según el PNUD, el 1% de los conflictos relacionados con la industria de hidrocarburos genera una disminución del 0,06% en los ingresos totales per cápita municipales y una reducción del 0,125% en la producción del petróleo. Durante el periodo 2010-2014, el número de bloqueos creció aproximadamente en un 6%, lo cual puede haber implicado un costo aproximado de $217.000, debido a la pérdida de producción e ingresos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). 

El Poder que sostiene al fiscal

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Polaricemos

Por: MarioossaM

La carrera hacia la campaña presidencial de 2018 tuvo su primerísima vuelta este 11 de marzo con las elecciones legislativas y las dos consultas interpartidistas que representan dos visiones totalmente diferentes de ver el mundo.

En términos de curules en el parlamento, la bancada social y alternativa avanzó al lograr 29 Senadores y 23 Representantes a la Cámara, que llegan de partidos diferentes a los tradicionales.

Mención especial merecen los triunfos de Alberto Castilla como Senador campesino, Feliciano Valencia por el movimiento indígena, Aída Avella como sobreviviente del genocidio de la UP y María José Pizarro, víctima del asesinato de su padre, Carlos Pizarro León Gómez.

Las consultas interpartidistas fueron ganadas por quienes se preveía. Gustavo Petro por un lado e Iván Duque por el otro.

Petro consigue 2.849.331 votos propios, de votantes que corean su nombre y votarán nuevamente por él en la primera vuelta.

Iván Duque obtiene 4.038.101 votos con el apoyo de Cambio Radical que tiene candidato presidencial propio y cuyos votos no se repetirán por Duque, sino que se trasladarán para donde el patrón, Germán Vargas Lleras. Aun habiendo ganado su consulta, la de Iván Duque, los votantes coreaban el nombre de Uribe, no el del candidato.

Si tenemos en cuenta que la votación al Senado por Cambio Radical fue de 2.155.487, votos que en la primera vuelta no le llegarán a Duque, el gran ganador de las consultas realmente es Petro. Y esto, además, porque han salido a la luz las evidencias de un gran fraude electoral contra Gustavo Petro en diferentes zonas del país.

Miedo a llamar las cosas por su nombre

Las candidaturas que intentan desligarse del proceso dialéctico de la campaña, señalan que la polarización no le conviene al país, que representan un supuesto centro político que conviene y es deseable, evitando de paso los enfrentamientos innecesarios. Ese supuesto “centro” es una noción tan vaporosa como las propuestas y la coherencia de quienes lideran el pretendido proyecto de centro.

En rigor, se le llama en este momento “polarizar” al proceso de confrontar visiones del mundo que por lo general se encuentran antagónicas o alejadas unas de otras. Esas visiones traen consigo unas plataformas de ideas y de programas que defienden intereses muy concretos. Y es necesario, conveniente y deseable que esa dialéctica se presente, esa “polarización”, porque es de esta forma como se pueden develar los intereses que defienden una y otra propuesta, para el caso, la de la derecha que representan Vargas Lleras y Uribe con su candidato con hilos, Duque; y la de la izquierda que representa Gustavo Petro. Y en el limbo nebuloso de la indecisión que no dice nada, se quedan las candidaturas que no toman posición.

Entonces, polarizar significa llamar a las cosas por su nombre.

La derecha dice con claridad que hay que hacer fracking para sacar hasta la última gota de petróleo sin que les interese el daño a la naturaleza y a las gentes (los dos factores de producción de riqueza fundamentales, una porque provee los recursos para la vida y la otras, porque es su fuerza de trabajo la que toma los recursos de la naturaleza, los transforma y los convierte en riqueza).

La izquierda dice de forma clara que se debe preservar la naturaleza y que el fracking no va. Está en juego la vida de los seres vivos sobre esta tierra.

La derecha dice que la salud de los colombianos sigue con las EPS y entregándole el erario a sus dueños.

La izquierda dice que la salud de los colombianos, su vida y su derecho sólo mejorará eliminando las EPS y dándole al dinero un manejo público en donde no hay dueños con ganancias financieras, sino pacientes beneficiados con mejor atención, prevención y tratamientos.

La derecha dice que la tierra debe continuar concentrada en pocas manos, que su utilidad radica en valorizarla para la especulación financiera, mientras que la izquierda dice que la tierra tiene una función social, que debe entregársele a quienes la trabajan produciendo la alimentación que los colombianos requerimos, que se respeta la propiedad pero que se debe gravar el latifundio improductivo.

La derecha dice que el dinero de la educación debe entregársele a las universidades privadas a través del programa que discrimina a las personas y que se ha llamado “Ser pilo paga”, para que puedan estudiar 40.000 jóvenes de escasos recursos.

La izquierda   dice que el dinero de la educación es para fortalecer la universidad pública y de esta manera puedan estudiar sin discriminación cerca de 400.000 estudiantes de bajos recursos. Y otras tantas temáticas.

Se deduce entonces que el debate que se quiere llamar de forma peyorativa “polarizar”, es necesario para entender lo que nos conviene a la mayoría y lo que le conviene a la minoría que son las élites.

Se intenta infundir miedo como táctica de campaña política, con el concepto amañado de “polarizar”, para evitar que las personas comprendan cuáles intereses defienden unas y otras candidaturas y quiénes los multimillonarios que apoyan el proyecto de continuismo que tiene al país como uno de los más pobres y desiguales del mundo.

Debatir ideas –polarizar– no requiere de violencia física o verbal. Es un proceso dialéctico, es uno de los métodos de la política, de su esencia filosófica.

Por estas razones, yo llamo a polarizar.