Cómo votar en blanco

Por. Carlos Mario Marín Ossa

Foto/ Carlos Mario Marín Ossa

En medio de las tensiones cada vez más abiertas, más incisivas e insidiosas, más lacerantes para el futuro de los habitantes de este país colombiano, cuando las aguas sucias de la corrupción nos llegan hasta el cuello y amenazan nuestra dignidad, nuestros derechos y valores, cuando la situación económica, política, social y cultural ha tocado fondo; en tanto que las élites económicas y políticas que detentan el poder desde la conquista y la colonia se tornan cada vez más mezquinas y le niegan a cuarenta y seis millones de compatriotas el derecho al trabajo digno, el derecho a una educación digna, el derecho a una salud digna, universal y de calidad, con goce efectivo de dicho derecho fundamental que garantiza la vida y el derecho a un futuro de autodeterminación; resurge con mayor fuerza el rechazo a esa clase económica y política corrupta que ya ni disimula cuando nos atropellan y nos roban. El voto en blanco es la salida de moda, como una vedette que nos ofrece dichas insospechadas.

Movilizacción campesina en Colombia. Exigieno sus derechos y futuro para el campo colombiano.

Efectivamente, el voto en blanco es una opción para mostrar el rechazo a esta situación calamitosa. Como ya muchos sabemos, otros sospechan y la inmensa mayoría desconoce, si el voto en blanco supera la mitad más uno de los votos válidos en unas elecciones, las mismas deben repetirse con diferentes candidatos.

Hoy por hoy, a lo largo y ancho del país cientos de colombianos lo promueven y recogen firmas para que esta opción aparezca como un candidato más. En los tarjetones a corporaciones y presidencia lo encontraremos en su ubicación habitual. La indignación de vastos sectores organizados de la población pide que se vote en blanco en las elecciones de 2014 para rechazar y combatir la corrupción rampante de la clase que hoy y ayer nos ha gobernado.

Es aquí donde debemos preguntarnos si además de la indignación desde las redes sociales y desde algunos escenarios citadinos y rurales, existen las condiciones reales y materiales de una población colombiana estructurada políticamente para asumir dicho reto a conciencia.

¿Los promotores del voto en blanco han realizado los procesos de educación política de la gran mayoría de la población para que sepan qué van a hacer cuando marquen la casilla voto en blanco, cuál es el objetivo de ello, y tengan la voluntad de hacerlo resistiendo las dádivas de los delincuentes electorales?

Movimiento salud digna. En rechazo al proyecto de reforma a la salud 210. Bogotá, Noviembre de 2013. Foto / Carlos Mario Marín Ossa

Desde mi punto de vista, creo que deben darse ciertas condiciones a saber:

1.    ¿Sabe la mitad más uno de los colombianos inscritos en el censo electoral qué es el voto en blanco, qué representa?

Porque el voto en blanco es el mensaje que envía un ciudadano a la clase política en contienda, y que dice que ninguno de los candidatos inscritos en una elección, representan los intereses del mismo. Es el rechazo al status quo vigente.

2.    ¿Comprende la mitad más uno de los colombianos inscritos en el censo electoral lo que ocurre cuando el voto en blanco triunfa en este porcentaje?

Porque si el voto en blanco alcanza el nivel de votación requerido, las elecciones deben repetirse y ninguno de los candidatos inscritos originalmente pueden participar en los nuevos comicios. Pero los partidos políticos que participen en el nuevo llamado serán los mismos y designarán otros candidatos que al final defenderán los mismos intereses de los inhabilitados por la decisión de rechazo inicial, salvo que la votación se oriente al partido o partidos que proponen y trabajan desde otras orillas de los actuales detentadores del poder (y en Colombia existen).

3.    ¿Los promotores del voto en blanco han asumido realmente la tarea de formación política del pueblo, para que este tome dicha decisión de forma autónoma y consciente?

Es una condición indispensable la educación política de la ciudadanía. Sin ella, no hay capacidad de decisión, de valoración acerca de la responsabilidad que se tiene con los problemas que nos aquejan, ni tampoco de buscar como un frente unido el triunfo del objetivo planteado. Es una cuestión de calidad y cantidad.

4.    ¿Realmente consideran los promotores del voto en blanco que no existe ni una persona, agrupación de personas o partido que representen sus anhelos, que defiendan sus derechos, que trabajen para buscar la solución a los problemas que aquejan a este pueblo en materia de equidad, de mejor y mayor distribución de la riqueza, de defensa de la producción nacional, de defensa de un trabajo digno y de calidad, de defensa de la educación para todos y como derecho, de defensa de la salud como derecho fundamental rechazando el negocio con el dolor humano, de defensa de la soberanía y el territorio rural y urbano, de defensa y movilización para que los impuestos, tasas y contribuciones que se nos cobran sean justos y acordes a las posibilidades socioeconómicas de los ciudadanos, de búsqueda de la paz, entre muchos otros temas?

Porque lo que nos ha mostrado la realidad del país en estos dos últimos años, es que personas organizadas gremial, sectorial y políticamente para la defensa de todos estos temas si existen.

Si las anteriores condiciones se cumplen (pueden ser algunas más), entonces estamos preparados como pueblo para votar en blanco y cambiar a la actual clase política de la nación. Pero si las anteriores condiciones no se cumplen, entonces con la promoción pasional del voto en blanco, terminamos siendo cómplices de los mercaderes electorales, de las bandas delincuenciales que compran conciencias e inducen al delito electoral a la ciudadanía. Y esto, porque la clase política tradicional del antigüo y nuevo frente nacional, negocia con la miseria de los colombianos. Todos sabemos que en los barrios donde impera la miseria, los votos están comprados, ese caudal electoral ya tiene dueño, y es precisamente porque la ignorancia y el hambre son sobornados con dinero, tejas, lechona y todo el vademecun de la corrupción política. Así forma la clase política corrupta sus mayorías electorales y se reeligen indefinidamente para de la misma forma apoderarse del erario.

Y hay cómplices. La clase media, los intelectuales, los abstencionistas, los indiferentes, los pasionales irreflexivos de opciones no planificadas y los temerosos.

En las condiciones actuales de formación política del pueblo colombiano, no es viable apostarle al voto en blanco. Es una gran opción, respetable y digna. Pero mientras que el clientelismo electoral captura con limosnas y dádivas el voto de los más pobres, asegurándose su permanencia en el poder, el voto en blanco le quitará posibilidades de triunfo a quienes encarnan opciones distintas y éticas del ejercicio político en bien de toda la población. Si quienes tienen mayor discernimiento sobre el fondo de los problemas que nos aquejan, y reclaman cambios estructurales, no toman la opción de llevar a los escenarios de decisión política a quienes demuestran día a día que buscan cambios que nos beneficien a todos, entonces estarán condenando a las presentes y futuras generaciones al caos, la miseria y la violencia.

Algunos ahondarán en la historia de quien escribe estas líneas y se encontrarán con que hace parte de un partido político alternativo, y que es además candidato. Las críticas, la desconfianza y el rechazo no se harán esperar. Pero la repuesta es sencilla y contundente: si los indignados reclaman cambios en el estado de las cosas, si exigen derechos, un mejor futuro, justicia y equidad, señalando a la clase política tradicional que se parapeta en el bipartidismo del frente nacional y se esconde en los partidos recién creados como estrategia de engaño y confusión, o de refugio de los indeseables por prácticas que tocan los linderos del código penal; entonces existimos ciudadanos que asumimos el reto de buscar cambios estructurales. Debemos salir de otras opciones diametralmente opuestas a las prácticas opresivas. Por supuesto hay otras personas que siguen esta misma práctica y esta lucha por un mejor futuro. Quienes asumimos el reto, esperamos también que se sumen los indignados de las redes sociales, los promotores del voto en blanco, los que rechazan la corrupción en las salas de su hogar. Sean también candidatos y asuman el deber ciudadano de buscar solución a sus problemas.

Hay esperanza. Movilización social frente al Congreso de la República. Noviembre de 2013. Foto / Carlos Mario Marín Ossa

Vote por personas que con sus acciones además de su discurso muestren que trabajan por el bien del pueblo y sus gentes. No le haga el juego a los de siempre.

KAZIYADU O UNA SEGUNDA REPÚBLICA COLOMBIANA

(Publicado originalmente en http://comiteorlandofalsborda.blogspot.com/2013/03/kaziyadu-o-una-segunda-republica.html)

Kaziyadu en el idioma huitoto de los indígenas del Amazonas, significa “despertar” o “renacer”. Y ante la crisis estructural por la que atraviesa nuestra nación, es el camino a seguir un renacer desde lo raizal, con generación de conocimientos y dinámicas propias en todas las esferas; para apuntalar y consolidar el proceso creciente de reafirmación de lo local y la diversidad de nuestro pueblo y territorio.

La república de Colombia, como argumenta Orlando Fals Borda, tiene su cimiento estatal bajo el modelo del Estado-nación europeo, proyecto histórico que ha buscado la homogenización cultural, étnica y religiosa en cada escenario, y la centralización del poder dentro de este (1)[i] (sic).

El fracaso de las políticas nacionales que se vienen adoptando por los diversos gobiernos (que son el mismo, con rostros diferentes) en todos los frentes, desde los inicios de la república –es decir, desde hace poco más de 200 años-, obedecen a varios factores entre los que se cuentan primordialmente dos:

1.    Nos ha gobernado un minúsculo grupo de la élite económica y social que tiene sus “raíces” en la tradición española, a la que se le han sumado algunos inmigrantes de los países del cercano oriente. Estos han impuesto las condiciones para preservar sus privilegios.

2.    Los modelos socioeconómicos impuestos se basan en la tradición y formulación eurocéntrica, sin que tengan en cuenta las realidades diversas de la Nación colombiana.

Como respuesta a las condiciones asimétricas generadas por esta manipulación sobre el pueblo colombiano, y en la búsqueda de las soluciones que nos lleven a encontrar calidad de vida, bienestar y desarrollo dentro de condiciones de autonomía y soberanía; podemos adoptar en líneas gruesas dos acciones fundamentales:

1.   Fortalecer y consolidar el desarrollo local desde los conceptos y realidades sociales, culturales, étnicas, ecológicas, geográficas y económicas. En este proceso debe surgir el reconocimiento de nuestra diversidad y de allí el orgullo de nuestra particularidad, la dignidad de nuestra vida y nuestro papel en el mundo, la ética con nuestro entorno natural y social. Como resultado eco-social, es imperativo el surgimiento de mujeres y hombres líderes y conocedores de su entorno; que sobre su papel de seres políticos y sociales comiencen a crear ese recambio en los niveles gubernativos y en las esferas económicas. Estos nuevos dirigentes deben ser quienes gobiernen sus territorios en representación y defensa de su cosmogonía, garantizando formas realmente democráticas de participación y bienestar.

2.    Los colombianos, debemos garantizar inicialmente desde lo local y a partir de allí hacia lo nacional; la generación de conocimiento autóctono, raizal, sobre la base de la interrelación con nuestro entorno tropical. Debemos generar modelos propios, que expliquen nuestra realidad y nuestra historia; para que desde allí se planteen las soluciones necesarias a los problemas que como Nación tenemos. Es cierto también que el acumulado de la humanidad no se debe desconocer, como cierto es que las realidades en el planeta varían por razones de geografía, cultura, etnografía e historia.

Las construcciones Fals Borda.

La propuesta  en la que trabajamos, tiene como elemento transversal la participación en todos los niveles y espacios. Con esta herramienta democrática y social se fortalece el poder local porque ayuda al reconocimiento del territorio, de la cultura particular y sus hilos conectores con diferentes grupos poblacionales de la localidad y la región, de las fronteras geo-culturales, de los anhelos y formas de vida de los asentamientos humanos y por ende de la calidad de vida, bienestar y desarrollo esperado por el pueblo. A partir de la sumatoria regional de estos procesos, debemos construir la segunda república colombiana, con base en la realidad nacional y con las soluciones correspondientes a los problemas que requerimos; sustentadas en nuestros propios desarrollos y en nuestra soberanía autonómica. En pocas palabras, soluciones endógenas apoyadas en el conocimiento universal cuando así se requiera.

El trabajo nuestro se soporta en estas premisas participativas, conducentes en primera instancia a la conciencia sobre los derechos que tenemos como seres humanos, luego como ciudadanos y también como contribuyentes. Una triple condición de este pueblo que vive en la realidad de un Estado Nación que queremos se dirija hacia una concepción Eco-social, de fundamentos raizales y elementos vernáculos. El rescate del estado de bienestar es el primer paso.

Es necesario crear sobre nuestra realidad y sobre nuestra gente (que no se representa en la élite gobernante) un Estado fuerte, que surgirá de una sociedad civil (pueblo) fuerte y con la consciencia de su ya amplio recorrido histórico común. Ello nos remite a la idea que Estado fuerte es aquél cuya consolidación  no excluye sino que fortalece la capacidad de la sociedad de operar con un máximo de coherencia interna y un máximo despliegue de potencialidades creativas (2) [ii](sic), coherencia que parte desde el constructo de la periferia al centro o de las regiones a la totalidad del país; y despliegue de potencialidades generadas por conocimiento y modelos propios. En suma todo fundamentado por nuestra autonomía y soberanía reales.

Propuestas de las regiones al centro.

Algunas de las propuestas sintetizadas desde nuestra visión, y que se sumergen en una concepción ideológica y política más profunda –un sistema ideológico- van referidas a todos los ámbitos humanos de interacción y construcción social. Son universales y muy lógicas, porque parten precisamente de la observación y el estudio de nuestras realidades y anhelos como Nación.

En primer lugar, proponemos construir y consolidar la identidad de la nacionalidad colombiana desde las regiones y sus diferencias. Para ello es clave una educación participativa y Sentipensante, que procure la investigación en las comunidades para ofrecer alternativas de solución a los muchos problemas existentes. La organización social como medio de buscar estas soluciones es otro imperativo.

En segundo lugar, el pueblo colombiano debe defender la soberanía alimentaria de la nación y su biodiversidad. El campo es y ha sido fundamento de nuestra cultura y de nuestra historia. Aún hoy, la gran mayoría de los colombianos tenemos vínculos directos o indirectos, incluso sentimentales con el campo. Las élites gobernantes han entregado este sector estratégico y de seguridad nacional a manos extranjeras. La concentración de la tierra productiva en manos de multinacionales foráneas y “organizaciones” locales de élite es una realidad, como lo es la apropiación por la vía “legal” pero inmoral, cuando no violenta a través de las armas, de las tierras y de nuestra riqueza biológica. Existen semillas alimentarias y riqueza biológica patentadas por la multinacional gringa Monsanto  –de propiedad de la organización Rockefeller-, que otrora tirara toneladas de agente naranja sobre la población Vietnamita; e incluso en Colombia sobre tierras agrícolas del Tolima con efectos monstruosos sobre la población y su descendencia. Todo bajo la complacencia de las élites gobernantes, historia ampliamente documentada, por ejemplo a través del periodista colombiano Germán Castro Caicedo (3)[iii]. Entre tanto, en Estados Unidos de Norteamérica, el campo es protegido como un sector estratégico de seguridad nacional. ¡Como debe ser!

Finalmente, la industria nacional también debe ser protegida como generadora de riqueza y trabajo para el pueblo. Debe defendérsele de la competencia desleal fomentada desde el gobierno, que otorga condiciones tributarias de insospechada generosidad, mientras a la empresa nacional se le grava sin piedad. Cabe aclarar, que cuando hablamos de industria nacional, nos referimos también a la pequeña, mediana y micro.

Sólo los sectores primario y secundario de la economía -esto es el campo y su producción agrícola, pecuaria, aviar, porcina y piscícola, así como la industria-, generan o pueden generar valor agregado al proceso económico (y por lo tanto riqueza y expansión). Por eso deben ser protegidos por el gobierno y el Estado. Además de ello, el campo debe gozar de protección especial; pues es el factor productivo que no se multiplica (salvo vía productividad y ello tiene límite). Tierra existe la que hay. Por eso es objetivo de codicia y causa de nuestro conflicto violento y social.

Los sectores económicos nacionales reinvierten las utilidades dentro del país en su mayor proporción, mientras que las multinacionales foráneas se llevan la riqueza producida por los colombianos, para apalancar los generosos niveles de vida de vida y privilegios de parte de su población; y a los nacionales nos quedan sólo el esfuerzo y los costos invisibles de la actividad económica de un capitalismo salvaje y destructor del medio ambiente, de la cultura y las raíces históricas de nuestra Nación –producto del imperialismo cultural- y de la imposición de modelos económicos ajenos a nuestra realidad y a nuestro interés.

Pero no se crea que sólo nos preocupamos por los aspectos cuantitativos de la actividad económica. Abogamos por una economía social, que tenga en cuenta al ser humano como fundamento y destino de su existencia. Lo culitativo de la economía y su impacto sobre los seres humanos en términos de calidad de vida, bienestar y desarrollo basados en las cosmogonías particulares; deben ser el sustrato fundamental de la ciencia económica sentipensante.

Los servicios y la tecnología son apoyos a los sectores reales (campo – industria), son instrumentos y no fines por si mismos.

Ahora, no pretendemos fomentar la xenofobia. Lo que proponemos y buscamos es que nuestras relaciones con el mundo, se den en términos de equidad y respeto. Que sean relaciones gana-gana con las que avancemos firmes en un camino autonómico y soberano, con el que generemos lo aquí varias veces repetido: calidad de vida, bienestar y desarrollo.

Para que estas relaciones con el mundo se den, primero deben darse al interior de nuestra Nación Colombiana. Kaziyadu, un inicio raizal.

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(1)     Fals Borda, Orlando. Ante la crisis del país, pág. 13. El Áncora editores-Panamericana editorial. Bogotá 2003.

(2)     Perales Arretxe, Isou. Poder local y democracia participativa en América Latina, pág. 100. Fundación para la investigación y la cultura FICA. Bogotá 2004.

(3)     Castro Caicedo, Germán. Colombia Amarga, cap. II. Primera edición. Bogotá 1976

Un sistema de salud que asesina seres humanos y crece cuentas bancarias

Por. Carlos Mario Marín Ossa
        @MarioossaM

Ad portas de que el gobierno de Juan Manuel Santos a través de los congresistas de la unidad nacional (conservadores, liberales, PIN, partido de la U y Cambio Radical) apruebe el proyecto de Ley Ordinaria  de reforma al sistema de salud, se ha movilizado un gran número de colombianos pertenecientes a sectores médicos, científicos, sindicales, de usuarios del sistema y partidos alternativos, rechazando la aprobación del esperpento que condena a la población nacional a seguir enfermando y muriendo por falta de atención integral, de calidad y con la garantía de reconocer un derecho fundamental que proteja la vida.

El proyecto de Ley 210 de reforma al sistema de salud, se encuentra en la Cámara de Representantes, surtidos tres debates y próxima a ser aprobada en una muestra de total irresponsabilidad por parte de dichos congresistas; pues la intención oculta de dicha “reforma” es fortalecer el negocio de la salud en desmedro del interés del pueblo colombiano, de su derecho fundamental a la vida y del futuro de una nación digna.

Los antecedentes de un negocio mezquino.

En el año de 1993 fue aprobada por el congreso de la república de ese entonces la infausta Ley 100. El senador ponente, diseñador y artífice del sistema causante de todos nuestros actuales males en salud, fue el señor Álvaro Uribe Vélez. Participaron además del diseño de la Ley 100 los presidentes César Gaviria Trujillo y el actual, Juan Manuel Santos. Todos los anteriores, representantes de una doctrina económica neoliberal que apunta a beneficiar el ánimo de lucro incluso en los sectores estratégicos que deben velar por el bienestar de los colombianos y favorecen los negocios de un puñado de “empresarios” nacionales y extranjeros y su expectativa de ganancia a costa del sufrimiento y la muerte de cientos de miles de compatriotas.

El gobierno de César Gaviria Trujillo abrió las compuertas de la debacle económica del país y el sector de la salud fue uno de aquellos sectores entregados a la voracidad de la banca nacional e internacional, de las farmacéuticas y de los politiqueros que terminaron enriqueciéndose a través de las EPS, negocios conexos de integración vertical y posteriormente con la intermediación laboral del sector a través de CTA (cooperativas de trabajo asociado) y empresas temporales.

A comienzos de la década de los años noventa la banca nacional entró en crisis debido a la quiebra de entidades financieras varias, y los malos gobernantes de entonces y de hoy no han dudado en entregarles todo lo que represente potencial de explotación económica, aunque se sacrifiquen derechos fundamentales de la población. La salud fue uno de esos derechos sacrificados. Así nacieron las EPS y los fondos administradores de pensiones.

No es de extrañar entonces, que presidentes y expresidentes (sus familiares o amigos) hayan terminado envueltos en escándalos y cuestionamientos por intereses en EPS que han hecho uso indebido, inmoral y antiético de los dineros de la salud (recordar el caso de Saludcoop [[i]]). Congresistas varios son cuestionados en las regiones por presuntas responsabilidades en el tráfico laboral a través de la intermediación de las CTA y empresas temporales de contratación de trabajadores del sector salud, en donde dichos contratos no superan los cuatro meses, y en la firma de cada nuevo contrato se les disminuye el salario [[ii]] . Por supuesto, todos alineados al modelo neoliberal que sólo piensa en utilidades financieras, aun cuando sean el resultado del sufrimiento de seres humanos enfermos, de la destrucción de familias y sus patrimonios para costear el tratamiento de una enfermedad de alto costo, o de la muerte de esos seres humanos que no fueron atendidos, diagnosticados y tratados a tiempo [[iii]].

Corazón grande con las farmacéuticas, mano fuerte con los enfermos de Colombia.

Mientras los usuarios (pacientes) del sistema de salud hemos recibido con gran generosidad los efectos de la mano fuerte de estos gobiernos que diseñaron e impulsaron la Ley 100 de 1993, que no vigilan a las EPS para que respeten al paciente, para que utilicen el dinero de nuestros impuestos en garantizarle salud a los colombianos y por ende la vida; las empresas farmacéuticas (especialmente las extranjeras) han recibido con mayor generosidad la ayuda de ese corazón grande que les permitió cobrar precios exorbitantes por medicamentos que debíamos comprar para atender nuestros problemas de salud, en tanto que en otros países dichos medicamentos se conseguían por tres o cuatro veces un menor valor. Recordemos el escándalo suscitado a raíz de la investigación de la Universidad Nacional en el año 2009 que demostró como las EPS cobraban precios por los medicamentos que superaban en algunos casos el 246% el valor de mercado. Pero además se descubrió que la libertad regulada de precios impulsada por los gobiernos de manga ancha con los más ricos [[iv]], llevó a que las farmacéuticas y farmacias nos cobraran los medicamentos a precios altísimos. Ante el escándalo, el entonces ministro de protección social Diego Palacio debió actuar regulando los desmanes que “no había visto” con los precios, como otras tantas cosas que convenientemente no vio.

Bienvenidos al futuro negocio de la salud.

Con la aprobación de la Ley 100 de 1993 en el congreso y su sanción por parte del entonces presidente César Gaviria Trujillo, aparecieron esas entidades de intermediación en el sistema de salud que administran el dinero del sistema y se quedan con una gran tajada de recursos que deberían llegar al paciente en forma de consulta médica, valoración, diagnóstico, tratamiento y medicina. Dichas entidades son las funestas EPS que encarecen el servicio de salud y enriquecen a sus dueños.

Como la Ley les dio potestad de sacar sus ganancias del dinero que les entrega el gobierno para atender a sus usuarios, dichas ganancias las han “maximizado” al negarle de forma sistemática la atención integral al paciente. Por eso las remisiones a especialistas escasean, y si se dan se otorgan para fechas en las que el paciente se ha enfermado más o ha muerto, o ha desistido por fatiga ante la espera o las distancias que deben recorrer para acceder al servicio. Los medicamentos no se entregan completos y los tratamientos de alto costo se deben exigir con tutelas que en muchos casos no son cumplidas por las EPS. Es el imperio de desconocer la Ley y los derechos fundamentales del ser humano. Es el imperio de la utilidad financiera en la salud.

Pero los propietarios de las EPS hicieron uso de la famosa integración vertical [[v]], que consiste en organizar un cartel de negocios conexos al servicio de salud. La comida para los pacientes hospitalizados la suministran empresas que pertenecen a los dueños de la EPS, la ropa de cama que utilizan los pacientes y su limpieza es suministrada por empresas que pertenecen a los dueños de las EPS, los medicamentos que se entregan a los pacientes se suministran a través de empresas que pertenecen a los dueños de las EPS, algunas clínicas en donde se atiende a los afiliados de la EPS pertenecen a los dueños de las mismas. Allí está una gran tajada del negocio y el meollo del problema. Negar servicios o prestarlos a medias, garantiza mayores ganancias.

Las EPS reciben el dinero de nuestros impuestos, que el gobierno les entrega para que le paguen a los hospitales de la red pública por la atención en salud a los seres humanos que llegan enfermos allí. Pero los administradores de estas EPS se demoran varios meses para pagar a estos hospitales públicos por los servicios prestados y constantemente glosan sus cobros (les hacen observaciones y correcciones a las facturas para pagar menos, aduciendo inconsistencias) hasta llevar a la quiebra a decenas de los hospitales públicos más importantes del país. Todo ante la permisividad de los gobiernos de turno.

Finalmente, se invierte más en atender la enfermedad, que en la prevención, porque con más seres humanos enfermos el negocio es más jugoso: más cirugías, más hospitalizaciones, más suministro de comida, más camas, más sábanas. Todo a cargo del cartel.

Maquillaje mortecino de una reforma que no cambia nada.

La reforma que hace trámite en el congreso de la república (Proyecto de Ley 210 de 2013) [[vi]], a pesar de alguna redacción que intenta esconder su real intención de mantener el estado de las cosas y empeorarlo, no logra ocultar que continuarán fortaleciéndose las EPS que ahora pasarán a llamarse GESTORAS, que manejarán el dinero público de nuestros impuestos para la salud como dinero privado, por lo que ya no se les podrá hacer vigilancia en el uso de estos recursos (cerca de 45 billones de pesos al año), que se fortalecerá la politiquería en los departamentos y municipios al entregarles manejo de los dineros que ahora y con la reforma quedan en manos de grupos que han manejado mal las entidades territoriales, que MiPlan (el nuevo POS) tendrá nuevos servicios excluídos; y que se golpea de muerte a la tutela por cuanto en el ámbito de la Ley se define la salud como un servicio público, eliminando de la definición servicio público esencial. Así las cosas, dejando de ser un servicio público esencial, no se relaciona con un derecho fundamental (a la vida) razón por la cual no opera la tutela como garantía de la prestación del servicio.

Ahora o nunca.

Por todo lo aquí reseñado, debemos los colombianos de bien unirnos para rechazar la aprobación de este proyecto de Ley que reforma el sistema de salud; y exigir del gobierno una nueva formulación del sistema de salud que garantice la vida por encima de los intereses de los grupos de especulación financiera.

No sirve la Ley 100 de 1993, pero tampoco este intento de engaño con la presente reforma. Necesitamos un nuevo sistema de salud, justo, integral, de calidad, democrático, digno y humano.

Si esta reforma se aprueba, quienes lo voten y quienes lo firmen y promulguen deberán pagar las consecuencias y responderle al pueblo.

(Ver Video)....

 Marcha de las luces por una salud digna

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[i] http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/contraloria-abre-juicio-fiscal-contra-el-exministro-diego-palacio-y-carlos-palacino-por-escandalo-saludcoop/20110111/nota/1571091.aspx

[ii] http://www.latarde.com/noticias/pereira/103917-protestantes-de-la-ese-salud-se-toman-las-calles-de-pereira y también en http://www.rcnradio.com/print/48117

[iii] http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11420683.html

[iv] http://www.epssura.com/files/circular4_2006.pdf    (Circular 04 de 2006 del Ministerio de Protección Social).

[v] http://lasillavacia.com/elblogueo/blog/que-es-la-integracion-vertical-en-salud-negocio-antes-que-mejoras

[vi] http://achc.org.co/contenidos.php?idcat=533

¿Para qué sirve el paro agrario?

Por : Carlos Mario Marín Ossa
           @MarioossaM

Transcurridos quince días desde el inicio del paro nacional agropecuario y de varios sectores más, es posible aventurarse en diferentes interpretaciones acerca de su trasfondo, del papel de los actores estructurales y coyunturales, así como de la  actual situación y lo que nos espera en Colombia respecto de los sectores estratégicos sumados al paro nacional –situación que no se presentaba desde finales de la década de los setenta-.

Cabe recordar que el antecedente más inmediato fue el paro cafetero de marzo de 2013, proceso que  inició su articulación mediante la suma de voluntades de los cafeteros del país, casi un año atrás, durante la realización del encuentro en Riosucio – Caldas -. En marzo de 2013 se asumieron algunos compromisos por parte del gobierno nacional que no se han cumplido a cabalidad, y que aunque así se hiciera, no solucionarían el problema cafetero que tiene un fondo más complicado y desalentador, porque los subsidios no resolverán un problema estructural que implica incluso la participación del mercado internacional y de los gobiernos extranjeros.

Paro cafetero febrero - marzo de 2013. Remolinos/Belén de Umbría.

Con la realización de este paro cafetero, los demás sectores agrícolas sopesaron sus posibilidades de sumar sus reclamos a una jornada agraria nacional, como la que hoy vemos en desarrollo. Porque la situación del campo minifundista ha sido ignorada de forma sistemática por los gobiernos de la república –todos en manos de representantes de la oligarquía nacional, descendiente de los españoles criollos que expulsaron a los españoles de la corona, pero que reprodujeron todo el sistema de inequidad de aquellos-.

Lo que le falta al campo.

Pudiera decirse que lo que le falta al campo es esencialmente “democracia” y luego una reforma agraria real con política integral. Ese manido discurso sobre la democracia más estable de América es sólo una mentira, y el campo colombiano es el mejor testigo de ello.

Una vez terminada la guerra de “independencia”, misma que necesitó de recursos financieros para su sostenimiento, los criollos ricos que podían subsidiar dicha guerra a cambio de bonos de deuda de la futura república, redimieron los mismos tomando como pago las tierras abandonadas por los españoles continentales, por la iglesia, las tierras surgidas de las reforma a los resguardos indígenas y por supuesto las baldías; que según cálculos de algunos autores, para la época superaban el 80% del total de la extensión del país en hectáreas. Así se privilegió el mantenimiento de la hacienda y la consolidación del latifundio sustentado en las tierras más productivas, más llanas y más beneficiadas por el baño de los ríos.

En 1996 el 44,6 % de la propiedad agraria en Colombia, con extensiones iguales o superiores a 500 hectáreas, estaba concentrada en tan sólo 7.459 predios. Mientras tanto el 13% de esta propiedad agraria, con extensiones entre 0 y 20 hectáreas se repartía en 2.091.583 predios. Siete años más tarde (2003) la distribución de la propiedad agraria había cambiado dramáticamente: el 62,6% con tamaños iguales o mayores a 500 hectáreas, se encontraba concentrada en 10.140 predios y el 8,8% de la misma con extensiones entre 0 y 20 hectáreas estaba representada en 2.330.036 predios [1[i]].  De acuerdo a datos entregados por el Senador del Polo Democrático Alexander López Maya durante una conferencia dictada con motivo del aniversario del Comité Fals Borda en 2012, de 118 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional, 38 millones de hectáreas están dedicadas a la explotación de hidrocarburos, 11 millones de hectáreas están entregadas a la explotación minera y 1 millón dedicadas a la explotación forestal. Encontramos pues, que las tierras dedicadas a la siembra de alimentos y artículos agrícolas como el café –que no es un alimento, sino un estimulante- son la minoría.

Tierras agrícolas de ladera en Caramanta - Antioquía

Una reforma agraria real que democratice la propiedad del campo, que le permita insertarse de forma productiva de acuerdo a la vocación natural –que es sembrar alimentos como garantía de la soberanía alimentaria de la nación- y por supuesto sostenible, alejada de la especulación de la propiedad agraria improductiva, es la gran deuda de los gobiernos republicanos de la historia del país. En el año 2010, el índice Ginni para la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia alcanzó el desastroso resultado de 0,871 [2[ii]]. Esto es, que existe una inmensa concentración de la tierra en pocas manos, tanto así que algunos estudios hablan de que el 80% de propiedades están conformadas por extensiones de la “mitad” de una unidad agrícola familiar (UAF) [3[iii]], en tanto el 1% de los propietarios tienen el 52% de la tierra productiva, y no precisamente utilizándola para sembrar alimentos.

La agricultura colombiana, un sector estratégico de seguridad nacional.

Pero también se necesita de una política integral que parta desde una reforma Constitucional en donde se deje explícitamente consignada la agricultura colombiana y el campo por supuesto, como sectores estratégicos de seguridad nacional, los cuales no se puedan afectar con políticas comerciales o de libre cambio con otras naciones. Así, deben ser renegociados los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, o derogados, de forma tal que nuestra agricultura no deba competir con otras que producen con estructuras de costos menores y subsidios de sus gobiernos –apoyos que el gobierno colombiano no le da a nuestra agricultura- por lo tanto se ve abocada a competir en posición de desventaja o dumping inducido por nuestro “propio gobierno” en una franca traición a la patria.

La defensa contra  la apropiación legal e ilegal de la tierra productiva por parte de multinacionales extranjeras, grupos económicos locales, antigüas familias de estirpe terrateniente y funcionarios cercanos o integrantes del gobierno (miembros de la oligarquía local) debe hacer parte de una política de Estado. Desde la tristemente célebre United Fruit Company y su gobierno extranjero sobre más de 200 mil hectáreas al lado del mar caribe –entregado en 1905, con sumisión, por el entonces presidente Rafael Reyes- que ejecutó a su arbitrio “La masacre de las bananeras” sobre obreros colombianos que reclamaban derechos laborales y calidad de vida –igual que hoy-, hasta Drummond, Pacífic Rubiales, Glencore, Anglo Gold Ashanti en la actualidad; nada ha cambiado frente a la entrega de vastos territorios colombianos a la explotación de tierras de vocación agrícola, o de reservas ambientales a los extranjeros a cambio de nada. Cabe recordar el reciente escándalo de apropiación ilegal de tierras baldías –es decir, que pertenecen al Estado- por parte de Cargill, Mónica Semillas, Grupo Valorem, Ingenio Riopaila Castilla, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo; y de forma más reciente las denuncias de congresistas del Polo sobre similar conducta por parte del hasta hace poco embajador ante USA, Miguel Urrutia –íntimo del presidente Santos y gerente de su anterior campaña política-, de Pacho Santos e incluso de la ministra de educación.

Se deben eliminar las patentes en Colombia sobre las semillas de nuestros productos agrícolas, que ahora están en manos de las multinacionales Dupont (U.S.A.), Syngenta (Suiza) y Monsanto (U.S.A.), así como la penalización de las actividades de siembra con semillas naturales colombianas.

Detalle de mercado campesino en un pueblo de la región andina.

Fomentar el retorno de los colombianos al campo, debe ser un propósito nacional, para que existan personas que trabajen la tierra y produzcan alimentos. Se debe revertir la proporción de 70/30 a favor de la población urbana, que inició el infausto gobierno de Misael Pastrana Borrero azuzado por su asesor económico de “confianza” Lauchlin Currie –gringo, por supuesto- como forma de desincentivar el trabajo del campo a favor de llevar mano de obra barata a las ciudades, para la expansión industrial, pero sin pensar cómo íbamos a hacer para cosechar nuestros alimentos.

Por supuesto, el establecimiento de apoyos estructurantes, como condiciones de precios de insumos, abonos orgánicos, maquinaria, tecnología y subsidios. Sólo así el campo colombiano podrá tener futuro.

Como expresaba el maestro Orlando Fals Borda, “La vocación agrícola de Colombia no debe avergonzarnos como sociedad o como nación : se trata de la actividad más importante y potencialmente más rentable en el presente siglo plagado de hambrientos y sedientos en más de medio mundo. De ella depende en mucho la paz y la prosperidad universales” (Sic) [4[iv]].

Los actores vigentes que inciden en el paro.

Descendientes de los actores estructurales del problema de la tierra en Colombia, se encuentra como representante de la oligarquía colombiana, el presidente Juan Manuel Santos. Este busca pasar a la historia como el presidente reformador que obtuvo la paz. Pero esto no significa que a la vez busque todos los medios para mantener las prebendas de su clase social redefiniendo la realidad del país a través de negociaciones con factores reales de poder actuales, que a su vez recibirán una parte del botín. En el marco del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y posiblemente del ELN; el primer punto de la agenda es “la política de desarrollo agrario integral”. Como cabe entender, requieren los acuerdos al respecto, cambios que se deben generar desde el congreso de la república. Y en dicho congreso están sentados en su mayoría los representantes de los actores estructurales del conflicto agrario, es decir, de terratenientes, banqueros y multinacionales; razón por la cual el paro agrario es una excelente oportunidad e incluso excusa para que a través de las reclamaciones y el descontento popular se lleven a cabo las reformas necesarias para cumplir con las expectativas y redefiniciones en materia agraria, que se requerirán para el reordenamiento del país en el postconflicto.

Otros actores de peso son, las familias terratenientes del postconflicto de independencia y algunos herederos de quienes se hicieron a la propiedad de la tierra por la vía de la violencia. Se ubican estos grandes latifundistas en regiones de la costa atlántica y del valle de influencia del rio Cauca. Buscan defender sus estructuras económicas y sociales, para garantizar su posición y el disfrute de sus prebendas; y pactando el fin del conflicto armado pero sin ceder la posesión de la tierra.

Grandes extensiones de tierra fértil y llana, se ven en el valle del río Magadalena. Generalmente dedicadas a la ganadería extensiva o dedicadas a la especulación financiera.

Por el lado de las organizaciones subversivas armadas que surgieron como respuesta al saqueo de la tierra y a la exclusión política, están las guerrillas. Estas sin duda tienen influencia en vastos territorios del país y buscan obtener la conformación de las zonas de reserva campesina (parte integral de su apuesta ideológica), zonas creadas legalmente (Ley 160 de 1994, artículo 1º. Literal noveno)  desde hace años.

El narcotráfico y paramilitares son otro actor de este momento de la historia, también poseedores de tierras que no desean perder o entregar. Otros actores son las multinacionales que viven de la explotación de la riqueza de naciones débiles que no se les oponen, y que terminan pagando los costos invisibles de la explotación a ultranza de recursos naturales renovables y no renovables en condiciones de neocolonia sin contraprestación digna. Con las crisis sistémicas del capitalismo, la degradación ambiental, el aumento de las tensiones por alimentos, medicinas, biocombustibles, necesidad de producción de oxígeno, y la creciente importancia del agua, estas multinacionales programan la nueva explotación de nuestra nación mediante la dominación de la tierra, para asegurar sus expectativas de ganancias.

Finalmente, y los más importantes, son los campesinos pobres de Colombia.  Son ellos quienes cultivan la tierra, dedican su vida a la actividad que provee de comida y artículos agropecuarios a los cerca de 46 millones de colombianos. Son ellos, quienes han padecido y padecen los avatares de un trabajo que en este país ha sido despreciado por los gobernantes de la Casa de Nariño, que decidieron hace ya muchos años, apoyar el campo noerteamericano y la actividad pecuaria europea; sacrificando el bienestar del campesinado nacional y condenándolos al hambre y la miseria.

Campesino colombiano.

Muestra de ello son los TLC´s firmados con el país del norte y la Unión Europea. Las condiciones aceptadas en estos, abren las compuertas para la competencia sin barreras de los productos agropecuarios foráneos, productos que se elaboran o cosechan en el marco de economías de escala, subsidios multimillonarios de sus gobiernos, insumos y pesticidas de origen local  –con menores costos- infraestructura vial de lujo –que abarata los costos de fletes-; en tanto que el campo colombiano es abandonado financieramente, la infraestructura vial es deplorable, los pesticidas y agroinsumos son importados, la maquinaria igual. Es decir, una política bien calculada desde los gobiernos nacionales, para impedir cualquier asomo de viabilidad en la competencia de nuestro sector agrícola. Por eso, el paro se da buscando el giro del modelo económico que privilegia al extranjero y ataca al nacional. En manos de los alimentos del campo extranjero, nuestra seguridad alimentaria está al vaivén de las condiciones externas. En momentos de crisis de producción de alimentos, seremos los últimos destinatarios de los mismos, o deberemos pagar altísimos costos para proveerlos –como ya ocurrió bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su ministro “estrella” Andrés Felipe Arias-. Durante este gobierno, se expidió la Resolución del ICA No. 970, que expone todas las condiciones para el cultivo agrícola colombiano. Más que condiciones, puede decirse las trabas que se le imponen a los campesinos pobres, para cultivar alimentos, la exigencia de comprobar según los designios del ICA (del gobierno) la conformidad de derechos de autor (patentes a favor de las multinacionales de semillas) sobre las semillas que se vayan a utilizar en la siguiente siembra [5[v]] con lo que a todas luces se nota la actuación de los gobiernos de Colombia en favor de los intereses extranjeros y en franco detrimento de los nacionales.

La combinación satisfactoria de las necesidades alimentarias y de soberanía del pueblo colombiano, la redefinición política y legal de los factores reales de poder en Colombia y el ejercicio de la democracia sobre la tierra, son los elementos que a mi juicio definirán el futuro del tema agrario en nuestra Nación.

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[1[i]] Aurelio Suárez Montoya, El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización, Ediciones Aurora, Primera edición, página 99, Cuadro I-37, Bogotá 2007.

[2[ii]] Carlos Alberto Suescun, Fals Borda y la cuestión agraria en Colombia : vigencia y legitimidad conceptual, en Revista CEPA No. 17 “Socialismo Raizal”, página 38, agosto – diciembre de 2013.

[3[iii]] Unidad Agrícola Familiar (UAF) : Extensión de tierra formalizada, que el Estado le entrega al colono campesino, de forma que este pueda obtener un rendimiento  y  a la vez que le permita a la familia subsistir. Hoy se calcula que la UAF debe permitirle percibir un ingreso aproximado a 2 Salarios mínimos mensuales.

[4[iv]] Orlando Fals Borda, Ante la crisis del país – Ideas acción para el cambio -, El Áncora Editores/Panameriana Editorial, primera edición, página 41, Bogotá 2003.

[5[v]] Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Resolución 970 de marzo 10 de 2010,  Artículo 12 literal 1.4, en http://www.ica.gov.co/getattachment/03750a73-db84-4f33-9568-6e0bad0a507d/200R970.aspx