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domingo, 27 de febrero de 2022
Entrevista a María José Pizarro
«Si nosotros queremos ponernos a tono con el tiempo, tenemos que tener una era de paz, una era de conocimiento […]», María José Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá y hoy candidata al senado, habló con El Cuarto Mosquetero desde la ciudad de Pereira.
viernes, 28 de diciembre de 2018
La unidad del bloque popular
En
el mundo, y en particular en América Latina los vientos de la política soplan
hacia la derechización de la sociedad e incluso hacia el extremo de ese lado
del espectro ideológico. Son los tiempos que vivimos.
Entonces,
afloran con mayor fuerza que en los últimos diez años las políticas económicas
y sociales que apuntan a utilizar a las mayorías de la población como ganado
que, explotado con mayor refinamiento e incluso mayor violencia, contribuyan
con mayores márgenes de ganancia para los dueños de la hacienda continental, y
en nuestro caso particular, de esa, llamada Colombia.
Esos
vientos traen consigo las banderas de la homofobia, de la misoginia, del
fundamentalismo religioso, del odio a la diferencia, de la explotación de la
naturaleza y de las personas, sin compasión. Se intenta construir un mundo
homogenizado que no cuestione las razones de la injusticia ni proponga
alternativas humanas; antes bien, que sea funcional a los intereses de los
explotadores y que reproduzca no sólo sus formas, su ética, su moral y sus
características; sino además que produzca en el seno de una sociedad así a los
capataces que serán los verdugos de sus congéneres, mientras que los patrones
observan desde las alturas con las manos limpias.
En
Colombia, tan sólo con el advenimiento del nuevo “presidente” se incrementó la
oleada retardataria y sus vientos soplan huracanados. Los diferentes niveles de
este “gobierno” se han nutrido con lo más destacado de la corruptela local, y
no se molestan siquiera en disimular, ni se sonrojan. La restringida democracia
retrocede de forma evidente, las garantías constitucionales como la protesta o
las consultas populares sufren de persecución implacable, los compromisos para
la paz adquiridos a nivel del Estado y con responsabilidades internacionales,
se hacen pedazos sin consideración. El constituyente primario (el pueblo, como
lo señala la Constitución Política) es un títere sin valor, no como otros
títeres que tienen valor de uso y cambio para sus patrones.
En
el contexto de este período, se realiza un llamamiento para intentar construir
esa unidad amplia y real que confronte este régimen y se dispute los escenarios
de gobierno y territorialidad.
Un llamamiento desde las
comunidades y pueblos que conforman esta Nación
Analizando
y sobre todo sintiendo las realidades de la Colombia profunda, de esa en la que
viven las gentes humildes e incluso la maltrecha clase media, las comunidades
más diversas, los pueblos, se comenzaron a reunir personas desde los
territorios y desde las esferas nacionales: dirigentes y activistas, hombres y
mujeres de partidos políticos alternativos, de movimientos sociales,
campesinado, jóvenes de las ciudades, sindicalistas, indígenas y población
afro. El objetivo no es otro que intentar el avance y construcción de ese
movimiento de confluencia y unidad que permita juntar la fuerza necesaria bajo
una plataforma política común y el tejido minucioso de las confianzas, de forma
que se logre confrontar al establecimiento que trae ahora una reedición de los
momentos más aciagos sufridos por el pueblo colombiano en los últimos cincuenta
años.
Entonces,
los diferentes procesos sociales, comunitarios, políticos, sindicales y de variada
naturaleza hacen el llamado a la ASAMBLEA LEGISLATIVA, POPULAR Y DE LOS
PUEBLOS, la cual se llevó a cabo a mediados del mes de octubre en el municipio
de Bosa – Cundinamarca
El gobierno popular, un
acumulado real que legisla para una Nación de naciones
Aunque Colombia como resultado de su “vida
republicana” vive en la democracia liberal y en las instituciones propias de la
misma – al menos en la letra, aunque la realidad sea otra- la situación
objetiva es que en los territorios se vive en procesos de autogobierno y su
devenir se consolida a pesar de las presiones del poder del establecimiento, de
las élites. Esto se manifestó una vez más en el espacio asambleario de Bosa, de
donde se reconocen las manifestaciones en los siguientes aspectos gruesos de la
vida de los pueblos:
1. El territorio es el espacio
geográfico, cultural y económico en donde se viven las realidades de las
gentes, en donde se teje sociedad, en donde se proyecta la vida de las
comunidades y se construye la historia a partir de los legados de los
antepasados, sus sueños y sus luchas. De esta manera se defienden la tierra, el
agua y todos los bienes comunes en todos los ámbitos territoriales ( local,
zonal, municipal, regional, nacional ).Los énfasis se dan frente a las
amenazas que representan para las comunidades la presencia y actividad de las
multinacionales en temas minero-energético, ambiental, concesiones y títulos.
También sienten la amenaza de políticas públicas como las ZIDRES ( Zonas de
Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) pues para ellos es la condena
a muerte del campesinado a manos de los empresarios ricos.
2. El gobierno en los territorios
(autogobierno) es una realidad que sobrepasa al gobierno oficial de la
República. La tradición, la cultura y las realidades de las comunidades dictan
la juridicidad que se cumple en la cotidianidad. Sólo se acepta como legítimo
el gobierno que sale del seno de las comunidades (rurales y urbanas), pues el
gobierno oficial no es el resultado de un proceso democrático ni representa los
intereses de la Colombia profunda.
3. La economía se construye de acuerdo a
los usos y costumbres de las comunidades, para suplir las necesidades
materiales de las mismas y no se enfoca necesariamente para el mercado liberal.
Se han apropiado algunos enfoques y manifestaciones de la modernidad, pero en
esencia se soporta sobre características de colaboración y solidaridad.
4. Los espacios institucionales de la
democracia liberal (oficial) son válidos como un escenario de disputa que se
articula con la movilización que es propia de la naturaleza de los pueblos que
conforman la nación colombiana.
5. El autocuidado se construye con
figuras propias de organización y defensa del territorio ( Consejos
Comunitarios, Resguardos, Zonas de Reserva Campesina, Territorios Campesinos
Agroalimentarios, Procesos Barriales) y
de las comunidades (Guardias Indígenas, Cimarronas, Campesinas, Obreras,
Populares). Lo que el Estado niega, las comunidades se lo proveen por sí
mismas.
En
este marco, la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos ha legislado de
forma inicial para ser compartido y alimentado hacia adelante con la llegada de
otros procesos en clave de unidad amplia. Resumiendo se ha legislado lo
siguiente:
a. Declarar apoyo al movimiento
estudiantil y de defensa de la educación pública.
b. Caracterizarse como antipatriarcal,
antirracista, antimperialista y anticapitalista.
c. Socializar en las regiones los
mandatos de la asamblea, organizar comisiones de unidad y seguimiento al
proceso.
d. Declararse en Asamblea Permanente, con
el fin de avanzar en los objetivos.
e. Realizar movilización nacional en el
primer semestre del año 2019.
f. Construir una plataforma de carácter
político no reivindicativo.
Para
que los objetivos del proceso unitario que se pretende, sean logrados, se reconoce
la necesidad de invitar a la mayor cantidad de fuerzas de todo orden
alternativo y popular, incluir sus perspectivas y apuestas, avanzar en la
construcción de la plataforma política común y en procesos permanentes de
formación.
La
invitación está abierta, y la conformación del bloque es necesario para la
disputa con el establecimiento.
miércoles, 1 de marzo de 2017
Legitimidad de la democracia colombiana y sus instituciones, o legalidad parcializada según la visión de las élites.
(Reflexión a partir
de las declaraciones del jefe negociador del gobierno colombiano, en la
instalación de la Mesa de Negociación de Quito – Ecuador).
Esta diversidad cósmica en el orden de la paz ha sido
fuente de vida y de creación,
porque en los contactos, intercambios y conflictos
entre diferencias y
diferentes se han ido formando dimensiones nuevas,
funcionales o disfuncionales
para la continuidad de la existencia y para la infinita
transmisión del
papel de la persona humana como hacedor de destinos y
complejos culturales.
-Orlando Fals Borda-
Por : Carlos Mario Marín Ossa
@MarioossaM
En el año de mil novecientos noventa y cinco (1995), decía el ex
constituyente y ex candidato presidencial conservador, Álvaro Gómez Hurtado, en
un texto titulado “El Gobierno está preso del Régimen” que : “Hay países que,
por encima del orden constitucional, [i]
crean un régimen. Lo que los anglosajones llaman establecimiento. Se trata
de un sistema de aprovechamiento de las posibilidades de mando y de los gajes
de poder que crea una superestructura de connivencias que maneja la política e
influye en todos los vericuetos de la vida civil. Está constituido por
entidades privadas, por grupos no regulados, por compromisos económicos y
también por instituciones que integran el sistema constitucional. Todos ellos
participan, no en virtud de su importancia, sino de la magnitud de los
provechos repartidos. No es un conjunto de solidaridades lo que les da cuerpo,
sino un conglomerado de complicidades” [ii]
.
Es un relato del diseño, desarrollo y práctica de la democracia
colombiana, la más antigüa y estable del continente. Relato confesado por un
exponente privilegiado de ese “Régimen”, de ese “establecimiento”.
Es claro que las posibilidades de mando de los gobiernos que en
“democracia” nos han dirigido, son únicamente para las élites económicas y
políticas que se remontan a la época de la colonia. Esas élites que develó
Jorge Eliécer Gaitán como “el país político” o que llamó Camilo Torres de forma
clara y como es “la oligarquía”. Esas 24
familias que en la década de los años sesenta se repartían el poder. Esos
hijos, hermanos, primos de presidentes, terratenientes, industriales y
banqueros que llenan el Congreso de la República, las altas Cortes, que han
obtenido la Presidencia de la República. Que son designados ministros de
gabinete, cancilleres, cónsules, directores de departamentos administrativos y
de empresas sociales e industriales del Estado. Aquí se dan las relaciones de
complicidad que reparte los provechos
derivados de exprimir la teta del erario construido con la explotación ahora
si, de la mayorías nacionales. De la población vulnerable, de los más pobres.
Basta mirar los casos como Odebrecht, Reficar, Invercolsa, Dragacol, El
carrusel de la contratación, entre cientos; donde aparecen como actores
principales esos honorables exponentes de la élite económica y política,
tradicional o emergida. Y copan todos los espacios de decisión de dichas
fechorías, los espacios de control, investigación, juzgamiento y absolución.
Casi veintidós años después, Juan Camilo Restrepo, otro excelso
representante de las clases dominantes, conservador también (cabe aclarar que
en lo relativo a sus intereses, la élite política liberal, conservadora o con
los nombres mimetizados en otros partidos, son lo mismo), confiesa a través de
sus declaraciones que la “tal democracia colombiana no existe”. La
participación del pueblo se escucha, se permite, pero NO es vinculante. Hay
intereses que no se permitirá sean afectados. Por supuesto, intereses de las
minorías. Del Régimen, del Establecimiento.
Ahora bien, si se busca una solución política, dialogada, al conflicto
armado y social, se requieren cambios en las estructuras. Y esos cambios
provienen de los acuerdos de las partes. Y en #Colombia las partes no son
únicamente gobierno y guerrilla. También lo es la sociedad. Las razones son evidentes:
esa sociedad, o pueblo, o mayorías pobres, son quienes reciben todo el efecto
del conflicto social, de la injusticia, de la falta de educación, de la falta
de salud, de la falta de trabajo, la falta de tierras y alimentos, la falta de
vivienda digna, del pago injusto y creciente de impuestos, de la exclusión
política, de la persecución política por pensar distinto. De ese pueblo o
sociedad salen los combatientes ya sea para la guerrilla o para el ejército y
policía.
Entonces, esa sociedad, ese pueblo tiene mucho que decir acerca de la
realidad que viven, de las problemáticas que sufren, de los sueños que
alimentan y de las soluciones que requieren. Ello se da con participación. Las
soluciones son participación vinculante, con cambios estructurales. De lo
contrario, esa sociedad, ese pueblo, no hace parte del contrato social. No
tienen derechos [iii] realmente
reconocidos y materialmente garantizados. No aparecen en el texto
constitucional, en el consenso de los factores reales de poder [iv].
Y mientras esa sociedad, ese pueblo (que es mayoría) no haga parte de esa
“Constitución” no tendrá reconocidos sus derechos y seguirá alimentando (y
siendo víctima) el conflicto social y armado.
La ausencia estatal en los territorios ha empujado a que diversas
organizaciones e “instituciones” deban hacerse cargo de tramitar las
necesidades que surgen ante tal ausencia. Esa ausencia se da porque en esos
territorios aunque las élites tienen intereses, no reconocen derechos. Por eso
se generan factores de violencia. La
presencia de minería facilita la
aparición de grupos armados que buscan extraer rentas, al igual que en el caso
de los cultivos ilícitos. El deficiente índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) habla de la marginalidad y la pobreza. La deficiente cobertura de vías
terciarias dramatizan más la situación y son abono para la violencia. La
deficiente presencia o ausencia de escuelas y juzgados contribuyen a atizar las
condiciones del conflicto [v].
Todas estas cuestiones hacen parte del concepto de poder. Y aunque están
quienes utilizando el poder legal que no legítimo, se han hecho a su
institucionalidad ejecutiva, legislativa y judicial, y han defendido y
garantizado sus intereses; también las mayorías han hecho uso del poder de
hecho para obtener derechos y reivindicaciones. Así entonces, “…si se lo mira de cerca (el poder), no es
algo que se divide entre los que lo detentan como propiedad exclusiva y los que
no lo tienen y lo sufren. El poder es, y debe ser, analizado como algo que
circula y funciona –por así decirlo –en
cadena. Nunca está localizado aquí o allí, nunca está en las manos de alguien,
nunca es apropiado como una riqueza o un bien. El poder funciona y se ejerce a
través de una organización reticular. Y en sus mallas los individuos no sólo
circulan, sino que están puestos en la condición de sufrirlo o ejercerlo…” [vi].
La participación que reclamamos vinculante es también una aspiración
de poder. Podemos, debemos y tenemos el derecho a ejercerlo. Los mecanismos a
través de los cuales ello se dé, determinan el curso y los alcances de las
negociaciones y el grado y tipo de superación del conflicto. Aquí esas
instituciones que Juan Camilo Restrepo llama “legítimas”, realmente son
“legales”. Legales dentro de esas leyes que ha construido una pequeña facción
de personas, pero en las cuales nada ha dicho la mayoría. Son instituciones que
deberán modificarse, consensuarse, ajustarse a la llegada de un nuevo factor de
poder. “O sea, una revolución, un cambio, así sea pacífico, requiere más que el
instrumento jurídico. Pero lo que no podemos es abandonar el instrumento
jurídico. Y eso es lo que nos enseña la historia, inclusive de los movimientos
democráticos. Para poner un ejemplo, cuando en el Estado se requiere modificar
las estructuras, además se deben modificar las instituciones, para modificar
las estructuras. La modificación de las instituciones es el medio para lograr
el cambio de las estructuras”.[vii]
La modificación de las instituciones no necesariamente es suficiente
para superar el conflicto, pero es una necesidad sine qua non.
Cierro con una conclusión del movimiento social y popular colombiano
acerca de esas prácticas que se viven y que avanzan en los territorios como
expresión de hecho, pero que deben reflejarse también en el derecho como
construcción de un nuevo país, de un nuevo gobierno nacional, democrático y en
paz: “Contamos con una histórica concepción de poder popular que implica
reconocer que la gente tiene el poder de decidir, de cambiar cosas en su vida,
como su territorio y las dinámicas organizativas en las que se encuentran.
Autodeterminación y autogestión son conceptos básicos de la construcción de
poder popular. Esa concepción también cuenta con un método: desde la base, con
la gente, construyendo consensos, potenciando organización, comprendiendo las
contradicciones.
La construcción y materialización de mandatos ocupa un lugar especial
en esta concepción; son los deseos y necesidades de la gente, convertidos en
orientación para la acción política y para la vida. Deben seguir siendo las
rutas de navegación. Así mismo, los planes de vida digna son una expresión de
los mandatos que ya han avanzado en propuestas de autogobierno y gobierno.
Al pensarnos e involucrarnos en nuevos campos de lucha que
consideramos necesarios para la transformación del país hoy – como es el
Estado, la institucionalidad, la construcción de política pública o la política
representativa-, los preceptos de nuestra propuesta de poder no deben
eliminarse, sino potenciarse; teniendo en cuenta que la concepción y método
para construir poder popular también implica la acción en ese campo. El poder
popular es reserva estratégica del pueblo, acumulado para mandatar y avanzar con
audacia en los nuevos retos” [viii].
Participación vinculante y cambios, son el horizonte de la
construcción de una paz cierta y duradera.
[i]
Subrayado del autor. No aparece en el texto original.
[ii]
Álvaro Gómez Hurtado. El Gobierno está preso del “Régimen”. Disponible en el
libro “Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución
Política de Colombia”. Camilo González Posso –compilador-. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Bogotá Humana. 2012.
[iii]
El jurista Rodolfo Arango Rivadeneira, en exposición en la Universidad Libre de
Pereira en el año 2014, explicaba que los derechos son “relaciones” entre
personas o grupos.
[iv]
Ferdinand Lassallé explica que los Factores Reales de Poder son esos grupos de
interés que tienen la fuerza y cohesión suficientes, para pactar el
reconocimiento de sus intereses (por lo tanto de sus derechos), reflejarlos en
un texto y “Constituirlos” y “Constituirse” en derecho, en institución
jurídica, en orden.
[v]
León Valencia y Ariel Ávila. Los Retos del Postconflicto. Ediciones B Colombia
S.A, 2016.
[vi] Michel
Foucault. Poder, derecho y verdad. Disponible en el libro Poder V.S.
Democracia. Fundación para la Investigación y la Cultura –FICA. 2004.
[vii]
Jaime Araujo Rentería. La sociedad civil mira la paz. 2016
[viii]
Congreso de los Pueblos, seminario político-ideológico nacional “Carlos Alberto
Pedraza”. Conclusiones sobre Poder Popular: El poder es para hacer, y hacer es
cambiar. El poder no es estar en un lugar. 2015
martes, 16 de junio de 2015
La nueva Constitución de Colombia tendría principios neofederales, descentralizantes y autonomistas.
Palabras de Orlando Fals Borda durante su participación
en la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991 en Colombia. De allí nació
la actual
Constitución Política de Colombia. Aunque su
participación fue
Fundamental en la determinación de conceptos como el
Ordenamiento territorial y la construcción del Poder
Popular a través de la democracia participativa,
Los posteriores representantes del Congreso,
Han impedido el desarrollo de varios de
Estos tópicos, en representación de
Las élites tradicionales[1].
Por. Orlando Fals Borda *[1]
Ante
todo, quiero darles un testimonio y transmitir un deseo. Quizás algunos de
ustedes recuerden que he escrito cosas fuertes contra la clase política de
recinto con muchos de los más importantes exponentes de esa clase política a la
que vi con tanto recelo.
Confieso
que aún me siento deslumbrado por ello, y he tratado de sobreponerme escuchando
y aprendiendo de todos ustedes. Es una gran experiencia. Pero lo más
extraordinario ha sido descubrir otras facetas de la personalidad de aquellos
políticos, aspectos sólo advertibles mediante el contacto directo. Con la
vivencia que ahora tengo, esas personas están adquiriendo rostros más cordiales
y humanos. Por lo menos aquellos con quienes he conversado en estos días
intensos. Me están demostrando no sólo la proverbial inteligencia que se ha
reconocido internacionalmente a los políticos colombianos, sino también una
cierta apertura inesperada para comprender las situaciones nuevas, y para
aceptar el surgimiento de los nuevos movimientos políticos que han retado al
bipartidismo. ¿De buen grado? Unos más, otros menos. Pero me da la impresión de
que muchos de ellos responden ante el país que marcha y buscan acomodarse a las
actuales circunstancias de cambio, con un grato espíritu de patriotismo y de
realismo político.
He
tenido, pues, que empezar a corregir mi anterior visión satánica de la clase
política, y ello me alegra como sociólogo y como colombiano. Porque quiero
seguir abrigando la esperanza de que esta atmósfera constructiva y respetuosa
que se respira en la hermandad de la Asamblea, continúe hasta el final. Que
sigamos pensando más en las necesidades y urgencias de nuestros pueblos que en
nosotros mismos, o en nuestros partidos como pudo ser antes. Que ese empeño de
construir entre todos la Colombia nueva de que nos hablaran aquí los doctores
Vásquez Carrizosa y Maturana, culmine en la fiesta de una patria en paz, con
justicia y prosperidad.
Voy
a seguir los pasos de los doctores Gómez, Calaz, Garzón y Rodado, para
referirme también a la filosofía de la participación democrática, en vista de
que nuestro mandato exige que el nuevo pacto político y social de los colombianos
se dirija a construir una democracia participativa. Como en el caso de otras ideas fundamentales,
también esta se presta a diversas interpretaciones como ya lo hemos escuchado
aquí. Ahora me permito ofrecer a esta Asamblea, como simple referencia y con
todo respeto, algunas ideas pertinentes, sólo en aras de la mayor claridad que
necesitamos para alcanzar coherencia ideológica en el texto constitucional
final.
Empecemos
por lo que muchos observadores sostienen sobre lo que no puede ser democracia
participativa. Así, aunque fuera masiva, no lo fue la política de nazis y
fascistas [2], que justificó la opresión
y la manipulación de los pueblos europeos. Tampoco lo fueron los regímenes de
Ferdinand Marcos y Augusto Pinochet, aunque así lo autoproclamaran. No lo es la
política de tutelaje que mantiene en el poder a gobiernos democráticos
amenazados por desequilibrios estructurales de la sociedad, como los nuestros,
porque desconoce la esencia de la participación auténtica.
¿Cuál
es esa esencia? Hay que partir de alguna fuente, especialmente de las que
ofrece la autoridad histórica. Apelo por eso a la de Juan Jacobo Rousseau en El Contrato Social (Libro III, Cap. 18,
Libro II, Cap. 3), el primero en plantear esta idea dentro de la tradición
occidental. Recordemos rápidamente esos dos grandes ejes teóricos que ofreció
Rousseau para definir a la democracia participativa: primero como un proceso
educativo que implica la construcción de una sociedad participativa e
igualitaria a partir de sus instituciones, con una formación congruente de
actitudes y valores individuales; y segundo como un derecho de los ciudadanos
para ejercer control y vigilancia
efectivos sobre sus representantes a todo nivel, con el fin de asegurar toda la
vigencia de la “voluntad general”. Así ilustración y poder popular[3] son esenciales en
este concepto, con la presencia activa y determinante de las gentes del común
esclarecidas para el manejo de los intereses de la colectividad.
Sobrevivió hasta nuestros días a pesar de
incomprensiones, y apareció en diversas formas que fueron desde los primeros
soviets de 1917, al desarrollo comunitario de las Filipinas de los años
cincuenta que importamos aquí poco después, como “acción comunal” para que el
caciquismo la desvirtuara. Estudiantes y sindicalistas la han enarbolado y,
últimamente, por su trascendencia, ella ha sido tema de estudio serio en las
ciencias políticas.
La
discusión entre politólogos se ha centrado en ese punto: ¿es deseable o no,
para la estabilidad de los gobiernos, que haya una mayor participación de los
ciudadanos? Algunos neoliberales temerosos (Berelson, Huntington), sostienen
que es peligroso aumentar el nivel de la participación popular y prefieren
seguir alimentando democracias restringidas o limitadas, con mecanismos de tutelaje
y represión armada. Otros aceptan que haya un matrimonio entre los mecanismos
de representación electiva y los de participación directa, de lo cual salen los
ya conocidos plebiscitos, referendos, juntas, talleres, consultas populares,
cabildos y concejos. Hay dificultades obvias en este matrimonio, que proviene
de la ilegitimidad de los actuales mecanismos de representación aún en países
avanzados, así como de las prácticas políticas corrientes: gamonalismo, la líbido imperandi, la represión y
persecución contra movimientos de masas, el clientelismo, las distancias entre
las clases sociales, todo lo cual es antiparticipativo por antonomasia.
Recordemos
que una condición de la participación auténtica es que de ella emerja un poder
popular local, regional y nacional. Este poder ha sido dinamizador de
movimientos sociales [4] y políticos, regionales,
cívicos, comunales, culturales, ecológicos, femeninos, de indígenas, de negros,
en muchos países. En Colombia, han dado un revolcón a la política partidista en
sólo diez años de lucha. Muchos de esos movimientos postularon candidatos para
esta Asamblea, y algunos lograron llegar [5], en lo que demostraron el
valor de la organización y la resistencia práctica en la construcción de la
democracia participativa.
Es
evidente que esta democracia de participación, de las bases hacia arriba, de la
periferia hacia los centros, ya se ha venido por ello implementando entre
nosotros y que la Constitución nueva sólo deberá reconocerla, consagrarla e impulsarla.
Se ha visto que resulta tanto o más importante practicar la democracia
participativa de manera cotidiana, gradual y no violenta, desde ahora mismo y
donde estemos, aún en esta misma Asamblea, que esperar a la toma total del
poder para imponerla desde arriba a la fuerza, como fue diseño de muchos
partidos en el pasado, y lo es desde la guerrilla activa. Porque la democracia
participativa es, en el fondo, una filosofía de la vida, una actitud
constructiva ante la realidad, una ética, una vivencia personal.
He
dicho que hasta en esta misma Asamblea. En efecto, aquí ha habido esbozos
prácticos de esta filosofía, como cuando implantamos consensos y cuando
procedimos a elegir sucesivamente mesas directivas colegiadas. Esto rompió
tradiciones rígidas, y es sintomático de nuestro tiempo. No me huele a
componenda, como se ha dicho, que las nuevas formas de hacer política que
surgen hoy incluyan un mayor y explícito reconocimiento de los derechos de las
minorías a hacerse oír y sentir en corporaciones públicas como esta, hasta hacernos remover las conciencias.
Pero
no es necesario reducirnos a citar extranjeros de autoridad para justificar la
decisión plebiscitaria del año pasado. También existen antecedentes
participativos en nuestro propio pueblo., que tienen que ver con las
tradiciones de la ayuda mutua y la solidaridad que aparecen espontáneamente en
zonas de colonización campesina, en combos y palenques de negros y en
resguardos y reservas indígenas; antecedentes que se relacionan también con los
cabildos antiseñoriales y los cabildos abiertos de españoles y criollos. Hay
muchos casos de “republiquetas”
autónomas que vienen desde el siglo pasado, no sólo los de El Pato y Guayabero.
La
historia nos lo enseña. Hubo participación democrática en la elección de curas
párrocos por los feligreses en 1851; las hubo en las comunas de autogobierno
local que siguieron al asesinato de Gaitán; en las experiencias de búsqueda de
la paz en el Caguán y en La India (Cimitarra) antes de ser destruídas por los
paramilitares; en las tomas de tierras para baluartes campesinos de Córdoba y
Sucre en los años setenta. Hubo asomos de democracia participativa, medio
socialista, en el gobierno de Melo en 1854 y ella surgió por unos meses con las
Leyes del Llano en 1953. Luego, si podemos realizar los ideales de la
participación democrática auténtica, con lo que tenemos y con lo que somos.
Los
movimientos sociales y regionales a que he aludido, como puntas de lanza de la
participación popular, se inspiran en ideas tales como el respeto a la
diversidad y a las identidades culturales, el altruismo, el pluralismo y la
tolerancia, todo lo que ha hecho posible el avance de la civilización. Es el
Rousseau contra el Hobbes del Leviatán
al que aludió aquí el doctor Pastrana. ¿Qué tal que no fuera así entre
nosotros? La violencia sería peor de lo que está, ni habrían ocurrido los
portentosos hechos de la vuelta a la civilidad y a la paz del M-19, el PRT, el
EPL y el Quintín Lame, que rompen la maligna tradición de la violencia en
Colombia, ni se habrían registrado las valientes luchas por los derechos
humanos y la heroica resistencia inerme de compañeros de la Unión Patriótica,
hechos que rompen la maligna tradición de la violencia en Colombia.
Por
último, muchos han señalado que los regímenes federativos conducen más a la
democracia de participación que los centralistas. No es volver a los esquemas
ya superados de los Estados soberanos del siglo pasado, sino el enriquecimiento
de la unidad nacional con la diversidad regional que nos caracteriza como
nación, y de lo cual debemos enorgullecernos. Parte de la violencia actual
podría explicarse por la incongruencia entre disposiciones autoritarias y
centralistas vigentes y la realidad autógena, las aspiraciones y necesidades de
las poblaciones en sus regiones.
Si
la nueva Constitución de Colombia ha de ser inspirada por la democracia
participativa, como es nuestro mandato, ella tendría que inclinarse hacia
principios neofederales, descentralizantes y autonomistas, como se expresa en
el texto de la Alianza Democrática M-19 que acabamos de presentar a la
consideración de esta Asamblea. Es muy gratificante que estos principios
generales hayan sido acogidos por ilustres constituyentes, algunos de ellos mis
vecinos de curul, como lo hemos escuchado en anteriores intervenciones.
Muchas
gracias.
Abril 12 de 1991
[1] Introducción del Editor.
[1]
Nació en Barranquilla, departamento del Atlántico (1925 – 2008). Doctor en
Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Historiador, investigador
del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional y escritor.
Miembro de la Comisión de Límites con Venezuela. Miembro de la Comisión Segunda
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Desarrollador de la metodología
Investigación, Acción Participativa (IAP). Cofundador de varios partidos de
izquierda democrática como la Alianza Democrática M19 y del Polo Democrático
Alternativo.
[2]
Guardando las distancias, los consejos comunitarios del gobierno colombiano
entre 2002 y 2010 tampoco son muestra y práctica de democracia participativa,
ya que la voluntad del constituyente primario en la práctica no se tiene en
cuenta, por cuanto la delegación del primer mandatario en subalternos, para que
presuntamente dieran respuesta a las demandas de los asistentes, no se
materializaban, como lo testimonian numerosos casos. En muchos de estos
espacios, la asistencia era dirigida por los organizadores. (Nota del Editor).
[3]
Subrayado del editor.
[4]
Como ocurrió en abril de 2014, cuando la participación del movimiento agrario y
campesino colombiano, así como de los movimientos urbanos nacionales, dieron
nacimiento al proceso nacional de convergencia social y política CUMBRE
AGRARIA, CAMPESINA ÉTNICA Y POPULAR. (Nota del Editor).
[5]
También en 2014 el movimiento campesino y popular colombiano logró llevar al
Senado de la República para el período Constitucional 2014 – 2018, a un
campesino, salido desde los procesos sociales y de la fuerza política P.U.P que
hace parte del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO. (Nota del Editor).
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