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domingo, 20 de septiembre de 2020

UN DÍA DE FURIA

 



(Publicado originalmente en https://www.lacoladerata.co/opinion/un-dia-de-furia/ )


Comienzo por reconocer que entre la fuerza pública existen hombres y mujeres que genuinamente ingresan a estas instituciones para prestar un servicio serio, legítimo y legal a la población. Lo hemos visto. Pero, desafortunadamente, de forma histórica y en los últimos tiempos, se ha develado una actuación creciente y sistemática en donde una gran cantidad de estos efectivos se dedican a actividades de maltrato, de abuso, de complicidad y liderazgo de redes criminales que atentan contra la población y contra la nación.

La jornada de protestas e indignación que se desencadenó este nueve de septiembre en varias ciudades del país, y de forma concreta en Bogotá, terminó en una violenta ira en contra de la policía y lo que esta representa hoy para una gran porción de la población colombiana. El detonante fue el cruel asesinato del abogado Javier Ordóñez, quien reducido por dos policías, suplicaba para que pararan las descargas eléctricas de la pistola taser, sin que fueran escuchadas sus lamentaciones y las protestas de los testigos del hecho. Posteriormente, al parecer fue golpeado brutalmente en el CAI al que fue conducido, lo que eventualmente le causó la muerte.

Pero la violencia ejercida en contra de la policía, no sólo es la respuesta de una población vejada de forma insistente, creciente y sistemática por aquellos que la “deben” proteger, sino también el acumulado de las violaciones de mujeres detenidas dentro de buses y edificios policiales, los demás asesinatos como el de Dilan Cruz y del grafitero bogotano Diego Felipe Becerra, además de la mofa de muchos policías ante los reclamos de justicia, la arrogancia de los altos mandos para reconocer los crímenes, enmendarlos y erradicarlos, la desconexión e indiferencia del alto gobierno ante la realidad y la súplica del pueblo ante los abusos de todo orden que sufren día a día desde el Estado.

El fuego que se prendió anoche en Bogotá y en otras ciudades, no es sólo por el asesinato del abogado de 43 años, que deja una viuda y dos hijos huérfanos. No, en cada CAI incendiado, en cada piedra lanzada, estaba impregnada la ira y la impotencia por el hambre, por la falta de empleo, por el robo de la educación y de la salud, por la exclusión política de facto que acude a la trampa y a la violencia para “ganar”, por un Congreso que legisla en contra de las necesidades de los humildes.

No sólo se abrasaron edificaciones; también se incendiaron los cincuenta billones de pesos anuales que se roban los corruptos desde las altas esferas estatales y de los grupos económicos. En cada piedra iba encerrada una oportunidad negada, una cita médica no asignada, un muerto a las puertas de los hospitales, un dinero robado por los propietarios de las EPS. En cada vidrio roto, estaba representado el no futuro de ver cómo se le han entregado billones de dinero público a los banqueros, ganaderos, terratenientes y a Avianca, mientras se dejó que quebraran miles de empresas pequeñas y medianas; en tanto millones de colombianos y colombianas han pasado hambre a través de los años y de los meses de cuarentena.

La decadencia y degradación de la policía está a la vista de todos, por más que el actual “gobierno” insista en aplaudir las actuaciones de dicha institución y manifieste que es una institución pulcra, legítima y querida. Ninguno de estos adjetivos le es reconocida por quienes en barrios y veredas ven a diario como una gran parte de los uniformados cohonestan y participan de los males del país y de la población. Por más que desde la televisión y de la radio se intente generar una matriz de opinión favorable, los territorios atestiguan lo contrario.

Desde el nueve de abril de 1948, las élites colombianas conservadurizaron a la fuerza pública, y se transformó, a quienes habían nacido como “un cuerpo armado de carácter civil que tenía la misión de salvaguardar la convivencia y la seguridad ciudadana”, en una policía política. Por eso, la policía depende del ministerio de Defensa y no del ministerio del Interior. Pero, para las actuales condiciones de fascismo reinante, da igual que esté en una u otra cartera.

Durante las elecciones presidenciales de 2018, en mi caso particular, fui hostigado por la policía, tan sólo por llevar puesta la camiseta del entonces candidato Petro. En la visita que realizó la fórmula presidencial Ángela María Robledo a la ciudad de Pereira, entre la primera y la segunda vuelta, los policías asignados para acompañar el evento, de forma abierta hablaban mal de dicha candidatura, para que los asistentes y transeúntes de la Plaza de Bolívar los escucharan. En mi sitio de votación, en donde fui testigo electoral, los policías que se encontraban a la entrada del mismo, hostigaron y le faltaron al respeto a quienes se acercaban a saludarme. Los tildaban de guerrilleros. Es una policía política que no está al servicio de todos los colombianos.

¿Por qué no denuncié? ¿Ante quién, ante la policía?

Desde el gobierno de Uribe se incrementó de forma exponencial el reclutamiento de pie de fuerza (no es claro bajo qué parámetros y filosofía), pero allí mismo se incrementaron los desafueros policiales, dados a conocer preponderantemente a través de la prensa y la comunicación alternativa y ciudadana por medio de las redes sociales, en tanto que son desconocidos o manipulados por los medios corporativos.

Con el confeccionamiento y aprobación del vigente Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se dio un proceso hegemónico desde las élites y las altas esferas de la institución armada, que excluyó la discusión democrática, las realidades y necesidades de la ciudadanía. Todo lo que en aquel momento se señaló como potencialmente favorecedor de los abusos contra la población civil, el desconocimiento de los derechos humanos y el recorte de las libertades civiles, se ha evidenciado como algo que ocurre al amparo del gobierno y de los medios de las élites.

Haciendo un paneo de estos medios corporativos, luego de la jornada de furia, una vez más ponen el foco en los daños a edificios e infraestructura (situación desastrosa y lamentable), pero ocultan el contexto histórico y lo que es peor, las causas estructurales, las muertes por la brutalidad policiaca, e insisten en adoptar eufemismos oficiales para denotar la situación. Valorizan los daños económicos y desconocen el valor de las vidas arrebatadas. En tanto, replican el programa de entretenimiento oficial de las seis de la tarde. Las decenas de videos y denuncias de policías disparando de forma indiscriminada sus armas de dotación, fueron ignoradas de forma deliberada por los medios de comunicación de los pulpos económicos. Sólo City TV hizo, hasta el momento de escribir estas líneas, un cubrimiento objetivo de los hechos.

¿Qué se le hace en los centros de instrucción, a los pobres que se reclutan para vestir el uniforme, para que levanten las armas contra la población que deberían proteger mientras agachan la cabeza ante los poderosos?

En la policía hay integrantes honestos, que piensan y trabajan en pro del bienestar público. A ellos corresponde desde adentro eliminar a aquellos que son abusadores y criminales amparados por un uniforme, y transformar a dicha institución en algo que esté realmente al servicio del pueblo.

@MarioossaM

miércoles, 26 de agosto de 2020

Semiótica de una violación

 


(Publicado originalmente en https://elcuartomosquetero.com/semiotica-de-una-violacion/ )

La violación de una niña indígena de la etnia Embera Katío, el pasado mes de junio, en zona rural del corregimiento de Santa Cecilia – Risaralda, por parte de siete soldados adscritos al batallón de artillería San Mateo, es uno de los más recientes casos ocasionados por la institución castrense, dentro de una actuación sistemática, a pesar de que dicha entidad lo niegue. 

Los perpetradores son soldados jóvenes y de extracción humilde, al igual que su víctima; pero adoctrinados en el desprecio por los indefensos y desvalidos ante la fuerza que les otorga el entrenamiento, el uniforme, las armas y la cultura de encubrimiento llamada “solidaridad de cuerpo” al interior de estas fuerzas armadas. No es nuevo el desprecio que la institución de marras tiene por los derechos humanos que protegen en particular a los habitantes de las zonas rurales de este país, pues es allí donde se ha librado una guerra declarada por las élites coloniales que han practicado a ultranza el despojo en las personas del campesinado y de las naciones étnicas. 

Simbólicamente, desde estos sectores despojadores se ha señalado a sus víctimas como facinerosos, bandoleros, guerrilleros, bandidos; y con ello, son declarados “enemigos internos” del Estado (entendiendo que el Estado al que se refieren son ellos mismos, la gente de “bien”). Como lo manifestaba la familia del asesinado Héctor Abad Gómez, en un documental recientemente transmitido con ocasión de la conmemoración de su martirio: “…ellos (la élite económica y política) invitan a los militares a sus reuniones, cenas y cócteles, mientras van hablando de aquellos “enemigos” que consideran afectan de manera grave sus intereses; y los matriculan en la categoría de aquellos que se debe eliminar. Los militares escuchan y actúan creyendo que hacen lo que los miembros de ese Estado necesitan”.

La violación, el asesinato, el abuso de fuerza, lo sustentan en su uniforme, en las armas que pagamos con nuestros intereses y en la interpretación particular que hacen de la Constitución Política. El pueblo humilde, enajenado a su vez durante siglos de enseñanza señorial, agacha la cabeza ante aquellos que les han indicado son “superiores” porque representan “la fuerza legítima del Estado”. 

En diferentes ocasiones, he hablado con militares y policías retirados o en actividad; y me han relatado la dinámica, los procedimientos y la doctrina con la cual los entrenan y los forman. Son de dominio público diferentes videos en donde se muestran a los soldados y policías cantando arengas sobre cómo van a perseguir, matar y violar a guerrilleros y guerrilleras (recuérdese que en Colombia, desde hace unas décadas, el profesorado, el campesinado, el movimiento sindical y social; y cualquiera que proteste en contra de las injusticias, es señalado como guerrillero). En varias ocasiones, me han contado estos uniformados cómo en los años setenta y ochenta se espiaba e interceptaba a los sindicatos; cómo recibían alguna orden a través de sus radios, para que se retiraran de un sector en donde poco después se “daba de baja a un señalado de enemigo interno”, para regresar luego ellos a realizar los trámites para el levantamiento del cadáver. Son conocidas las sistemáticas denuncias que pesan sobre militares por ejecuciones extrajudiciales, pese a lo cual, son ascendidos en el Congreso de la República por parte de las élites que allí hacen presencia. Los entes de control, acaparados por los amigos y socios de este status quo, completan el rompecabezas del dominio. Es todo un ejercicio de poder que avasalla a las minorías y esas clases indefensas y despojadas por dicha conspiración histórica. Y las iglesias diversas hacen parte de este entramado, porque tienen importantes intereses de vieja data. El poder “divino” y el terrenal van unidos en contra de los miserables.

Volviendo al hecho de la violación de la niña indígena, en Risaralda, tenemos la visita del comandante del ejército (Coronel entonces, y General recién ascendido, Eduardo Zapateiro Altamiranda, señalado desde diversas organizaciones como presunto responsable de ejecuciones extrajudiciales) al corregimiento de Santa Cecilia, con el fin de manifestar su malestar por el hecho criminal de sus subordinados. La escena no podía ser más evocadora de los días de la colonia: Los indígenas en el nivel bajo de un auditorio y el señor Zapateiro, junto con las autoridades civiles, en el nivel más alto del mismo edificio. El uso del micrófono utilizado con fruición por los representantes de la élite, y dosificado para los agraviados. Así mismo se ordenan los proyectos de Ley en el Congreso, se aprueban y se hacen cumplir: sin consultar ni escuchar a los de abajo.

Los medios de comunicación que tiene las concesiones del espectro nacional, que también son propiedad de las élites, en un intento por mostrar un equilibrio e imparcialidad que no tienen, presentan las noticias dando prioridad a las fuentes oficiales, otorgándoles mayor tiempo o generando mayorías sobre las voces divergentes y críticas. Así se maneja el poder en este platanal.

Pero no sólo se viola a los indígenas, a las comunidades afro y campesinas. También a los desarrapados de la ciudad (la clase media anda cada día más desarrapada) se les da su dosis sistemática de “vigor” policial, burgomaestre regional y local. Desde gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, subidos en sus despachos o curules, se legisla y ejecuta en detrimento de la población. Son contadas las ocasiones en donde resultamos favorecidos con una decisión política. En la mayoría de los casos, está la fuerza pública para hacer cumplir la injusticia. Así ha sido desde que los gobernantes conservadores le quitaron las cédulas a los policías y militares liberales, los vetaron y convirtieron a estas fuerzas en organismos políticos armados de ideología goda. Es decir, los convirtieron en fuerzas integradas por pobres que se adoctrinan para defender a los ricos. Por supuesto, hay excepciones en donde militares y policías cumplen con la filosofía original de defender y servir a TODOS los colombianos, hombres y mujeres.

Es importante también recordar que los salvadores militares gringos (green go home) son otros violadores impunes de cuerpos de niñas colombianas y de los derechos y soberanía de quienes habitamos estas tierras nuestras.

Mucha distancia hay de ese ejército libertador que consiguió la independencia de la corona española y que debía guardar nuestra soberanía (ahora arrodillados ante un gobierno y un ejército extranjero), al de hoy que nos ha vejado la libertad y la dignidad. Mucha distancia hay de esa policía que nació como un cuerpo armado de carácter civil, con la misión de proteger a la ciudadanía, a esta que cada vez muestra más casos de abuso, de robo, de violación, de tráfico de drogas, de redes de prostitución, de malos manejos de los recursos que están a su cargo, de complicidad con las mafias.

Ojalá algún día, surja la dignidad y el valor desde quienes integran estos cuerpos armados legales, para perseguir y desterrar a quienes los han prostituido y los han convertido en asesinos de su propio pueblo.

Hay un cambio generacional, que por sobre todo entiende de un asunto tan práctico como profundo, y es que se enfrentan ahora y lo harán, a un panorama en donde sus oportunidades son nulas por cuenta de una minoría cruel y salvaje. Dentro del marco de este Estado Nacional (que decae y se extingue), son estas nuevas generaciones un torrente incontenible que amenaza a esa clase jurásica que nos mantiene atados a las condiciones del medioevo europeo, la misma que sólo conoce como receta de respuesta la represión y la violencia. Esa misma receta que la élite ha dosificado como un remedio, en las mayores cantidades que la viene suministrando, se convierte ahora en el veneno que los está desapareciendo de la historia venidera.

jueves, 2 de abril de 2020

El virus, el abrazo y el beso



"Mientras en Colombia los militares no tienen límite en el número de balas que usan para la guerra,
 a los médicos se les restringe el número de apósitos en una cirugía.
 Un país que no tiene límites para matar, pero sí para curar, es un país enfermo".
 -Víctor De Currea Lugo-



En la medida en que pasa el tiempo, cuando en Colombia llevamos trece días a partir de la notificación oficial del primer caso de COVID – 19, y tras una semana de la declaratoria gubernamental de “cuarentena” nacional, comienzan a aflorar no sólo informaciones más precisas y documentadas acerca de los reales alcances del virus biológico, sino también, manifestaciones de desesperación por el confinamiento obligatorio, la ebullición de los problemas sociales estructurales asociados a la gran desigualdad socio económica, la posibilidad creciente de un alzamiento popular empujado por el hambre; y el panorama del posible establecimiento de un modelo totalitario, no sólo en Colombia, sino también en diferentes partes del mundo.

Quiero plantear en esta ocasión, la necesaria reflexión que deberá tener la sociedad global y en particular, la colombiana, de cara a los asuntos más apremiantes que ha dejado al desnudo la actual crisis sanitaria mundial. Pero, lo que es aún más importante y crucial, las acciones que se deberán emprender para corregir las aberraciones actuales y contener o evitar las que se pueden desatar.

La vida, la salud y la alimentación como relaciones sine qua non.

El miedo general que ha desatado el actual coronavirus que desarrolla la enfermedad llamada COVID – 19, se soporta en la posibilidad “inminente” de perder la vida como resultado de la infección con dicho virus.

La vida, es pues, el valor supremo que se quiere hacer prevalecer y defender. Y para que el ser humano conserve la vida, necesita salud; y para tener salud y por ende vida, necesita alimentación.

Así pues, que debemos acometer las acciones colectivas organizadas, para que la soberanía alimentaria - entendida como la autonomía de una Nación para sembrar, cosechar y producir su alimento – se restablezca en Colombia, y de forma solidaria, en los países sometidos a la dictadura de las potencias económicas y militares. Pero el asunto no se queda allí, porque en paralelo se debe accionar para que al interior del país, sea un hecho la democracia en el acceso, uso y posesión de la tierra para el campesino no terrateniente ni corporativo, como también la producción para asegurarse la subsistencia digna y para abastecer la demanda en las ciudades. 

De forma transversal, es necesario renunciar al “desarrollo” de megaproyectos que vulneran el futuro hídrico y medioambiental, sin lo cual, lo arriba mencionado no es posible.

En lo que respecta al sistema de salud, queda en evidencia durante el inicio de esta crisis, que el desmonte del aparato de salud público que iniciaron los gobiernos desde inicios de los años noventa, no sólo fue configurado como el negocio de unos pocos comerciantes y financieros, adicional a ello, llevó a los mayores niveles de precariedad laboral a todo el personal asistencial y de apoyo. Contratos por OPS, sin prestaciones sociales, sin capacidad de asociación sindical, sin dotación adecuada para la protección de su propia salud y de los riesgos que su labor implica, el sometimiento del ejercicio médico a los dictámenes e intereses de castas politiqueras que parasitan las instituciones sanitarias y sus recursos, la pérdida de la autonomía médica y de la respetabilidad de la profesión.

Con la Ley 100 de 1994, el sistema de salud colombiano sufrió el ataque de una enfermedad mortal llamada Entidad Prestadora de Salud – EPS, que se queda con el 30% del dinero de la salud de la población, dinero que entra como ganancias a los bolsillos de los propietarios de las entidades parasitarias. Se cerró gran parte de la infraestructura de salud pública, y con ello, se perdieron camas, unidades de cuidados intensivos y personal idóneo – que es lo que más reclama la actual situación-. No se puede olvidar el robo de los recursos de hospitales y clínicas que hoy hace falta para habilitar las condiciones de salud pública que exige el ataque del coronavirus. Tampoco se puede olvidar que el presupuesto de guerra – para matar – es mayor que el presupuesto para la salud – para salvar vidas – [1] o que el enfoque de prevención en salud es menos importante para los gobiernos, que el enfoque de atención a la enfermedad – que es donde hacen negocio las farmacéuticas, los intermediarios financieros, los propietarios de clínicas privadas, de distribución de equipos e insumos médicos.

Finalmente, cabe preguntarse si la mayor afectación territorial del coronavirus, en términos de casos fatales, tiene una asociación directa a la situación de la contaminación ambiental, a los “clusters” industriales que manejan materiales tóxicos en sus procesos – como al parecer ocurre en el caso italiano, en la región de Lombardía [2] - y a la combinación de esta condición con el desmantelamiento del sistema de salud pública.

Un modelo económico que no naufrague ante las guerras comerciales imperiales.

Colombia debe enfocarse en un modelo económico que no dependa del petróleo o de la explotación a gran escala de minerales, lo que no sólo deja graves afectaciones al medio ambiente, al tejido social de las comunidades y territorios, sino que además poco o nada aporta en términos de generación de empleo y de dignidad del mismo. Hay que retomar la senda abandonada de la industrializaciones de sectores estratégicos y del desarrollo de las fuerzas productivas [3].

La dependencia de los ingresos de la Nación como aporte de estos productos, nos somete al vaivén de las guerras comerciales de las potencias, como bien se aprecia con lo que ocurre ahora mismo entre China, Estados Unidos y Rusia. Al momento de escribir estas líneas, el precio del petróleo de la referencia con que hacemos los cálculos económicos en el país, había caído hasta 22 dólares por barril. Con el menor ingreso de dólares por este concepto y el retiro de capitales especulativos, el precio de la divisa alcanza precios históricos de sobrepasan los 4000 pesos por dólar. Y recordemos que la deuda externa se paga en dólares, al igual que las importaciones; y hoy por hoy, importamos cerca de 16 millones de toneladas anuales de alimentos agrícolas, que bien podíamos producir en nuestro país. Agreguémosle a este coctel, el desempleo estructural sumado al que van a producir la recesión económica y la quiebra de empresas, por  cuenta del paro obligado de las empresas, para cumplir la cuarentena. El batido puede traer como resultado un estallido social de proporciones insospechadas. La política económica ha sido la de despojar al máximo a la población, de sus condiciones materiales de supervivencia; y ante la actual situación, el hambre aflora con gran rapidez y pronto desatará el instinto animal de supervivencia. Ya sabemos lo que ocurre en esta situación.

La defensa ideológica, del tejido cultural y social en contra del totalitarismo.

Como he leído durante estos últimos días, en algún medio alternativo, “lo primero que se requiere para que exista una pandemia, es que haya una declaratoria de pandemia por parte de un ente oficial” [4]. Y en el caso que nos acomete, dicha declaratoria ha corrido por cuenta de la OMS –Organización Mundial de la Salud – la cual como ellos mismos lo reconocen, se financia en un 75% a través de donaciones “voluntarias” de “asociados” [5]. Y de acuerdo a la información que suministran diversos investigadores, muchos de esos asociados corresponden a quienes tiene participación y otros intereses en la corporación farmaceútica. Por supuesto, una declaratoria de pandemia, los pone en el centro del negocio de la cura para la enfermedad. No quiero desconocer con esto, el riesgo de contagio de una nueva cepa de coronavirus, que compromete la salud y la vida de los contagiados, y cuyo coeficiente de contagio parecer ser mucho más alto que el de otras enfermedades, pero su tasa de mortalidad, mucho menor que otras. Tampoco entraré a debatir sobre el origen biológico natural o inducido.

Lo cierto, es que la propagación del miedo tiene un coeficiente muchísimo mayor que el propio virus que nos alarma, el que es por demás un “enemigo invisible” que nos pone en ciernes ante la tumba. Es tan invisible ante nuestros ojos, como lo es el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en la periferia de Colombia, pero esta última situación, no genera tanto alboroto en la sociedad ni en los titulares de la prensa oficial.
Y ese miedo altamente difundido y reforzado por el aparato mediático y las redes sociales, utilizando como vehículo el omnipresente teléfono inteligente, legitima las acciones coercitivas, policiales y militares, la restricción de las libertades civiles, las políticas de salvamento de la corporación financiera, y el establecimiento de un modelo totalitario que se va convirtiendo en paisaje común y voluntariamente aceptado – requerido y amado – por quienes anhelan con fervor escapar de la muerte a las que los somete ese enemigo invisible, que es pregonado con insistencia por el amplificador mediático.

Si bien es cierto, que ante el desconocimiento del actual virus y de sus alcances finales, se hacen necesarias las llamadas medidas de aislamiento social, no podemos perder de vista que es imprescindible la defensa de nuestra cultura de cercanía física y emocional, como fundamento de nuestro tejido social y cultural.

Yo me niego a que el miedo a ese enemigo invisible, me lleve a aceptar la proscripción del abrazo y del beso. Me niego a ver al otro como el potencial vulnerador de mi bienestar sanitario, por el simple hecho de existir.

La posibilidad del hiper control de nuestras vidas a través de la informática, la biometría y la invasión subcutánea del GPS biológico, es algo que debemos rechazar y resistir.

La humanidad sobrevivirá a la enfermedad, pero no lo hará frente a la destrucción del planeta, ni frente a la claudicación de la autonomía personal y colectiva de las culturas y de las Naciones.

@MarioossaM

viernes, 20 de marzo de 2020

Pandemias y prestidigitaciones

Pero lo más próximo, lo más fundamental, lo más extenso,
lo más incalculable no aparecía sino hasta este momento
en mi camino. Había pensado en todos los mundos,
pero no en el hombre. Había explorado con crueldad y agonía
el corazón del hombre; sin pensar en los hombres había visto ciudades,
pero ciudades vacías; había visto fábricas de trágica presencia,
pero no había visto el sufrimiento debajo de los techos, sobre las calles,
en todas las estaciones, en las ciudades y en el campo.
Pablo Neruda – Confieso que he vivido

La relación entre ciencia y magia a través de la historia de la humanidad, no sólo ha servido para explicar los fenómenos que el ser humano va comprendiendo, sino además, para apaciguar el miedo ante lo desconocido e incomprensible. La fenomenología mágica ayuda además a ocultar otras realidades que el poder no desea que sean observadas ni entendidas, como a desviar la atención de las mismas.
Atendiendo a las definiciones de la Real Academia de la Lengua, una pandemia se entiende como una “Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”. Por su parte, la prestidigitación se define como un “Arte o habilidad de hacer juegos de manos y otros trucos para distraer al público”.
Las epidemias de enfermedades causadas por virus o bacterias, que han sido catalogadas como pandemias por las “autoridades” mundiales, obedecen a diferentes causas, y mucho se especula acerca de orígenes premeditados, de enfermedades creadas en laboratorios con fines económicos, políticos, militares o de control social (teoría de la conspiración, de la cual me declaro seguidor).
El anuncio de la aparición de un coranavirus que ha sido llamado COVID- 19, coincide entre otras cosas, con la etapa más fuerte y sostenida de alzamiento popular mundial que exige cambios profundos en el modelo económico y político, y que tenía especial protagonismo en Hong Kong (China), en Francia, Italia y España. También en Latinoamérica, fundamentalmente en aquellos países que como Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia, sufrían la conducción de gobiernos fuertemente neoliberales y depredadores de la naturaleza y de los seres humanos explotados por medio del trabajo asalariado. Igual coincidencia se observa en países del cercano oriente, que como Irán, están en medio de una guerra por la hegemonía energética de la que se alimentan las economías de las potencias del planeta, para ser más concretos, de la que se benefician las familias dueñas del gobierno corporativo global.
Entonces, la alarma por el contagio del COVID – 19, milagrosamente ha contribuido para aplacar la manifestación y la subversión global, expresada y concentrada en las calles de aquellas potencias y países cuyos gobiernos legislan y administran en favor de los negocios de la especulación financiera, como la pensional, que sirve como acumulador de riqueza para los dueños del gobierno corporativo global.
Recordemos las declaraciones de la señora Legarde hace unos años, cuando como Directora del FMI señaló que era necesaria la muerte de los más viejos, pues hacían insostenible el sistema pensional mundial. Hoy, casualmente, los más viejos son los mortalmente afectados por este coronavirus.
En el contexto, también aparece la disputa entre un imperio que como Estados Unidos va en franco declive, y China que parece ser el imperio en relevo, quien junto con Rusia, ofrecen a los Yankees una fabulosa disputa económica, política y militar. Por los lados de Latinoamérica, se convierte nuestra región en la retaguardia estratégica gringa, para paliar su descenso y mantener alguna expectativa en el nivel de vida de su población, a expensas de la extracción de rentas del trabajo de sus dominados y del dominio de nuestros recursos naturales.
El control del litio boliviano, del petróleo venezolano, del cobre chileno; del oro, coltán y uranio colombianos; de las fuentes de agua y de la tierra productiva de nuestra América Latina, es la provisión con que cuentan los señores del norte para resistir la disputa imperial.
En lo que respecta a Colombia, cuyas élites y sus gobiernos son socios y servidores del imperio, el pánico que genera el COVID – 19, cuya letalidad es magnificada por su ejército mediático (hasta ahora las estadísticas muestran que de las actuales dolencias de la humanidad, esta tiene mucha menos letalidad que el dengue, por ejemplo), ayuda a distraer la atención de verdaderas pandemias locales como el asesinato sistemático y creciente de líderes y lideresas sociales, el interés por mantener el conflicto armado interno, para no tener que responder por el asunto agrario y el despojo de tierras; la necesidad de hacer olvidar los nexos denunciados de reconocidos políticos con las mafias del narcotráfico nacional e internacional, la captura de todos los poderes del Estado por parte de las mismas mafias, lo que cada vez es más difícil de obviar a medida que aparecen diversas pruebas e indicios, que son desdeñados de forma curiosa por quienes deben asumir las investigaciones y responderle al pueblo. Otra pandemia social que es ya estructural, es el desempleo y el hambre; como también lo son el deficiente sistema de salud convertido en negocio particular, la imposibilidad creciente de acceder a una educación pública y de calidad, o la amenaza real de perder el futuro hídrico de la población por prácticas como el fracking o la megaminería de metales.
La prestidigitación, corre por cuenta de gobernantes dedicados a cantar, hacer la veintiuna con un balón de fútbol, promover el descabezamiento de gobiernos vecinos, o repetir fraseos ingeniosos como una retahíla de Estado. También contribuyen con las artes mágicas los periodistas que con toda intención ponen el foco en trivialidades y escándalos de un día, para encubrir las culpas de sus patrones. Ni que decir de las fuerzas de represión oficial, que cada vez quedan en mayor evidencia sobre sus relaciones con quienes debían perseguir y de la implacable violencia para con quienes deberían proteger.
Las pandemias y las prestidigitaciones le sirven bien al interés económico de esos pocos que se enriquecen con la miseria de la mayoría de los seres humanos y con la extinción de la vida en el planeta. Total, para eso vienen explorando la posibilidad de colonización de otros planetas, como alternativa de escape cuando su ambición colapse nuestro mundo.
Pero también ofrece esperanza el movimiento de las nuevas generaciones en busca de defender y preservar la vida, descubrir a quienes nos ponen en riesgo y su decisión de confrontarlos. Hasta ahora, la naturaleza y la historia humana nos enseñan que al final, siempre triunfa la vida. Paradójicamente, esta “crisis” sanitaria, obligará a la reflexión de que la misma sólo se puede superar asumiendo una postura cooperativa y colectivista.
El COVID – 19 reclama precaución para controlarlo, pues su expansión puede causar la muerte de seres humanos, pero no puede permitirse que sea la legitimación del individualismo, de la codicia y de la desconfianza en las relaciones sociales, verdaderas pandemias, que son el soporte de los opresores.
@MarioossaM

lunes, 17 de abril de 2017

Un Golpe Suave para volver al modelo feudal

Por : Carlos Mario Marín Ossa

¿Desesperanza en Venezuela o en Colombia? La reserva de cañón para un golpe suave.


Venezuela y Colombia viven procesos de “golpe suave” que pasan por el falseamiento y manipulación de la realidad y de la historia. Cada país, sumergido en una lucha nacional que busca la defensa de intereses diferentes y que se encuentran al servicio de diferentes destinatarios.

A partir de la llegada de Hugo Chávez y del proyecto bolivariano al poder en Venezuela, se desató casi de inmediato una andanada mediática desde los medios de comunicación de ese país –de propiedad de los grupos económicos  adscritos a los partidos políticos tradicionales del Copei y de la AD-  con el fin de iniciar una etapa de inserción de matrices ideológicas y comunicativas para generar confusión y miedo frente a las supuestas carencias y conflictos que generaba la búsqueda de un nuevo modelo económico, político y social, el cual ya no era de dominio de las élites locales. La ayuda inmediata a la guerra de cuarta generación (guerra mediática) llegó desde los medios de Colombia y Estados Unidos, de propiedad de las élites económicas y políticas aliadas de vieja data de aquellas venezolanas.  En paralelo, los ricos venezolanos iniciaban un proceso de desabastecimiento de productos de primera necesidad, el boicot a la industria petrolera (en asocio con sus pares de las transnacionales del crudo) y la manipulación de la historia que escondía que los problemas de la industria y del campo venezolanos son el resultado de las decisiones políticas de las élites a partir de la década de los años setenta del siglo veinte, cuando ante el auge petrolero, tanto los gobiernos adecos y copeyanos decidieron “suplir” las necesidades de consumo de la nación a través de la importación de bienes y servicios que se pagaban con petrodólares y empujaron una hiperinflación galopante que llegó a ser una de las más escandalosas del mundo.  Los prejuicios y señalamientos que se le hacen a la revolución bolivariana son en realidad patrimonio de las propuestas y hechos políticos de quienes hoy apuntan el dedo.

Rápidamente en Colombia, se impulsó la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez y su política de la seguridad nacional (en consonancia con la política gringa y que se enfocaban muy bien en atacar los cambios progresistas tanto de Venezuela como de los países que luego fundaron el ALBA y la UNASUR). Uribe, quien antes de las elecciones presidenciales de 2002 sólo marcaba un 2% de intención de voto, rápidamente fue apoyado por los sectores políticos del círculo de César Gaviria Trujillo –expresidente y para el momento Secretario general de la OEA, que implantó el neoliberalismo planeado desde los círculos económicos, políticos y académicos de Estados Unidos desde la década de los años sesenta). Ese apoyo con énfasis regional y la recomposición política nacional generada por la violencia paramilitar, apoyaron el proyecto de ultraderecha de Uribe y sus amigos para contraponerlo en el ámbito externo a la amenaza a los negocios que representaba la revolución de izquierda en el continente; y en el ámbito interno a la posibilidad de cambios en las estructuras sobre todo de distribución de la tierra. Ya los conservadores, de antaño “comulgaban” con la defensa del latifundio y de su fortalecimiento sin importar el método o el procedimiento.

Para Venezuela, el proceso de golpe suave ha tenido las etapas de implantación o resurgimiento de los prejuicios anticomunistas, de la vulgaridad de sus presidentes Chávez y Maduro (a diferencia del hálito de respetabilidad de clase y corbata de adecos y copeyanos), de señalamientos de totalitarismo y atentados contra la democracia y los derechos humanos. De esta forma las élites propias y foráneas buscan deslegitimar el gobierno que salió del pueblo y que dejó de favorecerlos.

En Colombia, luego del fracaso de Uribe por perpetuarse en el poder (algo de lo que acusa a Venezuela) y del endoso (que no funcionó como esperaban) de su proyecto a Juan Manuel Santos, la ultraderecha colombiana enfocó sus esfuerzos en desprestigiar la política de paz del gobierno que ahora no estaba en sus manos. Para ello, se prestaron de forma evidente y servil los medios masivos más alineados a esta causa.  Es así como se han implantado con éxito relativo matrices ideológicas tan absurdas como que Santos es comunista, que favorece la entrega del país a la política de homosexuales, que busca implantar los modelos cubano y venezolano, que entrega la dignidad de las fuerzas militares y de policía al terrorismo.

En Venezuela y Colombia, el calentamiento de calle es evidente y se han multiplicado las marchas y protestas impulsadas por la ultraderecha a partir de las mentiras, del falseamiento y manipulación tanto de la realidad como de la historia. El propósito es buscar la deslegitimación y la fractura de las instituciones. A fe, lo han logrado en cierta medida. En Venezuela, la Asamblea Nacional en su mayoría está en contra de las demás instituciones que señala de oficialistas. El Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo son señalados por la oposición de antidemocracia, las fuerzas armadas las señalan de violaciones de derechos humanos. En Colombia, la Procuraduría General de la Nación fue tomada por un fanático de ultraderecha y puesta al servicio de la persecución política, las fuerzas armadas y de policía se encuentran divididas entre quienes legitiman y añoran las épocas de gobierno de la ultraderecha y quienes sienten que el fin de la guerra civil armada es un avance histórico.

En Venezuela el capítulo más reciente son las marchas sistemáticas y continuas acompañadas del saqueo y la violencia, las cuales han sido convocadas por la oposición al modelo actual.

En Colombia, ese capítulo reciente se da por la visita de dos representantes natos de la ultraderecha al nuevo presidente de Estados Unidos y el persistente ataque a los acuerdos de paz; y de la aparición del video de un confeso ex - policía colombiano, militante del partido político de Uribe, personaje que en dicho video justificado en su rechazo al modelo de paz actual, exhorta a asesinar al presidente Santos, a plantar francotiradores en las ciudades para que asesinen líderes sociales y políticos que trabajan en la búsqueda de la paz y a realizar atentados terroristas en aviones que transporten a dichos líderes.

Venezuela y Colombia, cada uno con intereses políticos contrarios (sólo coinciden en paz), están listos para la arremetida contra las posibilidades democráticas propias y para la intervención del imperio. En un país la intervención militar y en el otro, la intervención política.

Así se da un golpe suave.


martes, 4 de octubre de 2016

La Insoportable liviandad del ser colombiano

Por: @MarioossaM

El resultado de las votaciones de este 02 de octubre de 2016, en el plebiscito, en el cuál se preguntaba al pueblo colombiano si apoyaba lo acordado entre la insurgencia armada de las FARC-EP y el Estado colombiano en la cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, nos muestra una realidad política que existe y no puede negarse.

El NO ganó por un estrecho margen porcentual que se asemeja más a un empate técnico. Y ello nos muestra que la polarización del país entre las gentes que deciden participar de forma informada o no, de forma manipulada o no, es total. Un 62,57% que los toca quiéranlo o no.



I.              La fractura en el bloque hegemónico

Queda en evidencia algo que ya habíamos advertido, y es que la élite económica del país, su oligarquía, tiene una división en su seno que responde a varias causas de corte protagonista, de disputa de intereses muy específicos y de posición frente a la verdad histórica y ante la posibilidad que allí se deriva, de enfrentar a la de la población apta para votar fue una vez más, indolente ante un momento histórico justicia internacional en algún momento. Pero en el grueso de su política piensan y proceden igual. Veamos:

1.    El inicio de las negociaciones se da cuando Santos asume la presidencia, pero excluye de las mismas al sector terrateniente y de la burguesía emergente que representan Álvaro Uribe Vélez, Alejandro Ordóñez, Fedegán y otros alfiles del Centro Democrático y del Conservatismo. El protagonista ante la historia ya no sería el caudillo de la seguridad democrática. Y dicho protagonismo se encumbra por encima del ego innegable del “Gran Colombiano” para llegar a un punto mucho más álgido, y que es la posibilidad de escribir la nueva historia de la nación desde la perspectiva de los protagonistas, introducir una matriz histórica a la medida de sus intereses, en el imaginario de las futuras generaciones. No es algo de poco calado.

2.    La actualización del catastro rural, la consecuente identificación de los propietarios de la tierra concentrada, el pago de impuestos resultante de dicha realidad, la recuperación de tierras baldías apropiadas ilegalmente, o adquiridas por métodos violentos y siniestros, ponen en contraposición a los acuerdos a ese sector que no fue convocado desde el inicio a las negociaciones.

3.    El contenido de los acuerdos, particularmente en los puntos de Reforma Rural Integral (RRI), Participación Política y en el Marco de Justicia Especial, amenaza a ese sector de la oligarquía que tiene en su poder la concentración de la tierra, con develar la forma como la misma fue adquirida, los métodos utilizados, la perversión que se dio en la institucionalidad para lograrlo, la sangre que corrió para que ello se consolidara, la evasión sistemática que durante décadas se ha hecho del pago de impuestos acordes con las riquezas que representan los millones de hectáreas en pocas manos, los desplazados que fueron necesarios para consolidar tal poder. Es así, que la participación política de una insurgencia que se transforma de las armas a la disputa parlamentaria y administrativa, luce como una amenaza cierta para develar dicha verdad histórica y para que la misma sea materia de interés de la justicia en un futuro. Incluye a la justicia internacional.

II.            La manipulación descarada y la mentira aleve como determinación de utilizar todas las formas de lucha.

Los “promotores del NO” como salió en los titulares de noticieros, no escatimaron esfuerzos para manipular y mentir respecto del contenido, interpretación e intención del documento que contiene los acuerdos.

Utilizaron las figuras de deportistas y artistas nacionales para mostrar mensajes contra el proceso, que los mismos no habían manifestado. Falsearon las cifras contenidas en el texto de los acuerdos para plantar el miedo en las gentes respecto de la contribución económica que a cada colombiano nos tocaría pagar para la implementación del post acuerdo. Dijeron que a cada reintegrado le pagarían un millón ochocientos mil pesos mensuales, información desvirtuada posteriormente al conocerse que la asignación sólo sería equivalente al 90% del salario mínimo y sólo durante dos años. Asignación que se utilizaría para que iniciaran un plan de vida en el retorno a la civilidad.

Dijeron que los reinsertados cambiarían la constitución y conducirían a Colombia hacia el castrochavismo, cuando con las curules que pudiesen alcanzar - diez de las cuales sólo serán por dos períodos parlamentarios, con voz pero sin voto – es imposible lograr aprobar leyes y menos aún realizar cambios constitucionales.

Otro engaño que fue acogido por los desinformados y por los apáticos, versó sobre el señalamiento de que se impulsaría una reforma tributaria para pagar el monto necesario para implementar los acuerdos. La realidad es que el fondo para ese cometido surge de los aportes de la comunidad internacional como los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países garantes y acompañantes. Lo que correspondiera a los dineros del fisco nacional, sería un monto ínfimo, mucho más teniendo en cuenta los ahorros en momentos de afrontar una guerra menos. La reforma tributaria irá de cualquier modo, pues es la consecuencia de haber adoptado una política de extractivismo minero energético que ahora no cuenta con altos precios del galón de petróleo y otros minerales. Adicional a ello, el pago de las importaciones desbordadas, muchas de ellas de productos agrícolas que antes producíamos, se pagan ahora con un dólar revaluado. Allí está el déficit fiscal.

Algunos promotores del No amenazaron con tomar las armas si ganaba el SI.

Desde ese sector se impulsó una campaña de miedo que caló en las mentes y en los corazones de quienes no se dignaron siquiera a leer unas cuantas hojas de los acuerdos. Y a fe que les dio resultado.

El miedo y el prejuicio son aún pilares de la política en nuestro país.

III.           Las jerarquías religiosas defendieron sus nichos de poder sacrificando los intereses de toda la población.

Las ideologías dogmáticas y religiosas reaccionaron con virulencia ante la posibilidad de que se abra un espacio en nuestra restringida democracia, para pensamientos alternos que cuestionen de forma directa o indirecta las prebendas que tienen y que las han mantenido como aliadas del bloque dominante, así como las inmensas riquezas obtenidas en la connivencia con la violencia y el despojo de nuestro conflicto, o en la omisión frente a los hechos.

Apelaron entonces a los errores (¿errores?) de un gobierno que improvisó políticas y el impulso final del acuerdo. Echaron mano del discurso de género, cuando en su seno cohabitan con esa realidad desde hace siglos.

Dichas jerarquías en el final de la campaña hacia el plebiscito, se comportaron al mejor estilo del relato bíblico para no comprometerse ante la gente que las sostienen, y se lavaron las manos igual que Pilatos.

Reacción religiosa ante políticas de género que fueron aprovechadas por los promotores del No,
 para mezclar la situación con los contenidos de los acuerdos.


IV.          Los poderes armados que desde la oficialidad se niegan, hicieron uso de su fuerza.

Cuando analizamos las regiones en donde el NO ganó, se puede observar que son regiones en donde hacen presencia activa organizaciones armadas que la oficialidad niega que existan. Los paramilitares y las bandas narcotraficantes en muchos de esos territorios pudieron influir en contra de los acuerdos, pues dentro del contenido de los mismos existe un compromiso de erradicar el narcotráfico y con ello cualquier proceso de lavado de activos relacionado.

De hecho, se conocen informaciones de territorios en donde dichas organizaciones prohibieron a los habitantes votar SI. Algunos de los argumentos que también dieron en los territorios bajo su dominio, fue que ante la desmovilización de insurgentes, estos llegarían a los territorios para manejar las ollas y ello generaría enfrentamientos y muertes por el control de dichos espacios.

La fundación Paz Y Reconciliación en sus estudios muestra como 281 municipios tienen presencia permanente de las insurgencias armadas, 300 municipios tienen presencia de grupos surgidos de la desmovilización paramilitar, los cuales regulan las economías formales e ilegales. Es entendible entonces la presión que se ha reflejado en los resultados de este 02 de octubre.


Muestra del formulario E14 en un puesto de votación en Pereira. En todas las mesas ganó el NO. En dicho territorio tienen preponderancia actores armados relacionados con el narcotráfico y otras economías ilegales.


En algunos municipios en donde es conocida o cuestionada la relación de las administraciones con organizaciones paramilitares, a pesar de una campaña cosmética a favor del SI, terminó ganando el NO.

V.           La desconexión entre los habitantes del campo y los habitantes de la ciudad.

Al mirar el mapa de los resultados de la votación en este plebiscito, se observa que las regiones que más han sufrido el conflicto, votaron SI. Los grandes centros urbanos, los cuales no han visto la guerra de frente, votaron NO. El mapa del NO se concentra en la zona andina, en donde vive la mayor parte de la población, en donde se produce el grueso del PIB. Es un territorio por donde se mueve la economía en mayor proporción, pero también por donde se mueve el producto de las economías ilegales incluido el narcotráfico. En donde se lava el dinero de las actividades ilegales. Coincide además el mapa con el ascenso político de la ultraderecha.

Las pocas gentes que decidieron el futuro de los acuerdos y que dejan en incertidumbre su futuro, no han vivido la guerra en los campos o ya no los recuerdan. Son personas que en su mayoría no conocen la historia de esta nación, pero peor aún: no les interesa.
Critican las condiciones de la vida cotidiana, pero aceptan con la cabeza baja las condiciones económicas, sociales y políticas que les imponen los patrones desde hace 206 años.

Son personas que visitan los centros comerciales aunque no puedan comprar nada allí, pero que no visitan los campos ni conocen su realidad. No les interesa la suerte del campesinado, ni de la soberanía alimentaria, ni de la seguridad alimentaria. Es más, no conocen los conceptos.

La ciudad depende del campo, pero no se entiende.

Mapa de la votación por el SI y por el NO. El color verde muestra donde ganó el SI.


VI.          ¿El Harakiri del gobierno?

En muchas ocasiones parecía que el mayor enemigo de los acuerdos era el propio gobierno  que los impulsaba.

Las salidas en falso del mismo presidente fueron frecuentes y entregaban argumentos a los detractores de forma permanente. No hubo una estrategia comunicativa clara ni efectiva que calara en las mentes de la población. Casi se diría que la misma fue inexistente, contrario a lo que ocurrió con la campaña del NO.

Los medios de comunicación tradicionales, tan proclives hacia el oficialismo, esta vez jugaron un papel de oposición permanente. Ello es muestra clara que los intereses de sus dueños no van precisamente con el interés planteado en los acuerdos de forma explícita o tácita. El gobierno actual no tiene control sobre los mismos. Ellos obedecen a los dictados de la tendencia ultraconservadora de la oligarquía nacional e internacional.
Las política y las decisiones asumidas por ejemplo desde el ministerio de educación y su ministra Gina Parody, en temas de género, fueron totalmente desacertadas en un momento difícil y le entregaron a los enemigos del proceso la posibilidad de alborotar los prejuicios, la homofobia y el chip godo de la nación. Desde allí surgió un movimiento retardatario y medieval que unificó a los fundamentalistas y que recibió la bendición vergonzante de las diversas iglesias.

En ciertos territorios, las poblaciones se quejaron del abandono del presente gobierno en materia social y el incumplimiento sistemático de las promesas. Los funcionarios públicos encargados de representar al gobierno en estos temas fueron enemigos fundamentales ante las comunidades.

Al encargar el actual gobierno la comunicación y la incipiente pedagogía del SI, a funcionarios que en las regiones tienen grandes cuestionamientos por asuntos de corrupción, se hizo en harakiri territorial.

Con el afán de tramitar una reforma tributaria antes de finalizar el año, la misma que es la consecuencia de las decisiones erradas de este y los gobiernos anteriores en materia de modelo económico, se improvisó una campaña hacia el plebiscito que en menos de dos meses resultaba virtualmente imposible para explicar de forma adecuada el contenido de los acuerdos y la conveniencia de los mismos.

Hilando delgado, surge la pregunta sobre si todos estos errores realmente lo fueron o se trata de una estratagema de las oligarquías para montar una pantomima en la que se manipuló una vez más al pueblo y a la propia insurgencia negociadora para obtener un resultado que lleve a modificar los acuerdos de forma tal que se restrinja de forma más contundente la posibilidad del campo social y popular, de su accionar en los tiempos de los post acuerdos. La leyes de ZIDRES, el Código de Policía y de Convivencia Ciudadana muestran que la voluntad de la élite no es facilitar los tiempos futuros.

El papel del vicepresidente Vargas Lleras más que ambiguo, fue contrario al interés de las propias negociaciones. Su partido Cambio Radical obró en consecuencia.


VII.         El nuevo panorama político de cara al futuro de los acuerdos.

De forma clara, nuevamente la figura del hoy senador Uribe retoma protagonismo a expensas de la debilidad política de Santos.  Uribe parece ser el determinador desde la facción oligárquica que representa. Pero siendo influyente en las mentes que domina, es realmente un vocero de las élites terratenientes, emergentes y de otras internacionales. Una vez obtenido el triunfo del No, que millones de colombianos celebraron como el triunfo de una decisión propia, ahora el caudillo de la guerra se ha abrogado la representación nacional de esa masa y una vez fastidiado el momento histórico que pudo abrir las puertas hacia un freno del baño de sangre pobre, propone como una idea innovadora y llena de sabiduría lo que ya se encontraba pactado en los acuerdos. Los verdaderos enemigos de la paz, los más peligrosos no han dado la cara. No los conoce aún el país.

Las FARC-EP quedan en una posición difícil, pues se les plantea como opción renegociar unos acuerdos en donde ya habían cedido lo que hace algunos años parecía impensable. La figura del presidente que negoció con ellos no tiene fuerza ante el país. Es al menos lo que parece, si no hemos sido víctimas de una pantomima de las élites para apretar más los acuerdos. Estos fundamentalmente contemplan poner en desarrollo asuntos que ya se encuentran en la Constitución del 1991.

Los terratenientes y otras fuerzas que tienen concentrada la tierra, blindarán las posibilidades de responder por la forma como las adquirieron. Buscarán cambios en materia de justicia transicional que puedan llevarlos a responder en el futuro. La participación política de las minorías, tal como se encuentran en los actuales textos puede sufrir más restricciones. El accionar de los movimientos sociales y populares puede sufrir a su vez más limitaciones. Es previsible un ascenso de los intereses de la ultraderecha en la renegociación de los acuerdos, pues no sería lógico que la nueva correlación de fuerzas de los promotores del NO, sea desaprovechada para realizar los cambios y blindajes acordes a sus intereses.

El gran acuerdo nacional al que convocan los ganadores del NO y el propio presidente debe incluir al movimiento social y a la insurgencia que negocia. De lo contrario será de nuevo un acuerdo entre los mismos de siempre. Según se de este, así será el futuro que nos espera.

Las gentes que votaron en contra de la refrendación de los acuerdos, en su mayoría desinformadas, manipuladas y presas de estereotipos y fundamentalismos, nos muestran un país incapaz de decidir su destino sobre la base de la racionalidad, y entregan de nuevo las decisiones trascendentales a otros tanto en el interior de las fronteras como afuera de ellas. La patria boba no ha terminado. De nuevo el país político queda en la decisión de las dos mismas facciones de la oligarquía y de sus enviados.

La juventud organizada debe avanzar para defender su futuro, porque las generaciones que los han antecedido están presas en la mezquindad, el odio y el fundamentalismo. Deben organizarse y convertirse en un factor real de presión que reclame su espacio preciso y determinante en términos de poder.

Las salidas que se vislumbran ante el fracaso de la refrendación de los acuerdos en el plebiscito, son el llamado a una Asamblea Constituyente en donde se incluyan posiblemente nuevos temas, pero en donde los sectores más retardatarios de la nación han mostrado tener la fuerza para imponer mayorías. Otra posibilidad puede ser el trámite parlamentario de las temáticas contenidas en el texto de los acuerdos, pero que ante la polarización actual, tal vez el congreso no esté dispuesto a hacerlo teniendo en cuenta la cercanía de la campaña de 2018.

Lo único que queda claro es que al espectro de los movimientos sociales, políticos alternativos y populares, nos resta continuar la movilización, la protesta, la cualificación política; para buscar los cambios que conduzcan hacia un país más digno. Es más necesario que nunca buscar la unidad en un movimiento político que lleve a un gran diálogo nacional, que constituya una fuerza más uniforme para disputar el poder. Queda demostrado que los ricos no entregan nada de forma voluntaria. No es suficiente el diálogo entre intereses opuestos. Se trata de un asunto de disputa del poder.