Por: @MarioossaM
La
movilización creciente y sostenida que llegó con el gobierno del “presidente”
Duque, es la consecuencia de los niveles deplorables de vida para la población
colombiana, que se han acumulado a través de 27 años de política neoliberal, en
especial, en los últimos 16 años. Por lo tanto, no es resultado exclusivo del
último gobierno como se quiere excusar el hoy “presidente” y su equipo –que han
hecho parte de estos gobiernos en diferentes medidas-.
Para
comprender mejor lo que nos espera en los próximos años, es necesario entender
por lo menos en líneas generales la política económica de este gobierno y que
genera como resultado no sólo la degradación de los niveles de vida, sino
también el incremento de la violencia oficial y “extra oficial” que defiende el
modelo que sirve a los intereses de las élites nacionales y extranjeras, como
también explica las razones para poner el foco de la opinión pública en la
legitimación de una guerra continental contra Venezuela o el desviar la
atención de las culpas que tienen los últimos dos gobiernos, el actual Fiscal
General y lo dueños del grupo AVAL en el mayor escándalo de corrupción de este
país. Financiadores, autores de la política y detentadores del poder, son los
que nos desean imponer la política económica que se sintetiza en el Presupuesto
General de la Nación y en el Proyecto de Ley de Financiamiento – realmente
reforma tributaria – y que vemos a continuación:
1.
El Presupuesto General de la Nación –
PGN -.
El
PGN aprobado y convertido en Ley para el año 2019 es de 258,9 billones de
pesos. Dicho presupuesto aumenta los
gastos de funcionamiento del Estado, pero disminuye los recursos para
inversión, con lo cual se afectan de forma grave los programas sociales.
Aumenta en un 38% los gastos para pago de deuda, en un 7% los gastos de
funcionamiento y disminuye en 9,4% los recursos para inversión [i].
Del
total del PGN 157,1 billones de pesos (sacando la deuda) son destinados para
funcionamiento (burocracia, puestos políticos, etc) y sólo 35,3 billones de
pesos son para inversión [ii]
El
mayor rubro de este presupuesto es de 66,4 billones de pesos (22 billones más
que para 2018), los que están destinados al pago de la deuda y que representan
la cuarta parte de todo el PGN.
Aumentan
los presupuestos para Educación, Defensa y Policía, Comercio-industria y
turismo, salud entre otros. Pero recordemos que aumentan básicamente para
funcionamiento. Además, en materia educativa son insuficientes para cubrir el
déficit histórico de la educación pública, o en salud, seguirán quedando en
manos de los dueños de las EPS que se apropian como ganancias el 30% del dinero
de la salud de los colombianos.
Disminuyen
los presupuestos para el sector Agropecuario, Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Ciencia y Tecnología, Cultura, Deporte y Recreación, Vivienda y Registraduría [iii], con lo que cabe
preguntarse para este último caso ¿cómo se garantizarán las Consultas Populares
en términos de financiamiento o la implementación del voto electrónico?
Este
presupuesto se estructura sobre la base de unos supuestos macroeconómicos para
2019, de un crecimiento proyectado de 3,4%, una tasa promedio del dólar de $
3.001 ( que hace más caros los alimentos que importamos o cualquier otro bien
traído del exterior y que impacta hacia arriba la inflación), una inflación
proyectada del 3%, con un desempleo que a julio de 2018 se ubica en 9,7% con
informalidad del 50%.
Más
de la mitad de los ingresos del país dependen de las exportaciones del petróleo
y del precio internacional del mismo, así como de lo que aporte el
extractivismo de minerales que se transan en las bolsas internacionales; es
decir, somos como Venezuela, pues dependemos de lo que este gobierno le critica
a aquellos. Con precios del petróleo tan volátiles o los de los minerales, no
puede el gobierno garantizar ingresos fiscales estables y en un año estará
hablando de otra reforma tributaria.
Lo
peor, es que el sector agropecuario y la industria han perdido participación en
el Producto Interno Bruto –PIB- y que son los sectores que producen riqueza
real, de donde se debe distribuir a los hogares colombianos. Somos como
Venezuela.
El
cálculo de este PGN, lo hace este gobierno aumentado en los cerca de 14
billones de pesos que dice hacen falta y que buscan justificar la reforma
tributaria que plantea con el nombre de Ley de Financiamiento. Es decir,
primero piensa qué gastarse y luego piensa en cuánto tiene. Todo al revés.
2.
La Reforma Tributaria que se esconde con
el nombre de Ley de Financiamiento.
De
acuerdo con el analista y profesor universitario Jorge Enrique Espitia [iv], la Ley de financiamiento
está directamente relacionada con la estructuración y adopción de la Ley de
Presupuesto General de la Nación, contrario a una reforma tributaria que no
depende del PGN. Por lo tanto, la hipótesis que nos lleva a pensar que el gobierno
hace un presupuesto deliberadamente deficitario para apalancarlo con el cobro
de más y mayores impuestos a la población (sectores más pobres y clase media),
cobra fuerza. Más aún, porque su articulado modifica sustancialmente el
Estatuto Tributario.
La
lógica de este proceder está en aumentar los impuestos a los bienes y servicios
que más consume la población (IVA), así como gravar las rentas (Impuesto de
Renta) de la mayor parte de la población ( pobres y clase media). En
contraposición, disminuye las cargas impositivas para los más ricos y para las
corporaciones nacionales y extranjeras. Esto se da, porque el modelo económico
de estas castas busca apropiarse de las rentas del trabajo y acumularlas en su
poder. Por eso se grava el trabajo (ingresos de los trabajadores, salarios) y
se disminuye la carga tributaria al capital, incluido el financiero (Grupo
AVAL, por ejemplo).
Lo
anterior, se evidencia en el contenido del Proyecto de Ley de Financiamiento
que cursa en el Congreso de la República, cuyo contenido se fundamenta entre
otros, en gravar con IVA del 18% productos de la canasta familiar que consta de
181 productos, entre alimentos básicos, productos y servicios de comunicación,
servicios y productos educativos, diversión, salud y otros gastos. En el
momento de escribir este artículo, el gobierno ha dicho que no gravará la
“canasta esencial”, concepto que no sabemos a qué se refiere y que en cualquier
caso permite inferir que aquellos productos de la canasta básica que no
consideren “esenciales” serán objeto de gravamen. Muchos de los productos de la
canasta básica ya están afectados con IVA, pero otros que pesan bastante en el
consumo de los hogares pobres y de clases medias – como pollo, cerdo, res,
frijol, pescados, queso, hortalizas y legumbres frescas, que están exentos o
tienen tarifa 0%- pudieran ser catalogados por el gobierno como “no esenciales”
y ser gravados. Pudieran decir que “esenciales” son el arroz , la papa y los
huevos.
Para
el gran capital la reforma contempla por ejemplo eliminar el 100% del impuesto
a sus movimientos financieros GMF (4 por 1000) y disminución del impuesto de
renta hasta rebajarlo del 33% al 30%. Sin embargo, gravarían con renta los
ingresos salariales desde 1.800.000 (afectando de forma especial a la clase
media).
Lo
que este proyecto de financiamiento ( reforma tributaria ) propone es
especialmente nocivo para la mayor parte de los 11.144.850 hogares que de
acuerdo al DANE existen en Colombia, y que están compuestos básicamente por
clase media y bajos ingresos. De acuerdo a la encuesta de ingresos y gastos de
los hogares que realiza el DANE, más del 75% del consumo de los hogares de
bajos ingresos se gasta en alimentación (34,66%), vivienda (29,74%) y
transporte (11,03%). Según cálculos [v] de 4,2 billones que el gobierno
recaudaría gravando alimentos, el 55% de esos impuestos los pagarían las
familias de ingresos medios, el 31% las familias de bajos ingresos y el 14% las
de ingresos altos.
Así
las cosas, si la población no se une para rechazar esta “reforma tributaria”,
deberemos cada quien en el malestar individual y desde su casa, mascullar el
peso de la iniquidad que el gobierno pretende poner sobre los cada vez más
menguados bolsillos de la población de este país.
[i]
Fuente: Álvaro Forero Hurtado, UTL de la Senadora Aída Avella.
[ii]
Ib Idem
[iii]
Fuente: PGN.
[iv]
“El IVA a la canasta familiar. Elementos para la discusión”. Jorge Enrique
Espitia. Disponible en https://justiciatributaria.co/el-iva-a-la-canasta-familiar-elementos-para-la-discusion/
[v] Ib
Idem
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