jueves, 16 de agosto de 2018

ANÁLISIS DE COYUNTURA








Cansados de obedecer,
cansados de ser consultados mientras otros deciden,
 queremos gobernar nuestros territorios.

-Congreso de los Pueblos-

El inicio del “nuevo gobierno” a partir del pasado 07 de agosto, presenta para Colombia el intento de retroceso hacia tiempos ya vividos, en donde las clases dominantes tradicionales y emergentes [i] buscan imponer de nuevo un modelo de despojo basado en la fuerza estatal y paraestatal, que garantice el mantener sus privilegios y aumentarlos. Para ello, enmarcan de nuevo al país en la táctica del enemigo interno y la guerra, en el discurso de la seguridad y en el desarrollo de una política social y económica que profundiza los efectos neoliberales. En este marco se encuentra el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras e insurgencia reinsertada. La paz debe ser defendida como derecho de la humanidad.

Es así que se plantean en el modelo económico, un ajuste fiscal soportado en la disminución de los impuestos a la corporación transnacional y los conglomerados nacionales de la industria, agroindustria, sector financiero, comercio y servicios. En paralelo, plantean cargar mayor tributación directa a la clase media con impuestos sobre los salarios a partir de 1.900.000, y sumarle el cobro a las clases populares por la utilización de dinero en efectivo. Son propuestas aún, pero demuestran las intenciones que traen. Ya durante los gobiernos de Álvaro Uribe se hicieron cuatro (4) reformas tributarias en donde se afectó el ingreso de los colombianos de menores recursos. En el año 2002, se amplió la base del impuesto al valor agregado, se aumentó además la tarifa al 16% para bienes que traían una tarifa del 10%. En el año 2003, productos que se encontraban excluídos de dicho cobro fueron gravados con un IVA del 7% y se crearon además tarifas del 3% y 5% para otros bienes y servicios. En el año 2006, nuevamente se pasaron bienes con tarifa del 10% hasta el 16%.

En el caso de Juan Manuel Santos, el Gravamen a los Movimientos Financieros GMF continuó en el 4 por 1000, pese a que en la reforma tributaria de 2010 planteó su eliminación progresiva hasta 2018. Adicionalmente, llevó a pagar el Impuesto Mínimo Alternativo Imán a las personas que tuvieran ingresos mensuales por encima de los $ 3.600.000 lo que en nuestro país afecta a capas de la población de ingresos medios y sobre las cuales recaen una serie de gravámenes y contribuciones como en los servicios públicos.

Ahora el nuevo ministro de hacienda plantea aumentos en la edad de jubilación, afectar tributariamente el monto de las mesadas pensionales. Durante su gestión en el gobierno Uribe, en la misma cartera, eliminó una mesada para los trabajadores pasando de 14 anuales a 13, mientras la aumentó para él y demás funcionarios públicos de alto nivel hasta llegar a 16 mesadas anuales.

La producción nacional la soportan de nuevo  en la extracción de hidrocarburos, minerales y metales. En los años de altos precios del petróleo y otros productos mineros, la producción creció aproximadamente en un 52,3% en tanto que el empleo sólo lo hizo en un 11,5%. Agro e industria redujeron su participación en el PIB de 21,9% en 2003 al 17,2% en 2014 [ii] y dicho comportamiento no ha sido revertido. El mantenimiento de los TLC que afectan al sector agropecuario, manufacturero pequeño y mediano y al comercio de pequeña estructura, continúan. El anuncio de un crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2018 correspondiente a 2,8% respecto de un período de depresión en 2017, no es alentador por cuanto esa riqueza se concentra en pocas manos y no se irradia el beneficio al total de la población. Otra propuesta lesiva que se ha anunciado, es el desmonte de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. El hueco de los 50 billones de pesos que se van a los bolsillos de los corruptos, los pagamos los sectores medios y populares.  La revaluación del dólar como producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y Turquía, afecta a Colombia y encarece los costos de producción, los créditos externos y la importación de alimentos a la que nos someten las élites a través de los TLC.

Los derechos de la población como salud, educación, vivienda y movilidad profundizarán sus efectos nocivos para las mayorías más desprotegidas, por cuanto continúan en manos del sector financiero y especulador, de forma tal que se extraen más rentas para los dueños privados en la medida que entreguen menor cobertura real, menor calidad y menor pertinencia a las características y necesidades nacionales, territoriales y locales. Los bienes comunes de la humanidad como el agua y la biodiversidad peligran ante la mirada mezquina de las élites que piensan en su lucro inmediato y menosprecian a las generaciones futuras. Los factores que producen la riqueza como lo son el ser humano y la naturaleza, continúan en peligro de sucumbir a una crisis civilizatoria.

En contraposición, la idea de poder popular para las mayorías de la población, implica la temporalidad del ahora. No se conforma con la promesa de un futuro mejor, trabaja por la dignidad en la cotidianidad. En tal sentido, es una ruptura con las promesas gubernamentales de cada cuatro años.[iii]  Durante la última campaña legislativa y presidencial, se presentó un fenómeno inédito como lo fue la movilización de la población que hastiada de la corrupción de las clases dominantes, buscó alcanzar un programa progresista modernizante, que con el desarrollo de los factores productivos, con la interrelación respetuosa con la naturaleza y el privilegio de los derechos sociales y medioambientales, lograra alcanzar mejores y mayores niveles de vida digna para todas y todos. Como resultado de esta disputa por el poder para poder, ha quedado una bancada parlamentaria alternativa y de oposición como no ha habido nunca. La  llegada al parlamento de líderes indígenas y campesinos como Feliciano Valencia, César Pachón y Alberto Castilla, de mujeres y sobrevivientes de la guerra genocida del Estado como Aída Avella y María José Pizarro, el arribo como producto de un Estatuto para la Oposición, de Gustavo Petro y Ángela María Robledo, entre otros, es muestra de un logro del torrente popular y de clases medias que quieren otra Colombia más humana. Por fin hay campesinos con callos en las manos en las comisiones Quinta de Senado y Cámara, voceros de los trabajadores, de los usuarios y de las usuarias de la salud, y de las clases populares en la comisión Séptima del Senado o defensores de los intereses de las mayorías en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, por ejemplo.

Acompañando, se mantiene la movilización de la población para reclamar los derechos, sumando una gran fuerza en la disputa de hecho, a la fuerza de la disputa institucional. Es necesario construir una gran convergencia social y política de los sectores alternativos y populares para favorecer la disputa del poder nacional así como de los poderes locales. Parte de la autonomía popular tiene que ver con los límites de la democracia burguesa que ha impedido el ejercicio de relaciones de poder basadas en la justicia.[iv] Debe ser la movilización de la población colombiana quien rechace que la ubicación geoestratégica de Colombia en el continente, sea utilizada para embarcarnos en una agresión o en una guerra contra países vecinos que no comparten los modelos de las clases dominantes colombianas y continentales. Debe ser dicha movilización la que impida que más hijos de las gentes humildes sean enviados y enviadas a matar y a morir en guerras ajenas para defender los intereses de los ricos que se cobijan con la bandera de la OTAN. Debe ser esa movilización, la que defienda los derechos de la diversidad étnica, sexual, religiosa y política.

Y dentro de todo este panorama, los trabajadores y las trabajadoras debemos jugar un papel fundamental en el mejoramiento de formas de asociación y de acción. Los maestros y las maestras como depositarios de la formación política, para la producción, la libertad y la paz son eje sine quan non. Se debe recuperar la identidad de la clase trabajadora - que tiene intereses antagónicos con las clases dominantes - y el sindicalismo debe avanzar hacia articularse en verdad de manera organizada y prospectiva, no de forma coyuntural. Debe crearse un bloque entre clase obrera, campesina y popular.[v]

Pereira, agosto 16 de 2018.



[i] Las clases dominantes tradicionales son aquellas que hacen parte de las castas de la élite criolla originaria de España  o de migraciones del cercano oriente (judíos y sirio-libaneses), y que ostentan el poder económico, político y social. Son propietarias del gran latifundio orientado al desarrollo agroindustrial especialmente de monocultivo, de la banca, sector financiero, asegurador e inmobiliario, de la ganadería extensiva, de la industria manufacturera y de servicios varios.  Las clases dominantes emergentes son aquellas que han resultado como producto del narcotráfico y del paramilitarismo, las cuales también se han hecho a la propiedad de grandes extensiones de tierra para la especulación, propietarias de la industria de la “diversión”, del contrabando, del lavado de activos y de la extracción de rentas a las finanzas públicas.
[ii] Disponible en http://opinadorglobal.blogspot.com/2016/03/como-llegamos-la-crisis-economica-de.html
[iii] Congreso de los Pueblos – La paz nace del Poder Popular- 2017.
[iv] Ib Ídem.
[v] Periódico Idealogando No. 3 de 2018 – Entrevista a José Oner Jiménez Correa, Dirigente de Magisterio Alternativo de Inclusión Social MAIS y de FUNAMA.

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