UAF SIN CONSULTA A COMUNIDADES

Por: Carlos Mario Marín Ossa

En días pasados, representantes y voceros de organizaciones campesinas vinculadas y fundantes del proceso Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, asistimos a la ciudad de Medellín, invitados por el INCODER, para socializarnos el estudio proyecto de redefinición de la política de Unidades agrícolas familiares UAF.

Considero que la política de UAF tiene como papel importante, definir qué cantidad de tierra puede necesitar una familia campesina de base para tener una vida digna. Pero no puede quedarse dicha política sólo en ese planteamiento. 

Si bien es cierto, que la “cultura” imperante en materia de tierra y economía campesina en Colombia - que de paso sea dicho no ha sido definida por los campesinos reales – es producir para competir con mercados globales, para servir de apoyo a la intermediación del sector agrícola, para apoyar la gran industria de alimentos y estimulantes (café), para favorecer el desarrollo comercial de las multinacionales químicas y del sector financiero; también es cierto que grandes franjas de la población campesina se resisten a verse inmersas en este modelo, y abogan por la soberanía y seguridad alimentaria, por la autonomía para decidir que hacer con su tierra, cómo sembrarla y con qué, en fin, decidir soberanamente como desarrollar económicamente su terruño.

Pero en el estudio presentado por el INCODER, se alcanza a intuir un proceso inductivo hacia sistemas productivos que en algunos casos identificados, no tienen en cuenta cultivos (lícitos) que las comunidades trabajan y que también les aportan economía, además de hacer parte de su idiosincrasia y reserva de su resistencia contra los modelos de despojo. Percibimos también, que la universidad contratada para realizar el estudio (incluído el del eje cafetero) no visitó a las comunidades, es decir, se trabajó con información secundaria y en algunos casos desactualizada. Es este un error garrafal que debe corregirse, pues para una política pública de tanto impacto – especialmente en   un escenario de postconflicto – se debe tener gran delicadeza en estos aspectos y contar con la consulta de las comunidades que posteriormente serán afectadas.

Para Risaralda, bajo el estado actual del estudio, se definieron tres zonas relativamente homogéneas y se definieron 159.200 hectáreas adjudicables (45% de la extensión total del departamento). Esperemos que se corrijan los errores y que se cuente con la voluntad del campesinado risaraldense.

Amanecerá y veremos.