Por:
Carlos Mario Marín Ossa.
@MarioossaM
@MarioossaM
La jornada del 9 de abril de 2013, pasará a
la historia nacional como una situación inédita en 65 años, pues tal vez por primera
ocasión desde aquel día de 1948 –en que la sórdida e inmoral codicia de la
oligarquía colombiana y norteamericana, desató la “horrible noche” sobre varias generaciones de compatriotas, aunque
en el himno nacional entonemos como papagayos que esa horrible noche cesó- el
evento central no fue conmemorar el asesinato del caudillo del pueblo Jorge
Eliecer Gaitán Ayala; sino la gran movilización nacional en apoyo del proceso
de paz que al momento llevan en la Habana (Cuba) los representantes del
gobierno nacional –representantes de la oligarquía colombiana y su aparato
militar y policivo- y los representantes de la insurgencia armada. Uno de los
listones que se enarbolaron, fue el discurso de una jornada para recordar y
honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Visité
la capital del país, para observar y escuchar de primera mano lo que ocurría
allí durante esta jornada y bajo qué contexto.
Ríos de Esperanza.
Aunque
existen diversas versiones sobre la cantidad de marchantes, mi cálculo es que
en Bogotá se movilizaron por las calles y hacia la plaza de Bolívar alrededor
de 200.000 personas apoyando la búsqueda de la paz y recordando a sus víctimas.
En el resto del país la acogida no fue tan multitudinaria como se ha visto en
otras ocasiones, caso concreto: Antioquia.
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| Bogotá. 9 de abril de 2013/Foto - Carlos Mario Marín Ossa |
Pero
otro hecho que no se debe ocultar, es que Bogotá no marchó en esta jornada. Lo
que se apreciaba en los habitantes de la capital, es que estaban inmersos en
sus actividades cotidianas y medianamente intrigados por la marcha que recorría
las calles. Salvo algunos habitantes vinculados con procesos sociales o
políticos del distrito capital que tienen intereses en el proceso, las gentes
capitalinas siguieron su rutina.
Como
es sabido ya, el taimado ministro de defensa realizó su propia marcha con los
integrantes de la fuerza pública, invocando reivindicación para las víctimas de
la institución castrense.
Y
aunque los colombianos que marcharon en Bogotá, lo hicieron invocando la paz;
lo cierto es que las concepciones de la paz que quieren unos y otros difiere en
asuntos claves –por lo menos así lo sugieren las declaraciones escuchadas a
través de diversos canales-. Es claro sin embargo, que la esperanza está
presente y son ríos los que movilizan este sentimiento. Debe ser así
necesariamente, porque el anhelo legítimo y necesario de la paz es el anhelo
del pueblo (de aquel que ha sufrido y sufre los rigores de la pobreza, la
ignorancia y la exclusión social, económica y política). En este pueblo que
anhela el fin del fuego de las armas para vivir tranquilos y poder buscar
soluciones al conflicto social, nos encontramos los civiles y miembros de la
fuerza pública. Pero no aparece en este pueblo la oligarquía colombiana,
tampoco los miembros de la fuerza pública que con el influjo de su rango y años
de sometimiento a los designios de esta clase opresora, han vendido su dignidad
y la confianza del pueblo en pos de prebendas y negociados.
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| Vista de Bogotá - Cra. 7a. calle 13./Foto - Carlos Mario Marín Ossa |
Los
hijos de la oligarquía no pagan servicio militar, ni engrosan las filas de la
fuerza pública. No serán enviados nunca al frente de batalla como carne de
cañón y precisamente por eso no titubean al ordenar que se envíen a cientos de
miles de campesinos e hijos de trabajadores a recibir las balas y explosiones
del conflicto armado. Por eso, dicha esperanza nos pertenece y es legítima su
reclamación. A ellos el silencio de los fusiles les interesa por razones
estrictamente económicas.
Pero
debemos apostarle a la búsqueda de la paz –inicialmente del fin del conflicto
armado interno-. Es un deber y un derecho.
Entender las intenciones
ocultas.
El
colombiano de a pie espera la paz como forma de vivir sin la zozobra de quedar
entre el fuego cruzado de los combatientes o entre las explosiones de cualquier
aparato convencional o no convencional utilizado en los enfrentamientos bélicos.
Así podremos legar a nuestros hijos la posibilidad de vivir sin el miedo que
genera la guerra. Ambicionamos la posibilidad de estudiar, trabajar y salir a
pasear sin el miedo de quedar en medio de un enfrentamiento armado.
La
Oligarquía colombiana, quiere la paz (el fin del conflicto armado) para que sus
intereses económicos no se vean afectados y puedan ser concretados de acuerdo a
sus expectativas. Sus problemas de seguridad son mínimos pero caben dentro de
las posibilidades. Sus negocios con el gran capital internacional se ven
abocados a restricciones no deseadas en medio del conflicto bélico de tipo
ideológico confrontacional. Además, algunas zonas del país de importancia
estratégica para su explotación y usufructo, están restringidas a su influjo.
Entre
las tácticas para garantizar el alcance y disfrute de sus intereses económicos,
está lograr la reelección del presidente Juan Manuel Santos –miembro a su vez
de una larga estirpe de la más antigüa oligarquía nacional- y quién de forma
particular desea pasar a la historia como el presidente que firmó la paz. Por
supuesto, algún presidente deberá firmar esa paz y ese hecho quedará en el
registro histórico colombiano. Eso no está mal, pero no genera la confianza
suficiente el deseo visible de reelección, y posibilita resistencias de
diversos sectores como en efecto está ocurriendo.
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| Plaza de Bolívar. -Bogotá 9 de abril de 2013- Foto/ Carlos Mario Marín Ossa |
Los
altos rangos de la fuerza pública tienen un factor que necesariamente atenta
contra la conveniencia del fin del conflicto armado, y es que el gigantesco
presupuesto para la guerra – llamado dentro del Plan Nacional de Desarrollo
“Defensa y Seguridad”[1] – es de 58,09 Billones de
pesos constantes de 2010. Más del 10% del total del presupuesto nacional para
el cuatrenio 2010 – 2014. Sumado al gran personal y bienes que se encuentran
bajo su mando, se concentra un grandísimo poder en manos de los altos rangos
militares y policivos, por supuesto no es fácil renunciar al mismo.
Los
sectores que se han apoderado (saqueado) de las tierras y desplazado a varias
generaciones de campesinos por diversas vías a través de décadas, no tienen
interés en que el proceso salga avante. Concentran gran poderío económico,
político y militar; y lo utilizan para impedir que cualquier iniciativa –
incluso legal – posibilite la recuperación de las tierras por parte de las
víctimas del despojo. No en vano la Ley de reparación de víctimas, define a
estas y sus “derechos” a partir de 1985; es decir, desde el inicio de la
violencia paramilitar y narcotraficante. Pero las víctimas del conflicto armado
colombiano en términos más generales y de forma concreta comienzan cerca de 20
años antes del 9 de abril de 1948. Quienes desataron la violencia contra el
pueblo colombiano desde esas fechas, ahora son “decentes y prestigiosos”
líderes y miembros de la alta sociedad nacional. Apoltronados en el congreso,
la presidencia, los órganos de control, las altas cortes o con sus agentes en
dichas instituciones; ya no responderán por la deuda histórica con este pueblo
avasallado.
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| Bogotá, 9 de abril de 2013 / Foto - Carlos Mario Marín Ossa |
Por
otro lado, los más recientes victimarios se enfrentan ante la posibilidad real
de enfrentar a la Corte Penal Internacional una vez las condiciones
político-sociales del país varíen, las fuerzas insurgentes se reintegren al
sistema social y la correlación de fuerzas de los factores reales de poder se
modifiquen.
El
capital internacional bajo las condiciones de crisis sistémica del capitalismo,
cuyo ciclos recesivos se acortan cada vez más y que inciden de forma
fundamental en las expectativas económicas y de ganancia de las economías
“desarrolladas”, en las tasas de interés de dichos mercados y en las
perspectivas de ubicar sus excedentes de producción y llevar sus capitales
golondrina a países latinoamericanos que ofrezcan tasas diferenciales de
ganancia superiores al mercado norteamericano y europeo; tienen interés en
apoyar el proceso de paz. Pero no como una muestra de solidaridad o como aporte
a la reconciliación del pueblo colombiano. Su interés radica en que para poner
en práctica sus imposiciones comerciales (TLC), su “confianza” en nuestra
economía (explotación minera, patentes en biodiversidad, farmacéuticos,
semillas, etc.) y su especulación financiera a través del flujo de capitales
golondrina; es conveniente que desaparezcan las oposiciones armadas de gran
influjo, que ya el sistema político y el modelo económico no variará
sustancialmente. Para eso existe la clase dirigente colombiana, al servicio de
sus mandatos y en franca traición a su pueblo.
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| Bogotá, 9 de abril de 2013 / Foto - Carlos Mario Marín Ossa |
Por
último, las fuerzas insurgentes luego de cinco décadas de guerra, acusan un
desgaste militar, ideológico y financiero normal luego del escalamiento de la
guerra y el crecimiento del aparato armado, con los altibajos de las diferentes
fases del conflicto. El país social parece inclinarse hacia salidas
democráticas (aunque las elecciones las ganen quienes escrutan) debido al
cansancio del miedo y el desasosiego del belicismo. Organizaciones sociales y
políticas alternativas de diverso orden propugnan por educación y pedagogía de
los derechos, como forma de adelantar una revolución cultural que modifique
gradualmente las estructuras del poder en la Nación y empodere al pueblo en la
búsqueda y solución de sus problemas, en la creación de paradigmas de gobierno
sociales y participativos; y en implementación de un modelo económico que
garantice el Estado de Bienestar. Todo por la vía democrática participativa.
En
este contexto, la firma del fin del conflicto armado y la inserción en la lucha
política y democrática es el camino.
LA CEGUERA MACONDIANA
Si
bien es cierto los argumentos en contra del avance de este proceso de paz hacen
eco en amplios sectores nacionales, sobre todo en aquellos más pobres y
sometidos a la andanada mediática de los amigos del sector recalcitrante y de
extrema derecha; la paz es un imperativo para este pueblo.
El
sólo hecho de que nuestros hijos conozcan este país sin guerra, ya vale la pena
de apostar por el proceso. Sin duda las luchas democráticas por solucionar el
conflicto social para buscar calidad de vida, bienestar, desarrollo y
soberanía; serán más fáciles de acometer en un clima de paz. No en vano, un
grueso número de los marchantes eran jóvenes menores de 25 años. Parece que
algunos de los mayores, no han ayudado a construir un país equitativo, soberano
y democrático; y aun así pretenden imponer sus “criterios” sobre la esperanza
de las nuevas generaciones.
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| Niños apostados sobre la Av. Caracas Pidiendo la PAZ. Foto/Carlos Mario Marín Ossa |
Será
indispensable la construcción de un nuevo “Contrato Social” en donde las élites
cedan privilegios en pos de mantener un clima social equilibrado y la fuerza
pública defienda los intereses de todos los colombianos y no sólo de un puñado
de ellos. El concurso de los entes castrenses es necesario para que este orden
de las cosas se dé.
De
lo contrario las pugnas necesariamente se agudizarán y las contradicciones continuarán
antagónicas. Para todos es mejor disfrutar de ciertos niveles de privilegio que
arriesgar a no tener nada.
En
contra del interés mayoritario de la Nación, se encuentra el interés de un
grupúsculo de agentes oscuros que se caracterizan por el dogmatismo y la
imposición de la fuerza para defender el resultado de sus acciones de despojo y
avasallamiento. Son aquellos que gustan de un pueblo indigente y menesteroso
que crea que ellos con sus limosnas son sus salvadores, cuando en realidad son
sus más crueles verdugos. Son aquellos que se enfrentan a la posibilidad de la
Corte Penal Internacional. Aquellos que añoran la época inquisitorial del
oscurantismo. Sufren de la ceguera macondiana más trágica, porque cuando la
“enfermedad del olvido” llego a Macondo, sus habitantes la enfrentaron
escribiendo sus memorias en papelitos que dejaban por todas partes para
recordar. Pero en este contexto de ofensiva contra la paz, los papelitos
macondianos no sirven a la memoria, porque quienes los han escrito están
ciegos.
[1]
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Prosperidad para Todos. Ley 1450 de
2011. Art. 4o. Pág. 3
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