Lo que hizo la reforma tributaria, lo que dejó de hacer y lo que queda pendiente

Por:  Honorable Senador Alberto Castilla

 

Por segundo año consecutivo el gobierno tiene que recurrir a una ley de financiamiento para buscar los recursos que le hacen falta para cubrir lo aprobado en el presupuesto nacional. El hueco para el 2015 sería de $12,5 billones, faltante que pretende ser subsanado con la reforma aprobada en Plenaria del Senado.

 

Para comprender esta situación, es necesario recordar lo ocurrido en 2012 cuando fue tramitada la ley 1607 de reforma tributaria. Esta nueva ley de financiamiento confirma el fracaso de la reforma anterior, entre otras por su pretensión de ser “neutral en el recaudo”, cuando las necesidades de gasto del Estado son crecientes. La reforma del 2012 fue benévola con el empresariado al eximirlos de la obligación del pago de parafiscales a la nómina (Sena, Icbf y salud) y reducirles la tarifa del impuesto a la renta del 33% al 25%, lo que se compensó apenas parcialmente con el nuevo impuesto CREE.

Con esta reforma se pretende corregir la tarifa de este impuesto con una sobretasa. Las declaraciones del entonces Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, en las que confesaba que no se tenían los estudios que soportaban el impuesto (1), sugerían que su recaudo no sería el requerido.

La sobretasa al CREE más el impuesto al patrimonio, ahora denominado impuesto a la riqueza, parecieran equilibrar ligeramente los beneficios otorgados a los empresarios en 2012. En estos dos gravámenes, más el 4 por mil, se concentra el recaudo esperado de la reforma. La compensación al empresariado sería muy tímida, porque si bien se mantienen estos impuestos, otorga prebendas al empresariado, como el descuento de 2 puntos del IVA a quienes importen maquinarias o la exención a los “Fondos de inversión de capital extranjero” del pago del impuesto a la riqueza.

Como estrategia para vender la reforma, el gobierno ha argumentado que los recursos que con ella se obtengan serán destinados a la inversión social, omitiendo que los principales gastos del gobierno tienen que ver con el pago de deuda ($42 billones para el 2015) y el gasto en defensa (superior a los $27 billones), que incluye incrementos considerables en el presupuesto del año 2015 (2).

Preocupa el diálogo permanente y cercano del gobierno con los gremios económicos durante el trámite de la reforma, mientras ignora las solicitudes de los movimientos sociales y  los sectores populares. Así pareciera que el empresariado envía el mensaje del “sacrificio temporal” por esta vez, con la promesa de la anhelada reforma estructural (3) que incluiría aumentos del IVA, siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Algunos sugieren que en el acuerdo con los empresarios estaría también un tímido incremento al salario mínimo para el 2015 y el retiro del respaldo del gobierno al proyecto de horas extras, prometido en tiempos de la campaña reeleccionista.

Adicional a lo anterior, esta reforma tributaria es lesiva sobre todo por lo que no hace, pues no modifica una estructura tributaria profundamente desequilibrada. El costo de los beneficios tributarios para los últimos cinco años se calcula en $33,23 billones, de los cuales el 30% se concentra en los servicios financieros (4), nada se plantea en esta reforma para eliminar semejantes beneficios. El desequilibrio del sistema lo ejemplifica claramente Salomón Kalmanovitz: la secretaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo paga proporcionalmente más impuestos que su jefe (5). En esta situación incide sin duda la negativa del gobierno a aceptar el impuesto a los dividendos, que conduce a que las personas que obtienen sus ingresos de dividendos y acciones no pagan ningún tributo por ellos, mientras los impuestos al trabajo y el consumo se mantienen. 

Los cambios en la reforma buscando la venia del empresariado más la caída de los precios de los commodities, del petróleo en particular, agravan la apretada situación fiscal y ponen en duda que esta reforma cumpla sus metas de recaudo. El panorama es difícil, más aún con el llamado “posconflicto” a la vista, que de tomarse en serio requerirá inversiones estatales adicionales.

En conclusión, la reforma da continuidad a unos impuestos a los empresarios, que no alcanzan a compensar lo concedido en la reforma anterior, mantiene una serie de exorbitantes exenciones, una vez más se niega la posibilidad de gravar los dividendos, y no garantiza los recursos que requiere el Estado en el mediano plazo. Lo más preocupante es lo que deja pendiente: con el panorama planteado, los trabajadores y la clase media seremos quienes respondamos por el próximo ajuste tributario, tal vez de corte estructural, pero a la medida de los empresarios.

 

(Tomado de http://poderyunidadpopular.org/index.php/legislativa2/proy/143-lo-que-hizo-la-reforma-tributaria-lo-que-dejo-de-hacer-y-lo-que-queda-pendiente )
 

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1. Ver: “Polémica declaración de director de la Dian sobre nuevo impuesto” http://www.elespectador.com/noticias/politica/polemica-declaracion-de-director-de-dian-sobre-nuevo-im-articulo-387407
2. En varios apartes de la ponencia del proyecto de presupuesto se menciona el aumento del gasto en defensa, en momentos en que parece estar cerca el cierre de las negociaciones de paz con la insurgencia. Al referirse al Gastos de personal y gastos generales (por $32,2 billones en total), se menciona que “Además de las provisiones para el incremento salarial de los servidores públicos, incluye, entre otros, el efecto total del incremento en el pie de fuerza esperado para 2015 y el incremento por nivelación de los salarios de la Rama Judicial y la Fiscalía”. Y en otro aparte: “Los gastos generales, por su parte, ascienden a $6,5 billones (0,8% del PIB), inferior en 7,5%, esto es, $529 mm respecto a 2014, mostrando la moderación con que se ha manejado este rubro, a pesar de que los incrementos en personal, como ocurre en el caso del sector defensa y Policía Nacional, ejercen presiones reales para su aumento,  concentrando el 69,7% de las erogaciones por este concepto”. 
3. Ver: “Gobierno promete a empresarios reforma tributaria estructural para 2015” http://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-promete-empresarios-reforma-tributaria-estruct-articulo-529712
4.“Los beneficios tributarios en el impuesto a la renta”, Red Justicia Tributaria.
5.Ver: “El impuesto a los dividendos” http://salomonkalmanovitz.com/El-impuesto-a-los-dividendos-kalmanovitz.html

Las formas políticas que gobiernan Risaralda

Por: Carlos Mario Marín Ossa
        @MarioossaM

Foto/ Carlos Mario Marín Ossa

La generación nacida o criada en Risaralda desde hace diez o quince años, ha crecido viendo como prácticas políticas en el departamento, la negación de la realidad a pesar de lo palpable de la evidencia en el terreno, el atropello de los electos "popularmente" en las corporaciones o desde los cargos administrativos, la pérdida del patrimonio público en manos de gobiernos que nunca responden por sus actuaciones, la toma de decisiones apresuradas (alcaldadas) para revertirlas al día siguiente. Las últimas tres campañas que han visto estas generaciones en sus barrios y veredas han estado cruzadas por la entrega de electrodomésticos, tejas, ladrillos, lechona, licor, dinero y más a cambio de los votos. El mensaje: sea corrupto que así se hace elegir y una vez elegido, hay más para apropiarse. 

Los entes de control son cooptados por esa clase política y hemos visto efectivamente el ascenso de un sector del "pueblo" a los puestos públicos, en muchas ocasiones sin perfil para ejercerlos; pero con contadas excepciones, para trabajar con entrega y ética. Lo común es ver a funcionarios oficiales deambulando por los pasillos de las entidades sin mucho trabajo - sin contar con las nóminas paralelas - como común se va volviendo enterarnos de funcionarios que falsean diplomas y calidades académicas para acceder a puestos de alto vuelo regional. Una vez descubiertos, sus jefes (los administradores electos) desestiman la gravedad del caso y los dejan desaparecer en medio de una neblina sutil y descarada. 

Ahora se volvió común por parte de las autoridades, desconocer flagrantemente la existencia de organizaciones delincuenciales que atentan contra la seguridad de los habitantes y de la sociedad organizada, aunque además de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, las alertas salen desde la defensoría del pueblo.

Prácticas políticas que ha visto esta generación que crece y posiblemente nos gobierne: Falsifique, aprópiese, desaparezca, desconozca, no escuche al ciudadano contribuyente, apruebe a la madrugada, corrómpase que en Bogotá se cuadran políticamente las sanciones y en cuatro años se vuelve a elegir. Y más.

Los ciudadanos que se quejan por la mala situación del departamento y de lo que le espera a sus hijos, deben pensar seriamente a quienes van a elegir en 2015. Cuánto vale recibir una dádiva y cuánto le costará a toda su familia en los siguientes cuatro años. Recuerden los electores de la ex-alcaldesa Luz Ensueño, cuánto les costó la aprobación del estudio de avalúos catastrales en 2010 y el acuerdo que dio vida al predial en 2011. Recuerden los electores de Juan Manuel Arango lo que costó la escisión de las empresas públicas de Pereira y cómo los Nule y sus amigos han afectado con las tarifas de energía - por ejemplo - el bolsillo de los desempleados habitantes de la perla del Otún. 

La calle de la Fundación y sus sobrecostos, la valorización en Pereira, los cuestionamientos a los jarillones en La Virginia, la situación de tercerización laboral en la red pública hospitalaria departamental, la desindustrialización progresiva, la informalidad creciente, la instalación de grandes superficies foráneas que pagan salarios paupérrimos pero no pagan impuestos como la empresa nacional, y muchísimo más, es el legado de los gobernantes de las últimas décadas.

Esperamos una campaña electoral digna en 2015, en donde los protagonistas no sean los atentados al estilo mafioso en las fincas de los candidatos, o los debates en donde se sacan los trapos al sol porque todos tienen deudas, pero nunca aparecen las propuestas y los análisis serios. Ojalá los candidatos asistan a los debates porque tienen capacidad intelectual y conocen el territorio en lugar de esconderse en la ausencia de los mismos, ya que su fortaleza es una chequera abultada. Ojalá que los nuevos amigos mexicanos que otorgan reconocimientos internacionales a burgomaestres locales, no influyan mucho en nuestro discurrir político futuro.

Ojalá que aparezcan periodistas que se atrevan a poner por encima la dignidad y filosofía de su profesión por encima del estómago o los amiguismos. Ojalá la clase empresarial haga el mea culpa por haber llevado a estos "políticos" al poder mientras convino y ahora que ya ni su poder económico ni su pedigree se respeta en los entes estatales, recapaciten sobre el verdadero oficio de la política como visión de Estado (con el pueblo incluído).

Apoyemos a quienes ejercen prácticas políticas serias y comprometidas con la sociedad en general y no sólo con un reducto de amigos.

Risaralda ¿Cómo vamos?

Por: Carlos Mario Marín Ossa

         @MarioossaM

Este seis de noviembre, se dan a conocer nuevamente y por cuarta vez, los resultados del estudio Pereira ¿Cómo vamos? Una iniciativa del sector empresarial y la academia, sectores que aunque se oculte, en gran medida han participado en el pasado y en el presente del ascenso de la clase política que hoy “desgobierna” el departamento y sus municipios con muy pocas excepciones.

Y aunque los resultados presentados anteriormente muestran una radiografía muy triste para la región – la cual ha sido imposible de ocultar -, dichos sectores impulsores del programa continúan vendiendo una imagen de progreso y positivismo a través de sus procesos y de los medios de comunicación, imagen que no refleja la realidad que se palpa en las calles y en los campos.

Por ejemplo, si miramos lo ocurrido el pasado treinta y uno de octubre en Pereira, podemos decir que vamos mal, muy mal. Hordas de hombres y mujeres se desplazaban por las calles del centro de la ciudad, se concentraron en parques como El Lago, La Plaza de Bolívar y Ciudad Victoria, en medio del paroxismo y la orgía de sentimientos represados, para explotar sin vergüenza en la agresión a sus conciudadanos, destruir bienes públicos, atacar a la policía que impotente vio como a uno de sus efectivos un grupo de muchachos le robaba el arma de dotación y lo golpeaban mientras se amparaban tras el filo de los machetes, el licor y la droga. Varios robos se efectuaron y el espectáculo de la sociedad pereirana de los estratos bajos fue bochornoso. La alta sociedad, se encontraba en sus fincas y clubes en un mundo ajeno al terrenal, planeando cómo continuar la hegemonía del desmadre.

Entre tanto, la prensa hace gran despliegue de las aspiraciones políticas “renovadoras” del cartel de los mismos. Políticos (¿?) investigados, cuestionados por sus actuaciones pasadas y presentes, se niegan a responder a las preguntas ciudadanas sobre el destino cierto del erario, sobre la feria del patrimonio ancestral. Los alcaldes de los dos grandes municipios del departamento, ahora resultaron con lazos y reconocimientos desde México, reconocimientos a unas capacidades que claramente no poseen y a unas gestiones que no entendemos por qué merecen exaltación.

Ad portas de un nuevo año electoral local, curiosamente la gran mayoría de la prensa de esta provincia ha desembocado en una andanada de buena imagen de los mandatarios que hasta hace poco cuestionaban duramente. Escucha uno contar cómo presuntamente en algunos de estos medios han reunido a los periodistas para darles la orden de impulsar la imagen de mandatarios. Y curiosamente, algunos familiares de los “dueños” de los medios están vinculados profesionalmente a las administraciones bendecidas con la prensa sesgada.

Por otro lado, el retirado rector de la universidad más importante de la región        – tristemente célebre por sus maniobras para perpetuarse en el alma mater – ahora funge como candidato a la alcaldía de la capital. Panorama terrible para la casi inexistente democracia local, para la posibilidad de desarrollo sostenible en la región y para el rescate de prácticas políticas idóneas. Es mi opinión.

Como si fuera poco, en todos los círculos de la ciudad, ya se escucha quién será el nuevo rector de esa universidad emblemática. Ni siquiera se ha surtido el proceso, pero ya se sabe quién será. Así como antes del nombramiento de gerentes de las ESE Hospital San Jorge y Salud Pereira, ya sabíamos todos el nombre de quienes irían a ganar. Era vox populi. Y las “predicciones” han acertado.

La red pública hospitalaria se debate en agonía, las carreteras secundarias y terciarias del departamento sufren los embates del invierno, la improvisación y la desidia. El nivel de desempleo se muestra con el pecho inflado en niveles de disminución gradual, pero se esconde la fórmula para calcularlo y se desconoce que el nivel de informalidad supera el cincuenta por ciento de la población económicamente activa. Las demandas ciudadanas como en el caso de los avalúos en Dosquebradas, duermen el sueño más injusto, en los anaqueles de los tribunales regionales.

 

Son muchas más cosas. Que me tilden de pesimista. Pero cerrar los ojos a la realidad no cambia dicha situación. No me seduce la ilusión de amor general de los realities, entiendo los métodos de manipulación mediatica y me rebelo contra el intento de confundir a través de la sobreinformación sin profundidad ni análisis. Se que soy minoría, pero es mejor saber aunque ello genere angustia.

Risaralda ¿cómo vamos? En las calles se obtiene la respuesta.

Un nuevo contrato social colombiano

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

Siendo Colombia un Estado que se ha jactado de su larga tradición legalista y “democrática”, muchos no comprenden cómo estamos sumidos en la violencia y la desigualdad. Sin embargo es claro, que los gobiernos y las élites tradicionales han desarrollado la Ley y entre ellas la Constitución Política, como medio de excluir a grandes franjas del pueblo de la posibilidad de obtener respuesta a sus intereses, es decir, de ser sujetos de derechos por vía jurídica.

Cómo la Constitución real es la suma de los Factores Reales de Poder, más allá del texto escrito, esas grandes franjas colombianas, las franjas populares que tienen fuerza, presencia, movilización e intereses en el territorio y que no tienen plasmado su interés en el texto Constitucional, ni tienen la garantía jurídica de sus derechos; mantienen una contradicción permanente con el gobierno de élite y de allí se derivan manifestaciones de descontento que en el curso de la historia desarrollaron las distintas violencias que hemos vivido.

Si las comunidades campesinas y sus intereses populares no se convierten en derecho a través de la Carta Constitucional y de la institucionalidad jurídica, no habrá paz. Si los intereses de los mineros artesanales son atropellados en favor del interés multinacional y no se protegen Constitucionalmente, no habrá paz. Si la educación y la salud no se constituyen en derecho fundamental a favor de la vida y por encima del interés de lucro de sectores económicos minoritarios, el interés del sector popular no estará protegido por el contrato Constitucional. Así no habrá paz.

Si se hipoteca la biodiversidad nacional y la seguridad y soberanía alimentarias del pueblo a través de las semillas certificadas – transgénicas – para favorecer el ánimo de ganancia multinacional y corporativo, el interés popular por la sobrevivencia, el futuro y la autonomía no tiene protección jurídica. Así no habrá paz.

Si las trabajadoras, los trabajadores y los jóvenes que se aprestan a ingresar al sistema “laboral” no encuentran condiciones laborales dignas, estables y con garantías para desarrollar un proyecto de vida; su interés estará sacrificado al modelo de intermediación que le sirve al gran capital nacional e internacional para reproducirse. Sus intereses no estarán protegidos material y jurídicamente. Allí no habrá paz.

Si la participación política de todos los sectores de la Nación no se garantiza en términos de equidad, para que se representen así sus intereses y se protejan desde la juridicidad, no habrá paz.

Es decir, Colombia necesita una nueva asamblea nacional Constituyente, un nuevo contrato social en donde todos los Factores Reales de Poder que existen de hecho, se conviertan en derecho a través de las instituciones jurídicas, con pleno desarrollo de garantías estatales. Y ello implica reformas al modelo económico, social y político, en donde todos cedamos un poco para compartir el territorio y para que todos disfrutemos de la riqueza y de la posibilidad de un futuro digno.

Sólo así habrá paz.

UAF SIN CONSULTA A COMUNIDADES

Por: Carlos Mario Marín Ossa

En días pasados, representantes y voceros de organizaciones campesinas vinculadas y fundantes del proceso Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, asistimos a la ciudad de Medellín, invitados por el INCODER, para socializarnos el estudio proyecto de redefinición de la política de Unidades agrícolas familiares UAF.

Considero que la política de UAF tiene como papel importante, definir qué cantidad de tierra puede necesitar una familia campesina de base para tener una vida digna. Pero no puede quedarse dicha política sólo en ese planteamiento. 

Si bien es cierto, que la “cultura” imperante en materia de tierra y economía campesina en Colombia - que de paso sea dicho no ha sido definida por los campesinos reales – es producir para competir con mercados globales, para servir de apoyo a la intermediación del sector agrícola, para apoyar la gran industria de alimentos y estimulantes (café), para favorecer el desarrollo comercial de las multinacionales químicas y del sector financiero; también es cierto que grandes franjas de la población campesina se resisten a verse inmersas en este modelo, y abogan por la soberanía y seguridad alimentaria, por la autonomía para decidir que hacer con su tierra, cómo sembrarla y con qué, en fin, decidir soberanamente como desarrollar económicamente su terruño.

Pero en el estudio presentado por el INCODER, se alcanza a intuir un proceso inductivo hacia sistemas productivos que en algunos casos identificados, no tienen en cuenta cultivos (lícitos) que las comunidades trabajan y que también les aportan economía, además de hacer parte de su idiosincrasia y reserva de su resistencia contra los modelos de despojo. Percibimos también, que la universidad contratada para realizar el estudio (incluído el del eje cafetero) no visitó a las comunidades, es decir, se trabajó con información secundaria y en algunos casos desactualizada. Es este un error garrafal que debe corregirse, pues para una política pública de tanto impacto – especialmente en   un escenario de postconflicto – se debe tener gran delicadeza en estos aspectos y contar con la consulta de las comunidades que posteriormente serán afectadas.

Para Risaralda, bajo el estado actual del estudio, se definieron tres zonas relativamente homogéneas y se definieron 159.200 hectáreas adjudicables (45% de la extensión total del departamento). Esperemos que se corrijan los errores y que se cuente con la voluntad del campesinado risaraldense.

Amanecerá y veremos.

POLIARQUÍA

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

El politólogo David Roll citando en sus investigaciones sobre los partidos políticos de Colombia, a Pierre Gilhodès, dice que: “los partidos políticos colombianos, en particular los dos partidos históricos, son en su cúpula agrupaciones de notables, se hallan cohesionados por elementos culturales comunes, se activan en tiempo de elección y cuentan con estructuras mínimas y sin disciplina”.

La naturaleza misma de las ideas y las luchas sociales que han dado nacimiento a los partidos políticos alternativos, las prácticas vitales de los militantes y dirigentes de esos partidos y la confrontación con los abusos autocráticos de las élites tradicionales, reclaman la existencia de valores y principios democráticos que conlleven a la adopción como filosofía y como práctica de la poliarquía en el interior de estas instituciones, entendida esta, como la práctica de la democracia interna que refleje todos los pensamientos, gustos, sueños y quereres de esa población que busca un mejor vivir y que se compromete ideológica y materialmente con un proyecto político.

Las élites de los partidos políticos los convierten en instrumento de mercadería, focos de corrupción y caldo de cultivo para la anarquía nacional. La desconexión de la realidad que vive el pueblo es una de las características de las élites económicas, políticas e intelectuales cuando no bajan de su olimpo por incapacidad o por mezquindad. Y ello conlleva a la apatía colectiva por lo público, por la cosa política. No creo que los partidos políticos estén llamados a desaparecer, pero es claro que sin superar sus discursos, su práctica no los tiene cerca del pueblo, razón por la cual el papel ideologizante no se transmite desde las alturas políticas hasta la arena terrestre en que caminamos los mortales. Bajo el peso de la historia de las últimas décadas, el movimiento social ha aglutinado los sueños y las luchas del país nacional, ante la incapacidad cohesionadora de los partidos.

Como los derechos son relaciones entre individuos o colectividades humanas que se asumen como pares, puede entenderse por qué las élites tradicionales en Colombia nunca han respetado la dignidad de las demás personas que habitamos este territorio: No nos ven como sus pares, por lo que no nos ven como sujetos de derechos . Esta misma distorsión se traslada al interior de los partidos políticos, incluso los alternativos: Quienes se sientan sobre el peso de su historia y su vanguardia, no ven como pares a sus compañeros de militancia. Por esta razón utilizan todos los medios, para impedir que accedan democráticamente a las posiciones de dirección, orientación y representación, aun cuando los estatutos promulguen la poliarquía; de la misma forma que la Constitución Nacional promulga derechos y garantías que no se cumplen bajo el gobierno y la juricidad de las élites.

Con el horizonte llamando hacia una posible nueva historia nacional de postconflicto, en medio de las convulsiones sociales que se multiplican en rechazo a un modelo económico que todo lo compra y lo vende – ello incluye los derechos, el futuro y la dignidad – sin respeto por lo humano, partidos como el Polo Democrático Alternativo están llamados a institucionalizar la poliarquía para convertirse en verdaderos canales de las búsquedas y anhelos del pueblo. Esa condición es imprescindible para que el partido tenga continuidad en su papel transformador, por encima de las coyunturas electorales; y engloba por antonomasia valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo. También los principios de información, transparencia, libre debate y circulación de directivos.

Es el reto para enfrentar con éxito el papel que de estos partidos reclaman el pueblo y la historia.

La Casa en el aire

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

El ordenamiento territorial determina la vida de las comunidades, sus proyectos, sus relaciones con el medio ambiente y la proyección de las generaciones venideras en términos humanos sostenibles.

Uno de los anhelos más sentidos de las familias colombianas y que permiten desarrollar sus proyectos vitales es la vivienda. Con ella buscan el derecho a tener un terreno y un abrigo, a desarrollarse en sociedad, a formar una historia y compartir una cultura, a proyectarse en el tiempo y el espacio. Es decir, el derecho al territorio.

Como el territorio no se reproduce como cualquier artículo de fabricación en serie, ha sido y es codiciado por los acumuladores que buscan enriquecerse aún a costa de la miseria de millones de seres humanos. Y la especulación inmobiliaria en Colombia ha sido negocio de las clases dirigentes de siempre y de las emergentes de hoy.

Casas y urbanizaciones han sido construidas en terrenos de riesgo por sus condiciones topográficas, por la desforestación, por la invasión de las zonas de reserva forestal y fluvial que no resisten las cargas de la colonización inmobiliaria.

Es historia común en este Macondo nuestro. 

Las urbanizaciones que se derrumban en barrios populares de Barranquilla, Medellín, Bogotá, Manizales, Pereira y Dosquebradas – por citar algunas -, tienen en común la ambición de los “viviendistas” que por lo general pertenecen además a la élite política que también hace negocio con el agua, la energía eléctrica, la educación, la salud; con el monopolio  local, regional o nacional de la distribución de artículos en grandes superficies y con el acaparamiento de tierras en latifundios improductivos o dedicados a la ganadería extensiva, al monocultivo de palma de aceite o de otros productos que por lo general no son alimentos, a la explotación minera y más. Pero también al negocio de la especulación financiera. Sus cómplices ahora pertenecen a grupos emergentes que se han vendido para ocupar posiciones políticas y administrativas en los entes territoriales, a través de los cuales y con su concurso, burlan toda normatividad que quiera garantizar la seguridad a los inversores de las clases de menores ingresos, que acceden a programas estatales de vivienda.

Al drama actual de las familias del barrio Panorama Country en el municipio de Dosquebradas, cuyas casas invade el agua y cuyos materiales y el terreno en donde fueron construidas deja todas las dudas sobre la seriedad de las políticas que se siguieron en dicho proyecto, se suma la información acerca de un proyecto habitacional que aparentemente planea llevarse a cabo en el sector  de Villa Carola y la vereda Agua Azul. Dicho proyecto (según algunas informaciones) tendría la aprobación de la administración municipal y pretendería elevar unas torres de apartamentos que el terreno presuntamente no puede soportar. Además de ello, sería encaminado a entregarse  para que lo habiten varios miles de personas que no pertenecen precisamente a los actuales habitantes del municipio. Se trata de una población foránea que vendría a vivir al Dosquebradas, pero que paradójicamente no encontraría condiciones de empleo, ni equipamientos conexos al plan de vivienda que garanticen condiciones dignas de vida. La expansión de redes para servicios públicos domiciliarios, debería hacerse con dineros públicos, para apoyar un negocio inmobiliario privado en unos terrenos también de propietarios privados.

Es decir, la histórica expansión desordenada de Dosquebradas, desconocedora de las buenas relaciones con el medio ambiente y de la vida digna de los pobladores, encontraría un nuevo capítulo de abuso estatal para el favorecimiento de los intereses privados de pequeñísimos grupos.

Como la ambición desmedida y mezquina de los “gobernantes” viejos y nuevos está íntimamente conectada con la ignorancia y el desconocimiento de los derechos de los demás moradores dosquebradenses, seguramente se llevarán a cabo muchos proyectos del tipo aquí reseñado, saltándose las normas para construir la nueva versión de la casa en el aire, donde Ada Luz no está a salvo del acecho de situaciones indeseables, sino sometida a convivir con ellas y sucumbir en el proceso.

Pero las comunidades unidas han hecho respetar su territorio en múltiples oportunidades. Ese es de nuevo el llamado.

Las dos ciudades

Por : Carlos Mario Marín Ossa

         @MarioossaM

Se ha vuelto común escuchar sobre una serie de campañas que pretenden que hablemos los habitantes (seres humanos, ciudadanos y contribuyentes) de lo bueno que tienen nuestras ciudades. Nos invitan a ponernos la camiseta, a manifestar que “Yo Creo”, que Pereira es de todos (ni el megabús es de todos, pero todos sabemos de quién es), a decir Yo creo en Pereira, nos hablan de las bondades del clúster logístico en Dosquebradas, nos muestran la visión de Dosquebradas y Pereira 2032,  y más.

Los líderes pereiranos y dosquebradenses que proponen, organizan, financian y defienden estas campañas, tienen la particularidad de pertenecer a la élite económica y política tradicional de la región. Son delfines de las castas risaraldenses que han manejado y proyectado al departamento a su antojo. Los apoyan en ocasiones, sectores emergentes que han logrado el poder político y han llevado a sectores populares a estas instancias, pero no precisamente para realizar una construcción en bien de todos.

Para estos líderes que además tienen el poder de la pauta publicitaria en los medios de comunicación de la región; la ciudad va bien, es innovadora, es cultural, es apetecida por la inversión extranjera (hay confianza inversionista). Pero para miles de pereiranos y dosquebradenses que padecen y padecemos un sistema de salud pública colapsado y sin garantía del derecho, la ciudad no se ve bien. Los habitantes que se encuentran sin empleo o con uno en estado de informalidad y conflicto por el espacio público, la ciudad no es amable. Los empleados de Promasivo S.A. que se encuentran sin trabajo, sin pago de salarios ni seguridad social, la ciudad está mal. Las familias de los mismos, que vienen padeciendo hambre, deudas, inseguridad de vivienda por atraso del pago de arrendamiento, la ciudad no es remanso de paz. Los habitantes de ambas ciudades, que afrontaron un alza desmedida de avalúos catastrales y el incremento del predial, no ven la ciudad con ojos esperanzadores. Tampoco tienen esa alegre y optimista percepción, los estudiantes y líderes universitarios de la UTP que tienen en riesgo su vida tras las amenazas de muerte, y que con extraña insistencia desconocen autoridades administrativas y policiales.

Por eso, esa ciudad que intentan obligarnos a aceptar como real los gremios, las personas adineradas y de pedigree, la casta emergente propia y foránea, es sólo la negación de la realidad que vivimos cientos de miles de risaraldenses. Entiendo que desde una oficina ejecutiva en un edificio lujoso, desde el asiento de cuero de un automóvil de alta gama, desde la orgía desarrollada en una finca de la periferia rural, la ciudad puede verse muy atractiva. Pero esa no es la realidad de la mayoría.

En fin, la ciudad se ve diferente según sea el padecimiento vivido o el dividendo generoso del negocio financiero o especulativo.

Reconociendo los múltiples problemas, unidos podemos avanzar en la búsqueda y adopción de soluciones. Recuperar nuestro territorio, como una bancada social risaraldense debe ser una apuesta de todos.

UNA BANCADA SOCIAL ALTERNATIVA

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

Las elecciones territoriales del año 2015 comienzan a mostrar las caras “frescas” y las ya conocidas de quienes aspiran a quedarse con las curules en concejos, asamblea departamental, alcaldías y gobernación, y que como lo dice un reconocido periodista de estas tierras, pertenecen al cartel de los mismos.

Personajes que han pasado por la administración pública de Risaralda y sus municipios en medio de grandes cuestionamientos y denuncias acerca de sus actuaciones administrativas, del empleo de los recursos del fisco regional y del contubernio con el desmembramiento del patrimonio que se creó a través de generaciones de trabajo común, se preparan para llegar una vez más a través de los partidos tradicionales, a las mismas posiciones que dejaron hace pocos años en medio de una convulsionada y cada vez más pobre región. Incluso, hay quienes dicen aspirar a través de firmas pues quieren mostrar que la “renovación” es posible y necesaria.

El Polo Democrático y otros partidos y movimientos políticos y sociales alternativos, que salen día a día a buscar soluciones para los graves males que aquejan a nuestras ciudades y departamento, tienen en común un programa que defienden desde la movilización, desde la veeduría ciudadana, desde la acción sindical y comunitaria. Este programa común los reúne en las calles y aulas de clase, en los barrios y en las iglesias, en los espacios de encuentro ciudadano; y se constituye en la mejor presentación ante la sociedad de nuestra región para pedir el apoyo que los lleve a tener una representación amplia en las instancias políticas de concejos y asamblea, así como en la administración de los gobiernos municipales y departamental. Los disensos seguirán existiendo como parte integral de sus improntas particulares, pero los une la misma idea de cambio y bienestar social que los lleva converger en la movilización social. Pueden entonces constituir unidos una bancada social que le cambie la cara a la práctica política tradicional que gobierna para beneficio de un puñado de privilegiados risaraldenses, que conforman la casta económica y política que en los últimos 20 años nos sumió en un estado de postración social nunca antes visto en nuestra historia.

El desafío histórico para los sectores populares, sindicales, ciudadanos y políticos alternativos, nos invita hoy a mirar con sentido ético y moral la perspectiva de unidad en el programa y la acción con miras a alcanzar el poder político que permita un rescate de nuestras ciudades y el trazo de niveles del bienestar general que reclaman las gentes risaraldenses.

Hoy quedan damnificados en medio de la disputa por el poder político tradicional y por los meganegocios de infraestructura, movilidad, espacio público, salud, educación y hasta deporte, empleados de megabús, médicos, trabajadores y trabajadoras del sector salud; vendedores informales, contratistas e ingenieros. Con salarios pírricos, con contratos tercerizados, abusados en su dignidad personal y profesional, con negación del acceso efectivo a la salud y a la educación, miles de pereiranos, dosquebradenses y en general risaraldenses, se debaten entre soportar los abusos o conservar un puesto de trabajo incierto, pagar unos servicios públicos cada vez más costosos o comprar comida, hacer la fila para pagar impuestos prediales y valorizaciones que no se compadecen con un nivel de desempleo altísimo y los ingresos cada vez más escasos. Mientras tanto, son pan de cada día las denuncias sobre hechos de corrupción, inseguridad creciente, feria del patrimonio común e incapacidad administrativa y política del cartel de los mismos, para ofrecer soluciones estructurales a las demandas de esta sociedad.

Una bancada social alternativa es el reto de todos para comenzar a cambiarle la cara a este panorama que no invita al optimismo.

Libreta, hambre y muerte.

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

La persecución política en los albores de la violencia colombiana - que nos fustiga desde la década de los años cuarenta - determinó un elemento esencial para matar de hambre a los opositores políticos y el cual con los años sirvió como excusa para matar y enviar a matar, a una clase social desposeída. Ese elemento que determinaron las élites económicas, sociales y políticas, es la libreta militar.

Como se narra en la historia oficial, pero con mayor detalle y mejor memoria en la investigación histórica de sectores académicos y sociales; décadas antes de la insurrección popular que se desató con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, ya los terratenientes y gamonales de pueblo, secundados por la dirección política del país, habían utilizado durante las votaciones la retención de las cédulas de ciudadanía de los liberales como medio de estigmatización, persecución y exclusión política, desplazamiento y sentencia de muerte.

Con el estallido del Bogotazo y su reflejo en todo el país, la policía y el ejército se politizaron hacia el conservatismo, su doctrina e intereses. Fue fácil identificar a los liberales, con el fin de impedir que ingresaran a las filas de la fuerza pública. De todas formas, también había una gran masa de pobres que confundidos atacaban a su pueblo y defendían a quienes victimizaban al país nacional bajo las consignas de la fe, la moral y el derecho de la nobleza criolla. Y la libreta militar fue el elemento que permitió el acceso al trabajo para un sector político y la condena al hambre para el otro sector.

Casi setenta años después, la libreta militar sigue siendo el elemento que desde los primeros años de vida de un colombiano varón, le indica si ante el Estado es un ciudadano de primera, segunda o tercera categoría. Por supuesto, le indica si su destino está en los campos de batalla, el servicio en condiciones desobligantes ante superiores no siempre respetuosos, o en el pago de cantidades económicas generalmente difíciles de asumir por las condiciones socioeconómicas de las familias. El argumento que vende la propaganda oficial para que se “pague” el servicio militar, y que llevan a las aulas de secundaria (incluso de primaria) los oficiales o suboficiales delegados para tal fin, es que el “Patriotismo” es un deber de todos los colombianos. Aquí me pregunto, ¿por qué la clase alta de nuestro país gobierna y es empleada en los altos cargos del Estado si no tienen nada o casi nada de patriotismo?.

Si no se tiene libreta militar, no se puede acceder al trabajo, que para la gran mayoría de varones colombianos que logran el milagro de hacerse a uno bajo contrato (así sea de servicios o por obra), no se remunera más allá del salario mínimo.

Se constituye entonces la libreta militar en un elemento funesto de discriminación social en un Estado Social de Derecho que proclama la igualdad de sus nacionales ante ese Estado y la Ley. Pero además, condena a los humildes a morir en medio de un conflicto armado que se alimenta en los dos bandos, con la sangre de hombres y mujeres humildes de un mismo sector social. Impele a subalternos de la fuerza pública, a utilizar el argumento del deber y el patriotismo, para reclutar de manera forzada e ilegal a miles de jóvenes pobres, contrariando la Ley que han jurado defender, y que a través de Sentencias de las Cortes (Sentencia de la Corte Constitucional C – 879 de 2011), les ordenan abstenerse de efectuar las mal llamadas “batidas” y a ignorar la objeción de conciencia en los estratos bajos, pues en los altos la objeción es de conveniencia y de estirpe,  y se paga con dinero.

O-POSICIONES: DEL POLO DEMOCRÁTICO AL CENTRO DEMOCRÁTICO.

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

En el panorama político nacional se inicia un nuevo período presidencial, que presenta una situación inédita en la historia de la nación: La posibilidad real de terminar el conflicto armado y la oposición de una fuerza de extrema derecha a que ello se materialice.

En el discurrir de la agenda legislativa, el segundo gobierno del presidente Santos, enfrentará una férrea oposición en cada uno de sus períodos, por cuanto el POLO DEMOCRÁTICO propone modelos económicos, sociales y culturales que beneficien a la gran mayoría de los colombianos. Entre tanto, el CENTRO DEMOCRÁTICO se opondrá esencialmente a la feliz culminación de los procesos que pongan fin al conflicto armado, e intentarán evitar (como ya se ha visto en las sesiones del Congreso)  la materialización de algunas políticas que impulsaron cuando su líder fue presidente de la república.

Pero mucho va de la oposición que plantea y ejerce el POLO a la que realiza el partido uribista.

Lo primero que se debe resaltar, es que la oposición del partido de izquierda siempre se ha basado en la confrontación de los modelos que han impulsado los gobiernos hasta hoy, y que no garantizan el bienestar para todos, sino que lo han brindado a una pequeña clase privilegiada. El partido uribista se forma como reacción a la instalación de los diálogos de paz y al reconocimiento del conflicto interno. Las políticas económicas y sociales de la unidad nacional son en esencia las mismas de la mente uribista. Defienden los privilegios de una clase dominante y emergente aunque el discurso sea de corte populista en algunos aspectos.

La oposición del POLO nace de la convicción profunda de que un país más justo es posible y se sustenta en la movilización social de las grandes mayorías, esas que Jorge Eliécer Gaitán llamó el país nacional; en tanto que la oposición uribista se basa en la movilización de los intereses de las castas ultraconservadoras que defienden el status quo y son gobierno desde los albores de la república. Lo que Gaitán denominó el país político.

La oposición del POLO busca que todos los sectores productivos nacionales tengan prioridad frente a los extranjeros y garanticen el empleo de los nuestros y por ende mejores condiciones de vida. Busca la salud como un derecho fundamental efectivo, una educación pública de calidad, a cargo del Estado y con cobertura y garantías para todos los colombianos, unos servicios públicos que desde el Estado garanticen bienestar general y no que defiendan el lucro de pequeños grupos económicos tradicionales o emergentes, y de forma especial el ejercicio de la soberanía nacional.

La oposición del Centro Democrático es responsable de un sistema de salud que privatizó el servicio y ha ido diluyendo el derecho fundamental, como de la eliminación de los derechos de los trabajadores con sus reformas laborales, de la crisis contemporánea en el campo – entre otras actuaciones, le entregó el AIS a los amigos ricos y poderosos del país-. La soberanía la entregaron en manos de las corporaciones extranjeras a través de TLCs y convenios comerciales varios.

Mientras el POLO apoya la búsqueda de la paz y defiende el actual proceso aún cuando espera que sea más profundo su sentido, el partido uribista busca detener este anhelo con el fin de ocultar la verdad histórica de esta guerra y las responsabilidades de quienes representa.

La oposición del POLO es vocera de los anhelos del país nacional, mientras que la oposición uribista corea los designios de un caudillo y su clase minoritaria.

Los retos de Telefónica de Pereira, frente a la fusión con Millicom

Por: Pierkey Herrera Taboada

Telefónica de Pereira es propiedad de UNE-Telecomunicaciones, empresa que además ha entrado en proceso de Fusión con Millicom, Multinacional de origen luxemburgués, propietaria de TIGO, empresa de comunicaciones móviles. Esta fusión fue un debate que se concentro en Medellin y al cual no se le dio mucha importancia ni publicidad en Pereira, a pesar de que definía el rumbo de nuestra empresa local de telecomunicaciones. Dicen que después de ojo afuera no hay santa lucia que valga, pero aun asì creo importante decir algunas cosas frente al tema.

Uno de los argumentos que han esgrimido los impulsores de la fusión es la necesidad de que la Empresa pueda acceder a economías de escala que aseguren su supervivencia y posicionamiento en el reñido nicho de las Telecomunicaciones, segmento en el que la inversión en tecnología así como las sinergias con experiencias robustas garantizarían no sucumbir ante los pulpos internacionales del sector.

Todos estos argumentos “técnicos y económicos” esconden lo esencial, que se entrego el patrimonio público, las Empresas construidas con el esfuerzo colectivo de la ciudadanía a grandes Inversionistas Privados, todo en aras de engordar las billeteras de la Burguesía Compradora y financiera internacional.

Se habla insistentemente de los beneficios que la Fusión con Millicom traerá para UNE, ya que Telefónica de Pereira se encuentra en medio de este proceso, es necesario que los trabajadores y trabajadoras tratemos de conocer a que nos enfrentamos. Trataremos de aportar en este sentido.


MILLICOM INTERNACIONAL UN FONDO DE INVERSIÓN DISFRAZADO DE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

La Empresa MILLICOM es en un 36% propiedad del Fondo de Inversiones Sueco Investment AB Kinnevik, fondo de inversiones que es controlado por la familia sueca Stenbeck, ese control lo ejercen a través de fundaciones radicadas en paraísos fiscales como Liechtenstein y Luxemburgo, además de la familia Stenbeck también participan en el grupo inversionistas suecos públicos y privados. EL fondo de Inversiones Kinnevik también tiene intereses en sectores nada relacionados con telecomunicaciones como Papel, Agricultura y Carton. (http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/a Communication & society03/13/13).

Es claro entonces que más que una Empresa de Telecomunicaciones con alto valor agregado en investigación y desarrollo, con una amplia experiencia en el sector y con manejo de fuertes mercados internacionales, nos encontramos con un Fondo Especulativo Internacional que traslada su capital a los lugares donde puede hacerlo rentar de manera eficiente, en el momento en que esa condición cambie migrara sus capitales a otros sectores que le permitan seguir vegetando. Nos enfrentamos así a una amenaza mayor, que si estuviéramos hablando de una Multinacional ligada al sector, no olvidemos que la crisis económica mundial del 2008 ya nos mostró el papel vampiresco de estos fondos de inversión.


¿QUIEN APORTA A QUIEN EN ESTA OPERACIÓN DE FUSIÓN?

Se ha planteado en numerosos escenarios que UNE salió ganando con la mencionada fusión porque accede fuertemente así al sector de datos móviles en el cual no tiene experiencia suficiente, sector que al ser el futuro de las tendencias del mercado garantizara la sobrevivencia de la Empresa. Este argumento no es del todo cierto, los debates dados alrededor de las propuesta Medellin nos Une, frente popular que lucho contra la fusión, demostraron que en el mundo el trafico de datos de mayor volumen, sigue trasmitiéndose a través de la Banda Ancha Fija, precisamente donde es inmensamente superior UNE a TIGO-Millicom. Miremos por encima las cifras aportadas por ellos:

• El tráfico mensual de datos en 2013 fue de 40000 petabytes por medio de red fija mientras por comunicación móvil no llego ni a los 5000 petabytes. (http://www.ispreview.co.uk/index.php/2012/05/cisco-vni-report-predicts-quadruple-surge-in-world-internet-traffic-by-2016.htm).

• En el 2011 la estructura de ingresos del mercado de E.U. nos mostraba un total de redes fijas de un 61.6%, frente a un 37.3% de red móvil. (http://www8.gsb.columbia.edu/ci//industrynews/USTelecomMarket)

Se podría contraargumentar que esta tendencia cambiara con el advenimiento masivo de las redes LTE y 4G, con las cuales es claro que el porcentaje de la torta para las comunicaciones móviles crecerá, pero este crecimiento solo será en mercados donde el acceso fijo sea muy complejo, las proyecciones permiten concluir que en los lugares donde existe ya una red fija eficiente y con anchos de banda suficiente estas se mantendrán e incluso prosperaran, ya que los usuarios domésticos, que son los que UNE tiene hoy en día, demandaran cada vez mayor cantidad de datos los cuales a corto y mediano plazo solo podrán ser suplidos por las redes fijas. Adicionalmente hoy se habla en el mundo de las telecomunicaciones de las convergencias, donde un sistema no reemplazara a otro sino que se complementaran usando las ventajas comparativas que el terreno, los mercados y las nuevas tecnologías provean.

Podemos decir entonces, que gana mas TIGO-MILLICOM a pesar de que aporta menos.


LOS RETOS QUE LA FUSIÓN IMPONE A LOS TRABAJADORES Y A SU ORGANIZACIÓN EN PEREIRA




La Superintendencia de sociedades acaba de dar el ultimo aval que necesitaba la Fusión, lo que deja en firme la operación, eso resta margen de maniobra a los trabajadores para seguir ejerciendo oposición a la entrega del patrimonio público. El reto es ahora reorientar los objetivos y táctica de lucha, proponemos entonces el siguiente camino:


· Defensa de los Derechos Adquiridos de los Trabajadores y la Convención Colectiva de Pereira.


· Defensa de la Empresa como generadora de puestos de trabajo locales.


· Defensa de un mercado que se ha mantenido en voz fija y ha crecido sustancialmente en datos.


· Apoyo de la ciudadanía Aglutinando todos los intereses políticos y económicos locales, que entiendan la importancia de esta Empresa para la región, impidiendo un posible desmantelamiento de las capacidades instaladas y del conocimiento adquirido por sus trabajadores en años de labor.


Todo lo anterior exige de Sintraemsdes y de sus afiliados un papel protagónico, es necesario prepararnos para una lucha que debe abarcar toda la ciudad.

Ellos, las élites

Tomado de periódico Ámbito Jurídico No. 398 de Julio 21 a Agosto 03 de 2014. Pág. 13  [1[i]]

 

Movilización social SENA 2012 Dosquebradas - Pereira

“La élite del poder normalmente está compuesta por hombres de educación, origen, carrera y estilo de vida similares (…) estas personas ejercen un grado de sinergia mayor – contacto, afinidad, trabajo, cooperación – con sus pares líderes y directores de corporaciones altamente articuladas, que con sus mismos colaboradores. De esta forma, las cúpulas de las esferas económicas, políticas y militares conforman una red  cerrada de intereses que les permite no sólo mantener su posición de privilegio sino entender el espacio de poder como suyo.  Varios políticos se mueven  con facilidad en las esferas económicas, varios militares se convierten en políticos y varios políticos transitan con facilidad a las cimas del poder económico. Esto, implica que como lo ha sostenido Murray en las descripciones contemporáneas de la distribución de clases estadounidense, la clase alta es fundamentalmente endogámica, cerrada y distante del resto de grupos sociales. Eso hace que los canales sociales de contacto sean mínimos, los procesos de reconocimiento del otro sean reducidos y por ello, la toma de decisiones sea completamente aislada de determinadas realidades sociales”.

“(…) Mills menciona que los grupos por fuera de las élites del poder que están dentro de los procesos políticos de búsqueda de posiciones altas  no pueden tener esperanzas de lograr su objetivo. Él sustenta su postura respecto de las clases medias con aspiraciones políticas en varias afirmaciones:

1.    Los niveles medios de discusión política, a los que esta clase de personas tienen acceso, no poseen el alcance nacional y mucho menos internacional necesario para llegar a algún tipo de posición importante en el gobierno. Las dinámicas en que las élites del poder operan normalmente eluden al Congreso y los escenarios democráticos deliberativos (…).

2.    El escenario de deliberación política mediada por partidos y organizaciones políticas ya no están en un campo de encuentro de  los intereses de grupos en diferentes posiciones y con distintos capitales. En lugar de ello, estas organizaciones en la actualidad representan las agendas meramente individuales de las personas que los componen, teniendo un mínimo o nulo contacto con las bases sociales dentro de la estructura de la sociedad de masas.

3.    La clase media estadounidense está disminuida y ya no puede percibirse como una base de poder independiente, un vínculo de unión o un espacio de encuentro y balance. Todo lo contrario, está casi anulada por la asimetría en la distribución del poder existente entre dos sectores que no se conocen pero ocultan su desconocimiento en la lealtad de las clases medias en forma de cuellos blancos y burocracias, hacia las élites del poder,

Las condiciones anteriores se combinan con una despolitización creciente derivada de la mercantilización de los medios de comunicación y la privatización de la opinión pública para consolidar el modelo de la élite del poder, donde un grupo particular de personas toma las decisiones políticas que definen los destinos de todos, sin que nadie se dé cuenta.

Al respecto Mills señala, como resultado de su observación, que las masas son fundamental y voluntariamente indiferentes a la toma política de decisiones, lo que acaba por fortalecer la asimetría en la distribución de poder. En estos contextos, las masas han perdido la voluntad de participación porque saben que no poseen los instrumentos para la toma de decisiones; han perdido el sentido de pertenencia política porque ya no pertenecen a ninguna comunidad que se imagine como un todo incluyente, y han perdido su voluntad política, porque ya no existen maneras de experimentar esa sensación de agencia o de poder. Por esa razón, los sectores con menor poder distributivo dentro de la sociedad están políticamente fragmentados e incrementalmente más desposeídos de poder y agencia”.

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[1[i]] Escrtito por AKHIL GUPTA, ARADHANA SHARMA, MICHAEL LIPSKY, CHARLES WRIGHT MILLS.

Las burocracias, Estudio preliminary de Lina Buchely, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, Bogotá, 2014, pags. 45 a 47.

CRISIS SISTEMÁTICA Y SISTÉMICA EN MEGABÚS Y LOS SISTEMAS BRT.

Por: Carlos Mario Marín Ossa

(Artículo ampliado, del publicado originalmente en el periódico Perifería No. 97. Agosto de 2014).

Dentro de la caótica vida de las ciudades de la globalización y el sistema neoliberal, el siglo veintiuno entró con una característica especial en muchas ciudades de América Latina en lo que a transporte de pasajeros se refiere, y Colombia no es la excepción.

Los sistemas de transporte urbano masivo de pasajeros tipo BRT [1[i]], llegaron a grandes ciudades del país, como un modelo de trasporte de características mundiales globalizadas, - modelo impulsado por el Banco Mundial y otras instituciones asociadas -, y convertido en política pública por los gobiernos nacionales desde Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez.

Sistema de Transporte masivo urbano de pasajeros Megabús. Pereira - Dosquebradas.

Antecedentes

A partir del nacimiento del transporte automotor urbano de pasajeros propiamente dicho en Colombia, este servicio que dentro del marco legal se define como un servicio público planificado, regulado y controlado por el Estado; el mismo ha estado principalmente en manos de operadores privados, empresarios que han hecho fortuna a través de este sector económico y que desafortunadamente en muchos casos,  han prestado el servicio  - bajo la anuencia tácita de los gobiernos - en medio del desorden administrativo, operativo y legal.

En las décadas de los ochenta y noventa, se recuerda como grandes ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, sufrían la guerra del centavo en buses con muchísimos años de servicio y condiciones físicas y técnicas lamentables. Los usuarios hacinados entre vehículos que atentaban contra cualquier forma de dignidad humana, debían trasladarse por las ciudades hacia sus sitios de trabajo, arriesgando su salud e integridad.

Los aspectos críticos del transporte urbano de pasajeros en Colombia durante esta época, estaba marcado por aspectos como la sobreoferta de parque automotor, la obsolescencia manifiesta del mismo, una malla vial deficiente y subutilizada, una política de construcción de nueva malla vial insostenible financieramente en el largo plazo, la destinación inequitativa de los recursos públicos destinados a la infraestructura vial [2[i]], concentración de rutas, guerra del centavo, estructura empresarial inadecuada, tarifas ineficientes, accidentalidad alta, deterioro urbano y contaminación ambiental [3[ii]].

Así, con la imposición de la “apertura económica” desde el gobierno Gaviria hasta el gobierno Uribe, se inició el proceso de modificación del transporte urbano de pasajeros adaptado a las características de la globalidad emanadas desde el Banco Mundial, con el argumento de mejorar las condiciones de calidad, administración operativa, financiera y ambiental, como también de las condiciones de bienestar de los usuarios.. El primer resultado de los sistemas BRT, fue Transmilenio en Bogotá, cuya construcción se inició en el año 1998 – durante la alcaldía de Enrique Peñalosa – y su puesta en marcha se dio en diciembre del año 2000. Le siguió Megabús en Pereira y Dosquebradas.

Caracterización del transporte urbano masivo de pasajeros en Colombia.

Lo primero que debe decirse respecto de la filosofía bajo la cual se concibe el transporte de pasajeros en el país – y en el mundo globalizado – es que se trata de un sector de apoyo a la dinámica económica de las naciones, por cuanto su función se plantea de forma expresa o tácita, como la de movilizar a los trabajadores hacia los centros productivos de los diferentes niveles territoriales. Para el caso, en las ciudades colombianas que se han identificado como concentradoras de la actividad económica y de generación de la riqueza del país. Las grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, aportan el 70% del PIB y concentran el 50% de la población nacional [4[iii]].

Cuando se revisan diferentes documentos de carácter oficial o de la academia, se encuentra que se identifica al transporte en general – y se incluye al transporte de pasajeros -, como un sector que juega un papel importante en la consolidación de los procesos de globalización y de competitividad en Colombia [5[iv]].

En este sentido, también están concebidos los documentos de orden de política económica y social de los gobiernos y las normas que rigen la materia. Dichos documentos son El Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 “Hacia un Estado Comunitario”, los documentos CONPES 3167 y 3260 para política nacional sectorial y 3220 – para el caso concreto de Megabús S.A., Por supuesto existen los CONPES de seguimiento para los otros sistemas de transporte masivo SITM -, las Leyes 310 y 336 de 1996 entre otras.

El servicio público, se planea desde las esferas nacionales y territoriales, se entrega operativamente a empresas privadas y se financia en mayor medida con dineros públicos, garantizando la utilidad monetaria al operador privado.

Megabús : Crisis sistemática y sistémica.

Megabús S.A. es una empresa 100% pública que opera como ente gestor [6[v]] pero que le entregó la operación del sistema a operadores privados encargados de los buses – Promasivo S.A. e Integra S.A. - y del recaudo de la tarifa de los pasajes – Recisa S.A. – los cuales, de acuerdo a las políticas nacionales realizaron una inversión inicial inferior a la inversión pública, pero que paradójicamente se quedan con la mayor parte de los ingresos del sistema (ver tablas No. 1 y No. 2).

Esta situación hace parte del debate que se ha dado entre diversos sectores de la población del área metropolitana centro occidente AMCO, de la que hacen parte los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, por cuanto se le entregó el negocio del transporte y su utilidad monetaria a empresarios privados que concentraron la propiedad del parque automotor, sustentado por los dineros públicos de todos los risaraldenses. Muchos de estos temas, se debatieron en julio del año 2012 durante el cabildo abierto que impulsó y llevó a cabo la veeduría ciudadana para el departamento de Risaralda – VEEDURISARALDA – en las instalaciones del concejo municipal de Pereira.

Tabla No. 1

INVERSIÓN ESTIMADA V.S. DISTRIBUCIÓN

FUENTE: VeeduRisaralda.

Tabla No. 2

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR AGENTE

(Millones de pesos por agente)

FUENTE: VeeduRisaralda

Megabús, cuyo sistema fue vendido bajo la tesis de movilizar en el mediano plazo alrededor de 140.000 pasajeros diarios en promedio, inició su operación en agosto del año 2006, movilizando en 2007 alrededor de 36.000.000 de pasajeros al año (un promedio de 89.000 diarios), con un crecimiento moderado en los dos siguientes años, e iniciando un decrecimiento sostenido a partir de ese momento. El comportamiento en la movilización de pasajeros se visualiza en el gráfico No. 1.

                                   Gráfico No. 1               

El decrecimiento sostenido de pasajeros, ha reducido considerablemente los ingresos del sistema por pasajes vendidos, ha generado una sobreoferta de parque automotor, con lo cual buses articulados se han guardado en los parqueaderos con el fin de no incurrir en costos de operación, pero se ha aumentado el tiempo de espera en la frecuencia de dichos buses, el mantenimiento de la flota, particularmente de la empresa Promasivo S.A. –encargada de administrar y operar el sistema desde Pereira – se ha abandonado progresivamente, al punto de encontrarse un alto porcentaje del parque automotor de este operador en un estado lamentable, como lo expresan sus propios empleados y lo podemos apreciar todos los usuarios.

El hecho de tener la tarifa más costosa de todo el país [7[i]], la mala calidad del servicio, la crítica situación de empleo del área metropolitana – durante la alcaldía (2008 – 2011) de Israel Londoño el desempleo en Pereira llegó a ubicarse en el 21% - la política de tratados de libre comercio – que permite la llegada al país de motos muy baratas -, el deterioro del parque automotor, la caída de los usuarios dispuestos a utilizar el sistema, el paralelismo entre el megabús y el transporte complementario, la incapacidad política para encontrar soluciones y el transporte pirata; han sumido al transporte masivo en el AMCO en una crisis sin precedentes, pero pronosticable. El último capítulo de una situación que se evidenció en el año 2011, pero que se gestó desde el inicio, es el incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, salud, pensión y riesgos laborales a los más de 300 empleados de la empresa Promasivo S.A. Luego de 7 paros en casi tres años, se une de forma sistemática la violación a los derechos de los trabajadores, a la crisis sistemática de todo el sistema. Pero también de forma sistémica el problema ahora no es sólo de los usuarios, sino también de los trabajadores, de los contribuyentes y de la sociedad risaraldense en general.

Perspectiva del intercambiador del barrio Cuba, durante el 

paro de trabajadores entre el 4 y el 11 de julio de 2014. 

Séptimo paro en tres años.

Sin pagos de salarios, ni de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, fueron envíados a trabajar los conductores de Promasivo S.A. en diferentes ocasiones y lapsos de tiempo, ya que el operador ha incumplido de forma sistemática y reiterada el pago de sus obligaciones laborales con los trabajadores del operador privado. La respuesta a los requerimientos de los empleados, de los usuarios, del gerente de Megabús, Alexis Mejía, del alcalde de Pereira y de la prensa tradicional y alternativa, es que se le vendió un negocio bajo la promesa de unos pasajeros a movilizar que no se han logrado. La mala administración de los 2.000 millones de pesos que Megabús S.A. le entrega cada mes a Promasivo S.A. no se ven reflejados en el pago de una nómina que asciende a 340 millones de pesos ni en el mantenimiento de una flota de buses en donde se juegan la integridad y la vida los usuarios.

Se ha contado con suerte, ya que no se ha presentado un accidente en donde haya víctimas por parte de los usuarios, de los trabajadores o ambos, pues las deterioradas condiciones de la flota mantienen latente esa probabilidad. La responsabilidad civil y laboral puede llegar a ser multimillonaria, por ejemplo en el evento de un accidente laboral de un empleado que no tiene al día los pagos en salud, pensión y riesgos laborales; y de donde resulte una pérdida de capacidad laboral o una invalidez que conlleve una indemnización o pensión. Ante la negativa o la incapacidad de pago por parte de Promasivo S.A., Megabús y los dineros públicos de los contribuyentes deberán pagar.

La fuerza política que impuso el sistema sin consulta previa efectiva de la comunidad risaraldense, que no tiene en cuenta a los usuarios y trabajadores dentro de los espacios de decisión del sistema, a la cual pertenecen tanto el alcalde como el gerente de Megabús y el director del Área metropolitana centro-occidente; no han tomado las decisiones de fondo, como tampoco lo han hecho la ministra de transporte ni el superintendente de puertos y transporte. La seccional territorial del ministerio de trabajo, brilla por su ausencia en el conflicto laboral que es imputable al empleador. Desde el ministerio de Rafael Pardo y ahora de José Noé Ríos, no se dirigen los ojos ni la voluntad para solucionar de forma estructural el problema.

Posibles soluciones.

La ciudadanía de la región, los usuarios, trabajadores y centrales obreras, han debido enfrentar el problema y presionar algunas soluciones.

VEEDURISARALDA  toma la iniciativa de buscar rebaja de la tarifa o su congelación [8[i]], organizaciones sociales y sindicales ayudan en el segundo semestre del año 2011, para que los trabajadores de Promasivo se constituyan en el Sindicato de Rama de trabajadores del transporte UNTT seccional Risaralda, los usuarios anónimos, comienzan a manifestarse de forma permanente a través de la radio para denunciar las precarias condiciones de aseo de estaciones e intercambiadores.

VeeduRisaralda presentó y entregó a la ministra de transporte en el año 2013 un documento [9[ii]] que plantea posibles soluciones para alivianar el problema del sistema, durante su visita a la ciudad para hacer parte de la junta de Megabús, reunión que se dio en las instalaciones del Club del Comercio. No ha habido respuesta alguna.

Puede decirse que las soluciones a la crisis del sistema se deben dar en el orden territorial municipal y departamental, y desde el gobierno nacional, de acuerdo a los planteamientos de la Veeduría Ciudadana. Falta voluntad política del gobierno, pues las decisiones en materia económica, muchas veces van en contravía de las buenas intenciones que se manifiestan para los sistemas de transporte urbano masivo de pasajeros. En el mundo, los sistemas de transporte de pasajeros son en muchas partes de carácter estatal – en el entendido de que su función primordial es la movilización de los trabajadores hacia el sistema productivo – pues como apoyo al sector económico y la necesidad de subvención estatal que permita su viabilidad , riñe con el ánimo de lucro financiero de la empresa privada de mente global y neoliberal.

Para Megabús, la canasta de costos [10[iii]] muestra de forma clara la posibilidad de que el gobierno pueda ofrecer soluciones de carácter estructural. Los precios de combustible, llantas, repuestos y otros, están en manos del gobierno. Precios especiales para estos sistemas, pueden representar un alivio a la situación financiera de los mismos, la posibilidad de la reducción de la tarifa y un incentivo para subirse al bus. En el pasado FORO URBANO ALTERNATIVO Y POPULAR que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, en el mes de abril, se abogó porque además de la visión economicista del transporte de pasajersos, se garantice la dignidad de los usuarios. Los sobrecupos, las tarifas exorbitantes, las decisiones amañadas de los administradores y responsables, atentan contra este reclamo.

La decisión es política y la presión debe ser ciudadana.

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[1[i]] Bus Rapid Transit, en inglés. Transporte rápido en autobuses

[2[i]] Entre un 5% y 25%  de los viajes en la ciudad se realizaban a pie, pero la mayoría de los recursos para construcción de infraestructura vial se destinaba enfocada hacia el transporte particular y de taxi.

[3[ii]] Documento CONPES 3167 de Mayo 23 de 2002. POLÍTICA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación.

[4[iii]] Documento CONPES 3260 de diciembre de 2003. POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y MASIVO.  DNP : DIE – GEINF. Ministerio de Transporte. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

[5[iv]] Alexánder Tobón A. y Diana Galvis. Análisis sobre la evolución reciente del sector de transporte en Colombia. Revista Perfil de Coyuntura Económica. No. 13, de agosto de 2009. Pág. 147. Universidad de Antioquia.

[6[v]] El ente gestor, es la empresa que  se encarga de administrar los recursos del sistema, aún cuando estos se encuentren operativamente en poder de los privados. Debe controlar que se cumplan las condiciones contenidas en los contratos de concesión y se garantice la calidad en el servicio. En Megabús, la composición accionaria es así: Municipio de Pereira con el 54,998%, el municipio de Dosquebradas con el 40%, el municipio de La Virginia con el 0,278%, el Aeropuerto Matecaña con el 0,001%, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira con un 0,001% y un porcentaje de acciones en colocación del orden de 4,722%.

[7[i]] http://opinadorglobal.blogspot.com/2012/08/megabus-el-pasaje-mas-costoso-de.html

[8[i]] A partir del Cabildo abierto de julio de 2012, se obtuvo el congelamiento de la tarifa en $ 1700 y la apertura de rutas hacia sectores del AMCO que no tenían servicio. Algunos empresarios tradicionales del transporte complementario, han manifestado la capacidad que tienen para prestar el servicio de transporte de pasajeros con una tarifa de $ 1400 y excelentes condiciones de calidad.

[9[ii]] http://opinadorglobal.blogspot.com/2012/12/lo-mas-reciente-sobre-megabus-y-el.html

[10[iii]] http://opinadorglobal.blogspot.com/2012/12/lo-mas-reciente-sobre-megabus-y-el.html y  http://www.slideshare.net/MarioOssa/soluciones-megabs