“La corrupción es inherente al ser humano”
-Miguel Nule (Condenado por corrupción en Colombia)-
En el debate llevado ayer en la
plenaria del Congreso de la República de Colombia, acerca de la corrupción en
el caso de ODEBRECHT y de la financiación de campañas presidenciales
relacionada, puede realizarse una “trazabilidad” que nos enseña cómo la
corrupción en Colombia es un problema estructural y ligado por tanto a las características de sistema político y jurídico estatal que está regentado y
soportado por una plutocracia [i]
nacional.
Y es que los males del país
tienen como origen a la clase económica y política que lo ha gobernado. Una
clase económica y política que tiene dos orígenes: el tradicional, descendiente
de los españoles criollos y el emergente, descendiente del bandidaje de diverso
tipo, especialmente narcotraficante y paramilitar.
Puede decirse que el debate
citado por el senador Robledo plantea las siguientes tesis:
11) La
plutocracia colombiana conformada por la tradición liberal – conservadora desde
hace décadas se puso de acuerdo para gobernar, diseñar y ejercer un sistema de
corrupción sofisticado y beneficiarse del mismo.
22) El
diseño del Estado colombiano con sus tres poderes, está al servicio de la
corrupción y protege a sus autores adscritos a la plutocracia.
33) El
sistema jurídico y de justicia colombiano se utiliza para garantizar la
reproducción infinita de la corrupción.
44) La
institucionalidad del país se utiliza para favorecer las actuaciones ilegales,
corruptas y descaradas de los más ricos del país.
Si se hace el árbol genealógico
(trazabilidad) de la corrupción en Colombia, se encuentran como abuelos a los
artífices del frente nacional, es decir, a los partidos conservador y liberal
en los cuales se encuentran además los terratenientes, banqueros, comerciantes
e industriales de la Colombia con ánimos de industrialización y añoranzas de
feudalismo. Las ramificaciones avanzan hacia sus hijos, los partidos emergentes
que fueron creados como táctica para enfrentar precisamente la creciente
exposición de su corrupción endógena, como también para recibir a los
pistoleros que en ocasiones utilizaron y que ahora como clase política
emergente había logrado avanzar en su correlación de fuerzas. Hacen parte de estos hijos, esos ricos que se
hicieron a bancos, industrias y demás conglomerados económicos ahora
financiadores de esa clase política de finales del siglo veinte e inicios del
veintiuno. Hoy los nietos han refinado las técnicas de la corrupción y mejorado
el entramado institucional para defender sus intereses y mantener la impunidad.
Algunos datos presentados por el
citante al debate indican la magnitud de la tragedia, sintetizada sólo en este
caso. Odebrecht, transnacional brasilera con interese en obras civiles,
repartió en los últimos años sobornos por valor de 800 millones de doláres en
12 países del mundo, entre los cuales está Colombia, Y en donde se repartieron
hasta lo que se sabe, 11 millones de dólares.
Esos sobornos presuntamente fueron entregados a las campañas
presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga en 2010 y 2014. Hasta
ahora han confesado haber recibido parte de estos dineros el viceministro de
vías del gobierno Uribe, Gabriel García Morales y el ex senador Otto Bula como
intermediario en diversos asuntos de los gobiernos en cuestión.
Los sobornos de Odebrecht, que
fueron entregados según las denuncias, para obtener contratos de obras civiles
en la adjudicación de las vías de la llamada Ruta del Sol y las obras para
dragar y mejorar la navegabilidad del Río de la Magdalena, tiene según dichas
denuncias como actores principales involucrados a los siguientes:
aa) Odebrecht
bb) Corficolombiana,
empresa del grupo AVAL y propiedad del colombiano más rico, Luis Carlos
Sarmiento Angulo.
cc) Julio
Gerlein
dd) Juan
Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez
ee) Oscar
Iván Zuluaga.
f.f) Los gerentes de campaña de los candidatos Santos
y Zuluaga.
gg) Los
detenidos y/o sindicados Guillermo Prieto, Gabriel García Morales y Otto Bula.
hh) El
hoy fiscal general de la nación, ayer
superministro del gobierno Santos y apoderado, consejero de Luis Carlos
Sarmiento Angulo y de su conglomerado el Grupo Aval.
i.i) La Junta Directiva del Banco Agrario
Odebrecht , Corficolombiana y la
familia Solarte son socios en la Ruta del Sol con 60%, 30% y 10%
respectivamente de forma aproximada. Contrato que obtuvo su adjudicación
presuntamente de acuerdo a las denuncias, por medio de la entrega de sobornos.
Las ganancias de los socios son multimillonarias, y además, el dinero entregado
por el soborno lo terminamos pagando los colombianos a través de peajes.
En Navelena, que tiene que ver
con las obras en el Río de la Magdalena, son socios Odebrecht y Julio Gerlein
con un 87% y 13% respectivamente. En este caso Corficolombiana es el banco de
inversión y la junta directiva del Banco Agrario aprobó un crédito a Odebrecht
por valor de 120 mil millones de pesos, sin respaldo financiero, con balances
negativos y con evidente insolvencia de la firma en Colombia, para la fecha del
préstamo. Según las denuncias planteadas en el debate, al parecer 60 mil
millones de pesos eran para pagarle una deuda al Banco de Occidente, también
parte del Grupo Aval y propiedad de Sarmiento Angulo. Ese dinero se encuentra perdido y terminará
siendo repuesto con dinero del erario,
es decir, de nuestros impuestos.
El hoy fiscal general, firmó el
documento CONPES [ii]
3817 de octubre 02 de 2014, en su calidad de superministro y con el cual se
legalizó la adición al contrato Ruta del
Sol que se había hecho en marzo del mismo año. Tiempo atrás, en su calidad de
abogado había conceptuado que para la Ruta del Sol se deberían hacer nuevas
licitaciones y no adiciones. Pero ahora como Ministro especial firmaba en
contrario a su concepto, la legalización de la adición que beneficiaba a quien
ha sido su cliente más importante y del cual dependen según las denuncias,
entre el 70% y el 80% de los negocios de su bufete legal.
Los candidatos Santos y Zuluaga y
su padrino común Uribe (en 2010 para Santos y en 2014 para Zuluaga) tienen su
capítulo en la trazabilidad por la presunta recepción de dineros para financiar
sus campañas presidenciales, por parte de Odebrecht, evento que viola la ley electoral, además de
no haber sido reportados y haber falseado los documentos públicos
correspondientes si el caso se comprueba. Aparece aquí el gerente de las dos
campañas de Santos, Guillermo Prieto, quien ha sido generosamente favorecido
con la contratación estatal.
Néstor Humberto Martínez es el jefe
de la política criminal del Estado y dirige la entidad que deberá investigar
estos crímenes. ¿Lo hará? ¿Tiene la autoridad moral y ética para dar garantías?
Finalmente, es importante
resaltar el papel de los partidos políticos en dicho debate. El Polo
Democrático organizó, citó y presentó las denuncias de corrupción del caso
Odebrecht y de la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.
El Centro Democrático respondió las acusaciones llevando el debate hacia el
campo de las culpas de Santos, y
eludiendo las propias. Lo propio hizo el partido Conservador. En el partido Liberal, Luis Fernando Velasco invitó
a realizar el mea culpa y buscar salidas a la corrupción mientras que Álvaro
Ashton hizo una defensa fehaciente del fiscal. Alianza Verde fustigó a la
Unidad Democrática y al Centro Democrático como responsables de la corrupción
rampante, a pesar que apoyó en la segunda vuelta de 2014 a Santos. Cambio Radical se dedicó a
una defensa a ultranza del fiscal Martínez.
Ese fue el panorama del debate y
nos deja una foto marchita y mal oliente de la política, de la
institucionalidad, del Estado y de los conglomerados económicos financiadores
de las campañas políticas y receptores del dinero del erario. Es un árbol
genealógico de la infamia, y ha dejado más víctimas que la guerra.
[i]
Plutocracia: Del griego ploutus
(riqueza), y que se refiere a la preponderancia de los ricos en el gobierno.
Gobierno de los ricos en contraposición a la democracia (demos, pueblo) o gobierno del pueblo.
[ii] Consejo
de Política Económica y Social. Decide los alcances de esta política y traza la
forma y los recursos para hacerlo. Participan los ministros de Estado.
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