Un nuevo contrato social colombiano

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

Siendo Colombia un Estado que se ha jactado de su larga tradición legalista y “democrática”, muchos no comprenden cómo estamos sumidos en la violencia y la desigualdad. Sin embargo es claro, que los gobiernos y las élites tradicionales han desarrollado la Ley y entre ellas la Constitución Política, como medio de excluir a grandes franjas del pueblo de la posibilidad de obtener respuesta a sus intereses, es decir, de ser sujetos de derechos por vía jurídica.

Cómo la Constitución real es la suma de los Factores Reales de Poder, más allá del texto escrito, esas grandes franjas colombianas, las franjas populares que tienen fuerza, presencia, movilización e intereses en el territorio y que no tienen plasmado su interés en el texto Constitucional, ni tienen la garantía jurídica de sus derechos; mantienen una contradicción permanente con el gobierno de élite y de allí se derivan manifestaciones de descontento que en el curso de la historia desarrollaron las distintas violencias que hemos vivido.

Si las comunidades campesinas y sus intereses populares no se convierten en derecho a través de la Carta Constitucional y de la institucionalidad jurídica, no habrá paz. Si los intereses de los mineros artesanales son atropellados en favor del interés multinacional y no se protegen Constitucionalmente, no habrá paz. Si la educación y la salud no se constituyen en derecho fundamental a favor de la vida y por encima del interés de lucro de sectores económicos minoritarios, el interés del sector popular no estará protegido por el contrato Constitucional. Así no habrá paz.

Si se hipoteca la biodiversidad nacional y la seguridad y soberanía alimentarias del pueblo a través de las semillas certificadas – transgénicas – para favorecer el ánimo de ganancia multinacional y corporativo, el interés popular por la sobrevivencia, el futuro y la autonomía no tiene protección jurídica. Así no habrá paz.

Si las trabajadoras, los trabajadores y los jóvenes que se aprestan a ingresar al sistema “laboral” no encuentran condiciones laborales dignas, estables y con garantías para desarrollar un proyecto de vida; su interés estará sacrificado al modelo de intermediación que le sirve al gran capital nacional e internacional para reproducirse. Sus intereses no estarán protegidos material y jurídicamente. Allí no habrá paz.

Si la participación política de todos los sectores de la Nación no se garantiza en términos de equidad, para que se representen así sus intereses y se protejan desde la juridicidad, no habrá paz.

Es decir, Colombia necesita una nueva asamblea nacional Constituyente, un nuevo contrato social en donde todos los Factores Reales de Poder que existen de hecho, se conviertan en derecho a través de las instituciones jurídicas, con pleno desarrollo de garantías estatales. Y ello implica reformas al modelo económico, social y político, en donde todos cedamos un poco para compartir el territorio y para que todos disfrutemos de la riqueza y de la posibilidad de un futuro digno.

Sólo así habrá paz.