lunes, 29 de septiembre de 2014

La Casa en el aire

Por: Carlos Mario Marín Ossa
        @MarioossaM


El ordenamiento territorial determina la vida de las comunidades, sus proyectos, sus relaciones con el medio ambiente y la proyección de las generaciones venideras en términos humanos sostenibles.

Uno de los anhelos más sentidos de las familias colombianas y que permiten desarrollar sus proyectos vitales es la vivienda. Con ella buscan el derecho a tener un terreno y un abrigo, a desarrollarse en sociedad, a formar una historia y compartir una cultura, a proyectarse en el tiempo y el espacio. Es decir, el derecho al territorio.

Como el territorio no se reproduce como cualquier artículo de fabricación en serie, ha sido y es codiciado por los acumuladores que buscan enriquecerse aún a costa de la miseria de millones de seres humanos. Y la especulación inmobiliaria en Colombia ha sido negocio de las clases dirigentes de siempre y de las emergentes de hoy.

Casas y urbanizaciones han sido construidas en terrenos de riesgo por sus condiciones topográficas, por la desforestación, por la invasión de las zonas de reserva forestal y fluvial que no resisten las cargas de la colonización inmobiliaria.

Es historia común en este Macondo nuestro. 

Las urbanizaciones que se derrumban en barrios populares de Barranquilla, Medellín, Bogotá, Manizales, Pereira y Dosquebradas – por citar algunas -, tienen en común la ambición de los “viviendistas” que por lo general pertenecen además a la élite política que también hace negocio con el agua, la energía eléctrica, la educación, la salud; con el monopolio  local, regional o nacional de la distribución de artículos en grandes superficies y con el acaparamiento de tierras en latifundios improductivos o dedicados a la ganadería extensiva, al monocultivo de palma de aceite o de otros productos que por lo general no son alimentos, a la explotación minera y más. Pero también al negocio de la especulación financiera. Sus cómplices ahora pertenecen a grupos emergentes que se han vendido para ocupar posiciones políticas y administrativas en los entes territoriales, a través de los cuales y con su concurso, burlan toda normatividad que quiera garantizar la seguridad a los inversores de las clases de menores ingresos, que acceden a programas estatales de vivienda.

Al drama actual de las familias del barrio Panorama Country en el municipio de Dosquebradas, cuyas casas invade el agua y cuyos materiales y el terreno en donde fueron construidas deja todas las dudas sobre la seriedad de las políticas que se siguieron en dicho proyecto, se suma la información acerca de un proyecto habitacional que aparentemente planea llevarse a cabo en el sector  de Villa Carola y la vereda Agua Azul. Dicho proyecto (según algunas informaciones) tendría la aprobación de la administración municipal y pretendería elevar unas torres de apartamentos que el terreno presuntamente no puede soportar. Además de ello, sería encaminado a entregarse  para que lo habiten varios miles de personas que no pertenecen precisamente a los actuales habitantes del municipio. Se trata de una población foránea que vendría a vivir al Dosquebradas, pero que paradójicamente no encontraría condiciones de empleo, ni equipamientos conexos al plan de vivienda que garanticen condiciones dignas de vida. La expansión de redes para servicios públicos domiciliarios, debería hacerse con dineros públicos, para apoyar un negocio inmobiliario privado en unos terrenos también de propietarios privados.

Es decir, la histórica expansión desordenada de Dosquebradas, desconocedora de las buenas relaciones con el medio ambiente y de la vida digna de los pobladores, encontraría un nuevo capítulo de abuso estatal para el favorecimiento de los intereses privados de pequeñísimos grupos.

Como la ambición desmedida y mezquina de los “gobernantes” viejos y nuevos está íntimamente conectada con la ignorancia y el desconocimiento de los derechos de los demás moradores dosquebradenses, seguramente se llevarán a cabo muchos proyectos del tipo aquí reseñado, saltándose las normas para construir la nueva versión de la casa en el aire, donde Ada Luz no está a salvo del acecho de situaciones indeseables, sino sometida a convivir con ellas y sucumbir en el proceso.


Pero las comunidades unidas han hecho respetar su territorio en múltiples oportunidades. Ese es de nuevo el llamado.

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