Por:
Carlos Mario Marín Ossa
@MarioossaM
El
ordenamiento territorial determina la vida de las comunidades, sus proyectos,
sus relaciones con el medio ambiente y la proyección de las generaciones
venideras en términos humanos sostenibles.
Uno
de los anhelos más sentidos de las familias colombianas y que permiten
desarrollar sus proyectos vitales es la vivienda. Con ella buscan el derecho a
tener un terreno y un abrigo, a desarrollarse en sociedad, a formar una
historia y compartir una cultura, a proyectarse en el tiempo y el espacio. Es
decir, el derecho al territorio.
Como
el territorio no se reproduce como cualquier artículo de fabricación en serie,
ha sido y es codiciado por los acumuladores que buscan enriquecerse aún a costa
de la miseria de millones de seres humanos. Y la especulación inmobiliaria en
Colombia ha sido negocio de las clases dirigentes de siempre y de las
emergentes de hoy.
Casas
y urbanizaciones han sido construidas en terrenos de riesgo por sus condiciones
topográficas, por la desforestación, por la invasión de las zonas de reserva
forestal y fluvial que no resisten las cargas de la colonización inmobiliaria.
Es
historia común en este Macondo nuestro.
Las
urbanizaciones que se derrumban en barrios populares de Barranquilla, Medellín,
Bogotá, Manizales, Pereira y Dosquebradas – por citar algunas -, tienen en
común la ambición de los “viviendistas” que por lo general pertenecen además a
la élite política que también hace negocio con el agua, la energía eléctrica,
la educación, la salud; con el monopolio
local, regional o nacional de la distribución de artículos en grandes
superficies y con el acaparamiento de tierras en latifundios improductivos o
dedicados a la ganadería extensiva, al monocultivo de palma de aceite o de
otros productos que por lo general no son alimentos, a la explotación minera y
más. Pero también al negocio de la especulación financiera. Sus cómplices ahora
pertenecen a grupos emergentes que se han vendido para ocupar posiciones
políticas y administrativas en los entes territoriales, a través de los cuales
y con su concurso, burlan toda normatividad que quiera garantizar la seguridad
a los inversores de las clases de menores ingresos, que acceden a programas
estatales de vivienda.
Al
drama actual de las familias del barrio Panorama Country en el municipio de
Dosquebradas, cuyas casas invade el agua y cuyos materiales y el terreno en
donde fueron construidas deja todas las dudas sobre la seriedad de las
políticas que se siguieron en dicho proyecto, se suma la información acerca de
un proyecto habitacional que aparentemente planea llevarse a cabo en el
sector de Villa Carola y la vereda Agua
Azul. Dicho proyecto (según algunas informaciones) tendría la aprobación de la
administración municipal y pretendería elevar unas torres de apartamentos que
el terreno presuntamente no puede soportar. Además de ello, sería encaminado a
entregarse para que lo habiten varios
miles de personas que no pertenecen precisamente a los actuales habitantes del
municipio. Se trata de una población foránea que vendría a vivir al Dosquebradas,
pero que paradójicamente no encontraría condiciones de empleo, ni equipamientos
conexos al plan de vivienda que garanticen condiciones dignas de vida. La
expansión de redes para servicios públicos domiciliarios, debería hacerse con
dineros públicos, para apoyar un negocio inmobiliario privado en unos terrenos
también de propietarios privados.
Es
decir, la histórica expansión desordenada de Dosquebradas, desconocedora de las
buenas relaciones con el medio ambiente y de la vida digna de los pobladores,
encontraría un nuevo capítulo de abuso estatal para el favorecimiento de los
intereses privados de pequeñísimos grupos.
Como
la ambición desmedida y mezquina de los “gobernantes” viejos y nuevos está
íntimamente conectada con la ignorancia y el desconocimiento de los derechos de
los demás moradores dosquebradenses, seguramente se llevarán a cabo muchos
proyectos del tipo aquí reseñado, saltándose las normas para construir la nueva
versión de la casa en el aire, donde Ada Luz no está a salvo del acecho de
situaciones indeseables, sino sometida a convivir con ellas y sucumbir en el
proceso.
Pero
las comunidades unidas han hecho respetar su territorio en múltiples
oportunidades. Ese es de nuevo el llamado.