Ese
programa que siente las bases de la modernización del aparato económico en el
campo, en la industria manufacturera, en el desarrollo de servicios con avances
tecnológicos…
Por:
Carlos Mario Marín Ossa*
@MarioossaM
Colombia como nación, es decir,
como pueblo que comparte unas tradiciones, historia y territorio, enfrenta una
coyuntura trascendental que determinará las condiciones de vida para varias
décadas, al elegir al próximo gobierno.
El primer momento se vivirá el 11
de marzo, al elegir el Congreso de la República. Si elegimos las curules
suficientes de entre esos sectores alternativos como el Polo, los Verdes, los
Progresistas, la UP, del movimiento indígena, fuerzas de la afrocolombianidad y
otros; se obtendrá una fuerza importante para regular al ejecutivo y al
programa que gane la presidencia de la República.
Así las cosas, entramos a
comentar el programa de gobierno que necesitamos la mayoría de los colombianos,
el que nos permita avanzar en niveles de equidad, de vida digna, de
redistribución del ingreso, de garantía de los derechos fundamentales,
económicos y ambientales.
Ese programa que siente las bases
de la modernización del aparato económico en el campo, en la industria
manufacturera, en el desarrollo de servicios con avances tecnológicos, es
decir, en la producción con valor agregado que genere riqueza, y que dicho
programa político apunte a que esa riqueza se distribuya a toda la población.
El sector anacrónico de la
población, ese viejo país que es la minoría más rica, ha gobernado y trazado la
política para defender sus intereses y privilegios, condenando de paso a las
mayorías a la miseria, a mantenernos en condiciones sociales, políticas y
económicas similares a las del modelo histórico de producción feudal.
El proyecto histórico de las
mayorías nacionales, debe tener su programa de gobierno para iniciar la
transición requerida. Es el que debemos elegir. Algunos elementos que debe
contener y que debemos identificar para votar por él, son entre otros la
producción agrícola nacional, la producción manufacturera nacional, la salud
pública como derecho fundamental, la seguridad social, la educación pública de
calidad y universal, la relación – protección del medio ambiente y de la
naturaleza, la reforma agraria, la redistribución de la riqueza, la democracia
y la paz.
1. Un campo nacional desarrollado y que
garantice la soberanía alimentaria
El sector
del campo debe privilegiarse por ser el que produce los alimentos agrícolas y
pecuarios que requiere la nación. En Colombia existen cerca de 7 millones
de hectáreas de tierras aptas para sembrar alimentos. Pero también se presenta
la tenencia de la tierra más desigual del mundo, que para el año 2014 mostraba
cómo el 52% de la tierra le pertenece al 1,5% de la población y que para 2009
el coeficiente Gini para propietarios era de 0,885[i].
La situación se ha agravado en razón de la violencia y por la
contrarreforma agraria generada por la violencia narcotraficante y paramilitar.
Colombia se encuentra en
condiciones feudales, pero además los sucesivos gobiernos impulsaron los
tratados de libre comercio TLC, que comprometieron al país a importar alimentos
agrícolas que se sembraban aquí, de forma que se generó una competencia desleal
y desigual para el campo colombiano porque en Estados Unidos, por ejemplo, los
desarrollos tecnológicos en el campo permiten producir a menores costos, pero
además el gobierno otorga subsidios y protección a su campo.
En
contraposición, Colombia con la firma de los TLC, renuncia a apoyar y proteger
su sector agrario y campesino. El resultado es la miseria rural y del
campesinado. Hoy, Colombia importa cerca de 13 millones de toneladas de
alimentos agrarios que pueden producirse en el país, cuando por ejemplo en
1999 se importaban 4.975.645 toneladas de productos agropecuarios[ii].
Dependemos de la oferta
alimentaria de otros países. No tenemos soberanía sobre nuestra alimentación,
por lo cual nos convertimos en una sociedad esclava de quienes nos proveen
dicha alimentación.
Revisar o derogar los TLC en
materia agraria, es una política que debe contener el programa de gobierno que
elijamos, para que nuestra producción de alimentos y el campesinado que los
produce no se enfrenten a esa competencia desleal.
Pero a la par, debe desarrollarse
una política de proteccionismo hacia el sector agropecuario que garantice
precios de cosechas, subsidios y créditos blandos a través de la banca Estatal
y no de la privada, el acceso al agua, la oferta de bienes públicos como
carreteras y transporte público, universidades y programas públicos dirigidos a
la transferencia y formación de conocimiento agropecuario propio, oferta
pública para la investigación y el desarrollo para el campo, una política de
asociatividad campesina de pequeños productores que pueda iniciar la
industrialización del campo orientada a los alimentos y no hacia los
monocultivos que no son alimentos.
Es una mirada distinta a la
planteada en las ZIDRES, que llevan a mayor concentración de la propiedad, al
monocultivo no relacionado con alimentos y a la servidumbre del campesinado
pobre.
La existencia del latifundio
improductivo que está en manos de personas que han llegado a acumular por
diversos mecanismos (incluso la violencia) hasta 1 millón de hectáreas, debe
ser gravado con impuestos que obliguen a destinar esas tierras para la siembra
de alimentos o que obliguen por su costo a ofrecerlas en venta al Estado, para
que este genere una política de reforma agraria hacia el campesinado productor
de alimentos.
Hay que actualizar el catastro
rural, para saber quién tiene la tierra y que paguen los impuestos
correspondientes.
El reconocimiento del campesinado
como sujeto político de derechos que lo hagan objeto de políticas públicas para
la protección estratégica nacional de su existencia y de su labor como
productor de la alimentación de la nación, es una necesidad inaplazable.
Que en el
artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, se siga considerando al
campesinado como “trabajadores” del campo, hace vulnerable a este sector de la
población ante el abandono estatal y ante la explotación por parte de los ricos
empresarios [iii].
Hay que frenar la
extranjerización de la tierra, porque esa tierra que debe dedicarse a la
producción de alimentos, se ha ido convirtiendo en “propiedad privada” de
países y corporaciones extranjeras que buscan en el corto plazo la explotación
de los recursos no renovables del subsuelo, la provisión de alimentos para sus
países y en el mediano plazo, el control del agua de páramos, ríos y
subterránea.
Sudáfrica,
Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos a través de corporaciones minero
energéticas como Medoro Resources, BHP Billiton, Anglo Gold Ashanti, Anglo
American, Xtrata, B2 Gold, Cosigo Frontier, Eco oro y Continental Golg[iv] tienen
concesionada a través de títulos y solicitudes mineras, toda la región andina
de Colombia desde el sur hasta el norte. Coincide en mucha parte con el mapa de
la violencia y el conflicto armado que aún existe.
Finalmente, y entre otras cosas
fundamentales, para desarrollar el campo nacional y la producción de alimentos,
debe protegerse la semilla nativa, en donde radica la fuerza genética de
nuestro pueblo y con cuya alimentación comienzan el derecho a la vida y a la
salud.
Para
ello, deben eliminarse las salvaguardas a la “propiedad intelectual” de nuestra
biodiversidad en favor de transnacionales extranjeras como Dupont, Monsanto y
Syngenta, entre otras. Es necesario así, eliminar la Resolución 970 del ICA y
los convenios UPOV (Unión para la Protección de Obtentores Vegetales – Colombia
tiene suscrito el UPOV 78)[v],
que no son otra cosa que la entrega en manos de transnacionales de nuestra
riqueza biológica y de nuestra soberanía alimentaria.
En materia agropecuaria, el
programa que nos sirve como nación debe expresar claramente estas políticas,
sin ambigüedades y sin retóricas nebulosas. De lo contrario, Colombia seguirá
en la senda de la crisis y de la inequidad en lugar de ser una nación más
humana.
P.D. Próxima entrega, sobre la
salud.
*Tomado de
[i] Disponible en Documento
síntesis a partir del informe elaborado por la Procuraduría General de la
Nación Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios “Reflexiones sobre el
Incoder y la Institucionalidad Agraria en Colombia, publicada en Revista
Semillas, julio de 2015 y en http:/www.incoder.gov.co/documentos/A%C3%910_2014/Gestion_Incoder/Programas_Proyectos_2014/2.pdf
[ii] Disponible en http://opinadorglobal.blogspot.com.co/2016/03/como-llegamos-la-crisis-economica-de.html
[iii] Disponible en http://albertocastilla.org/el-abc-del-proyecto-de-acto-legislativo-reconocimiento-del-campesinado/
[iv] Informe “La consulta
popular y el derecho al territorio”. Senador campesino Alberto Castilla
Salazar.
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