“Las
ideas son, a la larga, más fuertes que las armas”
Orlando
Fals Borda
Por:
Carlos Mario Marín Ossa
Tras cincuenta años de
la violencia colombiana más contemporánea y en un momento histórico que reclama
el fin del conflicto armado, es clave recordar que los antecedentes históricos,
sociales y políticos que han engendrado nuestra guerra fratricida están lejos
de resolverse pues el conflicto social no avizora signos prontos de resolución.
La paz concebida en su alcance integral requiere cambios radicales en las
estructuras económicas, sociales, culturales y políticas que conlleven a una
justica social en la distribución de la riqueza, en el ejercicio de la
soberanía, en el logro de la autonomía por parte del pueblo y sus comunidades,
en el ordenamiento del territorio de acuerdo a las culturas y a las
características geográficas comunes, entre muchas otras consideraciones.
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| Marcha Agraria a Bogotá. Año 2013. Foto/ Carlos M. Marín O. |
Antecedentes
de la violencia.
Es claro que la
invasión europea a América y por supuesto al territorio que hoy ocupa Colombia,
destrozó los sistemas de vida imperantes y que seguían su desarrollo histórico
propio. La exclusión, discriminación y negación de toda forma de vida y de
manifestación cultural diferente a la impuesta por el dominio eurocentrista
marcó el inicio del ejercicio de la violencia como método político, económico y
cultural en favor de las élites y de sus intereses.
La violencia siempre ha
estado atada a la posesión de la tierra como factor de producción que no se
reproduce como ocurre con otros, por ejemplo con los bienes de capital o con la
mano de obra a través de la explosión demográfica. La tierra nada más y nada
menos provee al ser humano del alimento y ello en un mundo cada vez más
superhabitado y hambriento, constituye un elemento desestabilizador en torno a
su posesión por los medios que sean necesarios. Pero también tiene un
componente político que trasciende y transversaliza el eminentemente
economicista. Allí se tejen relaciones
sociales, culturales, históricas y de poder bajo el concepto de territorio, que
atizan la confrontación cuando son negadas o que impulsan la convivencia
pacífica cuando son reconocidas.
Hay que recordar que
luego de la guerra de independencia frente al dominio español, las élites
criollas descendientes de europeos se disputaron el poder económico, político y
social. Los sucesivos presidentes que tuvo la República llegaron con las
visiones partidistas copiadas del modelo europeo y que negaban la realidad de
las grandes mayorías mestizas, afrocolombianas e indígenas. La distribución del
territorio se dio de forma amañada según los intereses de las élites y es una
situación que llega hasta nuestros días.
Basta traer a colación
la “evolución” del presidente Rafael Núñez, electo en 1884 como estandarte del
partido liberal y que en sólo un año se adhirió al conservador con el <<
fin de aplastar definitivamente las insolencias de una chusma que reclamaba el
reconocimiento de su condición humana, y cuyas aspiraciones, que las gentes
tradicionalistas encontraban desmedidas, eran apoyadas por el liberalismo
radical. >> [i]
El despojo de la
tierra, la exclusión humana, social y política, la utilización de la fe como
arma de control del pueblo eran sostenidas además con aparatos represivos
organizados desde la oligarquía para mantener sus prebendas. Documentos
históricos muestran por ejemplo, como antes de la IX Conferencia Panamericana
de 1948, en Bogotá se dio un suceso en donde un hombre realizaba disparos al
aire intentando amedrentar a estudiantes e intelectuales progresistas y que una
vez detenido por la policía, luego de incesantes llamadas y confirmaciones
resultó ser un detective de los aparatos del Estado. Inmediatamente fue puesto
en libertad [ii].
Una situación bien conocida aún en nuestros días.
La
violencia como disolución de viejas formas agrarias y de instalación del
capitalismo en el campo y en la sociedad colombiana.
La búsqueda de las
élites por concentrar la tierra en pocas manos se ha ejercido a sangre y fuego.
De acuerdo a diversos autores, el proceso que siguió al asesinato de Jorge
Eliécer Gaitán Ayala y que había iniciado hacia 1928, tuvo dos desarrollos
primordiales : uno de transformación progresiva a través de la violencia armada
y ejecutada por los pájaros como aparato paramilitar de la oligarquía, apoyados
por el Estado y el segundo, de equilibrio de fuerzas entre hacendados y
campesinos del centro y suroriente del país. El primero se dio en el Valle del
Cauca, el alto Cauca y el Eje cafetero. Allí el despojo se dio en condiciones
de violencia sin par en contra de los campesinos dueños de tierras, fomentó la
proletarización de los despojados y coincidió con el auge y consolidación de
los ingenios azucareros del país. El segundo, se dio en la región del Sumapaz
principalmente y se replicó con menor intensidad en el Tolima y territorios
adyacentes. Allí el proceso fue de parcelación y disolución de las haciendas,
generado por una correlación de fuerzas más equilibrada llevó a la invasión de
las haciendas improductivas por parte de campesinos desposeídos y arrendatarios
que utilizando la doctrina del Decreto 1110 de 1928 se negaron a pagar más por
la utilización de la tierra y obligaron a los hacendados a “partir diferencias”
[iii].
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| Toda reclamación Popular es reprimida por los aparatos armados del Gobierno. Marcha Agraria a Bogotá 2013. Foto/Carlos M. M. Ossa |
En 1953 el ingreso per cápita de la población rural era de 497
pesos y el de los grandes empresarios era de 2146 pesos [iv].
Recordemos además que durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero se le dio
un golpe contundente al campo y a sus posibilidades de supervivencia
democrática en términos de distribución, cuando siguiendo los consejos de su
asesor económico extranjero y formado en Harvard – Lauchlin Currie -, fomentó
la migración hacia la ciudad de grandes masas de campesinos que no tuvieron el
apoyo del Estado para trabajar en condiciones dignas; con lo cual se potenció
la industrialización en las ciudades con mano de obra abundante y barata en
paralelo que se impulsó la especulación financiera con la construcción de
vivienda para los menesterosos y la adopción del sistema UPAC.
Como es más conocido, a
partir de los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y hasta nuestros días, el
impulso a los modelos capitalistas de sobre-explotación de los recursos
naturales, de privatización de los sectores estratégicos, de la salud y la
educación, de reemplazo del aparato productivo nacional por el extranjero, de
destrucción del empleo nacional y por consiguiente de la posibilidad de
organizar un futuro digno para las mayorías nacionales, azuzan más las
condiciones de guerra y conflicto en nuestro país.
La
ventana de la paz, los post – acuerdos y el conflicto social.
En el ajedrez
geopolítico y geoeconómico de los tiempos del neoliberalismo, se ha hecho
imprescindible para los sectores contendientes en el conflicto armado
colombiano, buscar una solución a los tiros de fusil. El anhelo de parte de la
insurgencia armada es buscar las reformas necesarias para encontrar la solución
al conflicto social luego de silenciar las armas y acceder bajo condiciones
especiales, al poder político para buscar las transformaciones requeridas. La
búsqueda de las estructuras oligárquicas, terratenientes y de especulación
financiera tanto nacionales como extranjeras; es acceder a territorios,
recursos naturales y “recursos humanos” para profundizar el modelo extractivo,
la explotación humana y la especulación financiera en todos los sectores para
maximizar sus ganancias y su riqueza.
Para llegar a una paz
integral luego de los post acuerdos, es necesario solucionar el conflicto
social. Ello se logra sólo cambiando estructuras de todo orden, el modelo
económico actual y las condiciones de participación política incluída la
directa.
Es necesaria una
reforma agraria real y efectiva, para que la tierra se democratice y llegue a
manos de quien la necesita y la trabaja. Existiendo el modelo agroindustrial en
el campo, es necesario que se garantice la existencia, desarrollo y
consolidación de sistemas agrarios cooperativos. El campo debe destinarse
primordialmente a la siembra y cosecha de alimentos para garantizar la seguridad
y soberanía alimentarias. Esa soberanía implica no depender de semillas
patentadas y volver a la semilla ancestral.
El aparato industrial
nacional debe preferirse por el extranjero en los sectores no desarrollados en
el país. De igual forma debe ocurrir con el comercio y servicios de apoyo. Así
se garantiza la creación de empleo y su
acceso. La política macroeconómica debe
enfocarse a la redistribución de la riqueza mediante una política que impulse
el incremento de los salarios, para incentivar el consumo social y la dinamización permanente de la
economía, renunciando a una política que privilegie el control inflacionario y
que de paso impida el acceso a mejores salarios. En general se debe tener una
política económica que permita el desarrollo de diversas miradas por parte de
las comunidades, las cuales no necesariamente se enmarcan en la dinámica
capitalista.
Los sectores
estratégicos como los servicios públicos, la salud y la educación deben ser
nacionalizados y garantizados por el Estado. Incluso debería pensarse en que la
educación sea pública, para garantizar que todos los estratos socioeconómicas
accedan a iguales condiciones de calidad.
Finalmente y faltando
innumerables estructuras por intervenir, los territorios deben jugar parte
primordial en estos postacuerdos y la búsqueda de la paz integral. El
ordenamiento territorial debe trazarse a partir de las identidades históricas,
culturales, económicas, geográficas y de biodiversidad de los mismos y de las
etnias y pueblos que allí habitan. Un ordenamiento del territorio basado en
estas condiciones es lo que facilitará el reconocimiento de los pueblos, de la
diversidad y la suma de las diferencias como constructora de fuerza e identidad
nacional.
De lo contrario seguirá
ocurriendo la confrontación entre colombianos, que nos trae a la memoria una
imagen que en su momento relataba el sacerdote Claretiano Alcides Fernández
cuando buscaba entre hombres poderosos una solución al problema de
desplazamiento y desempleo: “ He visto las caras de los desocupados que rondan
por las ciudades, y son las mismas que ví descender de las montañas, el nueve
de abril de mil novecientos cuarenta y ocho para incendiar a Bogotá” [v].
[i]
OSORIO LIZARAZO, J.A. GAITÁN: Vida, muerte y permanente presencia. El Áncora Editores. 3ª. Edición. Pág. 12. Op.
Cit.
[ii] GUZMÁN CAMPOS, Germán – FALS BORDA,
Orlando – UMAÑA LUNA, Eduardo. La violencia en Colombia tomo II. Carlos
Valencia Editores. 9ª. Edición. Pág. 363.
[iii] SÁNCHEZ, Gonzalo – MEERTENS, Donny.
Tierra y Violencia, el desarrollo desigual de las regiones. Revista Análisis
Político No. 6. ENE/ABR de 1989. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
[iv] GUZMÁN CAMPOS, Germán – FALS BORDA,
Orlando – UMAÑA LUNA, Eduardo. La violencia en Colombia tomo II. Carlos
Valencia Editores. 9ª. Edición. Pág. 252.
[v]
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Alcides. Sacerdote Claretiano. Alas sobre la selva. Edición
Propia.
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