Un nuevo contrato social colombiano

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

Siendo Colombia un Estado que se ha jactado de su larga tradición legalista y “democrática”, muchos no comprenden cómo estamos sumidos en la violencia y la desigualdad. Sin embargo es claro, que los gobiernos y las élites tradicionales han desarrollado la Ley y entre ellas la Constitución Política, como medio de excluir a grandes franjas del pueblo de la posibilidad de obtener respuesta a sus intereses, es decir, de ser sujetos de derechos por vía jurídica.

Cómo la Constitución real es la suma de los Factores Reales de Poder, más allá del texto escrito, esas grandes franjas colombianas, las franjas populares que tienen fuerza, presencia, movilización e intereses en el territorio y que no tienen plasmado su interés en el texto Constitucional, ni tienen la garantía jurídica de sus derechos; mantienen una contradicción permanente con el gobierno de élite y de allí se derivan manifestaciones de descontento que en el curso de la historia desarrollaron las distintas violencias que hemos vivido.

Si las comunidades campesinas y sus intereses populares no se convierten en derecho a través de la Carta Constitucional y de la institucionalidad jurídica, no habrá paz. Si los intereses de los mineros artesanales son atropellados en favor del interés multinacional y no se protegen Constitucionalmente, no habrá paz. Si la educación y la salud no se constituyen en derecho fundamental a favor de la vida y por encima del interés de lucro de sectores económicos minoritarios, el interés del sector popular no estará protegido por el contrato Constitucional. Así no habrá paz.

Si se hipoteca la biodiversidad nacional y la seguridad y soberanía alimentarias del pueblo a través de las semillas certificadas – transgénicas – para favorecer el ánimo de ganancia multinacional y corporativo, el interés popular por la sobrevivencia, el futuro y la autonomía no tiene protección jurídica. Así no habrá paz.

Si las trabajadoras, los trabajadores y los jóvenes que se aprestan a ingresar al sistema “laboral” no encuentran condiciones laborales dignas, estables y con garantías para desarrollar un proyecto de vida; su interés estará sacrificado al modelo de intermediación que le sirve al gran capital nacional e internacional para reproducirse. Sus intereses no estarán protegidos material y jurídicamente. Allí no habrá paz.

Si la participación política de todos los sectores de la Nación no se garantiza en términos de equidad, para que se representen así sus intereses y se protejan desde la juridicidad, no habrá paz.

Es decir, Colombia necesita una nueva asamblea nacional Constituyente, un nuevo contrato social en donde todos los Factores Reales de Poder que existen de hecho, se conviertan en derecho a través de las instituciones jurídicas, con pleno desarrollo de garantías estatales. Y ello implica reformas al modelo económico, social y político, en donde todos cedamos un poco para compartir el territorio y para que todos disfrutemos de la riqueza y de la posibilidad de un futuro digno.

Sólo así habrá paz.

UAF SIN CONSULTA A COMUNIDADES

Por: Carlos Mario Marín Ossa

En días pasados, representantes y voceros de organizaciones campesinas vinculadas y fundantes del proceso Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, asistimos a la ciudad de Medellín, invitados por el INCODER, para socializarnos el estudio proyecto de redefinición de la política de Unidades agrícolas familiares UAF.

Considero que la política de UAF tiene como papel importante, definir qué cantidad de tierra puede necesitar una familia campesina de base para tener una vida digna. Pero no puede quedarse dicha política sólo en ese planteamiento. 

Si bien es cierto, que la “cultura” imperante en materia de tierra y economía campesina en Colombia - que de paso sea dicho no ha sido definida por los campesinos reales – es producir para competir con mercados globales, para servir de apoyo a la intermediación del sector agrícola, para apoyar la gran industria de alimentos y estimulantes (café), para favorecer el desarrollo comercial de las multinacionales químicas y del sector financiero; también es cierto que grandes franjas de la población campesina se resisten a verse inmersas en este modelo, y abogan por la soberanía y seguridad alimentaria, por la autonomía para decidir que hacer con su tierra, cómo sembrarla y con qué, en fin, decidir soberanamente como desarrollar económicamente su terruño.

Pero en el estudio presentado por el INCODER, se alcanza a intuir un proceso inductivo hacia sistemas productivos que en algunos casos identificados, no tienen en cuenta cultivos (lícitos) que las comunidades trabajan y que también les aportan economía, además de hacer parte de su idiosincrasia y reserva de su resistencia contra los modelos de despojo. Percibimos también, que la universidad contratada para realizar el estudio (incluído el del eje cafetero) no visitó a las comunidades, es decir, se trabajó con información secundaria y en algunos casos desactualizada. Es este un error garrafal que debe corregirse, pues para una política pública de tanto impacto – especialmente en   un escenario de postconflicto – se debe tener gran delicadeza en estos aspectos y contar con la consulta de las comunidades que posteriormente serán afectadas.

Para Risaralda, bajo el estado actual del estudio, se definieron tres zonas relativamente homogéneas y se definieron 159.200 hectáreas adjudicables (45% de la extensión total del departamento). Esperemos que se corrijan los errores y que se cuente con la voluntad del campesinado risaraldense.

Amanecerá y veremos.

POLIARQUÍA

Por: Carlos Mario Marín Ossa

        @MarioossaM

El politólogo David Roll citando en sus investigaciones sobre los partidos políticos de Colombia, a Pierre Gilhodès, dice que: “los partidos políticos colombianos, en particular los dos partidos históricos, son en su cúpula agrupaciones de notables, se hallan cohesionados por elementos culturales comunes, se activan en tiempo de elección y cuentan con estructuras mínimas y sin disciplina”.

La naturaleza misma de las ideas y las luchas sociales que han dado nacimiento a los partidos políticos alternativos, las prácticas vitales de los militantes y dirigentes de esos partidos y la confrontación con los abusos autocráticos de las élites tradicionales, reclaman la existencia de valores y principios democráticos que conlleven a la adopción como filosofía y como práctica de la poliarquía en el interior de estas instituciones, entendida esta, como la práctica de la democracia interna que refleje todos los pensamientos, gustos, sueños y quereres de esa población que busca un mejor vivir y que se compromete ideológica y materialmente con un proyecto político.

Las élites de los partidos políticos los convierten en instrumento de mercadería, focos de corrupción y caldo de cultivo para la anarquía nacional. La desconexión de la realidad que vive el pueblo es una de las características de las élites económicas, políticas e intelectuales cuando no bajan de su olimpo por incapacidad o por mezquindad. Y ello conlleva a la apatía colectiva por lo público, por la cosa política. No creo que los partidos políticos estén llamados a desaparecer, pero es claro que sin superar sus discursos, su práctica no los tiene cerca del pueblo, razón por la cual el papel ideologizante no se transmite desde las alturas políticas hasta la arena terrestre en que caminamos los mortales. Bajo el peso de la historia de las últimas décadas, el movimiento social ha aglutinado los sueños y las luchas del país nacional, ante la incapacidad cohesionadora de los partidos.

Como los derechos son relaciones entre individuos o colectividades humanas que se asumen como pares, puede entenderse por qué las élites tradicionales en Colombia nunca han respetado la dignidad de las demás personas que habitamos este territorio: No nos ven como sus pares, por lo que no nos ven como sujetos de derechos . Esta misma distorsión se traslada al interior de los partidos políticos, incluso los alternativos: Quienes se sientan sobre el peso de su historia y su vanguardia, no ven como pares a sus compañeros de militancia. Por esta razón utilizan todos los medios, para impedir que accedan democráticamente a las posiciones de dirección, orientación y representación, aun cuando los estatutos promulguen la poliarquía; de la misma forma que la Constitución Nacional promulga derechos y garantías que no se cumplen bajo el gobierno y la juricidad de las élites.

Con el horizonte llamando hacia una posible nueva historia nacional de postconflicto, en medio de las convulsiones sociales que se multiplican en rechazo a un modelo económico que todo lo compra y lo vende – ello incluye los derechos, el futuro y la dignidad – sin respeto por lo humano, partidos como el Polo Democrático Alternativo están llamados a institucionalizar la poliarquía para convertirse en verdaderos canales de las búsquedas y anhelos del pueblo. Esa condición es imprescindible para que el partido tenga continuidad en su papel transformador, por encima de las coyunturas electorales; y engloba por antonomasia valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo. También los principios de información, transparencia, libre debate y circulación de directivos.

Es el reto para enfrentar con éxito el papel que de estos partidos reclaman el pueblo y la historia.