EL DERECHO A LA SALUD V.S. LA FRÍA UTILIDAD FINANCIERA

Por. Carlos Mario Marín Ossa

A comienzos de marzo de 2013, estalla una situación que complica la ya deteriorada y tortuosa situación de acceso a la salud en el régimen subsidiado en Pereira, para aproximadamente 71.000 usuarios de la EPS Asmetsalud.

Todo se inicia por la disparidad de criterios al momento de la negociación de un nuevo contrato a partir de enero de 2013, entre la gerencia de la E.S.E. Salud Pereira y los representantes de la EPS ASMETSALUD. Dicha disparidad de criterios se remite al valor de la cápita por usuario, que está dispuesta a pagar la EPS y el valor al que aspira la E.S.E. La cápita, es el valor que debe pagar una EPS cualquiera a la IPS que atienda a los usuarios de la primera, por concepto de servicios de salud en primer nivel (consulta externa), segundo nivel (exámenes varios de carácter especialista) y tercer nivel de complejidad (tratamientos y cirugías entre otros); valor que determina el gobierno nacional por año y que las EPS´s e IPS´s negocian con cierto margen de flexibilidad según los “precios de mercado”.

Como la EPS ASMETSALUD ofrece pagar un valor de cápita inferior al que aspira la E.S.E. Salud Pereira, los servicios a los usuarios de dicha EPS fueron suspendidos el 08 de marzo por parte de la gerencia de la E.S.E. Asmetsalud entonces debió contratar de forma coyuntural una red alterna de carácter privado para la atención de sus afiliados       –esto se da en medio de la coyuntura de la reforma al sistema de salud en el congreso de la república- en tanto que seguían los contactos para intentar un arreglo entre las dos partes. Los damnificados por supuesto son los 71.000 pereiranos afiliados a la EPS ASMETSALUD.

La situación no avanza, y es así que el pasado 03 de abril fueron citados por el concejo municipal de Pereira los representantes de la E.S.E., de la EPS y de la secretaría municipal de salud; para que expusieran sus razones ante el cabildo, los usuarios y representantes de organizaciones sociales entre las que se encontraba VEEDURISARALDA.

Marcha en defensa del derecho a la salud. Pereira-Risaralda.

Al inicio de la sesión, expuso sus puntos el secretario de salud municipal Dr. Julián Mauricio Trejos en términos de la función de dicha secretaría como ente de vigilancia y control. Su exposición se basó en el seguimiento realizado a las EPS´s que atienden el régimen subsidiado en la ciudad y de las cuales ASMETSALUD según su opinión debe cumplir algunas condiciones, entre las que están el ajuste del valor de la cápita según los lineamientos del gobierno nacional. Así mismo indicó que los giros del Fosyga para pagar a las EPS´s se encuentran al día, en tanto que estas cada vez se retrasan más en los pagos a hospitales y en general a la red pública. Posteriormente realizó su presentación la Dra. Mónica María Orozco –Gerente de la seccional Risaralda de la EPS Asmetsalud- mostrando las estadísticas de una muestra de 15 días con el servicio de la red privada alterna y comparándola con la estadísticas de atención de la E.S.E. Salud Pereira para un período también de 15 días. En su presentación resaltó un mayor número de citas atendidas en todas las variables de diferentes niveles de complejidad, respecto a una menor efectividad del servicio de salud de la E.S.E. Respecto al tema del valor de la cápita negociada no mostró visos de solución. Finalmente, fue el turno para el gerente de la E.S.E. Dr. Rafael Lucas Sandoval, quien destacó aspectos como la obligación de la EPS de cumplir con las órdenes del gobierno nacional y las sentencias de la Corte Constitucional al respecto en lo que se refiere a los valores incrementados de la cápita por usuario y para la cual el gobierno entregó un incremento especial en la ciudad de Pereira. Ningún asomo de acuerdo entre las partes y el usuario en el limbo.

Nuestras conclusiones.

Lo primero que hay que decir, es que este bosquejo general de la situación de la salud para los más pobres de Pereira es una radiografía aún incompleta, que en próximas entregas iré ampliando. Según lo visto y escuchado en el concejo, se puede concluir inicialmente que todos tienen un poco de razón y que todos están equivocados en temas profundos.

Es cierto que existen normas del nivel nacional que obligan a destinar recursos públicos para la atención de los usuarios con unos valores de cápita que para Pereira fueron incrementados en valores superiores a otras ciudades. Existen también sentencias de la Corte Constitucional que defienden estos derechos.

Es cierto que bajo estas condiciones, el gerente de la E.S.E. puede esperar una mayor inversión y pago de dinero por usuario atendido a la EPS ASMETSALUD, como cierto puede ser el comparativo de eficiencia presentado por la gerente de la EPS entre la red alterna privada y la red pública, y en la que el peor desempeño –la peor atención al usuario en términos de número de personas atendidas- corre por cuenta de la E.S.E. Sin embargo hay que aclarar que la muestra presentada por ASMETSALUD para un período de 15 días, puede tener visos de descontextualización y no ser fiable 100%.

Cierto también es que las EPS´s manejan una cartera por pagar a la red pública de salud (los hospitales, clínicas, etc) cada vez más morosa y que ello incide negativamente en los problemas financieros del sistema hospitalario público. Eso lo sabemos hace muchos años.

Entierro al sistema de salud de los colombianos. Foto/Carlos Mario Marín Ossa

Pero todos los actores aquí mencionados se equivocan en plantear de forma primordial el problema de la salud en términos financieros. Eso es monstruoso. Aunque de forma lógica, se debe contar con dinero para financiar la salud, la atención al usuario, el costo de tratamientos, cirugías, citas al especialista; y el manejo de dicho dinero debe seguir parámetros de buena gerencia, racionalidad y efectividad; no menos cierto es que tratándose la salud de un “derecho fundamental” de cualquier ser humano, lo primordial debe ser la atención oportuna e integral de los pacientes.

Se equivoca en materia grave el Dr. Lucas Sandoval al cerrar la atención a los pereiranos afiliados a Asmetsalud derivado del inexistente acuerdo entre la EPS y la E.S.E. ¿Cómo se deja sin salud a 71.000 seres humanos por razones de especulación financiera entre las partes?

Pero con la Ley 100 este derecho fue convertido en un negocio y como tal el fundamento no es la persona sino el lucro, la utilidad. Las consideraciones financieras son frías y no tienen compasión con el sufrimiento del paciente ni con la perspectiva de la muerte. El enfermo no se enfrenta a otro ser humano que maneja y dispone del dinero público destinado a aliviar el sufrimiento de la enfermedad o a mantener la salud mediante la prevención.

¡NO!

El enfermo se enfrenta a conglomerados financieros, a corporaciones especulativas del dinero de la salud, las cuales no ven a los ojos al paciente que sufre sino que miran con avidez los índices financieros de sus libros contables, los informes de bolsa, las tasa diferenciales el mercado que puedan aprovechar para invertir. Es un mundo sin venas con sangre en su interior, aunque sus ganancias se basen en la sangre dejada por el paciente moribundo sobre la camilla solitaria.

Escuchar en la sesión del concejo municipal frases como “En el primer nivel de atención no se venden servicios” o “No es rentable contratar con las EPS´s por eventos ya que los glosan para no pagar” “el negocio de la salud” y otras por el estilo, deben asustar profundamente al ciudadano de a pie que se encuentra sometido a los designios del mercado de la salud. Su vida pende de un hilo. Esa es la filosofía de la Ley 100 de 1993 impulsada por el gobierno de los entonces liberales César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos Calderón y Álvaro Uribe Vélez (a la sazón senador ponente del proyecto de Ley).

La reforma al sistema de salud presentada al Congreso por el gobierno Santos en términos generales no cambiará ostensible y estructuralmente el adefesio del sistema. El intermediario que encarece el servicio y se queda con una gran parte de los recursos (las EPS´s) no desaparece. Cambia de nombre, pero sigue percibiendo un dinero de los contribuyentes que debería ser empleado por ejemplo en contratar más médicos o enfermeras, con mejores salarios y mayor estabilidad laboral. En lugar de hacer énfasis en los nives II y III de complejidad, se debería invertir más dinero en prevención aunque los negociantes de la salud se ericen al no “vender” servicios para atender la enfermedad que ya ha avanzado.

El camino debe ser derogar la Ley 100 de 1993 y establecer otro sistema de salud diseñado para favorecer a quienes pagamos el grueso de los impuestos y no a las corporaciones y conglomerados financieros que ya cuentan con generosas exenciones de impuestos entregadas a manos llenas por los gobernantes colombianos.