CRISIS SISTEMÁTICA Y SISTÉMICA EN MEGABÚS Y LOS SISTEMAS BRT.

Por: Carlos Mario Marín Ossa

(Artículo ampliado, del publicado originalmente en el periódico Perifería No. 97. Agosto de 2014).

Dentro de la caótica vida de las ciudades de la globalización y el sistema neoliberal, el siglo veintiuno entró con una característica especial en muchas ciudades de América Latina en lo que a transporte de pasajeros se refiere, y Colombia no es la excepción.

Los sistemas de transporte urbano masivo de pasajeros tipo BRT [1[i]], llegaron a grandes ciudades del país, como un modelo de trasporte de características mundiales globalizadas, - modelo impulsado por el Banco Mundial y otras instituciones asociadas -, y convertido en política pública por los gobiernos nacionales desde Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez.

Sistema de Transporte masivo urbano de pasajeros Megabús. Pereira - Dosquebradas.

Antecedentes

A partir del nacimiento del transporte automotor urbano de pasajeros propiamente dicho en Colombia, este servicio que dentro del marco legal se define como un servicio público planificado, regulado y controlado por el Estado; el mismo ha estado principalmente en manos de operadores privados, empresarios que han hecho fortuna a través de este sector económico y que desafortunadamente en muchos casos,  han prestado el servicio  - bajo la anuencia tácita de los gobiernos - en medio del desorden administrativo, operativo y legal.

En las décadas de los ochenta y noventa, se recuerda como grandes ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, sufrían la guerra del centavo en buses con muchísimos años de servicio y condiciones físicas y técnicas lamentables. Los usuarios hacinados entre vehículos que atentaban contra cualquier forma de dignidad humana, debían trasladarse por las ciudades hacia sus sitios de trabajo, arriesgando su salud e integridad.

Los aspectos críticos del transporte urbano de pasajeros en Colombia durante esta época, estaba marcado por aspectos como la sobreoferta de parque automotor, la obsolescencia manifiesta del mismo, una malla vial deficiente y subutilizada, una política de construcción de nueva malla vial insostenible financieramente en el largo plazo, la destinación inequitativa de los recursos públicos destinados a la infraestructura vial [2[i]], concentración de rutas, guerra del centavo, estructura empresarial inadecuada, tarifas ineficientes, accidentalidad alta, deterioro urbano y contaminación ambiental [3[ii]].

Así, con la imposición de la “apertura económica” desde el gobierno Gaviria hasta el gobierno Uribe, se inició el proceso de modificación del transporte urbano de pasajeros adaptado a las características de la globalidad emanadas desde el Banco Mundial, con el argumento de mejorar las condiciones de calidad, administración operativa, financiera y ambiental, como también de las condiciones de bienestar de los usuarios.. El primer resultado de los sistemas BRT, fue Transmilenio en Bogotá, cuya construcción se inició en el año 1998 – durante la alcaldía de Enrique Peñalosa – y su puesta en marcha se dio en diciembre del año 2000. Le siguió Megabús en Pereira y Dosquebradas.

Caracterización del transporte urbano masivo de pasajeros en Colombia.

Lo primero que debe decirse respecto de la filosofía bajo la cual se concibe el transporte de pasajeros en el país – y en el mundo globalizado – es que se trata de un sector de apoyo a la dinámica económica de las naciones, por cuanto su función se plantea de forma expresa o tácita, como la de movilizar a los trabajadores hacia los centros productivos de los diferentes niveles territoriales. Para el caso, en las ciudades colombianas que se han identificado como concentradoras de la actividad económica y de generación de la riqueza del país. Las grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, aportan el 70% del PIB y concentran el 50% de la población nacional [4[iii]].

Cuando se revisan diferentes documentos de carácter oficial o de la academia, se encuentra que se identifica al transporte en general – y se incluye al transporte de pasajeros -, como un sector que juega un papel importante en la consolidación de los procesos de globalización y de competitividad en Colombia [5[iv]].

En este sentido, también están concebidos los documentos de orden de política económica y social de los gobiernos y las normas que rigen la materia. Dichos documentos son El Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 “Hacia un Estado Comunitario”, los documentos CONPES 3167 y 3260 para política nacional sectorial y 3220 – para el caso concreto de Megabús S.A., Por supuesto existen los CONPES de seguimiento para los otros sistemas de transporte masivo SITM -, las Leyes 310 y 336 de 1996 entre otras.

El servicio público, se planea desde las esferas nacionales y territoriales, se entrega operativamente a empresas privadas y se financia en mayor medida con dineros públicos, garantizando la utilidad monetaria al operador privado.

Megabús : Crisis sistemática y sistémica.

Megabús S.A. es una empresa 100% pública que opera como ente gestor [6[v]] pero que le entregó la operación del sistema a operadores privados encargados de los buses – Promasivo S.A. e Integra S.A. - y del recaudo de la tarifa de los pasajes – Recisa S.A. – los cuales, de acuerdo a las políticas nacionales realizaron una inversión inicial inferior a la inversión pública, pero que paradójicamente se quedan con la mayor parte de los ingresos del sistema (ver tablas No. 1 y No. 2).

Esta situación hace parte del debate que se ha dado entre diversos sectores de la población del área metropolitana centro occidente AMCO, de la que hacen parte los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, por cuanto se le entregó el negocio del transporte y su utilidad monetaria a empresarios privados que concentraron la propiedad del parque automotor, sustentado por los dineros públicos de todos los risaraldenses. Muchos de estos temas, se debatieron en julio del año 2012 durante el cabildo abierto que impulsó y llevó a cabo la veeduría ciudadana para el departamento de Risaralda – VEEDURISARALDA – en las instalaciones del concejo municipal de Pereira.

Tabla No. 1

INVERSIÓN ESTIMADA V.S. DISTRIBUCIÓN

FUENTE: VeeduRisaralda.

Tabla No. 2

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR AGENTE

(Millones de pesos por agente)

FUENTE: VeeduRisaralda

Megabús, cuyo sistema fue vendido bajo la tesis de movilizar en el mediano plazo alrededor de 140.000 pasajeros diarios en promedio, inició su operación en agosto del año 2006, movilizando en 2007 alrededor de 36.000.000 de pasajeros al año (un promedio de 89.000 diarios), con un crecimiento moderado en los dos siguientes años, e iniciando un decrecimiento sostenido a partir de ese momento. El comportamiento en la movilización de pasajeros se visualiza en el gráfico No. 1.

                                   Gráfico No. 1               

El decrecimiento sostenido de pasajeros, ha reducido considerablemente los ingresos del sistema por pasajes vendidos, ha generado una sobreoferta de parque automotor, con lo cual buses articulados se han guardado en los parqueaderos con el fin de no incurrir en costos de operación, pero se ha aumentado el tiempo de espera en la frecuencia de dichos buses, el mantenimiento de la flota, particularmente de la empresa Promasivo S.A. –encargada de administrar y operar el sistema desde Pereira – se ha abandonado progresivamente, al punto de encontrarse un alto porcentaje del parque automotor de este operador en un estado lamentable, como lo expresan sus propios empleados y lo podemos apreciar todos los usuarios.

El hecho de tener la tarifa más costosa de todo el país [7[i]], la mala calidad del servicio, la crítica situación de empleo del área metropolitana – durante la alcaldía (2008 – 2011) de Israel Londoño el desempleo en Pereira llegó a ubicarse en el 21% - la política de tratados de libre comercio – que permite la llegada al país de motos muy baratas -, el deterioro del parque automotor, la caída de los usuarios dispuestos a utilizar el sistema, el paralelismo entre el megabús y el transporte complementario, la incapacidad política para encontrar soluciones y el transporte pirata; han sumido al transporte masivo en el AMCO en una crisis sin precedentes, pero pronosticable. El último capítulo de una situación que se evidenció en el año 2011, pero que se gestó desde el inicio, es el incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, salud, pensión y riesgos laborales a los más de 300 empleados de la empresa Promasivo S.A. Luego de 7 paros en casi tres años, se une de forma sistemática la violación a los derechos de los trabajadores, a la crisis sistemática de todo el sistema. Pero también de forma sistémica el problema ahora no es sólo de los usuarios, sino también de los trabajadores, de los contribuyentes y de la sociedad risaraldense en general.

Perspectiva del intercambiador del barrio Cuba, durante el 

paro de trabajadores entre el 4 y el 11 de julio de 2014. 

Séptimo paro en tres años.

Sin pagos de salarios, ni de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, fueron envíados a trabajar los conductores de Promasivo S.A. en diferentes ocasiones y lapsos de tiempo, ya que el operador ha incumplido de forma sistemática y reiterada el pago de sus obligaciones laborales con los trabajadores del operador privado. La respuesta a los requerimientos de los empleados, de los usuarios, del gerente de Megabús, Alexis Mejía, del alcalde de Pereira y de la prensa tradicional y alternativa, es que se le vendió un negocio bajo la promesa de unos pasajeros a movilizar que no se han logrado. La mala administración de los 2.000 millones de pesos que Megabús S.A. le entrega cada mes a Promasivo S.A. no se ven reflejados en el pago de una nómina que asciende a 340 millones de pesos ni en el mantenimiento de una flota de buses en donde se juegan la integridad y la vida los usuarios.

Se ha contado con suerte, ya que no se ha presentado un accidente en donde haya víctimas por parte de los usuarios, de los trabajadores o ambos, pues las deterioradas condiciones de la flota mantienen latente esa probabilidad. La responsabilidad civil y laboral puede llegar a ser multimillonaria, por ejemplo en el evento de un accidente laboral de un empleado que no tiene al día los pagos en salud, pensión y riesgos laborales; y de donde resulte una pérdida de capacidad laboral o una invalidez que conlleve una indemnización o pensión. Ante la negativa o la incapacidad de pago por parte de Promasivo S.A., Megabús y los dineros públicos de los contribuyentes deberán pagar.

La fuerza política que impuso el sistema sin consulta previa efectiva de la comunidad risaraldense, que no tiene en cuenta a los usuarios y trabajadores dentro de los espacios de decisión del sistema, a la cual pertenecen tanto el alcalde como el gerente de Megabús y el director del Área metropolitana centro-occidente; no han tomado las decisiones de fondo, como tampoco lo han hecho la ministra de transporte ni el superintendente de puertos y transporte. La seccional territorial del ministerio de trabajo, brilla por su ausencia en el conflicto laboral que es imputable al empleador. Desde el ministerio de Rafael Pardo y ahora de José Noé Ríos, no se dirigen los ojos ni la voluntad para solucionar de forma estructural el problema.

Posibles soluciones.

La ciudadanía de la región, los usuarios, trabajadores y centrales obreras, han debido enfrentar el problema y presionar algunas soluciones.

VEEDURISARALDA  toma la iniciativa de buscar rebaja de la tarifa o su congelación [8[i]], organizaciones sociales y sindicales ayudan en el segundo semestre del año 2011, para que los trabajadores de Promasivo se constituyan en el Sindicato de Rama de trabajadores del transporte UNTT seccional Risaralda, los usuarios anónimos, comienzan a manifestarse de forma permanente a través de la radio para denunciar las precarias condiciones de aseo de estaciones e intercambiadores.

VeeduRisaralda presentó y entregó a la ministra de transporte en el año 2013 un documento [9[ii]] que plantea posibles soluciones para alivianar el problema del sistema, durante su visita a la ciudad para hacer parte de la junta de Megabús, reunión que se dio en las instalaciones del Club del Comercio. No ha habido respuesta alguna.

Puede decirse que las soluciones a la crisis del sistema se deben dar en el orden territorial municipal y departamental, y desde el gobierno nacional, de acuerdo a los planteamientos de la Veeduría Ciudadana. Falta voluntad política del gobierno, pues las decisiones en materia económica, muchas veces van en contravía de las buenas intenciones que se manifiestan para los sistemas de transporte urbano masivo de pasajeros. En el mundo, los sistemas de transporte de pasajeros son en muchas partes de carácter estatal – en el entendido de que su función primordial es la movilización de los trabajadores hacia el sistema productivo – pues como apoyo al sector económico y la necesidad de subvención estatal que permita su viabilidad , riñe con el ánimo de lucro financiero de la empresa privada de mente global y neoliberal.

Para Megabús, la canasta de costos [10[iii]] muestra de forma clara la posibilidad de que el gobierno pueda ofrecer soluciones de carácter estructural. Los precios de combustible, llantas, repuestos y otros, están en manos del gobierno. Precios especiales para estos sistemas, pueden representar un alivio a la situación financiera de los mismos, la posibilidad de la reducción de la tarifa y un incentivo para subirse al bus. En el pasado FORO URBANO ALTERNATIVO Y POPULAR que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, en el mes de abril, se abogó porque además de la visión economicista del transporte de pasajersos, se garantice la dignidad de los usuarios. Los sobrecupos, las tarifas exorbitantes, las decisiones amañadas de los administradores y responsables, atentan contra este reclamo.

La decisión es política y la presión debe ser ciudadana.

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[1[i]] Bus Rapid Transit, en inglés. Transporte rápido en autobuses

[2[i]] Entre un 5% y 25%  de los viajes en la ciudad se realizaban a pie, pero la mayoría de los recursos para construcción de infraestructura vial se destinaba enfocada hacia el transporte particular y de taxi.

[3[ii]] Documento CONPES 3167 de Mayo 23 de 2002. POLÍTICA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación.

[4[iii]] Documento CONPES 3260 de diciembre de 2003. POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y MASIVO.  DNP : DIE – GEINF. Ministerio de Transporte. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

[5[iv]] Alexánder Tobón A. y Diana Galvis. Análisis sobre la evolución reciente del sector de transporte en Colombia. Revista Perfil de Coyuntura Económica. No. 13, de agosto de 2009. Pág. 147. Universidad de Antioquia.

[6[v]] El ente gestor, es la empresa que  se encarga de administrar los recursos del sistema, aún cuando estos se encuentren operativamente en poder de los privados. Debe controlar que se cumplan las condiciones contenidas en los contratos de concesión y se garantice la calidad en el servicio. En Megabús, la composición accionaria es así: Municipio de Pereira con el 54,998%, el municipio de Dosquebradas con el 40%, el municipio de La Virginia con el 0,278%, el Aeropuerto Matecaña con el 0,001%, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira con un 0,001% y un porcentaje de acciones en colocación del orden de 4,722%.

[7[i]] http://opinadorglobal.blogspot.com/2012/08/megabus-el-pasaje-mas-costoso-de.html

[8[i]] A partir del Cabildo abierto de julio de 2012, se obtuvo el congelamiento de la tarifa en $ 1700 y la apertura de rutas hacia sectores del AMCO que no tenían servicio. Algunos empresarios tradicionales del transporte complementario, han manifestado la capacidad que tienen para prestar el servicio de transporte de pasajeros con una tarifa de $ 1400 y excelentes condiciones de calidad.

[9[ii]] http://opinadorglobal.blogspot.com/2012/12/lo-mas-reciente-sobre-megabus-y-el.html

[10[iii]] http://opinadorglobal.blogspot.com/2012/12/lo-mas-reciente-sobre-megabus-y-el.html y  http://www.slideshare.net/MarioOssa/soluciones-megabs

POSICIÓN POLÍTICA PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2014-2018

Una vez conocidos los resultados de la primera vuelta electoral hacia la presidencia de la República de Colombia, para el período Constitucional 2014 – 2018, de acuerdo  a nuestro análisis, consideramos que se presentaron las siguientes situaciones:

1.  La abstención de la jornada, cercana al 65%, engloba tanto a los abstencionistas activos, es decir, aquellos compatriotas que no se vieron representados en ninguna de las candidaturas que competían en la primera vuelta; a aquellos que no creen en el sistema electoral colombiano, debido a la historia de fraudes, a la influencia decisiva de los cuadros gobiernistas y/o de extrema derecha tanto en la Registraduría nacional, como en el Consejo Nacional Electoral, a la influencia de los grupos violentos ilegales en amplios sectores de la geografía nacional. Aparecen también aquí, desafortunadamente, los colombianos a quienes les interesa más un paseo de olla, un partido de fútbol o un programa de televisión, que buscar cambios para el país de sus hijos, depositando el voto que impulse programas alternativos, con carácter progresista y justo.

2. Quienes depositaron sus votos por las candidaturas que representan la continuación de las políticas económicas, sociales y culturales enfocadas a mantener los privilegios de una pequeñísima clase oligarca, desconocen la historia del país, su capacidad de análisis histórico (incluso el reciente) es sin duda producto de aquellos que en el presente y en el pasado, han estado excluidos de la formación académica, pero también de aquellos que teniéndola, no han podido aprobar las tristemente célebres pruebas PISA. Por supuesto, están aquellos que ante la miseria, claudican y venden su dignidad por las migajas de los programas de manipulación asistencial del Estado. Los restantes, son aquellos que defienden un modelo guerrerista y de empleo a ultranza de las armas, para enviar a los hijos ajenos a matar y a morir.

3. Las y los compatriotas que votaron por la campaña de Clara López, siguen en gran medida una política coherente de un partido de izquierda democrática, que presenta un programa para la nación que busca una PAZ INTEGRAL, sustentada en un cambio de modelos tanto económico, como político y social. Las mujeres que apoyaron la posibilidad de una mujer en el poder, se diferencian de las que apoyaron a la candidata Martha Lucía Ramírez, en que tienen claro que la última es la representante de uno de los partidos impulsores del sistema desigual en este país, que sustenta los privilegios de las élites que conforman su dirigencia, sobre la miseria de la gran mayoría de los colombianos. Partido por demás, atizador de los grandes odios nacionales que han incendiado al país desde los albores de la República. Por el contrario, las votantes de Clara López, han sufrido los rigores del conflicto y del modelo excluyente y desigual, pero imbuidas en procesos unitarios para la resolución de sus problemas y por ende en un proceso de formación y educación tanto histórica e ideológica, tienen más clara la situación de Colombia y su evolución a través del tiempo.

4.  La campaña negra, impulsada por las candidaturas que pasaron a la segunda vuelta, lograron confundir a muchos votantes, desalentaron a otros y mostraron una realidad vergonzosa de la tan cacareada “democracia” colombiana. Los medios de comunicación de las élites económicas y políticas, jugaron su papel con sus “periodistas” de bolsillo que amplificaron la guerra sucia y que fueron regañados con fruición por pilares del periodismo colombiano como Juan Gossaín y Javier Darío Restrepo. Por supuesto, ante la seducción del dinero, tuvieron oídos sordos ante el llamado a la dignificación de la profesión.

Los resultados, las ambiciones y la verdadera cara de las campañas.

Martha Lucía Ramírez, obtuvo así cerca de dos millones de votos. Clara López Obregón obtuvo cerca de dos millones de votos. Enrique Peñalosa un resultado previsible y decepcionante para los que pensaban que podía encarnar una opción alterna. El voto en blanco, manipulado e inflado en las elecciones a congreso, con el fin de afectar las aspiraciones de los sectores populares y alternativos, no tuvo el impulso para las presidenciales, pues sus financiadores, se enfocaron en sus reales intereses reeleccionistas en persona propia y ajena.

Para nosotros resulta claro, que la candidata conservadora, adherirá al centro democrático, pues allí se encuentra realmente su corazón y su identidad ideológica. Fue parte del gobierno del señor Uribe y compañera de gabinete. Comparte sus políticas. Es más, durante la campaña a primera vuelta, reivindicó como suya la política de “seguridad democrática” sin que su dueño, la desmintiera o rechazara tales afirmaciones. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Pero no creemos que todos los votos de dicha campaña, se vayan a endosar a la campaña uribista, ya que quienes votaron por su opción como solidaridad de género, también pensaban que había algún deslinde de la extrema derecha. Por otro lado, la historia de Colombia nos enseña que el partido conservador es adicto a la burocracia de los gobiernos de turno y al manejo del erario y de las instituciones públicas. Muchos se quedarán con el gobierno, que al fin, si quien triunfa es el contrario, les resulta fácil realizar nuevamente la metamorfosis hacia el uribismo.

Queda entonces, el candidato presidente en una situación crítica, porque no cuenta con la adhesión de grandes caudales. Peñalosa, durante la campaña criticó fuertemente al presidente candidato y se alejó de sus políticas. Lo llamó politiquero. Sus votos no son claramente endosables hacia el candidato presidente, y aunque lo fueran, no le alcanzan para ganar. El voto en blanco, no se dirigirá hacia la candidatura oficial. Tampoco le alcanzaría.

Las regiones que presentaron una abstención sorprendente para su historial electoral, están divorciadas de las opciones de la derecha y la ultraderecha. Entienden el abandono histórico y la manipulación a que han sido sometidos. Con buenas untadas de mermelada oficial o con el incentivo de los fusiles del ultrafascismo, se movilizarían hacia la votación. Pero no es probable, que marquen gran diferencia en una u otra opción a la presidencia.

Queda entonces, como caudal decisivo, la votación de la izquierda democrática encarnada en la candidatura de la coalición de Clara López y Aída Avella. Le resulta ampliamente deseable al candidato presidente hacerse al favor de este caudal, que es el único que le garantizaría el triunfo en segunda vuelta. Es claro, que bajo ninguna circunstancia la invitación de los uribistas se considerará dentro de la izquierda, ubicada diametralmente a las apuestas del centro “democrático”.

Comienzan a escucharse las voces y los llamados para cerrarle el paso a la opción de la ultraderecha guerrerista y violenta, alineándose a la candidatura que “puede” firmar la dejación de las armas por parte de la insurgencia colombiana, disminuir la intensidad del conflicto interno, posibilitar la participación política de los desmovilizados y por esta vía, buscar los cambios en los modelos económico, social, político y cultural, para así buscar en un clima de “no guerra”, los cambios que la mayoría de la población colombiana requiere para alcanzar niveles dignos de bienestar y justicia social. Argumentan además estas voces, que nos ahorraremos un baño de sangre, persecución política y exterminio físico por parte de la ultraderecha de Colombia.

Luego de escuchar diversa voces y realizar consultas, de asistir a los primeros debates, entendemos que la alineación con el actual gobierno, se fundamenta más en el terror (justificable y compartido) que genera la visión del nuevo ascenso del fascismo salvaje de la otra opción. Como se ha escuchado en diversos espacios, tenemos como opciones, elegir entre morir de cáncer o de sida.

Lo que la coherencia histórica invita.

Grandes amigos y compañeros de la lucha social por un mejor país, piensan que el anhelo más grande del pueblo colombiano es terminar la guerra, lograr la paz, y que la izquierda democrática debe apoyar e interpretar dicho anhelo y movilizarse hacia él, para evitar el baño de sangre y exterminio que se desencadenaría con el nuevo ascenso de la ultraderecha al poder. Por lo tanto, la campaña Clara – Aída (todos los que la apoyamos, la trabajamos y lideramos) debería apoyar la opción del candidato presidente y bajo un clima de disminución del conflicto, de paz, buscar las transformaciones justas para el pueblo.

Una retrospectiva histórica (sin duda incompleta, pero con elementos ciertos) nos recuerda que las campañas uribista y santista encarnan y tienen en sus filas, a quienes han generado las políticas y las Leyes que llevaron al pueblo al estado de miseria y desigualdad que padecemos en la actualidad. Y eso, sólo contando los últimos treinta años.

1.  Tanto la Ley 50 de 1990, como la Ley 100 de 1993 fueron obra del entonces senador Álvaro Uribe Vélez. La primera “flexibilizó” el código laboral colombiano y borró de tajo las conquistas de los trabajadores de esta patria. Desaparecieron los contratos laborales que garantizaban estabilidad, aparecieron las cooperativas de trabajo asociado, se botaron literalmente a la calle a cientos de miles de trabajadores bajo la figura de negociaciones colectivas de los derechos laborales, para ayudar a las finanzas de las empresas, con el pretexto de generar mayor empleo, lo cual los años demostraron no era cierto. Se acabó con los sindicatos que protegían el bienestar de los trabajadores y se liquidaron grandes empresas estatales que generaban ganancias monetarias y sociales para el país, como Telecom, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, las empresas de servicios públicos de las entidades territoriales, Focine, y muchos más. Muchas de las empresas de intermediación laboral – lo descubrimos luego – han sido propiedad de congresistas y empresarios que se hicieron a tremendo negocio sacando más ganancias del hecho de desconocer el justo pago a los trabajadores colombianos y desconocerles en muchos casos el derecho a las prestaciones sociales. La segunda, convirtió el derecho a la salud y a la vida de los colombianos en un negocio, donde prima la rentabilidad de los dueños de las EPS sobre la vida de los pacientes. El mismo promotor de dicho adefesio, ha resultado implicado en el escándalo de corrupción de Saludcoop como presunto dueño o a través de la presunta propiedad de familiares o allegados cercanos.

2.  Durante su “carrera política” el señor Uribe ha sido señalado de nexos con grupos paramilitares, del impulso de los mismos, de la relación de sus familiares y allegados a los mismos, de sus actuaciones poco claras durante su dirección en la aerocivil, de nexos con la mafia de las drogas y más. Nada ha aclarado al respecto y sólo se ha dedicado a evadir los cuestionamientos, señalando de terroristas a quienes se los plantean. Cabe recordar que muchos de sus asesores, cuerpos de seguridad, aliados políticos y protegidos han sido condenados por la llamada parapolítica, por nexos con carteles de la droga, por corrupción derivada del robo del erario, por violación de la Ley en temas como las interceptaciones ilegales de comunicaciones a periodistas, a la oposición política y a las altas esferas de la justicia. Así mismo, avanzan procesos de corrupción sobre su exministro de agricultura, por el caso de AgroIngreso Seguro, sobre su exministro de gobierno, sobre su entonces secretario general, sobre su jefe de seguridad de palacio, sobre su alto comisionado de paz, sobre su ministro de salud y así. Personajes como el exgobernador Salvador Arana, señalado y condenado de asesinar a un alcalde de su departamento (durante la gobernación del mencionado exmandatario regional), fueron nombrados en cargos consulares a pesar de los señalamientos. Se puede configura una lista interminable de hechos similares.

3.   Durante su gobierno, el señor Uribe, promovió a través del entonces Senador Óscar Iván Zuluaga, la Ley 789 que terminó de quitarles beneficios y garantías a los trabajadores colombianos, como fue el caso de los recargos nocturnos y festivos. Debemos recordar los asesinatos extrajudiciales –falsos positivos- por parte de las fuerzas militares, en donde cayeron jóvenes de los sectores más humildes de la población, todo para que militares cobraran incentivos monetarios y permisos. El ministro de defensa, era el hoy presidente candidato Juan Manuel Santos.

4.   Por su parte, el actual presidente candidato, durante su gobierno se ha dedicado a desconocer las justas reclamaciones de los campesinos colombianos, se ha mofado de ellos, ha respondido ante sus demandas, con el bolillo y las balas del ESMAD. Representa a la clase social que emprendió el despojo de las tierras más fértiles del país a los campesinos pobres y que consolidó el latifundio. Ha usufructuado el dinero producto del ahorro y esfuerzo del campesinado cafetero de la nación y promovió por diversos mecanismos y a través de diversos amigos y miembros de su élite, la toma de la federación nacional de cafeteros y la debacle de su patrimonio. Ahora, en los momentos en que esos campesinos cafeteros esperan ayuda, los ignora, los atropella y les entrega limosnas distractorias.

5.   Juan Manuel Santos, aunque lo niegue, siempre ha sabido quien es Álvaro Uribe Vélez y lo ha sabido la élite colombiana. Fueron creadores de esta figura, permitieron su ascenso por acción u omisión. Han participado de sus gobiernos y los han defendido a través de todas las formas de lucha, incluidos los medios de comunicación. Recordamos la manipulación y defensa férrea del gobierno Uribe, por parte de RCN Noticias en la televisión. Ahora, con su línea gobiernista, defienden a Santos.

6.  Durante su gobierno, ha promovido intentonas de privatización de la educación, de la justicia, promueve una reforma cosmética del sistema de salud, que de paso le perdona las deudas a las EPS para con la red pública. Ataca con barreras fiscales a la tutela y la desaparece como garantía a la salud y a la vida. Desconoce los derechos de los maestros e ignora sus demandas frente a salarios, régimen unificado, formación, calidad educativa, entre otros. Ya los había golpeado durante el gobierno de Andrés Pastrana y su ministerio de Hacienda. También eliminó las formas de financiación del SENA.

7.    En el plan de desarrollo de este gobierno, se ordena la reestratificación en el país, proceso que se inicia, y ordena además la actualización catastral de la que hemos sido víctimas tanto en Dosquebradas como en Pereira, y a lo ancho y largo de Colombia. Desconoce la voluntad popular, como en el caso del municipio de Piedras – Tolima. Le ha dado un impulso sin precedentes a la explotación minera multinacional, afectando a las comunidades en sus territorios, acabando con las fuentes de agua y reservas subterráneas.

8.     Así las cosas, la historia nos enseña que tanto Uribe como Santos le han mentido al país de forma sistemática. Que desprecian las Leyes que sus propias élites han estructurado como sofisma de aparente voluntad de respeto y defensa del pueblo.

El pasado y el presente de la opción uribista es negro. Santos no cumple nunca lo que promete. Ha traicionado a todos sus “amigos” cuando sus interese personales lo requieren. Traicionó a su mentor Uribe y traicionará cuando lo requiera. Uribe ha traicionado al pueblo y a la patria. Firmó TLC que acaban con la seguridad alimentaria de la nación, con la empresa propia que no sean grandes corporaciones. Ha perseguido y señalado a quienes piensan distinto, se apropió, para sus hijos, de la explotación económica del reciclaje y de las denominaciones de origen de las artesanías colombianas, ya que sólo pueden ser exportadas a través del concurso de sus hijos.

El POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, ha sostenido un férreo rechazo a las políticas de la oligarquía colombiana y extranjera, a sus métodos corruptos, al modelo mezquino que sacrifica a los pobres para mantener los niveles de bienestar de la clase rica. Encarna una propuesta de paz integral, con bienestar social, económico y cultural. Si bien es cierto, que el proceso de paz de la Habana debe ser defendido y apoyado como medio de disminuir el conflicto armado, y evitar más muertes de colombianos pobres de ambos bandos, también es cierto que allí sólo discuten sus intereses los representantes de los latifundistas, de los grandes industriales y comerciantes y de las fuerzas militares y de policía.

Consideramos, que nuestro partido y la campaña de coalición con Aída Avella y otros sectores alternativos, abogan por temas tan estructurales, que trascienden el actual proceso de negociación de la Habana, sin que ello signifique su terminación, ya que el mismo es parte de nuestra visión integral de la paz.

Nada en las políticas históricas de Santos y sus amigos, ni su talante, ni su actuar, indican que pueda apoyarse su actual aspiración electoral, por parte del POLO. Posiciones fascistas también aparecen en su campaña, por medio de la figura del candidato vicepresidencial Germán Vargas Lleras. Mucho menos la campaña uribista. Nada garantiza que los posibles acuerdos programáticos que pudieran plantearse, se vayan a cumplir.

Sólo si el candidato presidente retira del congreso de forma inmediata su reforma a la salud, y radica el proyecto de Ley diseñado por las comunidades médicas, científicas y las asociaciones de usuarios, si radica e impulsa de inmediato la propuesta de la MANE sobre educación, si instala, desarrolla la mesa agraria y compromete los recursos para las soluciones estructurales, si disminuye el precio de los combustibles y modifica la política de extracción minera, si retira de sus puestos a los ministros de salud, educación, agricultura, minas y hacienda; y nombra a los ministros que requiere el sector popular para garantizar – con la continuidad en su siguiente gobierno – la generación de las condiciones para una paz integral, se justificaría el apoyo a su interés electoral.

Pero como estas condiciones nunca serían aceptadas, el llamado debe ser a votar en blanco aunque sea un accesorio sin poder vinculante en esta segunda vuelta, pero que dejará una estadística del rechazo a las opciones de los candidatos opresores y sus amigos. Respetamos eso sí, a quienes consideran la opción del voto útil, que frena las aspiraciones del fascismo más ortodoxo.

No debemos votar para escoger si queremos morir de cáncer o de sida.

En la segunda vuelta presidencial, nuestro llamado es a votar en blanco.

CARLOS MARIO MARÍN OSSA                                               MARINA GAONA JURADO

Polo Democrático Risaralda.

CRÓNICA DE UN PARO ANUNCIADO

Las luchas de los pueblos son largas y a veces incomprendidas por los actores más débiles y golpeados de su historia.

La Colombia popular, trabajadora, estudiantil, explotada y excluída, no es una excepción a esta tésis. Lo vemos todos los días, indignados en las redes sociales, las calles, las aulas, en las filas para pagar impuestos y servicios públicos (pero que engordan a los privados), los salones sociales y las cantinas de barrio. Pero al momento de tomar acciones concretas, para apoyar o impulsar cambios en el status quo de opresión, no entienden el transfondo, no saben cómo actuar y en muchas ocasiones, no les interesa.

Es la dispersión de los intereses comunes, sociales, nacionales, que favorecen la imposición del complot de la élite contra el pueblo. Ha sido nuestra historia y la historia latinoamericana, ver desde la barrera, con insufrible indiferencia a un viejo coronel que espera desde hace años su pensión, en tanto muere de hambre; y no hacer nada para cambiar esa historia.

Llegada de las delegaciones nacionales a la cumbre agraria, campesina, étnica y popular 2014. Bogotá. Foto/ Carlos Mario Marín Ossa

Durante el paro agrario del año 2013, fue evidente el éxito organizativo y el acompañamiento de diversos sectores de la población, incluso en las ciudades, para apoyar las reclamaciones de los campesinos y rechazar la indolencia y mezquindad de los "ricos" que gobiernan todo. Sin embargo, una vez más, la mirada individualista y gremial de algunos líderes del paro, permitió y abonó el terreno para que el presidente de la minoría, Juan Manuel Santos, dividiera la voluntad de los manifestantes y prometiera lo que no habría de cumplir. Ante este garrafal error de visión histórica, el paro se levantó; y las reivindicaciones coyunturales no se cumplieron en la mayoría de los casos.

Pero algo quedó. 

Los campesinos reales, afrontan su historia y su futuro.

La base campesina de todo el país, aquellos campesinos de manos callosas, los que aman la semilla que depositan en el surco, los que han sido despojados de su parcelas por la vía de la Ley o de la violencia que ejercen aquellos que han elegido  a los presidentes; entendieron que tienen la fuerza y que ya no se trata de "solicitar" o "pedir" reivindicaciones coyunturales como subsidios temporales, o disminución en los precios de los pesticidas y fertilizantes multinacionales, sino de EXIGIR CAMBIOS ESTRUCTURALES.

A mediados del mes de marzo de 2014, se dieron cita en Bogotá, miles de campesinos de verdad, para analizar, debatir y colocarse de acuerdo, acerca de las exigencias que realizan a partir de ahora a este gobierno mentiroso y mezquino, de la forma acerca de cómo enfrentar la situación y de cómo crear una unidad sólida. Se creó así, el proceso campesino y popular CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR.

Con la presencia de más de 30.000 representantes de procesos campesinos y populares de todo el país (Proceso de comunidades negras de Colombia - PCN, Organización indígena ONIC, La Minga Indígena, Marcha Patriótica, Las Dignidades (de las que es vocero César Pachón), la Mesa de interlocución agraria -MIA, y por supuesto el Coordinador Nacional Agrario - CNA. Por los procesos sociales Comosoc y el Congreso de los Pueblos), se desarrolló el evento, se debatió la problemática y se llegó a compromisos unitarios.  Me sorprendió ver y escuchar, por ejemplo, a Feliciano Valencia, hablando en nombre de las organizaciones indígenas, pidiendo perdón por los errores de antaño, en donde pobres contra pobres se enfrentaron por la tierra que les pertenece en común. Escuchar los mensajes de Gustavo Petro, Piedad Córdoba, César Pachón, Naca Mandinga, Feliciano Valencia, Alberto Castilla - Senador electo-, Iván Cepeda -Senador electo- y otros tantos líderes de estos procesos nacionales, instando a la unidad. 

Foto/Carlos Mario Marín Ossa. Cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Bogotá, 2014.

En los días subsiguientes, en cada mesa temática, en cada rincón y escenario de esta cumbre, se escuchaba y veía el folclor de este país, la diversidad que nos constituye, la alegría del pueblo y el mensaje sobre la necesidad de ir unidos a esta lucha, de una vez por todas. 

Finalmente, esa fue la conclusión y el gran compromiso. La Declaración política de la cumbre agraria da cuenta de ello.

Crónica de un paro anunciado.

Una vez entendida la realidad por parte del campesinado nacional, acerca de la falacia de negociar con los ricos de este país, de esperar su voluntad y buena fe, decidieron por fin, enfrentar su futuro. La decisión es ir a un paro que escale de forma más profunda la versión de agosto de 2013.

Porque ya no quieren "pedir" soluciones temporales como el PIC, ni subsidios estacionarios, ni disminución en los precios de los fertilizantes y pesticidas gringos o suizos, ni flexibilización de la resolución ICA 970, ni mesas divididas por regiones. 

Foto/Carlos Mario Marín Ossa

Ahora, estos campesinos valientes "EXIGEN" cambios profundos en el modelo agrario colombiano. Exigen el cumplimiento y desarrollo de la Ley 160 de 1994 que reconoce la legalidad de las zonas de reserva campesina. Exigen el respeto a la consulta previa, cuando se pretenda realizar proyectos que impacten o modifiquen su territorio o su proyecto de vida, exigen un nuevo ordenamiento territorial, que respete la naturaleza, el agua, los páramos y la tierra productiva para la siembra de alimentos. Exigen que se vayan Monsanto y Syngenta de Colombia, ya que ellos saben producir sus agroinsumos de forma orgánica. Exigen la derogatoria de la 970. Exigen ser sujetos de derechos y que se respete su humanidad y su dignidad. Exigen ser gobierno.

El paro del año 2013 tuvo alta legitimidad, fundamentada en la acción unificada de muchos sectores productivos que tienen cosas para exigirle al gobierno indiferente. Nos sumamos grandes sectores de la población (el pueblo), en las ciudades, reivindicando nuestro origen campesino, nuestra necesidad del campo y sus productos, su legado, su futuro y el nuestro.

Foto/Carlos Mario Marín Ossa

El gobierno encabezado por Juan Manuel Santos, los banqueros, industriales, grandes comerciantes, terratenientes, y sus empleados de los medios de comunicación que poseen en sus haberes, enfilaron su mezquindad, para ridiculizar y desconocer al pueblo en rebeldía ("el tal paro, no existe"), para manipular la información y engañar incautos, para minimizar la situación de la nación durante esas semanas. Pero la fuerza de un nuevo movimiento que hoy se quiere acallar (Ley Lleras), tuvo en las redes sociales su mass media, en la reportería ciudadana a sus mejores agentes, y en los testimonios del pueblo razo que se encontraba en las calles, el lenguaje que dice la verdad, el lenguaje Sentipensante.

La razón para que continúen vigentes las condiciones de un nuevo paro, no es más que la certeza que debemos tener, que esta oligarquía colombiana no está dispuesta a ceder ni un milímetro de sus privilegios, no permitirá por vías de concordia y diálogo, que la plebe ostente una fracción de poder, no está dispuesta a concederle al pueblo la memoria de la verdad y de la historia, sus agentes mediáticos, en medio del arribismo se venden por un plato de lentejas y se convierten así, en enemigos del pueblo.

Los acuerdos pactados durante la estrategia de división sectorial, no se han cumplido, las condiciones del agro empeoran cada vez, el ministro de agricultura (explotador del campesino pobre, violador a ultranza del artículo 72, de la Ley 160 de 1994), la resolución 970 está vigente, la Ley de restitución de tierras es una farsa y una negación de la memoria histórica del pueblo colombianos, desde 1982 hacia atrás. La política económica del gobierno dispone favorecer a los extranjeros, para que se apropien de la tierra en el país y construyan republiquetas gringas, canadienses, inglesas, suizas, chinas, entre otras, en nuestro territorio. La soberanía alimentaria de nuestro pueblo, está en riesgo, y dependemos de la producción de alimentos del exterior. La estructura de costos de nuestra producción agrícola no puede competir con la extranjera, pues así lo han facilitado los últimos gobiernos nacionales.

Foto/Carlos Mario Marín Ossa

La salida pues, es el paro nacional.  Y a este, nuevamente se sumarán sectores de la salud, la educación y otros, que están en la mira neoliberal de los mercaderes de los derechos de la mayoría nacional.  Y se sumará la población de a pie.

Atrincherados en la presidencia, en la mayoría de las curules del congreso, en las oficinas blindadas de grandes complejos financieros, en las fincas cuidadas por estructuras paramilitares, en la 5a. avenida de New York, en las bolsas de New York y Londres, en el Departamento de Estado gringo, o en los clubes privados de la capital de la república, se encuentran las familias, grupos y personas que crearon las condiciones de miseria en Colombia, que nos empujan al paro.

El pueblo, a la calle.

Detalle de la delegación del eje cafetero, en la cumbre agraria, campesina, étnica y popular 2014. Foto/Carlos Mario Marín Ossa

Foto/Carlos Mario Marín Ossa