(Componente minero energético, medio ambiental y
agrario)
Por: Unidad de Trabajo Legislativo del Senador
Campesino Jesús Alberto Castilla Salazar
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| Imagen publicada con autorización de la CUT Subdirectiva Risaralda |
El
fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo y sus
implicaciones para el campesinado:
Dentro del análisis del primer eje los puntos
clave, asociados al tema minero energético, son los siguientes: la
sostenibilidad energética, la generación de recursos para la financiación
estatal a partir de reservas petroleras inciertas, y el relacionamiento con las
comunidades para la solución de los conflictos socioambientales del país.
Al suscribir el acuerdo COP 21 en París, el
Estado Colombiano se comprometió a cumplir con un plan para limitar el
calentamiento del planeta “muy por debajo” de 2 °C, que cubre el periodo
posterior a 2020. Pese a ello, el gobierno incumple con el acuerdo suscrito al
impulsar al Carbón como una fuente energética para asegurar el abastecimiento
del país, aumentar la producción de 92 toneladas a 98 y propiciar políticas que
impulsan la extracción y quema de carbón térmico, como lo muestra la cita a
continuación:
“Aprovechamiento de la hidroenergía y el
carbón para la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional: …Por otra
parte, el carbón térmico es una fuente de alta disponibilidad y valor
energético, que en eventos de variabilidad climática pueden dar confiabilidad
al sistema. Así mismo, es necesario contemplar esta fuente energética entre las
opciones de sustitución de energía firme en aquellos proyectos hidroeléctricos
existentes cuya capacidad de generación se vea disminuida por la aplicación de
nuevos criterios ambientales o de priorización del uso del agua.”1
Cabe resaltar la incoherencia de una política
que propone al sector minero energético2 como motor de crecimiento económico
para financiar políticas de educación, vivienda, salud y ambiente, desconociendo
los impactos negativos de la producción de gases de efecto invernadero, que en
2010 representó la pérdida del 2.2% del PIB, como consecuencia del fenómeno de
La Niña; y que, entre 2015 y 2016, significó una sequía intensa y un fenómeno
de El Niño prolongado, que dejó 318 municipios vulnerables al desabastecimiento
de agua y 120 en situación crítica, según cifras del Ideam.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo
2018- 2022 “El sector minero-energético es un motor de crecimiento económico
en Colombia, al mismo tiempo que atrae inversión, genera regalías, impuestos y
contraprestaciones económicas a favor de la Nación, recursos que son necesarios
para la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial.” Así bien, el
gobierno supone que la minería constituye un importante sector para la
economía. Sin embargo, a pesar de su carácter de sector enclave (ya que se
exporta más del 90% de su producción), en los últimos años su dinámica
económica no rebasa los modestos encadenamientos con el resto del sector
productivo y no genera un impacto cambiario neto positivo en el mediano plazo;
así mismo, ante el cambio de ciclo y la caída de los precios internacionales,
consecuente con menor dinamismo de la demanda mundial, entre otros factores, su
capacidad de financiación del presupuesto nacional se verá afectada
negativamente, punto que pone en entredicho, además, la irresponsable esperanza
gubernamental de mantener las reservas y la producción petrolera en 70
dólares3, sin analizar la inestabilidad de precios y sus consecuencias en la
economía, la enfermedad Holandesa, los efectos negativos del fracking y el uso
no eficiente de las regalías.
Es entonces errado pretender incrementar la
renta minera en el futuro próximo mediante la expansión de la producción de
minerales, so pena de incurrir en graves riesgos en términos de daños
socio-ecológicos desmedidos, especialmente cuando no se cuenta con un
conocimiento integral del territorio (suelo y subsuelo) en amplias regiones del
país, ni se dispone de un ordenamiento ambiental coherente con su vocación
agroalimentaria.
El PND establece el continuismo de la
política minero-energética “Todos por un nuevo país 2014-2018”, al
cercenar el derecho a la participación directa de la ciudadanía y poner en
riesgo la autonomía de las entidades territoriales, exigiéndoles coordinación y
acuerdos con el Gobierno Central en lo referente al ordenamiento de su
territorio. Sin embargo, puede atribuírsele la novedad de efectuar una
destinación presupuestal específica para dar solución a los conflictos
socioambientales del país a través de la militarización, fenómeno que se da no
para proteger a la naturaleza o a las comunidades, sino para controlar los
excedentes económicos de la explotación de los recursos naturales. Tema evidente
en la propuesta de diálogo social para la negociación de derechos
fundamentales, cuyo objetivo es des escalar y criminalizar el ejercicio de la
protesta social que afecta específicamente la economía de las industrias minero
energéticas4, robusteciendo un legado histórico de explotación con una serie de
reformas en la regulación, la institucionalidad, el levantamiento y uso de
información requerida, entre otros, para propósitos del fortalecimiento de una
política pública exitosa para el capital transnacional.
Al respecto, es de vital importancia
reconocer que el diálogo social propuesto por el gobierno no representa el
objetivo de la participación ciudadana (en el marco de la definición que le
otorga la Constitución política de Colombia y la ley), y por el contrario crea
una institucionalidad que fomenta las dudas, inconformidades y oposiciones
planteados a los documentos de los “proyectos estratégicos”, sin lugar a dar
aplicabilidad a los principios de la participación ciudadana, tales como la
preeminencia de lo sustancial a lo formal, la participación decisiva y
vinculante, y el respeto al derecho universal de no negociar derechos
fundamentales.
Por ende, insistimos en un diálogo nacional
minero energético que tenga como objetivo concertar una nueva política con
participación decisiva de las comunidades, que valide los mecanismos directos
de participación ciudadana y consolide una transformación democrática y justa
de la matriz energética, de la propiedad de la energía y su producción. Solo
así será posible un verdadero pacto por la equidad en nuestro país.
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| Imágen publicada con autorización de la CUT Subdirectiva Risaralda |
Así mismo, es necesario evidenciar las
afectaciones que recaen sobre el campesinado con el Plan Nacional de
Desarrollo, del cual se encuentra absolutamente ausente. Como antecedente
principal, tenemos el desconocimiento del Gobierno de Iván Duque a las
organizaciones campesinas, ya que mientras se comprometió a incluir en el Plan
Nacional de Desarrollo las propuestas remitidas por ellas, el articulado del
PND no las contiene. Cabe destacar que la Mesa Agraria del Cauca, una de las
mesas reconocidas por el decreto 870/14 que componen la Mesa Única Nacional de
la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular – CACEP, ha venido adelantando
acciones jurídicas e interlocutando con el Gobierno nacional para lograr que el
campesinado quede incluido en el PND. Con este propósito, a finales del 2017,
diferentes organizaciones campesinas presentaron una acción de tutela por la
exclusión de los campesinos en el censo nacional. Esta tutela fue negada, pero
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 2028/18, reconoce al campesinado
como un “grupo de especial protección” y sugiere establecer unas mesas
de diálogo con el DANE, el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
Derivado de las mesas de diálogo, en 2017 el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-, realizó una
conceptualización del campesinado como “un grupo poblacional con rasgos
culturales diferenciados”; también se constituyó un grupo de académicos y
funcionarios del estado, a quienes se exigió un concepto sobre la categoría “campesino”.
El concepto de este grupo, que además aportó argumentos científicos sobre
el ser campesino, coincide con el concepto del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia y de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, el
DANE se comprometió en 2018 a incluir una pregunta de autoafirmación en
instrumentos censales de 2019. Por otro lado, en el mes de agosto de 2019, en
reuniones de la mesa del Cauca con el Consejo Nacional de Planeación –CNP-, las
organizaciones le propusieron al Gobierno incluir en el Plan Nacional de
Desarrollo, un “Pacto por el campesinado”, comprometiéndose a hacer entrega de
un documento que incluyera sus propuestas para la construcción del mismo.
El texto del “Pacto por la equidad rural y
el bienestar de la población campesina”, tuvo como objetivo “Mejorar el
acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, garantizando el
derecho de la población campesina a la igualdad material y simbólica; fortaleciendo
sus capacidades productivas y de acceso a la tierra con el fin de elevar las
condiciones para el ejercicio de la democracia en la ruralidad”. El documento
se presentó por parte de voceros de la cumbre agraria al CNP el 18 de diciembre
de 2018 y el 26 de diciembre de 2018 se presentó al Departamento Nacional de
Planeación. Hasta el momento, de las 21 páginas de propuestas consignadas en 8
líneas del pacto, no aparece ningún elemento en las bases del PND ni en el
articulado.
De hecho, en contraposición a estas
propuestas, la prioridad de la política agraria para el Gobierno de Iván Duque
y contenida en el Plan de Desarrollo, es poner todos los esfuerzos del Estado
al servicio del extractivismo, atendiendo las preocupaciones del sector
económico minero a costa del sector agrario y el campesinado, lo que profundiza
la conflictividad territorial rural, agudizando las problemáticas sociales y
territoriales y pretendiendo anular las consultas populares y la protesta
social en los territorios. Dicha priorización de la política extractivista
sobre la política agraria se refleja en los 97 billones de pesos que se
otorgaron para su desarrollo, mientras al agro se destinaron 10 billones, es
decir casi una décima parte.
Dentro
del objetivo general del PND se hacen evidentes las prioridades de la política
agraria del gobierno que claramente afectará al campesinado al indicar que “Impulsará
la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y
el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de
bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento
para la generación de oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la
población rural”. Lo anterior da cuenta de la intención de impulsar con
recursos del Estado las alianzas público-privadas que consolidan la política de
Zidres, el impulso de los Clusters productivos, la promoción de la
agricultura por contrato y de alianzas productivas para los agricultores
familiares. Estos elementos resucitan la política de Agro ingreso seguro,
modelo propuesto por Andrés Felipe Arias que, apelando a la “nueva ruralidad”,
entregaba las tierras y recursos a los grandes empresarios convirtiendo al
campesinado en mano de obra barata sin derecho al acceso a la tierra ni a los
recursos, parece que el gobierno quiere un “campo con progreso” donde quienes
progresan no son los pobladores rurales.
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1 PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. Pág.
646.
2 Con un
aporte del 5.35% del PIB para el año 2017.
3 Bases del
PND 2018-2022, Tabla 1. Supuestos macroeconómicos.
4 Estas dificultades para la gestión y trámite
pacífico de la conflictividad en el país tienen un impacto en términos de
productividad y de garantía de derechos de las comunidades y territorios. A
manera de ejemplo, según el PNUD, el 1% de los conflictos relacionados con la
industria de hidrocarburos genera una disminución del 0,06% en los ingresos
totales per cápita municipales y una reducción del 0,125% en la producción del
petróleo. Durante el periodo 2010-2014, el número de bloqueos creció
aproximadamente en un 6%, lo cual puede haber implicado un costo aproximado de
$217.000, debido a la pérdida de producción e ingresos (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).
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