Cansados de
obedecer,
cansados de
ser consultados mientras otros deciden,
queremos gobernar nuestros territorios.
-Congreso de
los Pueblos-
El
inicio del “nuevo gobierno” a partir del pasado 07 de agosto, presenta para
Colombia el intento de retroceso hacia tiempos ya vividos, en donde las clases
dominantes tradicionales y emergentes [i] buscan imponer de nuevo un
modelo de despojo basado en la fuerza estatal y paraestatal, que garantice el
mantener sus privilegios y aumentarlos. Para ello, enmarcan de nuevo al país en
la táctica del enemigo interno y la guerra, en el discurso de la seguridad y en
el desarrollo de una política social y económica que profundiza los efectos
neoliberales. En este marco se encuentra el asesinato sistemático de líderes y
lideresas sociales, reclamantes de tierras e insurgencia reinsertada. La paz
debe ser defendida como derecho de la humanidad.
Es
así que se plantean en el modelo económico, un ajuste fiscal soportado en la
disminución de los impuestos a la corporación transnacional y los conglomerados
nacionales de la industria, agroindustria, sector financiero, comercio y
servicios. En paralelo, plantean cargar mayor tributación directa a la clase
media con impuestos sobre los salarios a partir de 1.900.000, y sumarle el
cobro a las clases populares por la utilización de dinero en efectivo. Son
propuestas aún, pero demuestran las intenciones que traen. Ya durante los gobiernos
de Álvaro Uribe se hicieron cuatro (4) reformas tributarias en donde se afectó
el ingreso de los colombianos de menores recursos. En el año 2002, se amplió la
base del impuesto al valor agregado, se aumentó además la tarifa al 16% para
bienes que traían una tarifa del 10%. En el año 2003, productos que se
encontraban excluídos de dicho cobro fueron gravados con un IVA del 7% y se
crearon además tarifas del 3% y 5% para otros bienes y servicios. En el año
2006, nuevamente se pasaron bienes con tarifa del 10% hasta el 16%.
En
el caso de Juan Manuel Santos, el Gravamen a los Movimientos Financieros GMF
continuó en el 4 por 1000, pese a que en la reforma tributaria de 2010 planteó
su eliminación progresiva hasta 2018. Adicionalmente, llevó a pagar el Impuesto
Mínimo Alternativo Imán a las personas que tuvieran ingresos mensuales por
encima de los $ 3.600.000 lo que en nuestro país afecta a capas de la población
de ingresos medios y sobre las cuales recaen una serie de gravámenes y
contribuciones como en los servicios públicos.
Ahora
el nuevo ministro de hacienda plantea aumentos en la edad de jubilación,
afectar tributariamente el monto de las mesadas pensionales. Durante su gestión
en el gobierno Uribe, en la misma cartera, eliminó una mesada para los
trabajadores pasando de 14 anuales a 13, mientras la aumentó para él y demás
funcionarios públicos de alto nivel hasta llegar a 16 mesadas anuales.
La
producción nacional la soportan de nuevo en la extracción de hidrocarburos, minerales y
metales. En los años de altos precios del petróleo y otros productos mineros,
la producción creció aproximadamente en un 52,3% en tanto que el empleo sólo lo
hizo en un 11,5%. Agro e industria redujeron su participación en el PIB de
21,9% en 2003 al 17,2% en 2014 [ii] y dicho comportamiento no
ha sido revertido. El mantenimiento de los TLC que afectan al sector
agropecuario, manufacturero pequeño y mediano y al comercio de pequeña
estructura, continúan. El anuncio de un crecimiento del PIB en el segundo
trimestre de 2018 correspondiente a 2,8% respecto de un período de depresión en
2017, no es alentador por cuanto esa riqueza se concentra en pocas manos y no
se irradia el beneficio al total de la población. Otra propuesta lesiva que se
ha anunciado, es el desmonte de los subsidios en los servicios públicos
domiciliarios para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. El hueco de los 50
billones de pesos que se van a los bolsillos de los corruptos, los pagamos los
sectores medios y populares. La
revaluación del dólar como producto de la guerra comercial entre Estados Unidos
y Turquía, afecta a Colombia y encarece los costos de producción, los créditos
externos y la importación de alimentos a la que nos someten las élites a través
de los TLC.
Los
derechos de la población como salud, educación, vivienda y movilidad
profundizarán sus efectos nocivos para las mayorías más desprotegidas, por
cuanto continúan en manos del sector financiero y especulador, de forma tal que
se extraen más rentas para los dueños privados en la medida que entreguen menor
cobertura real, menor calidad y menor pertinencia a las características y
necesidades nacionales, territoriales y locales. Los bienes comunes de la
humanidad como el agua y la biodiversidad peligran ante la mirada mezquina de
las élites que piensan en su lucro inmediato y menosprecian a las generaciones
futuras. Los factores que producen la riqueza como lo son el ser humano y la
naturaleza, continúan en peligro de sucumbir a una crisis civilizatoria.
En
contraposición, la idea de poder popular para las mayorías de la población, implica la
temporalidad del ahora. No se conforma con la promesa de un futuro mejor,
trabaja por la dignidad en la cotidianidad. En tal sentido, es una ruptura con
las promesas gubernamentales de cada cuatro años.[iii]
Durante la última campaña legislativa y
presidencial, se presentó un fenómeno inédito como lo fue la movilización de la
población que hastiada de la corrupción de las clases dominantes, buscó
alcanzar un programa progresista modernizante, que con el desarrollo de los
factores productivos, con la interrelación respetuosa con la naturaleza y el
privilegio de los derechos sociales y medioambientales, lograra alcanzar
mejores y mayores niveles de vida digna para todas y todos. Como resultado de
esta disputa por el poder para poder, ha quedado una bancada parlamentaria
alternativa y de oposición como no ha habido nunca. La llegada al parlamento de líderes indígenas y
campesinos como Feliciano Valencia, César Pachón y Alberto Castilla, de mujeres
y sobrevivientes de la guerra genocida del Estado como Aída Avella y María José
Pizarro, el arribo como producto de un Estatuto para la Oposición, de Gustavo
Petro y Ángela María Robledo, entre otros, es muestra de un logro del torrente
popular y de clases medias que quieren otra Colombia más humana. Por fin hay
campesinos con callos en las manos en las comisiones Quinta de Senado y Cámara,
voceros de los trabajadores, de los usuarios y de las usuarias de la salud, y
de las clases populares en la comisión Séptima del Senado o defensores de los
intereses de las mayorías en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, por
ejemplo.
Acompañando,
se mantiene la movilización de la población para reclamar los derechos, sumando
una gran fuerza en la disputa de hecho, a la fuerza de la disputa
institucional. Es necesario construir una gran convergencia social y política
de los sectores alternativos y populares para favorecer la disputa del poder
nacional así como de los poderes locales. Parte de la autonomía popular tiene que ver
con los límites de la democracia burguesa que ha impedido el ejercicio de
relaciones de poder basadas en la justicia.[iv]
Debe ser la movilización de la población colombiana quien rechace que la
ubicación geoestratégica de Colombia en el continente, sea utilizada para
embarcarnos en una agresión o en una guerra contra países vecinos que no
comparten los modelos de las clases dominantes colombianas y continentales.
Debe ser dicha movilización la que impida que más hijos de las gentes humildes
sean enviados y enviadas a matar y a morir en guerras ajenas para defender los
intereses de los ricos que se cobijan con la bandera de la OTAN. Debe ser esa
movilización, la que defienda los derechos de la diversidad étnica, sexual,
religiosa y política.
Y
dentro de todo este panorama, los trabajadores y las trabajadoras debemos jugar
un papel fundamental en el mejoramiento de formas de asociación y de acción.
Los maestros y las maestras como depositarios de la formación política, para la
producción, la libertad y la paz son eje sine quan non. Se debe recuperar la identidad de
la clase trabajadora - que tiene intereses antagónicos con las clases
dominantes - y el sindicalismo debe avanzar hacia articularse en verdad de
manera organizada y prospectiva, no de forma coyuntural. Debe crearse un bloque
entre clase obrera, campesina y popular.[v]
Pereira,
agosto 16 de 2018.
[i] Las clases dominantes tradicionales son aquellas que
hacen parte de las castas de la élite criolla originaria de España o de migraciones del cercano oriente (judíos
y sirio-libaneses), y que ostentan el poder económico, político y social. Son
propietarias del gran latifundio orientado al desarrollo agroindustrial
especialmente de monocultivo, de la banca, sector financiero, asegurador e
inmobiliario, de la ganadería extensiva, de la industria manufacturera y de
servicios varios. Las clases dominantes
emergentes son aquellas que han resultado como producto del narcotráfico y del
paramilitarismo, las cuales también se han hecho a la propiedad de grandes
extensiones de tierra para la especulación, propietarias de la industria de la
“diversión”, del contrabando, del lavado de activos y de la extracción de
rentas a las finanzas públicas.
[ii] Disponible en http://opinadorglobal.blogspot.com/2016/03/como-llegamos-la-crisis-economica-de.html
[iii] Congreso de los Pueblos – La paz nace del Poder
Popular- 2017.
[iv] Ib Ídem.
[v] Periódico Idealogando No. 3 de 2018 – Entrevista a
José Oner Jiménez Correa, Dirigente de Magisterio Alternativo de Inclusión
Social MAIS y de FUNAMA.
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