(Reflexión a partir
de las declaraciones del jefe negociador del gobierno colombiano, en la
instalación de la Mesa de Negociación de Quito – Ecuador).
Esta diversidad cósmica en el orden de la paz ha sido
fuente de vida y de creación,
porque en los contactos, intercambios y conflictos
entre diferencias y
diferentes se han ido formando dimensiones nuevas,
funcionales o disfuncionales
para la continuidad de la existencia y para la infinita
transmisión del
papel de la persona humana como hacedor de destinos y
complejos culturales.
-Orlando Fals Borda-
Por : Carlos Mario Marín Ossa
@MarioossaM
En el año de mil novecientos noventa y cinco (1995), decía el ex
constituyente y ex candidato presidencial conservador, Álvaro Gómez Hurtado, en
un texto titulado “El Gobierno está preso del Régimen” que : “Hay países que,
por encima del orden constitucional, [i]
crean un régimen. Lo que los anglosajones llaman establecimiento. Se trata
de un sistema de aprovechamiento de las posibilidades de mando y de los gajes
de poder que crea una superestructura de connivencias que maneja la política e
influye en todos los vericuetos de la vida civil. Está constituido por
entidades privadas, por grupos no regulados, por compromisos económicos y
también por instituciones que integran el sistema constitucional. Todos ellos
participan, no en virtud de su importancia, sino de la magnitud de los
provechos repartidos. No es un conjunto de solidaridades lo que les da cuerpo,
sino un conglomerado de complicidades” [ii]
.
Es un relato del diseño, desarrollo y práctica de la democracia
colombiana, la más antigüa y estable del continente. Relato confesado por un
exponente privilegiado de ese “Régimen”, de ese “establecimiento”.
Es claro que las posibilidades de mando de los gobiernos que en
“democracia” nos han dirigido, son únicamente para las élites económicas y
políticas que se remontan a la época de la colonia. Esas élites que develó
Jorge Eliécer Gaitán como “el país político” o que llamó Camilo Torres de forma
clara y como es “la oligarquía”. Esas 24
familias que en la década de los años sesenta se repartían el poder. Esos
hijos, hermanos, primos de presidentes, terratenientes, industriales y
banqueros que llenan el Congreso de la República, las altas Cortes, que han
obtenido la Presidencia de la República. Que son designados ministros de
gabinete, cancilleres, cónsules, directores de departamentos administrativos y
de empresas sociales e industriales del Estado. Aquí se dan las relaciones de
complicidad que reparte los provechos
derivados de exprimir la teta del erario construido con la explotación ahora
si, de la mayorías nacionales. De la población vulnerable, de los más pobres.
Basta mirar los casos como Odebrecht, Reficar, Invercolsa, Dragacol, El
carrusel de la contratación, entre cientos; donde aparecen como actores
principales esos honorables exponentes de la élite económica y política,
tradicional o emergida. Y copan todos los espacios de decisión de dichas
fechorías, los espacios de control, investigación, juzgamiento y absolución.
Casi veintidós años después, Juan Camilo Restrepo, otro excelso
representante de las clases dominantes, conservador también (cabe aclarar que
en lo relativo a sus intereses, la élite política liberal, conservadora o con
los nombres mimetizados en otros partidos, son lo mismo), confiesa a través de
sus declaraciones que la “tal democracia colombiana no existe”. La
participación del pueblo se escucha, se permite, pero NO es vinculante. Hay
intereses que no se permitirá sean afectados. Por supuesto, intereses de las
minorías. Del Régimen, del Establecimiento.
Ahora bien, si se busca una solución política, dialogada, al conflicto
armado y social, se requieren cambios en las estructuras. Y esos cambios
provienen de los acuerdos de las partes. Y en #Colombia las partes no son
únicamente gobierno y guerrilla. También lo es la sociedad. Las razones son evidentes:
esa sociedad, o pueblo, o mayorías pobres, son quienes reciben todo el efecto
del conflicto social, de la injusticia, de la falta de educación, de la falta
de salud, de la falta de trabajo, la falta de tierras y alimentos, la falta de
vivienda digna, del pago injusto y creciente de impuestos, de la exclusión
política, de la persecución política por pensar distinto. De ese pueblo o
sociedad salen los combatientes ya sea para la guerrilla o para el ejército y
policía.
Entonces, esa sociedad, ese pueblo tiene mucho que decir acerca de la
realidad que viven, de las problemáticas que sufren, de los sueños que
alimentan y de las soluciones que requieren. Ello se da con participación. Las
soluciones son participación vinculante, con cambios estructurales. De lo
contrario, esa sociedad, ese pueblo, no hace parte del contrato social. No
tienen derechos [iii] realmente
reconocidos y materialmente garantizados. No aparecen en el texto
constitucional, en el consenso de los factores reales de poder [iv].
Y mientras esa sociedad, ese pueblo (que es mayoría) no haga parte de esa
“Constitución” no tendrá reconocidos sus derechos y seguirá alimentando (y
siendo víctima) el conflicto social y armado.
La ausencia estatal en los territorios ha empujado a que diversas
organizaciones e “instituciones” deban hacerse cargo de tramitar las
necesidades que surgen ante tal ausencia. Esa ausencia se da porque en esos
territorios aunque las élites tienen intereses, no reconocen derechos. Por eso
se generan factores de violencia. La
presencia de minería facilita la
aparición de grupos armados que buscan extraer rentas, al igual que en el caso
de los cultivos ilícitos. El deficiente índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) habla de la marginalidad y la pobreza. La deficiente cobertura de vías
terciarias dramatizan más la situación y son abono para la violencia. La
deficiente presencia o ausencia de escuelas y juzgados contribuyen a atizar las
condiciones del conflicto [v].
Todas estas cuestiones hacen parte del concepto de poder. Y aunque están
quienes utilizando el poder legal que no legítimo, se han hecho a su
institucionalidad ejecutiva, legislativa y judicial, y han defendido y
garantizado sus intereses; también las mayorías han hecho uso del poder de
hecho para obtener derechos y reivindicaciones. Así entonces, “…si se lo mira de cerca (el poder), no es
algo que se divide entre los que lo detentan como propiedad exclusiva y los que
no lo tienen y lo sufren. El poder es, y debe ser, analizado como algo que
circula y funciona –por así decirlo –en
cadena. Nunca está localizado aquí o allí, nunca está en las manos de alguien,
nunca es apropiado como una riqueza o un bien. El poder funciona y se ejerce a
través de una organización reticular. Y en sus mallas los individuos no sólo
circulan, sino que están puestos en la condición de sufrirlo o ejercerlo…” [vi].
La participación que reclamamos vinculante es también una aspiración
de poder. Podemos, debemos y tenemos el derecho a ejercerlo. Los mecanismos a
través de los cuales ello se dé, determinan el curso y los alcances de las
negociaciones y el grado y tipo de superación del conflicto. Aquí esas
instituciones que Juan Camilo Restrepo llama “legítimas”, realmente son
“legales”. Legales dentro de esas leyes que ha construido una pequeña facción
de personas, pero en las cuales nada ha dicho la mayoría. Son instituciones que
deberán modificarse, consensuarse, ajustarse a la llegada de un nuevo factor de
poder. “O sea, una revolución, un cambio, así sea pacífico, requiere más que el
instrumento jurídico. Pero lo que no podemos es abandonar el instrumento
jurídico. Y eso es lo que nos enseña la historia, inclusive de los movimientos
democráticos. Para poner un ejemplo, cuando en el Estado se requiere modificar
las estructuras, además se deben modificar las instituciones, para modificar
las estructuras. La modificación de las instituciones es el medio para lograr
el cambio de las estructuras”.[vii]
La modificación de las instituciones no necesariamente es suficiente
para superar el conflicto, pero es una necesidad sine qua non.
Cierro con una conclusión del movimiento social y popular colombiano
acerca de esas prácticas que se viven y que avanzan en los territorios como
expresión de hecho, pero que deben reflejarse también en el derecho como
construcción de un nuevo país, de un nuevo gobierno nacional, democrático y en
paz: “Contamos con una histórica concepción de poder popular que implica
reconocer que la gente tiene el poder de decidir, de cambiar cosas en su vida,
como su territorio y las dinámicas organizativas en las que se encuentran.
Autodeterminación y autogestión son conceptos básicos de la construcción de
poder popular. Esa concepción también cuenta con un método: desde la base, con
la gente, construyendo consensos, potenciando organización, comprendiendo las
contradicciones.
La construcción y materialización de mandatos ocupa un lugar especial
en esta concepción; son los deseos y necesidades de la gente, convertidos en
orientación para la acción política y para la vida. Deben seguir siendo las
rutas de navegación. Así mismo, los planes de vida digna son una expresión de
los mandatos que ya han avanzado en propuestas de autogobierno y gobierno.
Al pensarnos e involucrarnos en nuevos campos de lucha que
consideramos necesarios para la transformación del país hoy – como es el
Estado, la institucionalidad, la construcción de política pública o la política
representativa-, los preceptos de nuestra propuesta de poder no deben
eliminarse, sino potenciarse; teniendo en cuenta que la concepción y método
para construir poder popular también implica la acción en ese campo. El poder
popular es reserva estratégica del pueblo, acumulado para mandatar y avanzar con
audacia en los nuevos retos” [viii].
Participación vinculante y cambios, son el horizonte de la
construcción de una paz cierta y duradera.
[i]
Subrayado del autor. No aparece en el texto original.
[ii]
Álvaro Gómez Hurtado. El Gobierno está preso del “Régimen”. Disponible en el
libro “Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución
Política de Colombia”. Camilo González Posso –compilador-. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Bogotá Humana. 2012.
[iii]
El jurista Rodolfo Arango Rivadeneira, en exposición en la Universidad Libre de
Pereira en el año 2014, explicaba que los derechos son “relaciones” entre
personas o grupos.
[iv]
Ferdinand Lassallé explica que los Factores Reales de Poder son esos grupos de
interés que tienen la fuerza y cohesión suficientes, para pactar el
reconocimiento de sus intereses (por lo tanto de sus derechos), reflejarlos en
un texto y “Constituirlos” y “Constituirse” en derecho, en institución
jurídica, en orden.
[v]
León Valencia y Ariel Ávila. Los Retos del Postconflicto. Ediciones B Colombia
S.A, 2016.
[vi] Michel
Foucault. Poder, derecho y verdad. Disponible en el libro Poder V.S.
Democracia. Fundación para la Investigación y la Cultura –FICA. 2004.
[vii]
Jaime Araujo Rentería. La sociedad civil mira la paz. 2016
[viii]
Congreso de los Pueblos, seminario político-ideológico nacional “Carlos Alberto
Pedraza”. Conclusiones sobre Poder Popular: El poder es para hacer, y hacer es
cambiar. El poder no es estar en un lugar. 2015
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