Palabras de Orlando Fals Borda durante su participación
en la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991 en Colombia. De allí nació
la actual
Constitución Política de Colombia. Aunque su
participación fue
Fundamental en la determinación de conceptos como el
Ordenamiento territorial y la construcción del Poder
Popular a través de la democracia participativa,
Los posteriores representantes del Congreso,
Han impedido el desarrollo de varios de
Estos tópicos, en representación de
Las élites tradicionales[1].
Por. Orlando Fals Borda *[1]
Ante
todo, quiero darles un testimonio y transmitir un deseo. Quizás algunos de
ustedes recuerden que he escrito cosas fuertes contra la clase política de
recinto con muchos de los más importantes exponentes de esa clase política a la
que vi con tanto recelo.
Confieso
que aún me siento deslumbrado por ello, y he tratado de sobreponerme escuchando
y aprendiendo de todos ustedes. Es una gran experiencia. Pero lo más
extraordinario ha sido descubrir otras facetas de la personalidad de aquellos
políticos, aspectos sólo advertibles mediante el contacto directo. Con la
vivencia que ahora tengo, esas personas están adquiriendo rostros más cordiales
y humanos. Por lo menos aquellos con quienes he conversado en estos días
intensos. Me están demostrando no sólo la proverbial inteligencia que se ha
reconocido internacionalmente a los políticos colombianos, sino también una
cierta apertura inesperada para comprender las situaciones nuevas, y para
aceptar el surgimiento de los nuevos movimientos políticos que han retado al
bipartidismo. ¿De buen grado? Unos más, otros menos. Pero me da la impresión de
que muchos de ellos responden ante el país que marcha y buscan acomodarse a las
actuales circunstancias de cambio, con un grato espíritu de patriotismo y de
realismo político.
He
tenido, pues, que empezar a corregir mi anterior visión satánica de la clase
política, y ello me alegra como sociólogo y como colombiano. Porque quiero
seguir abrigando la esperanza de que esta atmósfera constructiva y respetuosa
que se respira en la hermandad de la Asamblea, continúe hasta el final. Que
sigamos pensando más en las necesidades y urgencias de nuestros pueblos que en
nosotros mismos, o en nuestros partidos como pudo ser antes. Que ese empeño de
construir entre todos la Colombia nueva de que nos hablaran aquí los doctores
Vásquez Carrizosa y Maturana, culmine en la fiesta de una patria en paz, con
justicia y prosperidad.
Voy
a seguir los pasos de los doctores Gómez, Calaz, Garzón y Rodado, para
referirme también a la filosofía de la participación democrática, en vista de
que nuestro mandato exige que el nuevo pacto político y social de los colombianos
se dirija a construir una democracia participativa. Como en el caso de otras ideas fundamentales,
también esta se presta a diversas interpretaciones como ya lo hemos escuchado
aquí. Ahora me permito ofrecer a esta Asamblea, como simple referencia y con
todo respeto, algunas ideas pertinentes, sólo en aras de la mayor claridad que
necesitamos para alcanzar coherencia ideológica en el texto constitucional
final.
Empecemos
por lo que muchos observadores sostienen sobre lo que no puede ser democracia
participativa. Así, aunque fuera masiva, no lo fue la política de nazis y
fascistas [2], que justificó la opresión
y la manipulación de los pueblos europeos. Tampoco lo fueron los regímenes de
Ferdinand Marcos y Augusto Pinochet, aunque así lo autoproclamaran. No lo es la
política de tutelaje que mantiene en el poder a gobiernos democráticos
amenazados por desequilibrios estructurales de la sociedad, como los nuestros,
porque desconoce la esencia de la participación auténtica.
¿Cuál
es esa esencia? Hay que partir de alguna fuente, especialmente de las que
ofrece la autoridad histórica. Apelo por eso a la de Juan Jacobo Rousseau en El Contrato Social (Libro III, Cap. 18,
Libro II, Cap. 3), el primero en plantear esta idea dentro de la tradición
occidental. Recordemos rápidamente esos dos grandes ejes teóricos que ofreció
Rousseau para definir a la democracia participativa: primero como un proceso
educativo que implica la construcción de una sociedad participativa e
igualitaria a partir de sus instituciones, con una formación congruente de
actitudes y valores individuales; y segundo como un derecho de los ciudadanos
para ejercer control y vigilancia
efectivos sobre sus representantes a todo nivel, con el fin de asegurar toda la
vigencia de la “voluntad general”. Así ilustración y poder popular[3] son esenciales en
este concepto, con la presencia activa y determinante de las gentes del común
esclarecidas para el manejo de los intereses de la colectividad.
Sobrevivió hasta nuestros días a pesar de
incomprensiones, y apareció en diversas formas que fueron desde los primeros
soviets de 1917, al desarrollo comunitario de las Filipinas de los años
cincuenta que importamos aquí poco después, como “acción comunal” para que el
caciquismo la desvirtuara. Estudiantes y sindicalistas la han enarbolado y,
últimamente, por su trascendencia, ella ha sido tema de estudio serio en las
ciencias políticas.
La
discusión entre politólogos se ha centrado en ese punto: ¿es deseable o no,
para la estabilidad de los gobiernos, que haya una mayor participación de los
ciudadanos? Algunos neoliberales temerosos (Berelson, Huntington), sostienen
que es peligroso aumentar el nivel de la participación popular y prefieren
seguir alimentando democracias restringidas o limitadas, con mecanismos de tutelaje
y represión armada. Otros aceptan que haya un matrimonio entre los mecanismos
de representación electiva y los de participación directa, de lo cual salen los
ya conocidos plebiscitos, referendos, juntas, talleres, consultas populares,
cabildos y concejos. Hay dificultades obvias en este matrimonio, que proviene
de la ilegitimidad de los actuales mecanismos de representación aún en países
avanzados, así como de las prácticas políticas corrientes: gamonalismo, la líbido imperandi, la represión y
persecución contra movimientos de masas, el clientelismo, las distancias entre
las clases sociales, todo lo cual es antiparticipativo por antonomasia.
Recordemos
que una condición de la participación auténtica es que de ella emerja un poder
popular local, regional y nacional. Este poder ha sido dinamizador de
movimientos sociales [4] y políticos, regionales,
cívicos, comunales, culturales, ecológicos, femeninos, de indígenas, de negros,
en muchos países. En Colombia, han dado un revolcón a la política partidista en
sólo diez años de lucha. Muchos de esos movimientos postularon candidatos para
esta Asamblea, y algunos lograron llegar [5], en lo que demostraron el
valor de la organización y la resistencia práctica en la construcción de la
democracia participativa.
Es
evidente que esta democracia de participación, de las bases hacia arriba, de la
periferia hacia los centros, ya se ha venido por ello implementando entre
nosotros y que la Constitución nueva sólo deberá reconocerla, consagrarla e impulsarla.
Se ha visto que resulta tanto o más importante practicar la democracia
participativa de manera cotidiana, gradual y no violenta, desde ahora mismo y
donde estemos, aún en esta misma Asamblea, que esperar a la toma total del
poder para imponerla desde arriba a la fuerza, como fue diseño de muchos
partidos en el pasado, y lo es desde la guerrilla activa. Porque la democracia
participativa es, en el fondo, una filosofía de la vida, una actitud
constructiva ante la realidad, una ética, una vivencia personal.
He
dicho que hasta en esta misma Asamblea. En efecto, aquí ha habido esbozos
prácticos de esta filosofía, como cuando implantamos consensos y cuando
procedimos a elegir sucesivamente mesas directivas colegiadas. Esto rompió
tradiciones rígidas, y es sintomático de nuestro tiempo. No me huele a
componenda, como se ha dicho, que las nuevas formas de hacer política que
surgen hoy incluyan un mayor y explícito reconocimiento de los derechos de las
minorías a hacerse oír y sentir en corporaciones públicas como esta, hasta hacernos remover las conciencias.
Pero
no es necesario reducirnos a citar extranjeros de autoridad para justificar la
decisión plebiscitaria del año pasado. También existen antecedentes
participativos en nuestro propio pueblo., que tienen que ver con las
tradiciones de la ayuda mutua y la solidaridad que aparecen espontáneamente en
zonas de colonización campesina, en combos y palenques de negros y en
resguardos y reservas indígenas; antecedentes que se relacionan también con los
cabildos antiseñoriales y los cabildos abiertos de españoles y criollos. Hay
muchos casos de “republiquetas”
autónomas que vienen desde el siglo pasado, no sólo los de El Pato y Guayabero.
La
historia nos lo enseña. Hubo participación democrática en la elección de curas
párrocos por los feligreses en 1851; las hubo en las comunas de autogobierno
local que siguieron al asesinato de Gaitán; en las experiencias de búsqueda de
la paz en el Caguán y en La India (Cimitarra) antes de ser destruídas por los
paramilitares; en las tomas de tierras para baluartes campesinos de Córdoba y
Sucre en los años setenta. Hubo asomos de democracia participativa, medio
socialista, en el gobierno de Melo en 1854 y ella surgió por unos meses con las
Leyes del Llano en 1953. Luego, si podemos realizar los ideales de la
participación democrática auténtica, con lo que tenemos y con lo que somos.
Los
movimientos sociales y regionales a que he aludido, como puntas de lanza de la
participación popular, se inspiran en ideas tales como el respeto a la
diversidad y a las identidades culturales, el altruismo, el pluralismo y la
tolerancia, todo lo que ha hecho posible el avance de la civilización. Es el
Rousseau contra el Hobbes del Leviatán
al que aludió aquí el doctor Pastrana. ¿Qué tal que no fuera así entre
nosotros? La violencia sería peor de lo que está, ni habrían ocurrido los
portentosos hechos de la vuelta a la civilidad y a la paz del M-19, el PRT, el
EPL y el Quintín Lame, que rompen la maligna tradición de la violencia en
Colombia, ni se habrían registrado las valientes luchas por los derechos
humanos y la heroica resistencia inerme de compañeros de la Unión Patriótica,
hechos que rompen la maligna tradición de la violencia en Colombia.
Por
último, muchos han señalado que los regímenes federativos conducen más a la
democracia de participación que los centralistas. No es volver a los esquemas
ya superados de los Estados soberanos del siglo pasado, sino el enriquecimiento
de la unidad nacional con la diversidad regional que nos caracteriza como
nación, y de lo cual debemos enorgullecernos. Parte de la violencia actual
podría explicarse por la incongruencia entre disposiciones autoritarias y
centralistas vigentes y la realidad autógena, las aspiraciones y necesidades de
las poblaciones en sus regiones.
Si
la nueva Constitución de Colombia ha de ser inspirada por la democracia
participativa, como es nuestro mandato, ella tendría que inclinarse hacia
principios neofederales, descentralizantes y autonomistas, como se expresa en
el texto de la Alianza Democrática M-19 que acabamos de presentar a la
consideración de esta Asamblea. Es muy gratificante que estos principios
generales hayan sido acogidos por ilustres constituyentes, algunos de ellos mis
vecinos de curul, como lo hemos escuchado en anteriores intervenciones.
Muchas
gracias.
Abril 12 de 1991
[1] Introducción del Editor.
[1]
Nació en Barranquilla, departamento del Atlántico (1925 – 2008). Doctor en
Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Historiador, investigador
del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional y escritor.
Miembro de la Comisión de Límites con Venezuela. Miembro de la Comisión Segunda
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Desarrollador de la metodología
Investigación, Acción Participativa (IAP). Cofundador de varios partidos de
izquierda democrática como la Alianza Democrática M19 y del Polo Democrático
Alternativo.
[2]
Guardando las distancias, los consejos comunitarios del gobierno colombiano
entre 2002 y 2010 tampoco son muestra y práctica de democracia participativa,
ya que la voluntad del constituyente primario en la práctica no se tiene en
cuenta, por cuanto la delegación del primer mandatario en subalternos, para que
presuntamente dieran respuesta a las demandas de los asistentes, no se
materializaban, como lo testimonian numerosos casos. En muchos de estos
espacios, la asistencia era dirigida por los organizadores. (Nota del Editor).
[3]
Subrayado del editor.
[4]
Como ocurrió en abril de 2014, cuando la participación del movimiento agrario y
campesino colombiano, así como de los movimientos urbanos nacionales, dieron
nacimiento al proceso nacional de convergencia social y política CUMBRE
AGRARIA, CAMPESINA ÉTNICA Y POPULAR. (Nota del Editor).
[5]
También en 2014 el movimiento campesino y popular colombiano logró llevar al
Senado de la República para el período Constitucional 2014 – 2018, a un
campesino, salido desde los procesos sociales y de la fuerza política P.U.P que
hace parte del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO. (Nota del Editor).
