Democracia participativa. Respuesta a los males democráticos por medio de la participación ciudadana y el control a la gestión pública.

Por. Carlos Mario Marín Ossa.

Inician los nuevos gobiernos locales y regionales en Colombia, en los albores de este año 2012. El pasado 30 de octubre los "ciudadanos" salimos a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados o asambleístas. Con una abstención del 54% (aproximadamente), fueron elegidos los "ciudadanos" que en teoría representarán los intereses de la comunidad, es decir, de la sociedad colombiana. Aunque con denuncias por parte de las organizaciones civiles y políticas conformadas para vigilar, entregar alertas tempranas y denunciar irregularidades acerca de todo tipo de conductas delictivas en el proceso electoral, a la vez que escuhamos un sinnúmero de rumores acerca de la compra de votos, la coacción y el constreñimiento al elector, ya sea con amenazas a la continuidad laboral propia o de familiares y allegados, ya sea con amenazas a la integridad física y a la vida por parte de actores armados ilegales de todos los espectros; y en general la utilización de los recursos públicos de todo orden para orientarlos hacia el beneficio de campañas polítcas particulares; hoy tenemos oficialmente elegidas a las personas que se encargarán de determinar el futuro económico, político y social del pueblo colombiano.

Foto. Carlos Mario Marín Ossa

En todos los rincones del país escuchamos día  a día las quejas ciudadanas acerca de las malas actuaciones de los titulares de las administraciones locales y/o departamentales, de empleados públicos de todos los  niveles, escándalos por corrupción, por desvíos de dinero hacia fines ilegales, de asociación con actores armados ilegales, de obras inconclusas, mal diseñadas o construídas sin diseños. En fin, nos confundimos a diario en un maremagnum de escándalos que se van sucediendo con total desarpajo de sus protagonistas. En la vida política colombiana contemporánea, cabe ahora parafrasear el dicho popular ("cada día trae su afán") y decir "cada día trae su escándalo". Con el advenimiento de la postmodernidad política, han llegado nuevas y refinadas costumbres y objetivos para quienes aspiran a ejercer o ejercen el poder político, administrativo y económico en la sociedad. Ahora no son las obras las que hablan por la gestión de los mandatarios y de los representantes a concejos y asambleas, por el contrario es moda, destinar grandes sumas de dinero del erario público para realzar las obras supuestas y reales que cada uno de estos representantes del pueblo han gestionado, así como para engrandecer y endiosar su imagen.

La democracia participativa, una respuesta a los males endémicos de la democracia representativa colombiana.

Esta situación está sobrediagnosticada y ha sido norma a través de la  historia republicana del país. Contra el cambio de estas malas prácticas y costumbres atenta la ignorancia política del pueblo. Y es interés de los llamados factores reales de poder de nuestra Nación que así sea la realidad de nuestras gentes, para perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios y prebendas.

Ahora bien, la constitución de 1991, por lo menos de forma nominal y retórica garantiza la participación ciudadana y el control social en diferentes artículos desde el primero hasta los artículos que garantizan la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz (art. 20 C.N.), el derecho a la reunión y manifestación (art. 37 C.N.), la promoción y capacitación por parte del Estado para la organización y participación de organizaciones civiles, cívicas, gremiales y sociales en el control de la gestión estatal (art. 103 C.N.), las leyes 850 de 2003 (marco jurídico que reglamenta el accionar de las veedurías ciudadanas), 131 de 1994 (que reglamenta el voto programático) o la ley 134 de 1994 (que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana). Nos corresponde a nosotros como ciudadanos apropiarnos de estos mecanismos para garantizar que las decisiones que se tomen desde las instancias gubernamentales sean las más benéficas para el colectivo de la población, el futuro nuestro y de las generaciones venideras y que los funcionarios públicos se comporten como lo que son, empleados del pueblo cumpliendo sus deberes.  Somos todos corresponsables del rumbo que tome nuestro país a partir de las regiones y las localidades o municipios.

Así las cosas, debemos comprender ¿qué significa ser ciudadano? ¿qué deberes y derechos tenemos como tales? ¿qué es la participación ciudadana y qué el control social a la gestión pública? ¿de qué mecanismos disponemos los Colombianos para tales fines y cómo se utilizan?.

Foto. Carlos Mario Marín Ossa

¿Qué es ser ciudadano?

Ciudadano es una persona que vive dentro y forma parte de la sociedad. Para hacer parte de esa sociedad (como ciudadano habitante de la ciudad; y en un sentido más amplio cualquier persona que vive al interior del país, dentro de un Estado) debemos sentirnos integrantes de esta, con identidad y pertenencia a la misma y al territorio que ocupa socialmente, a las relaciones que surgen entre sus integrantes y ser concientes de las responsabilidades, derechos y obligaciones que tenemos para con ella.

Se habla de un ciudadano para referirse al individuo como sujeto de derechos políticos. El ciudadano ejerce su ciudadanía desde la perspectiva "del derecho a tener derechos", pero también de cumplir con las obligaciones derivadas de la pertenencia a la sociedad y de la interacción entre los ciudadanos que la integran. La ciudadanía implica valores como la civilidad, la libertad, la igualdad ante el Estado y la justicia.  El ejercicio de estos valores constituyen el medio para construir acuerdos entre el Estado y la población, para lograr  un buen vivir a nivel individual y colectivo. 

Deberes y derechos del ciudadano.

Como ciudadanos tenemos deberes para con nosotros y con el colectivo social en el cual nos desenvolvemos, tales como procurarnos un medio adecuado de vida con condiciones dignas, respetar los derechos de los demás ejerciendo los nuestros hasta que comiencen a restringir los ajenos, participar de las decisones del colectivo si queremos desenvolvernos dentro de él socialmente (accionar político), acatar las normas éticas y morales de la sociedad en la que nos desenvolvemos (por lo menos respetar las decisiones y visiones ajenas al respecto), entre otros. También tenemos derechos cívicos y políticos como la libertad de asociación y de reunión, de organización política y sindical, de participación política y electoral; derechos sociales como el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a la protección social; y derechos humanos y colectivos como a la paz, al medio ambiente, a la familia, al nombre, a la autodeterminación de los pueblos, al respeto de las culturas étnicas entre otros.

Participación ciudadana y control social a la gestión pública.

La participación ciudadana es una actividad individual y/o colectiva encaminada a defender los derechos e intereses tomando parte activa en la administración de los temas comunes y sociales que afectan la vida y el futuro  individual y colectivo. Es tomar la desición de opinar, vigilar, sugerir y denunciar acerca de los asuntos que nos atañen como ciudqdanos e integrantes de la sociedad, aportantes al sostenimiento y funcionamiento del Estado.

El control social lo ejercemos utilizando los mecanismos de participación ciudadana y de coacción social para obligar a los entes y empleados estatales a cumplir con sus deberes legales actuando en pro del bienestar del pueblo y cumpliendo las funciones que les son inherentes. Ambos conceptos hacen parte de la democracia participativa que es la forma de enfrentar nuestra relación con el Estado y la sociedad (incluso con la Nación), forma de democracia que países latinoamericanos han conducidoa a cambios sociales que han llevado a sus pueblos a formas de emancipación y mejoramiento social.

Mecanismos de participación ciudadana y control social a la gestión pública.

Son los instrumentos y mecanismos para el ejercicio de la participación ciudadana que les permiten intervenir  en el control social de la gestión pública y que en Colombia están garantizados constitucionalemente y regulados por la ley 134 de 1194. Algunos son :

* Consulta Popular

* Revocatoria del Mandato

* Plebiscito

* Cabildo Abierto

* Iniciativa Popular, Legislativa y Normativa

* Referendo

* Veeduría Popular ( Ley 850 de 2003)

* Voto Programático (Ley 131 de 1194)

Algunos mecanismos e instrumentos  jurídicos son :

* Consultas previas, para obtener información invocando el derecho a la información y libertad de expresión, pensamiento y opinión.

* Audiencia pública, para obtener información invocando  el derecho a la transparencia d ela contratación pública.

* El derecho de petición, para obtener información invocando el derecho a obtener información y peticonar por motivos d einterés individual o colectivo.

* La acción popular, para intervenir los riesgos de lafunción pública defendiendo los derechos colectivos.

* La acción de tutela, para actuar frente a los riesgos de la función pública, defendiendo los derechos fundamentales.

* Acciones de cumplimiento, para defender los derechos individuales o colectivos que consten en acto administrativo.

* Denuncias y quejas, para toamr acciones frente a las conductas de los funcionarios públicos.