@MarioossaM
Ad
portas de que el gobierno de Juan Manuel Santos a través de los congresistas de
la unidad nacional (conservadores, liberales, PIN, partido de la U y Cambio
Radical) apruebe el proyecto de Ley Ordinaria de reforma al sistema de salud, se ha
movilizado un gran número de colombianos pertenecientes a sectores médicos,
científicos, sindicales, de usuarios del sistema y partidos alternativos,
rechazando la aprobación del esperpento que condena a la población nacional a
seguir enfermando y muriendo por falta de atención integral, de calidad y con
la garantía de reconocer un derecho fundamental que proteja la vida.
El
proyecto de Ley 210 de reforma al sistema de salud, se encuentra en la Cámara
de Representantes, surtidos tres debates y próxima a ser aprobada en una
muestra de total irresponsabilidad por parte de dichos congresistas; pues la
intención oculta de dicha “reforma” es fortalecer el negocio de la salud en
desmedro del interés del pueblo colombiano, de su derecho fundamental a la vida
y del futuro de una nación digna.
Los antecedentes de
un negocio mezquino.
En
el año de 1993 fue aprobada por el congreso de la república de ese entonces la
infausta Ley 100. El senador ponente, diseñador y artífice del sistema causante
de todos nuestros actuales males en salud, fue el señor Álvaro Uribe Vélez.
Participaron además del diseño de la Ley 100 los presidentes César Gaviria
Trujillo y el actual, Juan Manuel Santos. Todos los anteriores, representantes
de una doctrina económica neoliberal que apunta a beneficiar el ánimo de lucro
incluso en los sectores estratégicos que deben velar por el bienestar de los
colombianos y favorecen los negocios de un puñado de “empresarios” nacionales y
extranjeros y su expectativa de ganancia a costa del sufrimiento y la muerte de
cientos de miles de compatriotas.
El
gobierno de César Gaviria Trujillo abrió las compuertas de la debacle económica
del país y el sector de la salud fue uno de aquellos sectores entregados a la
voracidad de la banca nacional e internacional, de las farmacéuticas y de los
politiqueros que terminaron enriqueciéndose a través de las EPS, negocios
conexos de integración vertical y posteriormente con la intermediación laboral
del sector a través de CTA (cooperativas de trabajo asociado) y empresas
temporales.
A
comienzos de la década de los años noventa la banca nacional entró en crisis
debido a la quiebra de entidades financieras varias, y los malos gobernantes de
entonces y de hoy no han dudado en entregarles todo lo que represente potencial
de explotación económica, aunque se sacrifiquen derechos fundamentales de la
población. La salud fue uno de esos derechos sacrificados. Así nacieron las EPS
y los fondos administradores de pensiones.
No
es de extrañar entonces, que presidentes y expresidentes (sus familiares o
amigos) hayan terminado envueltos en escándalos y cuestionamientos por
intereses en EPS que han hecho uso indebido, inmoral y antiético de los dineros
de la salud (recordar el caso de Saludcoop [[i]]). Congresistas
varios son cuestionados en las regiones por presuntas responsabilidades en el
tráfico laboral a través de la intermediación de las CTA y empresas temporales
de contratación de trabajadores del sector salud, en donde dichos contratos no
superan los cuatro meses, y en la firma de cada nuevo contrato se les disminuye
el salario [[ii]] . Por supuesto,
todos alineados al modelo neoliberal que sólo piensa en utilidades financieras,
aun cuando sean el resultado del sufrimiento de seres humanos enfermos, de la
destrucción de familias y sus patrimonios para costear el tratamiento de una
enfermedad de alto costo, o de la muerte de esos seres humanos que no fueron
atendidos, diagnosticados y tratados a tiempo [[iii]].
Corazón grande con
las farmacéuticas, mano fuerte con los enfermos de Colombia.
Mientras
los usuarios (pacientes) del sistema de salud hemos recibido con gran
generosidad los efectos de la mano fuerte de estos gobiernos que diseñaron e
impulsaron la Ley 100 de 1993, que no vigilan a las EPS para que respeten al
paciente, para que utilicen el dinero de nuestros impuestos en garantizarle
salud a los colombianos y por ende la vida; las empresas farmacéuticas
(especialmente las extranjeras) han recibido con mayor generosidad la ayuda de
ese corazón grande que les permitió cobrar precios exorbitantes por
medicamentos que debíamos comprar para atender nuestros problemas de salud, en
tanto que en otros países dichos medicamentos se conseguían por tres o cuatro
veces un menor valor. Recordemos el escándalo suscitado a raíz de la
investigación de la Universidad Nacional en el año 2009 que demostró como las
EPS cobraban precios por los medicamentos que superaban en algunos casos el
246% el valor de mercado. Pero además se descubrió que la libertad regulada de
precios impulsada por los gobiernos de manga ancha con los más ricos [[iv]], llevó a que las
farmacéuticas y farmacias nos cobraran los medicamentos a precios altísimos.
Ante el escándalo, el entonces ministro de protección social Diego Palacio
debió actuar regulando los desmanes que “no había visto” con los precios, como
otras tantas cosas que convenientemente no vio.
Bienvenidos al futuro
negocio de la salud.
Con
la aprobación de la Ley 100 de 1993 en el congreso y su sanción por parte del
entonces presidente César Gaviria Trujillo, aparecieron esas entidades de
intermediación en el sistema de salud que administran el dinero del sistema y
se quedan con una gran tajada de recursos que deberían llegar al paciente en
forma de consulta médica, valoración, diagnóstico, tratamiento y medicina. Dichas
entidades son las funestas EPS que encarecen el servicio de salud y enriquecen
a sus dueños.
Como
la Ley les dio potestad de sacar sus ganancias del dinero que les entrega el
gobierno para atender a sus usuarios, dichas ganancias las han “maximizado” al
negarle de forma sistemática la atención integral al paciente. Por eso las
remisiones a especialistas escasean, y si se dan se otorgan para fechas en las
que el paciente se ha enfermado más o ha muerto, o ha desistido por fatiga ante
la espera o las distancias que deben recorrer para acceder al servicio. Los
medicamentos no se entregan completos y los tratamientos de alto costo se deben
exigir con tutelas que en muchos casos no son cumplidas por las EPS. Es el
imperio de desconocer la Ley y los derechos fundamentales del ser humano. Es el
imperio de la utilidad financiera en la salud.
Pero
los propietarios de las EPS hicieron uso de la famosa integración vertical [[v]], que consiste en
organizar un cartel de negocios conexos al servicio de salud. La comida para
los pacientes hospitalizados la suministran empresas que pertenecen a los
dueños de la EPS, la ropa de cama que utilizan los pacientes y su limpieza es
suministrada por empresas que pertenecen a los dueños de las EPS, los
medicamentos que se entregan a los pacientes se suministran a través de
empresas que pertenecen a los dueños de las EPS, algunas clínicas en donde se
atiende a los afiliados de la EPS pertenecen a los dueños de las mismas. Allí
está una gran tajada del negocio y el meollo del problema. Negar servicios o
prestarlos a medias, garantiza mayores ganancias.
Las
EPS reciben el dinero de nuestros impuestos, que el gobierno les entrega para
que le paguen a los hospitales de la red pública por la atención en salud a los
seres humanos que llegan enfermos allí. Pero los administradores de estas EPS
se demoran varios meses para pagar a estos hospitales públicos por los
servicios prestados y constantemente glosan sus cobros (les hacen observaciones
y correcciones a las facturas para pagar menos, aduciendo inconsistencias)
hasta llevar a la quiebra a decenas de los hospitales públicos más importantes
del país. Todo ante la permisividad de los gobiernos de turno.
Finalmente,
se invierte más en atender la enfermedad, que en la prevención, porque con más
seres humanos enfermos el negocio es más jugoso: más cirugías, más
hospitalizaciones, más suministro de comida, más camas, más sábanas. Todo a cargo
del cartel.
Maquillaje mortecino
de una reforma que no cambia nada.
La
reforma que hace trámite en el congreso de la república (Proyecto de Ley 210 de
2013) [[vi]], a pesar de alguna
redacción que intenta esconder su real intención de mantener el estado de las
cosas y empeorarlo, no logra ocultar que continuarán fortaleciéndose las EPS
que ahora pasarán a llamarse GESTORAS, que manejarán el dinero público de
nuestros impuestos para la salud como dinero privado, por lo que ya no se les
podrá hacer vigilancia en el uso de estos recursos (cerca de 45 billones de
pesos al año), que se fortalecerá la politiquería en los departamentos y
municipios al entregarles manejo de los dineros que ahora y con la reforma quedan en manos de grupos que han manejado
mal las entidades territoriales, que MiPlan (el nuevo POS) tendrá nuevos
servicios excluídos; y que se golpea de muerte a la tutela por cuanto en el
ámbito de la Ley se define la salud como un servicio público, eliminando de la
definición servicio público esencial. Así las cosas, dejando de ser un servicio
público esencial, no se relaciona con un derecho fundamental (a la vida) razón
por la cual no opera la tutela como garantía de la prestación del servicio.
Ahora o nunca.
Por
todo lo aquí reseñado, debemos los colombianos de bien unirnos para rechazar la
aprobación de este proyecto de Ley que reforma el sistema de salud; y exigir
del gobierno una nueva formulación del sistema de salud que garantice la vida
por encima de los intereses de los grupos de especulación financiera.
No
sirve la Ley 100 de 1993, pero tampoco este intento de engaño con la presente
reforma. Necesitamos un nuevo sistema de salud, justo, integral, de calidad,
democrático, digno y humano.
Si
esta reforma se aprueba, quienes lo voten y quienes lo firmen y promulguen deberán
pagar las consecuencias y responderle al pueblo.
(Ver Video)....
[iv] http://www.epssura.com/files/circular4_2006.pdf
(Circular 04 de 2006 del Ministerio de
Protección Social).
