Corazón Grande con las transnacionales mineras, Mano Dura con los colombianos
________________________________________________________________________
Por:
Carlos Mario Marín Ossa
@MarioossaM
El
año 2016 inicia con una avalancha de noticias funestas para las clases populares
y medias en materia económica, tributaria y social. Al incremento de un salario mínimo de 7%
decretado por el gobierno, cuyo monto una vez más lanza a los hogares ante la
incertidumbre de comer o pagar facturas de servicios, se suman las consabidas
alzas en las tarifas de servicios públicos, en matrículas estudiantiles, en el
precio de los combustibles, en los trámites legales – incluido el pago
discriminatorio de la libreta militar
– en las tarifas de transportes de pasajeros y fletes de carga. Para terminar
de oscurecer el panorama, el gobierno anuncia una nueva reforma tributaria en
donde el aumento en la tarifa del IVA – que pasaría del 16% al 19% - es uno de
los anuncios más injustos por tratarse de un impuesto que no discrimina los
niveles de ingreso progresivo como una filosofía de equidad tributaria y
social, sino que golpea los ingresos y el nivel de vida de la población más
vulnerable.
Cabe
recordar, que en los últimos años el gobierno nacional con la participación,
anuencia y complicidad del Congreso de la República, ha efectuado alrededor de
12 reformas tributarias, las cuales por lo general han soportado su accionar en
el incremento de las tarifas del IVA, en la ampliación de la base o en la
creación de nuevas tarifas para nuevos bienes y servicios.
Las reformas tributarias de Álvaro
Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos. IVA e impuestos contra los ingresos del
pueblo.
Particularmente
durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, se tuvieron cuatro (4) reformas
tributarias en donde se afectó el ingreso de los colombianos de menores
recursos. En el año 2002, se amplió la base del impuesto al valor agregado, se
aumentó además la tarifa al 16% para bienes que traían una tarifa del 10%. En
el año 2003, productos que se encontraban excluídos de dicho cobro fueron
gravados con un IVA del 7% y se crearon además tarifas del 3% y 5% para otros
bienes y servicios. En el año 2006, nuevamente se pasaron bienes con tarifa del
10% hasta el 16%.
En
el caso de Juan Manuel Santos, el Gravamen a los Movimientos Financieros GMF
continúa en el 4 por 1000, pese a que en la reforma tributaria de 2010 planteó
su eliminación progresiva hasta 2018. Adicionalmente, llevó a pagar el Impuesto
Mínimo Alternativo Imán a las personas que tuvieran ingresos mensuales por
encima de los $ 3.600.000 lo que en nuestro país afecta a
capas de la población de ingresos medios y sobre las cuales recaen una serie de
gravámenes y contribuciones como en los servicios públicos.
Ambos
presidentes, han mantenido las ayudas incluyendo las ilegítimas a pequeños
sectores de ricos como el sector financiero que recibió el salvavidas luego de
la crisis de finales de los años noventa con el gravamen del 4 por 1000 el cual
cargó la irresponsabilidad de su codicia sobre los bolsillos de los
ahorradores. Pero es de recordar además como con la infaustamente famosa
política de AIS (Agro Ingreso Seguro), el gobierno Uribe le otorgó créditos
multimillonarios a bajísimos interés a un pulpo como Luis Carlos Sarmiento
Angulo. Dinero público favoreciendo a la oligarquía nacional y a los
oligopolios financieros.
Política económica y destrucción de la
riqueza nacional. Locomotoras mineroenergéticas contra el aparato agrícola e
industrial. El desprecio por el medio ambiente y los bienes comunes de los
colombianos.
1. La época del impulso industrial en el
campo y en la manufactura. La preferencia por el sector financiero. Pérdida del
acervo económico de una clase y de dos generaciones.
Durante
el período comprendido entre 1950 y 1980, se dio en el país una época económica
soportada en un proceso de industrialización que se apoyó con la intervención
estatal, Estado controlado por las élites económicas nacionales y estrechamente
ligada en relaciones e intereses comerciales y financieros con actores y
corporaciones extranjeras, particularmente oriundas de los Estados Unidos de
América y Gran Bretaña entre otras.
La
violencia política de los años cincuenta hasta finales del Frente Nacional,
desalojó de los campos a grandes masas de campesinos que huían de dicha
violencia, que abandonaron sus parcelas buscando conservar su vida o que
resultaron desplazados por las políticas económicas de los gobiernos que
abandonaron la producción agrícola de alimentos como un Factor Estratégico de
Seguridad Nacional y Soberanía Alimentaria. La mano de obra campesina fue
empujada hacia zonas apartadas del país en busca de baldíos o hacia las
ciudades para alimentar las fábricas y la expansión industrial con mano de obra
barata que favoreciera sus estructuras de costos y asegurara importantes
ganancias. A su vez, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero (padre del
posterior presidente conservador Andrés Pastrana Arango) se procuró dotar de
vivienda a esa masa de desposeídos a través del sistema de Unidad de Poder
Adquisitivo Constante UPAC, el cual sólo favoreció al sector financiero (alíado
y financiador de campañas electorales de la élite económica) al permitir la
capitalización de los intereses de las deudas hipotecarias, de forma tal que se
hizo imposible para los deudores de vivienda pagar sus acreencias. Los bancos
terminaron haciéndose con el dinero pagado por los deudores de vivienda y se
quedó al final con grandes cantidades de estas casas o apartamentos que no
pudieron ser pagadas a pesar de toda una vida de cumplimiento y vicisitudes por
parte de los deudores. Sólo en este tema, se perdió todo el acervo económico de
una generación de trabajadores pobres y la contribución económica de una clase
que en su segunda generación había podido destinar su esfuerzo hacia la
cualificación académica para optar por mejores niveles de ingreso y de vida,
como también ayudar a dinamizar de forma creciente el aparato productivo
nacional a través de un mayor consumo, de la generación de adelantos
tecnológicos y técnicos, y de un mayor apoyo a la producción agrícola con valor
agregado además del mantenimiento de modelos agrícolas de mercado y de
seguridad y soberanía alimentarias. Todo esto, hubiese permitido un mayor
crecimiento del PIB como del PNB; una mejor distribución de la riqueza y la
superación del conflicto armado interno por la vía de las reivindicaciones y la
justicia social.
El
modelo económico de este período o de sustitución de importaciones (modelo cepalino)
– aunque realmente se trató de un modelo mixto de importaciones y
fortalecimiento de las exportaciones - enfocó principalmente su apoyo a la
industrialización pero dejó más relegado el impulso al sector agropecuario. Ello
se evidencia en las tasas de crecimiento del sector manufacturero y las tasas
de crecimiento del sector agropecuario.
Entre
1945 y 1974 la política económica favoreció de forma especial la
industrialización. Las políticas monetaria y fiscal se enfocaron a favorecer la
importación de bienes de capital y la tecnología para la manufactura (también
en el campo para un desarrollo industrial). Se adoptaron al comienzo niveles de
devaluación importantes que favorecieran las exportaciones, aranceles a las
importaciones que entre 1959 y 1964 alcanzaron 65,6% de protección nominal [i](1). La política arancelaria y de control de
importaciones permitió el fortalecimiento industrial nacional y su
diversificación. Se nacionalizó el Banco de la República asignándosele
funciones en cuanto al encaje bancario, control de divisas, tasas de interés,
redescuentos y operaciones de mercado abierto. Pero hacia finales de los años
setenta el impulso a la industria manufacturera cesó, modificándose las
políticas macroeconómicas. De esta forma, la industria manufacturera de
textiles, caucho, minerales no metálicos (sustitución intermedia) y papel,
productos químicos, derivados del petróleo, metales básicos, maquinaria
eléctrica y no eléctrica (sustitución tardía). Esto significó un menor
desarrollo en los sectores de mayor valor agregado que tendrían un impacto
favorable en la balanza comercial, en el volumen de divisas de sectores no
primarios y en la generación de empleo especializado y de mayores ingresos
salariales.
Tabla 1
Indicadores Industria Manufacturera
período 1945-1983
Año/Variable
|
Empleo Manufacturero (No. de
Trabajadores)
|
Crecimiento relativo anual del
empleo manufacturero
|
Crecimiento promedio del PIB
Manufacturero
|
1945
|
135.400
|
----------
|
---------
|
1974
|
447.900
|
4,2%
|
7,3%
|
1979
|
516.700
|
2,9%
|
--------
|
Fuente:
José Antonio Ocampo Gaviria-Joaquín Bernal Ramírez-Mauricio
Avella Gómez-María Errázuriz Cox. Historia Económica de Colombia. Compilación.
Fondo de Cultura Económica SAS. 4a. Edición. 2015
En el campo, en un inicio se dio un
impulso importante, entre otras cosas porque la tierra estaba atada al
latifundio y a la propiedad de los terratenientes. La industrialización del
campo se inició con lo cual se presentaron altas tasas de crecimiento en la
producción y en la productividad por Hectárea. En la producción de alimentos y cultivos
diferentes al café se dio un proceso de rendimientos crecientes explicados por
la utilización de maquinaria, insumos químicos, adecuación de tierras, drenaje,
arado y cultivo de las tierras, semillas mejoradas. Pero todo este paquete se
concentró en los cultivos de tipo comercial. Para este desarrollo se
crearon campañas y organizaciones como institutos
de fomento agrícola en algunos sectores como el tabaco, el algodón y la cebada.
Aparecieron la División de Investigación agrícola del Ministerio del ramo,
asesorías contratadas con la FAO, la Fundación Rockefeller y otras. Siguiendo
estas directrices y los intereses de los sectores enfocados al mercado de
alimentos y de los insumos químicos, la Caja Agraria difundió las semillas
patentadas y los insumos agropecuarios, atando los créditos del sector agrícola
en general a paquetes tecnológicos y su utilización con el fin de impulsar una
mayor productividad en el campo y al fortalecimiento de un mercado competitivo.
En paralelo, la concentración de la
propiedad de la tierra aumentó debido a la imposibilidad financiera y técnica
de los pequeños productores para competir con dichas condiciones de la política
agraria del país que estaba fuertemente impulsada y controlada por organismos
extranjeros tanto de orden financiero como de producción química y de
investigación y manipulación de semillas. Es la política del Consenso de
Washington. La expansión de la frontera agrícola agregó más tierras a los
grandes propietarios que a los minifundistas. La ganadería extensiva puede
considerarse como una estrategia de las clases terratenientes para mantener el
dominio sobre la propiedad de la tierra, particularmente de aquellas tierras
más fértiles y productivas, como también es una forma de dominación política y
social en las regiones donde la misma se practica.
Tabla 2
Estructura de la propiedad de la
tierra en Colombia (1960 – 1985)
1960 1970 1984
Hectáreas
|
No.
Predios
|
%
del total
|
%
del Área total
|
No.
Predios
|
%
del total
|
%
del Área total
|
No.
Predios
|
%
del total
|
%
del Área total
|
0-20
|
1.053.624
|
87,1
|
17,9
|
996.759
|
84,7
|
15,6
|
2.114.408
|
86,06
|
14,5
|
20-100
|
117.338
|
9,7
|
22,9
|
135.333
|
11,5
|
23,9
|
266.819
|
10,86
|
24,2
|
100-500
|
33.870
|
2,8
|
30,2
|
38835
|
3,3
|
31,4
|
65.844
|
2,68
|
26,5
|
500-más
|
4.840
|
0,4
|
29
|
5.884
|
0,5
|
29,1
|
9.829
|
0,4
|
34,8
|
Total
|
1.209.672
|
100
|
100
|
1.716.811
|
100
|
100
|
2.456.900
|
100
|
100
|
Fuente:
Aurelio Suárez Montoya. El Modelo Agrícola colombiano y los alimentos en la
globalización. Ediciones Aurora. 2007
En el país existen procesos agrícolas
enfocados en la seguridad y soberanía alimentarias que no tienen una visión de
mercado y buscan producir el alimento para satisfacer las necesidades de la
población sobre una óptica de producción limpia y agroecológica no dependiente
de los paquetes tecnológicos impuestos por la “Revolución Verde” extranjera.
Estas prácticas también aportan económicamente a las familias y al aparato
productivo nacional pues garantizan el acceso a los alimentos en cada región,
de una forma balanceada, producidos soberanamente, sin los altos costos de los
insumos químicos extranjeros, conservando las semillas autóctonas y eliminando
el factor inflación por escasez periódica, costos de producción, clima o
factores geopolíticos.
En el caso del café, es claro el
aporte que el mismo ha hecho a la economía colombiana. Sin embargo, al tratarse
de un monocultivo, es más, del monocultivo de un producto que es un estimulante
y no un alimento; grandes extensiones de tierra organizadas en microfundios y
en extensiones medianas fueron dedicadas a una vocación económica que no
contribuía decididamente con la seguridad y soberanía alimentarias. Puede verse
a través de la historia como desde las órbitas extranjeras y de los organismos
multilaterales de dominio político, administrativo y financiero de los países
del norte, se impulsó el monocultivo de este producto a través del paradigma de
las ventajas comparativas y como una táctica para llevar hacia los países latinoamericanos
los ingresos suficientes que paliaran la precaria situación económica de las
mayorías, como parte de una estrategia contrainsurgente en tiempos de la guerra
fría y del triunfo de la revolución cubana, que amenazaban con expandir el
influjo de las teorías socialistas en pueblos sumidos en la miseria. En esta
época “coincidencialmente” los Estados Unidos impulsan el Pacto Internacional
de Cuotas del Café, con el cual se regulaba de forma artificial el precio
internacional del grano y se permitía el acceso de importantes ingresos a las
familias cafeteras y a las economías nacionales. Pero de nuevo y
“coincidencialmente” tras la caída del muro de Berlín, el mismo país del norte
impulsa la terminación del Pacto de Cuotas. Y a partir de allí se inicia la
catástrofe de la caficultura nacional agravada por la corrupción que se
desarrolló al interior de la Federación y de los organismos creados por los
cafeteros a través de décadas. Es otro acervo económico que se perdió en manos
de las élites cafeteras y de los gobiernos de turno, y que hoy tienen a los
nietos en altos cargos del Estado con aspiraciones incluso presidenciales, pero
que no responden por la riqueza perdida o sustraída de las arcas nacionales. A
la vez y durante este tiempo, se impulsó el recambio de los cafetales por
variedades supuestamente más productivas y atadas a los paquetes tecnológicos
de las trasnacionales químicas, lo que fue agotando la tierra y sus nutrientes
como también impusieron a los caficultores una estructura de costos crecientes,
una presión financiera y legal a través del gobierno y del sector financiero.
Los precios de los cultivos, su producción y productividad nunca fueron los
prometidos; y el sector terminó fuertemente golpeado y desapareciendo
progresivamente sin que desde las esferas gubernamentales y multilaterales se
ofrecieran soluciones eficaces para la debacle. Una nueva historia de
explotación del trabajo de los agricultores más pobres, esta vez de los
cafeteros.
El sector financiero y especulativo ha
sido consentido por los gobiernos de la república, tanto así que varios
presidentes del país han tenido nexos de sociedad tanto con bancos nacionales
como extranjeros. Durante la hegemonía del Frente Nacional, además de la
nacionalización del Banco de la república, se crearon el Banco Ganadero, las
corporaciones de ahorro y vivienda con el sistema UPAC a bordo. La reforma
financiera de 1974 propendió por un funcionamiento más libre del mercado
financiero [ii] (2). Al igual de lo que
en ese tiempo ocurría en los Estados Unidos, en Colombia se argumentaba por
parte de los banqueros que existía una enorme e innecesaria regulación del
sistema operada desde el Estado, lo que frenaba el crecimiento del sector y por
ende el desarrollo del país. Para superar esta “represión financiera”, según la
terminología que los banqueros pusieron de moda, la reforma elevó las tasas de
interés, liberó las que podían cobrar los bancos comerciales, redujo los
encajes sobre los depósitos, eliminó gran parte de las inversiones forzosas [iii] (3) de forma tal que el
sector de bancos y el asegurador que posteriormente se fortaleció, gozaron de
una libertad inédita para realizar sus negocios, estructurar sus productos
financieros, captar dinero del público e intervenir el sector real de la
economía. Tal como ocurrió en el país del norte en donde el sector financiero
lideró la desregularización de sus actividades y llevó la “moda” a los países
del sur. En las décadas siguientes el poco o inexistente control del Estado
sobre sus actividades permitió que la codicia de los banqueros, aseguradores y
calificadoras de riesgo empujaran a los países, a los ciudadanos y al mundo al
crash económico de 1998, a comienzos del siglo XXI con las empresas punto .com y en el 2008 con la crisis
inmobiliaria y de las hipotecas basura que tocaron el ahorro de trabajadores,
sus pensiones y otros activos en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Décadas de trabajo y ahorro se perdieron para trabajadores en tres continentes
mientras que los culpables de la crisis económica tanto en USA como en Colombia
fueron premiados por su crimen desde
los gobiernos que decretaron la salvación de los banqueros con los recursos
públicos de los ciudadanos del momento y de los que habrían de nacer.
2. El paso al Neoliberalismo, a la venta
del patrimonio público y de los bienes comunes de la humanidad. Plan Colombia y
la entrega de los derechos y de la
Soberanía
Al
paso que avanzaban los nuevos paradigmas económicos desde las esferas del norte
con la intención de lucrar a las grandes corporaciones y sus ejecutivos, en las
naciones del sur los organismos financieros multilaterales (agentes de aquellas
corporaciones) obligaban a los gobiernos, a sus oligarquías, para que adecuaran
todo el sistema político, económico y jurídico a la nueva codicia del norte.
Una situación similar a la Inglaterra de la baja edad media, en donde el rey
otorgaba tierras y bienes a los dirigentes de los territorios que se oponían a
las invasiones y a la conquista, con el fin de que traicionaran a sus pueblos y
participaran así de la orgía colonial.
Fieles
a la defensa de sus intereses de clase oligarca, los sucesivos presidentes de
Colombia desde Turbay Ayala hasta Juan Manuel Santos, han adoptado de forma
servil las directrices emanadas desde el Banco Mundial, el FMI y otros,
agrupados en el llamado Consenso de Washington, para desregular las
protecciones estatales a la economía nacional, desmontar el Estado y sus
funciones de soberanía, abriendo las compuertas del libre comercio con países
de mayor desarrollo tecnológico, fuertes subsidios a su aparato productivo y
economías de escala imposibles de soportar por parte de nuestros sectores
agropecuario y manufacturero. César Gaviria Trujillo con su “Revolución Pacífica”
[iv] (4), Andrés Pastrana
Arango con la firma del “Plan Colombia” [v] (5), Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos con
las firmas de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión
Europea y algunos países asiáticos terminaron de darle el golpe de gracia a
nuestra economía, al empresariado pequeño y medio nacional, y al trabajo de los
colombianos.
Nuestro
país por decisión de presidentes, ricos empresarios y extranjeros, dejó de
sembrar alimentos claves para los platos de las familias de ingresos bajos y
medios. Ahora importamos muchos de los alimentos que producíamos (incluso el
café hoy se importa de países como Alemania, el cuál no tiene sembrado ni un
solo palo del grano, pero que lo negocia a través de la bolsa de futuros [vi] (6). Hoy dependemos en
gran medida de la voluntad de los vendedores de maíz, arroz, cebada, trigo,
sorgo entre otros, para suplir nuestra necesidad de alimentos. Por ende, los
precios generan procesos inflacionarios en los alimentos que castigan el costo
de la canasta familiar de la gran mayoría colombiana.
De
esta forma, mientras en 1999 se
importaban 4.975.645 toneladas de productos agropecuarios en 2015 se importaban
más de 10 millones de toneladas, y ello debido a que se dejaron de sembrar
alimentos para comprárselos a países foráneos. Es la cuota inicial de la
llamada “enfermedad holandesa”.
Alimentos
claves para el desarrollo de las personas tales como los cereales han tenido
variaciones dramáticas en su producción local y en la provisión por persona de los
mismos.
Fuente:
Aurelio Suárez Montoya. El Modelo Agrícola colombiano y los alimentos en la
globalización. Ediciones Aurora. 2007
Pero
la política sobre la producción de alimentos agrícolas en el país, además del
abandono estatal en cuanto a su promoción campesina, al desarrollo técnico y
tecnológico de carácter raizal, a las salvaguardas contra el dumping
[vii] (7) y a la protección
constitucional como sector estratégico de seguridad nacional, ha sido entregado
de forma aleve al capital transnacional de corporaciones extranjeras,
entregando de paso la soberanía. Desde los países del norte se han promovido
convenios internacionales para adueñarse de las semillas a través de patentes o
figuras como Unión para la Protección de Obtentores Vegetales UPOV. Este
convenio internacional se creó en el año de 1961 y posteriormente se han
establecido dos convenios a los cuales se han suscrito los países miembros:
UPOV78 y UPOV91. Colombia hace parte de los países que han suscrito el UPOV78.
Estos convenios obligan a los gobiernos a reconocer la propiedad de las
semillas para las transnacionales que han desarrollado modificaciones genéticas
de diversa variedad.[viii]
Dentro de esta lógica ha actuado el gobierno en tiempos de Uribe Vélez y de su
hoy fugitivo exministro de agricultura cuando el ICA por medio de la Resolución
970 de marzo 10 de 2010 penalizó la recolección de semilla nativa, su
almacenamiento y utilización en nuevas siembras, pues entrega y reconoce el
control de las semillas transgénicas para transnacionales extranjeras. Así se
han entregado el futuro alimentico de los colombianos y la Soberanía Nacional.
Para la historia y la memoria de los colombianos es importante recordar que el
gerente general del ICA que firmó esta resolución 970 era Luis Fernando Caicedo
Lince.
FUENTE: Las semillas
patrimonio de los pueblos en manos de los agricultores/Acciones sociales para
enfrentar el colonialismo corporativo de las semillas en Colombia. RED DE SEMILLAS LIBRES DE COLOMBIA/GRUPO
SEMILLAS. Las 10 principales compañías detentan el 67% del mercado mundial
de semillas patentadas.
La
producción manufacturera nacional que se había privilegiado en el período
anterior, ha sido una de las grandes perdedoras en el modelo neoliberal. Este
sector que contribuía con la creación de importantes fuentes de empleo para la
población, a partir de la “apertura” neoliberal, inició un proceso de
desindustrialización derivado de las políticas de competencia desleal que la
oligarquía fomentó con empresas extranjeras que poseían mayores desarrollos
tecnológicos, protección de sus Estados y por ende mejores estructuras de
economías de escala que los pusieron en franca ventaja con los productores
colombianos. A partir de allí se comenzó a presentar una tendencia sostenida en
el incremento del desempleo nacional, el deterioro de los niveles de bienestar
de los hogares, el aumento en la brecha de la concentración de la riqueza, un
incremento en los niveles de inseguridad ciudadana y de violencia derivada de
las condiciones de pobreza y miseria. El hecho de importar productos
manufactureros que se producían aquí o que habrían podido desarrollarse,
dispara los precios al consumidor final en momentos en que la ineptitud de los
gobernantes ha sumido al país y sus gentes en un proceso de revaluación del
peso que entre enero de 2015 y enero de 2016 llegó al 70%. La inflación se
dispara y afecta los menguados bolsillos de los sectores medios y populares. La
misma situación se da con los alimentos y productos agrícolas.
Por
causa de las decisiones absurdas y mezquinas de las élites, la industria
manufacturera perdió aportación al PIB de forma continua, dejó de crear fuentes
de empleo y con la política uribista de “confianza inversionista” – continuada
con Santos – abrió las compuertas a la inversión de capital extranjero hasta
del 100% en empresas ubicadas en Colombia, atraídas por los bajos costos
laborales – que desde Gaviria y hasta la fecha los gobiernos facilitaron con la
Ley 50/93, Ley 100/93 y reformas que eliminaron garantías a los trabajadores en
el gobierno Uribe – por altas tasas de interés y el corazón grande que les
permitió repatriar a sus países de origen o a paraísos fiscales las ganancias
obtenidas con el esfuerzo y sudor de los colombianos. Aquí no queda nada.
Esta
política y el modelo económico y social han conducido por ejemplo a tener tasas
nacionales de desempleo que llegaron en enero de 2011 al 13,56%, en enero de
2012 de 12,48% y que llevaron al gobierno a redefinir la metodología para
ocultar el sostenido desempleo. La nueva metodología que oculta a las personas
candas de entregar hojas de vida (por ejemplo) muestra en diciembre de 2015 una
tasa de desempleo de 8,59% pero no habla de una informalidad (que también es
desempleo) que se acerca al 60% de la población en edad de trabajar.
El índice de
concentración de la riqueza se mantiene en niveles elevados y a medida que la
población migra hacia la ciudad, la inequidad aumenta.
Las
políticas que hemos venido describiendo y recordando recortan la generación de
riqueza nacional, la inversión de las ganancias, la generación de empleo y en
general los ingresos fiscales de la Nación que conforman los presupuestos y las
partidas entre otras para inversión. Pero a la par, los gobiernos han vendido
las empresas comerciales e industriales del Estado, muchas de las cuales le
entregaban grandes ganancias al fisco con lo cual se apalancaba el presupuesto.
También y de forma abusiva estos gobiernos han disminuido drásticamente las
cargas de impuestos a la empresa extranjera pero le cargan la mano al
empresario local.
Sólo
el caso de las grandes superficies comerciales como en el caso de las tiendas
ARA, reciben beneficios tributarios generosos en materia tributaria y
arancelaria (distribuyen productos manufactureros de su país de origen), pueden
repatriar sus ganancias; y en contradicción los tenderos colombianos pagan
impuestos onerosos, no pueden competir en costos y terminan quebrados.
Con la
venta de la empresa pública, se acaban fuentes de ingresos fiscales necesarios
para apalancar la inversión social y estatal. Como las necesidades son
permanentes y aumentan con el tiempo y el crecimiento de la población, los
dineros que ahora no llegan por concepto de ganancias estatales, por pago de
impuestos y regalías de la empresa extranjera, se le cobran al ciudadano
colombiano a través del incremento de la base y de la tarifa del IVA, de los
incrementos en los avalúos catastrales y de impuesto predial, de las
reestratificaciones que aumentan los cobros en universidades, notarías y
libreta militar entre otros.
La
corrupción de las empresas privadas de los grandes conglomerados crece y crece,
la estatal y de las élites es descarada y cada mañana amanecemos con un nuevo
escándalo. Sobrecostos en la refinería de Cartagena en los cuales tienen
responsabilidad funcionarios de los gobiernos (aunque lo nieguen) como el
actual ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas – nieto del antiguo gerente de
la Federación de Cafeteros y que debería explicar la quiebra de las empresas de
los cafeteros como la Flota Mercante Gran Colombiana, Bancafé y otros – Agro
Ingreso Seguro a cargo del fugitivo ex ministro de agricultura Andrés Felipe
Arias, Los fondos de bolsa que quebraron a miles de compatriotas. La venta de
Isagén en contra de todas las voces nacionales, permitió la pérdida de un
activo estratégico que influye en los costos de la energía para los hogares y
las empresas, que tiene un acumulado de prácticas ambientales positivas, que
garantizaba la generación soberana de energía eléctrica. En el momento y ante
los niveles más bajos de los embalses, se anuncian racionamientos y la
necesidad de comprar energía eléctrica en el extranjero. Estos son nuestros
gobiernos y el de Uribe no se salva.
Para
colmo de males, se celebra por parte de la élites, el aniversario quince del
Plan Colombia que entregó la soberanía nacional al ejército gringo a través de
las bases extranjeras en nuestro país, la utilización de las “generosas
donaciones” en personal militar y de inteligencia gringo, en equipos y
suministros gringos para los aparatos de guerra y el accionar impune de los
violadores soldados norteamericanos.
3. Economía extractivista, peores
indicadores económicos, enfermedad holandesa y crisis humana.
Con
la llegada de los cuatro gobiernos de Uribe – Santos, a partir de la primer
década del siglo veintiuno, decidieron estas élites económicas tradicionales y
emergentes (nuevos ricos a través de diversas violencias) decidieron que el
país debía dedicarse a la extracción minera y petrolera (siguiendo las
exigencias de sus socios de Banco Mundial, el FMI, la OMC y del Consenso de
Washington. La industria manufacturera y el sector agropecuario fueron
abandonados a su suerte y perseguidos impositivamente.
Las
multinacionales se premiaron con mayores garantías para la explotación de las
riquezas de nuestro subsuelo. El ingreso de capital extranjero llegó a niveles
sin precedente histórico. La especialización económica en sectores de bajísimo
valor agregado y creación de empleo
empujaron al país a nuevas crisis.
Al
desindustrializarse el país, el empleo del sector disminuye, lo propio ocurrió
en el campo. El enfoque minero energético no crea empleos como lo vaticinan los
gurús locales de la economía de las élites. En los años de altos precios del
petróleo y otros productos mineros, la producción creció aproximadamente en un
52,3% en tanto que el empleo sólo lo hizo en un 11,5%. Los ingresos de los
altos precios de los productos mineros se derrocharon en corrupción y gasto
irresponsable. No se apoyaron las estructuras agraria ni industrial nacionales.
Terminado
el auge de precios, el menor ingreso de divisas, la disminución de los
capitales buitre extranjeros, han elevado de forma exorbitante el precio del
dólar, encareciendo las importaciones muchas de ellas de productos que ahora no
producimos por decisión de los gobiernos. Así los precios al consumidor se han
disparado, es decir la inflación. Y debemos recordar que la inflación para los
sectores más pobres es mayor y tiene una alta influencia de la inflación de
alimentos (maíz, sorgo, trigo, cebada, arroz, productos lácteos, carnes, etc se
importan). Los sectores productivos que se abandonaron, no pueden paliar la
crisis. Los ingresos fiscales disminuyeron dramáticamente y ahora la gente más
pobre debe cubrir el déficit con mayores impuestos.
La
deuda externa se ha incrementado cerca de un 400% y se le sigue apostando al
extrativismo. El efecto de los TLC, sólo con Estados Unidos ha llevado a que
se perdieran 30 billones de pesos en
comercio en 3 años. Multinacionales como la Drummond no pagaron un solo peso
por concepto de renta para las exportaciones de 10 millones de toneladas de
carbón en el año 2014 de la mina El Descanso. Agro e industria redujeron su
participación en el PIB de 21,9% en 2003 al 17,2% en 2014.[ix] (9) Las políticas de
Uribe y de Santos. Se intenta permitir la explotación a cielo abierto de la
minera Anglo Gold Ashanti en el Tolima, para sacar oro en contra de la voluntad
de los habitantes e intentando desconocer la misma Ley nacional como en el caso
de la Consulta Popular en el municipio de Piedras. No se respeta ni la Ley que
la propia élite hace a su antojo.
La
estructura económica nacional del campo y la industria acabadas, inflación
desbordada, crecimiento del desempleo y crisis social, dependencia de aparatos
productivos foráneos, endeudamiento externo que se refleja en los déficits de
cuenta corriente y balanza de pagos; configuran la enfermedad holandesa, situación
que bien conocían los gobiernos y los ministros de hacienda como Mauricio
Cárdenas. De hecho han escrito y alertado sobre ello. Pero actúan contrario a
sus propias predicciones. Son traidores y mezquinos. No deben gobernar. Deben
responder ante el pueblo.
Conclusión.
Faltando
una gran cantidad de análisis, el bosquejo de la evolución económica, política
y social de Colombia desde los años republicanos de comienzos del siglo veinte
hasta hoy, nos muestran a ese minúsculo grupo de élite que manipula al país y
decide para sus intereses particulares afectando el interés de las mayorías.
Han
sumido a las mayorías nacionales, a los sectores populares en la pobreza y la
miseria. Lo ocultan a través de tecnicismos y metodologías, lo ocultan a través
de sus medios de comunicación y desinformación masiva. Lo imponen a través de
sus organismos de violencia y represión.
Sólo
ante el evento de grandes convulsiones sociales han respondido aunque de forma
tímida para reconocer derechos y reivindicaciones sociales.
Es
el momento de una crisis que han generado y que justifica un gran paro cívico
nacional que obligue a reformas estructurales.
Estos
gobiernos y estas élites han demostrado ineptitud, mezquindad, egoísmo y falta
de humanidad. No merecen gobernar.
Paro
Cívico Nacional.
[i]
(1) José Antonio Ocampo Gaviria-Joaquín Bernal Ramírez-Mauricio Avella
Gómez-María Errázuriz Cox. Historia Económica de Colombia. Compilación. Fondo
de Cultura Económica SAS. 4a. Edición. 2015
[ii]
(2) Ibidem
[iii](3)
Ibidem
[iv](4)
Nombre del Plan de Desarrollo del gobierno Gaviria.
[v]
(5) Plan diseñado por el gobierno y las corporaciones de Estados Unidos para
intervenir militarmente en Colombia, pero que contiene además exigencias frente
al funcionamiento del Estado y de la economía nacional con el fin de favorecer
los intereses económicos corporativos del norte en desmedro del interés
nacional de nuestro país y entregando la soberanía en todas su formas.
[vi]
(6) Transacciones en las bolsas de valores de New York y Londres sobre
productos básicos como los alimentos, productos agrícolas y otros. Se negocian
las producciones de varios meses o años en el futuro, productos que no existen
físicamente pero que se transan de forma especulativa para controlar tanto el
precio como la oferta y la demanda.
[vii]
(7) Proceso de competencia desleal que consiste en producir o participar del
mercado por debajo de los costos de producción del competidor e incluso de los
propios.
[viii]
(8) Las semillas
patrimonio de los pueblos en manos de los agricultores/Acciones sociales para
enfrentar el colonialismo corporativo de las semillas en Colombia. RED DE SEMILLAS LIBRES DE COLOMBIA/GRUPO
SEMILLAS.
[ix]
(9) Justicia Tributaria en Colombia. FIN DEL AUGE PETROLERO Y CRISIS ECONÓMICA
COLOMBIANA: Causas, Responsables y propuestas.
